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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para complementar la legislación de la recientemente aprobada tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo, el diputado José María Avilés Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia del Congreso del Estado, propuso reformar el Artículo 201 del Código Penal para el Estado.

Puntualizó que la reciente tipificación representa un avance legislativo en la materia, ya que quedó mejor normado el tipo penal, sin embargo, apuntó que el complemento de la reforma que propone, que se refieren al delito de violencia familiar, desvinculan al delito de violencia familiar, es decir, de todas las agravantes existentes y de la persecución por querella de parte o de oficio en caso determinado.

La redacción actual del párrafo cuarto del Artículo 201 del Código Penal establece que: “Este delito se perseguirá por querella, salvo que la víctima sea una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, casos en los cuales se perseguirá de oficio”, se lee en el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

Mientras que la propuesta de adición del Artículo 201 Bis indica que “Los delitos a que se refieren los artículos anteriores se perseguirán por querella, excepto cuando se cometan con la participación de dos o más personas, con el uso de armas de fuego o punzocortantes y se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo o se tengan documentados antecedentes o denuncias de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, o según corresponda, cuando esta última:”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su dictamen correspondiente.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, que tipifica la violencia vicaria como delito autónomo, relativo a la iniciativa propuesta por la diputada María Luisa Ojeda González que reforma el Artículo 200 y adiciona un Artículo 200 Bis al Código Penal para BCS, se informa a través de un comunicado de prensa.

Lo anterior luego de que, la comisión dictaminadora considerara procedente la iniciativa ya que, el Título Séptimo “Delitos cometidos entre integrantes de la familia y delitos por discriminación contra la dignidad de las personas” del Código Penal estatal en el Capítulo I “Violencia Familiar”, no reconoce expresamente a la violencia vicaria, tal y como se encuentra definida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado (Título Segundo de los “Tipos y modalidades de violencia contra las mujeres”, Capítulo I, Artículo 4°).

La diputada precisó que el texto enmarcado del delito de violencia familiar en el Artículo 200, ocasiona diversos problemas de interpretación a las y los operadores jurídicos como a las víctimas denunciantes, en específico el delito de violencia vicaria como: a) confusión por quienes pretenden denunciar por conductas ya conocidas como violencia vicaria y al acudir con la autoridad procuradora de justicia, se encuentren con que no existe el delito expresamente, encuadrándolo en el tipo de violencia familiar; b) Grave error legislativo, al restarle importancia al omitir la denominación correcta a la conducta, tal como se le conoce a nivel nacional e internacional; y c) La falta de uniformidad que conserva el Código Penal, puesto que la totalidad de los delitos que se tipifican en él, son señalados de manera clara con la denominación de delito autónomo.

Por  lo que, a fin de proporcionar certeza jurídica al definir y tipificar este tipo de violencia como delito autónomo, se consideró procedente, quedando un precedente histórico, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un comunicado de presna por parte del Congreso del Estado se informó que, las Comisiones Unidas Puntos Constitucionales y de Justicia, de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, de Transparencia y Anticorrupción, y de Igualdad de Género se reunieron por cuarta ocasión con asesores y asesoras del Congreso del Estado para fortalecer la iniciativa y formular un primer borrador del proyecto de dictamen.

En mesa de trabajo presidida por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia diputado José María Avilés Castro y las diputadas, María Guadalupe Moreno Higuera, Eufrocina López Velasco, María Luisa Ojeda González y María Luisa Trejo Piñuelas dieron seguimiento a los trabajos para el análisis de la iniciativa de la denominada Ley 3 de 3.

Ahí mismo, el legislador señaló que, con base en las observaciones, correcciones y agregados, se buscará poder entregar la siguiente semana, una versión final del borrador al Tribunal Superior de Justicia y a la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, y a su vez, poder en la última semana del mes de marzo tener el proyecto final de dictamen para presentarlo en tribuna. Avilés Castro, indicó que, una vez que se cuente con el borrador, se buscará socializarlo con grupos y organizaciones de la sociedad civil.

En mesa de trabajo se analizó el mecanismo para la redacción de la legislación correspondiente al Registro de Deudores Alimentarios; del mismo modo se analizaron las opiniones vertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a cómo se estipulará la redacción del requisito y temporalidad, de no contar con antecedentes penales por parte de candidatos a puestos de elección popular o de cargos por designación, sin incurrir en un acto discriminatorio.

Finalmente, de acuerdo con el comunicado de prensa, cabe recordar que la iniciativa busca imposibilitar a quienes tengan antecedentes en los delitos como ciberacoso, hostigamiento, feminicidio, violencia vicaria, violencia política, entre otros.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pleno del Congreso del Estado informó por medio de un comunicado de prensa que, aprobó por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto presentado por las comisiones permanentes de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Igualdad de Género y de Derechos Humanos Asuntos Indígenas, donde se añade la Violencia Vicaria, a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como una forma de violencia en contra de la mujer.

A partir de esta aprobación, el Estado puede instrumentar acciones que permitan prevenir, atender, sancionar, erradicar de forma eficaz, en beneficio de los derechos humanos de las mujeres. La iniciativa fue del diputado Luis Armando Díaz, que propuso añadir, dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado una fracción VIII Quater al artículo 4, y un segundo párrafo al artículo 200 del Código Penal, a la Violencia Vicaria.

En su momento, el legislador , arguyó en tribuna que históricamente la desigualdad entre mujeres y hombres ha sido el escenario idóneo para manifestaciones de violencia en las que la dominación, el sometimiento, el control y la agresión representan un común denominador. Cabe recordar, que este tipo de conducta no es ajena a cualquier sexo; sin embargo, suele ser el hombre a la mujer por construcciones socioculturales que se arrastran de generación en generación y que los colocan como seres inferiores carentes de derechos y de respeto. La subordinación y dominación de la mujer a los hombres siguen latentes y presentes.

Finalmente, se resaltó que, esta violencia es un tipo de violencia común y a la vez tan invisible por la sociedad que se ha normalizado ya que, aun que las parejas no estén separadas, los hombres lanzan amenazas que han permitido que el secuestro parental a manos de los padres sea visto como un castigo que las mujeres que se han divorciado merecen.

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La Paz, Baja California Sur (BCS).A través de un comunicado de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, el diputado Luis Armando Díaz, propuso este martes, en sesión ordinaria, añadir, dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado una fracción VIII Quater al artículo 4, y un segundo párrafo al artículo 200 del Código Penal, a la Violencia Vicaria, como una forma de violencia en contra de la mujer, para que el Estado pueda instrumentar acciones que permitan prevenir, atender, sancionar, erradicar de forma eficaz, en beneficio de los derechos humanos de las mujeres.

Lo anterior, a través de una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se adicionan disposiciones a numerales de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Baja California Sur, y al código penal para el estado libre y soberano. Este tipo de conducta no es ajena a cualquier sexo; sin embargo, suele ser el hombre a la mujer por construcciones socioculturales que se arrastran de generación en generación y que los colocan como seres inferiores carentes de derechos y de respeto. La subordinación y dominación de la mujer a los hombres siguen latentes y presentes.

Esta violencia es un tipo de violencia común y a la vez tan invisible por la sociedad que se ha normalizado ya que, aun que las parejas no estén separadas, los hombres lanzan amenazas que han permitido que el secuestro parental a manos de los padres sea visto como un castigo que las mujeres que se han divorciado merecen.

Durante su intervención, aludió lo recientemente aprobado en abril del presente año por el Congreso Federal en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cuanto a que en la citada regulación establece, entre otros objetos, la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de violencias, para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin dejar de lado que sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.

Por lo anterior, se mencionó que se hace necesario destacar como soporte de su propuesta lo previsto la fracción IV del artículo 5 en cuanto lo que se conceptualiza en esa regulación general por violencia contra las Mujeres, como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público; tal como lo señala la fracción V del mismo precepto como modalidades de violencia, siendo aquellas formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres.

Finalmente, la iniciativa con proyecto de decreto, fue turnada a la comisión permanente de para su análisis y dictaminación a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como la Comisión de Igualdad y Género, concluyó el comunicado de prensa.