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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un boletín de prensa del Congreso de BCS se informó que, Diputados locales aprobaron importantes reformas a diversas leyes que impactan en beneficio de la protección de hijos que dependen de pensiones alimentarias, así como para impedir que quienes ejercen los tipos de violencia sean las mismas personas en quienes se deposite la confianza del pueblo para eliminarla.

Por lo que cualquier persona que aspire a ser Gobernador, Diputado, secretario de Estado, Procurador de Justicia, Magistrado de Justicia, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, consejeros del Instituto de Transparencia, presidente, consejeros y magistrados electorales, Auditor Superior de la Federación, así como titulares de dependencias de la administración pública estatal, no deberán tener antecedentes como sentenciados por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual, ser responsables de violencia institucional o ser deudores alimentarios.

Se trata de reformas a las leyes que rigen cada uno de los cargos, tales como la Constitución del Estado, la Ley Electoral, de transparencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Civil Estatal, propuestos por la Diputada María Rosalba Rodríguez López.

Agrega como atribuciones del Consejo de la Judicatura la creación de los Registros de Deudores Alimentarios y el de Responsables de Delitos sentenciados por delitos contra la libertad sexual y/o violatorios de la intimidad corporal. Las propuestas de reformas y adiciones fueron consensadas con representantes de dicho poder, así como asociaciones civiles. La iniciativa fue aprobada por unanimidad de las legisladoras y los legisladores presentes, concluye el boletín de prensa del Congreso del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Como parte de las estrategias implantadas para una sana convivencia familiar, tras el aislamiento por la contingencia sanitaria a la que nos estamos enfrentando, el Instituto Municipal de la Mujer, dirigido por María Amao Verdugo, ha implementado un programa para atender familias en situación de violencia en tiempos de COVID-19.

Derivado de la difícil situación que enfrentan actualmente muchas personas tras haberse quedado sin trabajo y sin el sustento para mantener a sus familias, los lazos familiares se han deterioriado y esto ha marcado una curva ascendente en casos de violencia familiar, sobre todo contra mujeres, adolescentes, niñas y niños.

El programa de atención a familias en situación de violencia busca reivindicar la unión familiar, pero ante todo prevenir que los casos aumenten. Junto a esta iniciativa se estará entregando ayuda alimenticia y de primera necesidad a las personas que así lo necesiten por medio de visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos y charlas breves de fortalecimiento de lazos familiares en la que participan la Policía Municipal, el equipo de trabajo de psicología y área jurídica del Instituto Municipal de la Mujer.

Por lo anterior, ya se iniciaron las primeras visitas a algunas colonias con índices más altos en violencia familiar, como La Pitahaya, Cardones y Miramar por mencionar algunas.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Código Penal en vigor para Baja California Sur, define la violencia familiar como el maltrato físico, psicológico, emocional, patrimonial o económico a un miembro de la familia. Para la CNDH, la violencia familiar, también llamada violencia doméstica, es un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho, y que tenga por efecto causar un daño.

Acorde al criterio sostenido por  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la violencia familiar, puede definirse como aquel acto u omisión intencional, de una o varias conductas dirigidas a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, para causar daño.

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Estadísticamente, la violencia familiar es el delito no patrimonial de mayor crecimiento en su tasa de incidencia. Algunos datos son alarmantes:

Del primer trimestre de 2015 al primer trimestre de 2019, la violencia intrafamiliar se ha incrementado 72%, al pasar de 25,500 a 44,010 carpetas registradas en el mismo periodo, según cifras que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere que más de dos quintas partes de los hombres casados o unidos con mujeres de 15 años o más (10.8 millones), han ejercido algún tipo de violencia contra sus parejas a lo largo de su relación: 40% de manera emocional, 25.3% económica, 11.6% física y 5.3% sexual.

La encuesta anterior establece, además, que es en la relación de pareja donde ocurre la mayor parte de la violencia contra las mujeres: el 43.9% ha sufrido algún tipo de agresión por parte de su actual o última pareja, esposo o novio. 

La atención integral a las víctimas de esta modalidad delictiva, sigue siendo asignatura pendiente en Baja California Sur. La tasa más elevada de incidencia se ubica en el municipio de Los Cabos. Pese a ello, la mayor parte del personal asignado a la atención de este delito, se encuentra concentrado en la capital del Estado. Es urgente reasignar recursos, mejorar y ampliar la plantilla de servidores públicos capacitados y especializados en el tema, tanto de la Procuraduría de Justicia Estatal como del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer.

A la fecha, únicamente La Paz cuenta con un albergue con capacidad para 20 mujeres víctimas de violencia doméstica, el cual, en ocasiones, ve rebasada su capacidad. Afortunadamente, se cuenta con el apoyo de una asociación civil denominada Mamá Benita, que, en forma gratuita, brinda refugio y asistencia, en instalaciones propias y con capacidad para recibir a 40 mujeres, y cuando ello es requerido, también a sus hijos.

Existe un proyecto que contempla la creación de un Centro de Justicia para Mujeres en Los Cabos, con toda la estructura necesaria para atender las víctimas de violencia doméstica, pero se encuentra sujeto a la ampliación presupuestal solicitada al Congreso del Estado. Infortunadamente, nuestros diputados no contemplan el tema como prioritario en su agenda legislativa. Si desde la sociedad civil no ejercemos presión, el tema pasará al abultado paquete de pendientes que cada año se guarda en cajón del olvido.

Actualmente, la Procuraduría de Justicia Estatal, brinda servicios denominados de atención inmediata, mediante apoyo médico, psicológico y de representación social, canalizando a las víctimas al albergue, con la salvedad de que este servicio únicamente se brinda a menores y mujeres. Los varones víctimas de violencia familiar no cuentan con un programa de apoyo asistencial equivalente al que se oferta a las mujeres, entre otras razones, por la tendencia estadística que los ubica en la excepcionalidad.

Para las víctimas de violencia familiar, existen programas de atención en la fase inicial a cargo de peritos en materia de psicología, medicina, criminalística y trabajo social, y para la investigación de los hechos con apariencia de delito en este campo, se cuenta con elementos de la policía ministerial capacitados específicamente en esta área. Se brinda seguimiento en los programas de atención psicológica, a través de las Unidades de Atención a Víctimas de Delito.

Gracias a los convenios de colaboración firmados con todos los Estados de la República, la Fiscalía General de la República y dependencias militares, si una víctima de este tipo de delitos decide mudarse a otra entidad, puede continuar con el tratamiento terapéutico iniciado en la entidad donde inicialmente se tuvo conocimiento de los hechos.

Otro avance importante es el apoyo tecnológico de memoria audiovisual en las entrevistas a las víctimas de este tipo de delitos, conforme al protocolo elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello se evita su re victimización, cuando la defensa de los imputados pide que se emita un peritaje a su cargo. Las víctimas ya no tienen que ser sometidas a un segundo o tercer interrogatorio, pues la memoria audio videográfica de su entrevista inicial, sirve de objeto de estudio para los peritos de la defensa.

Cuando es necesario, se solicitan medidas de protección al Juez de Control. Por desgracia, la excesiva carga de trabajo en los centros de justicia, hace muy tardada la emisión de resoluciones judiciales que, de acuerdo a la ley, deben emitirse de inmediato. Esa misma tardanza se ve reflejada en los tiempos de espera entre audiencias, lo que provoca la re victimización de los pasivos.

Otro gran inconveniente que encontramos en el tema, es la falta de unificación de criterios por parte de los jueces de control. Mientras unos inician de inmediato los procedimientos judiciales, otros exigen que previamente se agoten los medios alternos de solución de conflictos, lo que consideramos un error técnico, pues en materia de violencia intrafamiliar, una vez que la víctima expresa su deseo de no someterse a dichos procedimientos, no debe el juez imponerle la carga de pasar por un ejercicio de comunicación no deseado con su victimario.

¿Qué hacer en un caso de violencia familiar?

Si eres víctima o testigo de un caso de violencia familiar, no dudes en acudir de inmediato a cualquier instalación de la Procuraduría de Justicia, o el DIF,o bien, optar por la denuncia anónima, en esta pagina, o bien a través de la aplicación DAC BCSPGJE, disponible en forma totalmente gratuita en App Store, o bien vía telefónica al 01 800 4 7453227, disponible 24/7.

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