FOTOS: Rocío Casas.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo una marcha en la capital del Estado. Como es ya costumbre, hubo actos de violencia, pero en esta ocasión, la misma se centró casi exclusivamente en un monumento y en el quiosco del malecón.

Gracias al control que ejerce el gobierno en turno sobre los principales grupos organizadores del evento, y a la logística aportada desde el municipio, reforzada con el apoyo de un día de descanso a las empleadas que asistieron a la marcha, el grupo de choque que integran las encapuchadas de ruda apariencia y rudísimo actuar, se abstuvo de realizar actos vandálicos que dañaran instalaciones públicas, y su celo belicoso se centró en el monumento a La Paloma, que fue pintarrajeada, y el quiosco del malecón, en cuyo interior quemaron el material de ilustración que les proporcionó el Ayuntamiento. Al centralizarse el vandalismo, a la mañana siguiente el daño estaba subsanado por las cuadrillas al efecto organizadas por la autoridad municipal.

También te podría interesar: Matrimonio como causal de feminicidio

Al margen de que se continúe con la tradición anual de marchas que cierren con la catarsis que implica danzar al ritmo de los tambores de guerra, quemar aditamentos y gritar consignas anti machistas, lo ideal sería capitalizar todo ese ímpetu y afán femenino en campañas de participación ciudadanas que resulten más efectivas que sólo tratar de generar conciencia haciendo destrozos en la vía pública.

Es falso el dilema que plantean quienes quieren justificar los daños que ocasionan las féminas iracundas, cuestionando si importa más una escultura o las víctimas femeninas de la violencia. Lo cierto es que los daños al patrimonio público sólo generan división y polémica, y poco abona a la lucha contra la violencia que victimiza a las mujeres.

La violencia no tiene sexo, ni edad, ni condición social, y debe combatirse de manera integral, con la participación de todos los sectores de la sociedad civil, pues hasta ahora, el gobierno solo ha demostrado su incapacidad y falta de voluntad política para afrontar con eficacia el incremento de la violencia en la entidad.

Proponemos que, al margen de la marcha anual, desde la sociedad civil emprendamos programas y acciones de forma integral, para dejar de ser parte del problema por omisión, y empecemos a ser parte de la solución, por acción y participación.

Nuestra propuesta, desarrollada en 5 ejes:

Estrategia integral para la prevención y contención de la violencia contra las mujeres desde la sociedad civil

EJE 1: EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

1. Campañas de concienciación: Organizar campañas de concienciación en redes sociales, medios de comunicación y espacios públicos para sensibilizar a la población sobre la violencia contra las mujeres.
2. Talleres y charlas: Realizar talleres y charlas en escuelas, universidades y comunidades para educar sobre la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia.
3. Materiales educativos: Desarrollar materiales educativos (folletos, videos, etc.) para distribuir en espacios públicos y privados.

EJE 2: APOYO Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS

1. Línea de ayuda: Establecer una línea de ayuda telefónica y/o en línea para brindar apoyo y asistencia a víctimas de violencia.
2. Refugios y albergues: Crear refugios y albergues para mujeres y sus hijos que han sido víctimas de violencia.
3. Asesoramiento jurídico: Ofrecer asesoramiento jurídico y acompañamiento en procesos legales para víctimas de violencia.

EJE 3: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

1. Grupos de trabajo: Establecer grupos de trabajo comunitarios para abordar la violencia contra las mujeres y desarrollar estrategias de prevención.
2. Eventos y actividades: Organizar eventos y actividades comunitarias (marchas sin violencia, festivales, etc.) para concienciar y movilizar a la población en torno a la prevención de la violencia contra las mujeres.
3. Redes de apoyo: Crear redes de apoyo entre organizaciones comunitarias, ONGs y autoridades locales para coordinar esfuerzos y recursos.

EJE 4: INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Análisis de políticas: Realizar análisis de políticas públicas existentes para identificar brechas y oportunidades para mejorar la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
2. Propuestas de política: Desarrollar propuestas de política pública para presentar a autoridades locales y nacionales.
3. Advocacy: Realizar actividades de promoción, defensa y apoyo para influir en la toma de decisiones políticas y asegurar la implementación de acciones de gobierno efectivas para prevenir, atender y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres.

EJE 5: MONITOREO Y EVALUACIÓN

1. Sistema de monitoreo: Establecer un sistema de monitoreo para recopilar datos y evaluar el impacto de las acciones realizadas.
2. Evaluación de programas: Realizar evaluaciones periódicas de programas y proyectos para identificar áreas de mejora y ajustar estrategias.
3. Informes y publicaciones: Elaborar informes y publicaciones para compartir resultados y lecciones aprendidas con la comunidad y autoridades.

Esta estrategia integral busca abordar la violencia contra las mujeres desde una perspectiva multifacética, involucrando a la sociedad civil, autoridades y comunidades en la prevención, contención y eliminación de la violencia.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Freepik.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El axioma inveterado del filósofo Perogrullo, que sentencia literalmente que “la principal causa del divorcio es el matrimonio”, ha sido superada en su alcance tautológico, por la temeraria afirmación que sostiene que el matrimonio, además, es una causa generadora de feminicidios, de acuerdo con el planteamiento motivacional invocado en un proyecto de reforma al Código Civil estatal elaborado por la facción progre del Congreso local —convenientemente maquillado de “iniciativa ciudadana”—, a efecto de que sea tramitado de forma prioritaria.

El proyecto en cita pretende imponer como requisito para contraer matrimonio, el someterse y aprobar una examinación psicológica, para detectar patrones de violencia en los aspirantes a contraer matrimonio. No existe un protocolo de eficacia estadísticamente confiable, aplicable al caso y para ese propósito específico, así que la batería de examinación carecerá de rigor científico y estaría sujeta a las vaguedades e imprecisiones que caracterizan a los diagnósticos genéricos. De aplicarse en sus términos la reforma propuesta, aparte de enfrentar una inviabilidad operativa, su entrada en vigor resulta violatoria de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 en su versión actualizada en el año 2018.

También te podría interesar: Fundado y motivado: el principio de legalidad

Esta reforma genera, además, una grotesca sinrazón legislativa. En Baja California Sur, un infante, de cualquier edad, aún sin consenso de sus progenitores o tutores, puede alterar su registro natal cambiando a voluntad su nombre y sexo biológico en su acta de nacimiento (ley vigente), pero un adulto no podrá casarse si un examen psicológico empírico y subjetivo, le declara no apto para el matrimonio.

De aprobarse esta reforma, lo único que se lograría sería desestimar a los pretensos contrayentes, y se corre el riesgo de estigmatizar a quienes no aprueben la examinación psicológica de marras.

En todo caso, y con la mejor disposición de asignarle valía preventiva alguna al proyecto, a final de cuentas sería otro banal intento aislado, costoso e improductivo, de frenar la violencia contra las mujeres.

La violencia no tiene sexo, ni estado civil, ni referencia social de estigmatización. La violencia se previene y elimina con educación en principios y valores que se inculcan en el hogar, se fortalecen en la escuela y se aplican en el entorno social.

Si de verdad existe la voluntad política de prevenir y erradicar la violencia, es necesario dejar de dar palos de ciego con campañitas estériles y reformas locuaces que sólo acentúan la falta de armonización en el marco legal sudcaliforniano.

Nuestra propuesta

La prevención y erradicación de la violencia requiere una estrategia integral que abarque básicamente 5 ejes rectores

EJE 1: Prevención y sensibilización

1. Programas de educación: Implementar programas de educación en escuelas y comunidades para promover la igualdad de género, la no violencia y la resolución pacífica de conflictos.
2. Campañas de sensibilización: Realizar campañas de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales para concienciar sobre la violencia y sus efectos.
3. Talleres y capacitaciones: Ofrecer talleres y capacitaciones para profesionales, líderes comunitarios y ciudadanos en general sobre la violencia y cómo prevenirla.

EJE 2: Protección y asistencia a víctimas

1. Centros de acogida: Establecer centros de acogida para víctimas de violencia, donde puedan recibir asistencia médica, psicológica y legal.
2. Líneas de ayuda: Implementar líneas de ayuda telefónica y en línea para víctimas de violencia, donde puedan recibir orientación y apoyo.
3. Protección policial: Garantizar la protección policial para víctimas de violencia, incluyendo la asignación de agentes especializados en violencia de género.

EJE 3: Justicia y sanción

1.  Adecuación del sistema judicial: Adecuar operativa y normativamente el sistema judicial para garantizar la justicia y la sanción efectiva para los agresores.
2. Unidades especializadas: Establecer unidades especializadas en violencia de género dentro de las corporaciones preventivas y persecutoras del Estado.
3. Sanciones efectivas: Implementar sanciones efectivas para los agresores, incluyendo la privación de libertad, terapia y la restitución de derechos a las víctimas.

EJE 4: Coordinación y participación ciudadana

1. Consejo Estatal: Establecer un Consejo Estatal para la Prevención y Erradicación de la Violencia, que coordine esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y sector privado.
2. Participación ciudadana: Fomentar la participación ciudadana en la prevención y erradicación de la violencia, a través de la creación de comités ciudadanos y la realización de eventos comunitarios.
3. Colaboración con organizaciones: Colaborar con organizaciones no gubernamentales y comunitarias que trabajan en la prevención y erradicación de la violencia.

EJE 5: Moniteoreo y evaluación

1. Sistema de monitoreo: Establecer un sistema de monitoreo para seguir la evolución de la violencia en Baja California Sur.
2. Evaluación de impacto: Realizar evaluaciones de impacto para medir la efectividad de las estrategias y programas implementados.
3. Ajustes y mejoras: Realizar ajustes y mejoras en la estrategia integral según los resultados de la evaluación y el monitoreo.

Esta estrategia integral requiere la participación y coordinación de múltiples actores, incluyendo gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanos en general. Es importante destacar que la erradicación de la violencia es un proceso largo y complejo que requiere voluntad política, compromiso social, perseverancia y recursos.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: UABCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de contribuir a una sociedad más segura e inclusiva, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) presentaron “Signum auxilium”, un prototipo tecnológico diseñado para reforzar la seguridad de las mujeres en situaciones de emergencia, informa la propia Universidad a través de un boletín de prensa.

El proyecto, desarrollado por Moisés Chacón, Noé Cosío y Saúl Rivera, adscritos a la Ingeniería en Desarrollo de Software, consiste en un dispositivo capaz de detectar una señal discreta de auxilio, emitiendo alertas inmediatas tanto a personas cercanas como a contactos de emergencia y autoridades competentes.

“Nuestra idea surge de la necesidad de tener un sistema de auxilio que salvaguarde la vida de personas en momentos vulnerables. El usuario sólo necesita esconder su dedo pulgar y cubrirlo con los demás dedos para activar el dispositivo, lo que lo convierte en una herramienta práctica y eficaz”, señalaron los estudiantes.

De esta manera, el dispositivo utiliza sensores flexores que reconocen el movimiento característico de la señal de auxilio. Al activarse, pone en marcha dos protocolos de emergencia: una alerta sonora para captar la atención de las personas cercanas y la emisión de un mensaje de texto que incluye la ubicación y datos relevantes, enviado a las autoridades y contactos previamente registrados.

El primer prototipo funcional integra tecnología como Arduino y el módulo SIM800l para procesar datos y enviar notificaciones. En versiones futuras, los desarrolladores planean incorporar un chip GPS, lo que permitirá un rastreo más preciso de la persona en peligro, y mejorar el diseño para hacerlo más discreto y estético, como un accesorio cotidiano, que puede ser un anillo, pulsera o collar.

El equipo agradeció al profesor Alan Escobar, encargado del Taller de Robótica, por su apoyo constante durante el desarrollo del proyecto: “Su experiencia en competencias y compromiso con la innovación han sido fundamentales para llevar este dispositivo adelante”, subrayaron.

También destacaron el papel de otros docentes que contribuyeron con su visión estratégica para proyectar el impacto del prototipo a futuro, expresando su interés por seguir perfeccionando el dispositivo y buscar alianzas para su implementación.

“Este dispositivo es un paso hacia una sociedad más segura y consciente de los problemas que enfrentan las mujeres en su vida diaria. Queremos inspirar a quienes tienen ideas innovadoras a contribuir al cambio social”, mencionaron.

FOTOS: Archivo / Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Sin poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, BCS, México y el mundo no podrán lograr un desarrollo sostenible, puntualizó la diputada Gabriela Montoya Terrazas, al conmemorarse hoy 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación contra las Mujeres; así se lee en el boletín de prensa del Congreso del Estado.

También en esta fecha inicia la concientización sobre las violencias que aquejan a las mujeres en todo el mundo (y concluye el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos), por ello, la diputada del PT llamó todos los sectores de la sociedad sudcaliforniana: a los tres niveles de gobierno,  a las organizaciones de la sociedad civil, a instituciones educativas, al sector privado y la comunidad en general a que, en concordancia con los objetivos del desarrollo sostenible, hacer lo necesario desde el ámbito de sus competencias, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

“La violencia contra las mujeres no es inevitable, puede y debe detenerse. Por eso, tolerancia cero a la violencia contra mujeres y niñas”, dijo Montoya Terrazas. Si bien hay avances en esta materia, admitió que la violencia en BCS, sigue siendo una barrera enorme para la igualdad de género.

Una de las modalidades en las que pueden presentarse las violencias machistas, en el ámbito familiar es la más frecuente y tiene muchos rostros: gritos, golpes, humillaciones, descalificaciones, el control sobre nuestras acciones y nuestros cuerpos son algunos de ellos, por ello, identificar esta violencia y salir de ella puede ser muy complicado.

El daño que causan estas acciones u omisiones, repercute sin duda en diferentes esferas de la vida de las mujeres, como la económica, la física o la emocional; no obstante, contamos con un marco legal que nos protege y sanciona a quienes ejercen violencia en nuestra contra.

La violencia contra las mujeres es cualquier otra forma de violencia que lesione o dañe la dignidad, integridad y libertad en razón de su género. En ese sentido, la representante popular, llamó a las mujeres a denunciar cualquier mal trato porque la violencia hacia ellas, no es un problema privado, es un problema de salud pública, concluye el comunicado del Congreso del Estado.

FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un comunicado de prensa por parte del Congreso del Estado informó que, con el propósito de eliminar la violencia contra las mujeres, las diputadas Teresita de Jesús Valentín Vázquez y Gabriela Cisneros, presentaron este martes en sesión permanente, iniciativa que pone como requisito de elegibilidad, el no ser deudora o deudor alimentario moroso, lo cual es congruente con el interés superior del niño, que es un principio de rango constitucional previsto en el artículo 4° constitucional, que demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de proteger y privilegiar sus derechos.

La iniciativa de las legisladoras, a la que se sumó la mesa directiva del actual período permanente, plantea reformar la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la Ley de la Comisión Estatal de derechos Humanos, la Ley del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Electoral y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el fin de establecer estos lineamientos como requisitos de elegibilidad, idoneidad y probidad para quienes quieran ocupar un cargo de toma de decisiones, ejemplos de esto son Diputadas y Diputados, Gobernadora o Gobernador, Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros Electorales, Procuradora o Procurador de Justicia, entre otros.

Es decir, se propone evitar que los agresores y deudores alimentarios ocupen un cargo de toma de decisiones, que no accedan a ninguna función pública o responsabilidad en el ámbito Legislativo, Ejecutivo o Judicial.

Durante su intervención en tribuna, ambas legisladoras argumentaron que se busca que la 3 de 3 contra la violencia sirva como una garantía de protección a través de la cual los partidos políticos deberán solicitar a las personas aspirantes a una candidatura firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde señale no haber sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme por: violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o por ser personas deudoras alimentarias morosas.

La idea ahora es que esto no quede sólo como un acuerdo, sino que se legisle para que sea vinculante y se fortalezca el objetivo de su creación, destacaron en tribuna las iniciadoras.

En cuanto a la violencia política contra las mujeres por razones de género, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), ya establece entre los requisitos de elegibilidad para ser diputada o diputado federal o senadora o senador, específicamente en su artículo 10, el no estar condenada o condenado por ese delito.

Por último, se informó que, se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, Derechos Humanos, Asuntos Indígenas Transparencia y Anticorrupción y de aprobarse, permitirá su aplicación antes del próximo proceso electoral, concluyó el comunicado de prensa.