La Paz, Baja California Sur (BCS). Se trabaja para modificar o crear una nueva Ley de Movilidad, (dependiendo de lo que sea más viable para el Estado), porque lo que se busca es que el ciudadano sea el beneficiado, empezando por regular la operación del Uber, para evitar un competencia desleal, así lo anunció el presidente de la comisión de Comunicaciones y Transporte, diputado Juan Pérez Cayetano.

En entrevista, el legislador reveló que se prepara una agenda para llevar  a cabo mesas de trabajo, que se realizarán a partir del próximo año en cada municipio, para escuchar los planteamientos de los sectores involucrados. “Estamos buscando la forma de cómo equilibrar la competencia entre taxistas y Uber; analizar lo que conviene más a la ciudadanía, porque finalmente nuestro propósito es el bien de la ciudadanía, que tengan mejor calidad de vida”, precisó.

Luego de presidir la primer reunión con transportistas, el legislador precisó que no está en contra de la movilidad, sólo a favor de la regular la operación del Uber para que no  sea una competencia desleal, y para ello ya ha sostenido encuentros con los sectores involucrados, así como la barra de asesores del poder legislativo para buscar alternativas y soluciones.

Reconoció que el tema se agudiza más en los municipios de La Paz y Los Cabos, no obstante, será en cada municipio donde acuda para que a través de las mesas de trabajo escuchar a los todos sectores.

En reunión con el presidente Oscar Leggs Castro, se acordó en principio buscar acuerdos con los taxistas y conductores de Uber (quienes actualmente operan bajo un amparo contra la Transporte Municipal), por lo que no pueden ser detenidos.

Se pronunció por una solución que convenga a todos los sectores y para ello está trabajando de la mano con las autoridades de Los Cabos; en ese sentido, el próximo lunes 6 de diciembre, se instalará la Comisión de Transporte en Loreto, seguido de municipio de Comondú y posteriormente en Mulegé.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Secretario de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, Rigoberto Murillo Aguilar, informó que se trabaja en la última etapa de revisión de la iniciativa que crea la Ley de Movilidad y Transporte para Baja California Sur, cuyo objetivo es dotar de ordenamientos jurídicos que pongan a la vanguardia al sector trasporte en la entidad, informó el Congreso del Estado.

En su calidad de Presidente de la Comisión Permanente de Transporte, informó que “estamos trabajando en la última etapa de revisión, esperando también que la empresa UBER de respuesta a nuestro planteamiento, consistente en que deberán pagar un impuesto que dejaría un ingreso de 16 millones de pesos al año para el Estado, el cual mediante un fideicomiso será destinando para el mejoramiento de la infraestructura urbana”, indicó Murillo Aguilar.

Dijo que con los impuestos que se le cobrarían a la empresa UBER y otras plataformas digitales que se integren, se podrá atender las necesidades en mejoramiento de vialidades, mantenimiento en la señalización, semáforos inteligentes parlantes, banquetas más anchas para la comodidad de los peatones, entre otras.

Murillo Aguilar también indicó que revisan el caso de la “jurisdicción” para el transporte de materiales, dado que la actual ley incluye a todo el sector de transportistas.

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las primeras manifestaciones de los taxistas en Cabo San Lucas contra la entrada de las unidades Uber, son ahora nimiedades comparadas con el tipo de agresiones y violencia generadas con la escalada del conflicto por la pelea de las vialidades cabeñas; principalmente las de la zona turística de la urbe y las adyacentes a la carretera transpenisular hacia San José del Cabo. Retenciones de operadores, bloqueos viales y amedrentamientos verbales escalaron a choques, atropellamientos y golpizas, incluso a la agresión sobre los usuarios —en su mayoría turistas extranjeros. Esas son las escenas cotidianas de violencia por la defensa de un territorio otrora controlado por algunos grupos de taxistas locales, que obviamente no ven bien la entrada de una competencia, que los obliga a mejorar su servicio y a detener sus abusos en cuanto a los cobros de tarifas que se hacen al gusto del tripulante.

Una realidad en este complejo y primitivo asunto es que, a nivel mundial, Uber ha generado conflictos con los taxistas locales en las grandes urbes europeas, asiáticas y americanas, y sobre todo en éstas últimas, principalmente en Buenos Aires y Bogotá en donde las disputas han causado personas gravemente heridas. Por supuesto, las ciudades mexicanas no han sido la excepción. En todos lados la presencia del servicio de taxi por aplicación mediante dispositivos móviles de Uber y otras empresas ha ocasionado conflictos políticos, judiciales y callejeros.

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Otra realidad en este asunto es que, antes de la llegada de los servicios de transporte apoyados en nuevas tecnologías, a la mayoría de los taxistas locales, ya fueran los de la Ciudad de México, los de Cabo San Lucas o a los de cualesquiera otras urbes poco les interesaba el cliente, menos proporcionarle un buen servicio, ni su comodidad; les interesaba el cliente sólo monetariamente; y en muchos servicios los operadores cometían diversos robos, ya fuera con taxímetros alterados ­—cuando contaban con uno—, independientemente de si el servicio era diurno o nocturno, o simplemente cobrando el monto que se les antojara sin considerar la distancia a recorrer. Obvio, si no apoyabas tu propio atraco, pues no te proporcionaban el servicio; incluso algunos taxistas se daban el lujo de exponerte diversas excusas cuando les hacías la parada y les indicabas a que lugar te dirigías: “híjole joven, es que no voy para allá.”, “es que ya voy de salida”, “está muy lejos, luego quién me paga el regreso.”, “hasta allá son…”, obviamente pidiéndote una cantidad estratosférica por el servicio, monto que pocas veces un cliente estaba dispuesto a pagar; o condicionándote el traslado: “El pago es en dólares, eh!”. Todos los atropellos mencionados eran cometidos por operadores dueños de la unidad o por el chofer contratado por el propietario de la misma.

Debe quedar claro que no me refiero a todos los taxistas, pues en muchas ocasiones tuve servicios, además de eficientes, hasta interesantes, en los que platicar con el operador fue un verdadero abrevadero de todo tipo de conocimiento, desde curiosidades y trivialidades mundanas hasta conversaciones sobre política, religión, historia o filosofía; y es que uno nunca sabe quién labora detrás del volante y dependiendo del operario era el estado del vehículo.

Los servicios de Uber y otras plataformas aun no están regulados completamente y en varias ciudades operan violando las normativas de transporte público, lo que nos lleva al origen del problema: las autoridades. Fueron éstas las que permitieron la entrada de los servicios de este tipo, aún antes de regularizar sus permisos y equipararlos a los que ya obtenían los prestadores de servicios del lugar. Otro asunto son las irregularidades en las que muchos taxistas tradicionales operan: falta de tarjetón de identificación del conductor, unidades en pésimo estado y sucias, entre otras. Los grupos de taxistas a veces corresponden a una sola persona, quien es dueña de varias unidades y las da para ser operadas por terceros, un negocio bastante redituable que muchas veces opera irregularmente al amparo de autoridades que no ejercen las acciones correspondientes cuando se incumplen las normas; el negocio de los taxis se convirtió en un asunto de grupos de poder que controlan pequeños territorios, sobre todo en ciudades pequeñas, como es el caso de Cabo San Lucas.

Noticia nacional e internacional

Si las autoridades reguladoras de este tipo de prestación de servicios han brillado por su ineficacia, ahora hasta las autoridades viales y las municipales lucen por su incompetencia en el conflicto, que ya se ha salido de control, pues hasta los usuarios han sido agredidos. Cabo San Lucas es semana tras semana nota estatal, nacional e internacional por los eventos de violencia que ahí suceden; mientras las autoridades no toman acciones que frenen la violencia que se apodera de las calles del destino turístico más importante de Sudcalifornia.

Un taxista que embiste con su camioneta el auto de un conductor de Uber, vehículo que a su vez se impacta con un auto particular, con saldo de dos heridos; un grupo de taxistas que sigue a un vehículo de Uber y hace bajar al conductor en presencia de los turistas extranjeros que pretendían abordarlo, y ahí lo golpean brutalmente, además de amenazarlo de muerte; servidores públicos gritando a una mujer y a una niña que no aborden una unidad de Uber, al grado de provocar el llanto de la menor y hacer salir corriendo a ambas. Esas son las notas periodísticas que posicionan a Cabo San Lucas como una ciudad rudimentaria; a eso agregamos la violencia criminal que no cesa, tenemos un destino turístico de primera categoría ubicado en el nivel más atrasado de gobierno y civilidad. Los videos tomados por ciudadanos sobre esos sucesos cunden en las redes sociales; esa imagen de sudcalifornianos violentos y primitivos que se pelean a golpes las calles, incluso en detrimento del turismo internacional son la estampa que está caracterizando la Presidencia Municipal de Armida Castro.

La violencia ha llegado a tal grado que algunos dueños de negocios como hoteles y restaurantes han solicitado de manera pública a sus clientes evitar el uso de la plataforma Uber, aduciendo que es ilegal en México y que contratar sus servicios puede generar más violencia con el gremio de los taxistas. El conflicto está desbordado en Los Cabos, las batallas por las calles amenazan con esparcirse a otros lugares de la entidad; mientras las autoridades brillan por su ineficacia en el cargo y el usuario nacional o extranjero es agredido con toda impunidad.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Conforme a los lineamientos emitidos por el Comité de Derechos Económicos Sociales  y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC-ONU), el derecho humano a la movilidad es el derecho de toda persona y colectividad de disponer de un sistema integral de movilidad aceptable, suficiente, accesible y de calidad que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el desplazamiento efectivo de todas las personas en un territorio, para la satisfacción de sus necesidades y el pleno desarrollo.

Debe entenderse el derecho a la movilidad en dos dimensiones:

1.- Una individual en la cual cada persona pueda decidir libremente tanto su movimiento como la manera de desarrollarlo en un lugar determinado.

2.- Una dimensión colectiva, ésta se refiere al derecho a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades de la sociedad, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto tomando en consideración la protección al ambiente y las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin excepción.

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El derecho a la movilidad implica una constante interrelación entre tres factores:

1. La diversidad en los medios de transporte.
2. El espacio público.
3. La infraestructura vial y de apoyo.

FOTO: Modesto Peralta Delgado

La interacción armónica y funcional de estos tres factores es la meta del marco regulatorio de la movilidad, y resulta indispensable para brindar al ser humano un nivel de vida adecuado y conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es fundamental para erradicar la pobreza y la realización de los principios de igualdad y no discriminación; apuntado lo anterior, en Baja California Sur necesitamos un marco legal que siente las bases normativas para concretar en la cotidianidad el ejercicio pleno del derecho a la movilidad.

El problema que enfrentamos es que pese a la importancia del tema, y al hecho de haberse realizado cinco foros sobre éste, en los que se presentaron 300 ponencias, —muchas de ellas valiosas por su aporte técnico y perspectiva vigentes—, el Ejecutivo estatal decidió ignorarlas y centrar el enfoque en convertir lo que sería la Ley de Movilidad, en una herramienta de control político y económico, centrando la publicidad de su proyecto en dos premisas, que como promesas de campaña, resultan meros ganchos engañosos.

Por un lado promete “modernizar la infraestructura de movilidad urbana, mediante una oferta amplia y competitiva de transporte, así como un sistema más eficiente, suficiente, amable, seguro, económico y menos contaminante”, mientras arremete contra el gremio transportista, prometiendo en su discurso acabar mediante esta Ley con el conflicto que dicho gremio enfrenta con los operadores de Uber; conflicto que, ha sido alimentado por el Gobierno del Estado, con el objeto de generar presión social para que el Congreso del Estado apruebe su proyecto de Ley de Movilidad. Y necesita mucha presión, pues el cuerpo legislativo se integra de manera mayoritaria por diputados de oposición.

Lo cierto es que Uber no requiere de una Ley de Movilidad para operar, pues atento al orden legal mexicano para los particulares, lo que no está expresamente prohibido, por consecuencia natural, está permitido. En contrapartida, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, es decir, debe estar soportado en una Ley aplicable al caso. En otras palabras: el ciudadano puede hacer todo lo que no está legalmente prohibido, en tanto la autoridad sólo puede hacer aquello para lo cual está legalmente facultado, y debe plasmar por escrito, de manera fundada y motivada, todo acto de molestia que afecte la esfera de derechos de un particular.

El servicio que prestan los conductores de Uber o de cualquiera otra plataforma similar, es un servicio que la justicia Federal ha definido como prestación entre particulares, y por tanto, escapa de la esfera jurídica de aplicación del actual marco legal sudcaliforniano que regula el transporte público. Pero, ¿necesitamos una Ley de Movilidad? Atendiendo a la exigencia constitucional que reconoce el derecho humano a la movilidad, sí es necesario adecuar la legislación del Estado a los estándares actuales en dicha materia; lo que no necesitamos, es que el Gobierno del Estado alimente un conflicto para generar presión social, la cual le permita imponer su voluntad al Poder Legislativo.

El proyecto de Ley que presenta el Ejecutivo de nuestro Estado es un buen ejemplo de un mal ejercicio de “copiar-pegar” al elaborar un texto legislativo; tomaron como texto base la Ley de Movilidad vigente en Quintana Roo, pero le rasuraron aspectos torales, para convertirla en un engendro legal cuyo principal objetivo es darle al Gobernador un poder absoluto sobre el control del transporte público, a través de la creación de un Instituto cuyo titular sería designado discrecionalmente por el Gobernador, con facultades que le permiten un control, incondicional, sin contrapeso legal ni participación de los sectores de la sociedad civil.

Aprobar esta iniciativa de ley, tal y como está enviada por el Ejecutivo, de ninguna manera resolverá el problema de la movilidad que presenta la Entidad,  ya que no solucionará el conflicto entre conductores de Uber y taxistas, arrebatará a los Ayuntamientos una fuente importante de ingresos derivados de la expedición de licencias y permisos relacionados con el transporte, circulación vehícular y movilidad en general, tanto de personas como mercaderías; asimismo, sujetará la operación del transporte multimodal a las exigencias personales del Gobernador en turno, mantendrá la constante exclusión para los grupos vulnerables, en particular, de quienes presentan discapacidad física o intelectual, y mantendrá los estándares de ineficacia y retraso en el transporte colectivo, así como la marginación atávica en que actualmente se encuentran los ciclistas y peatones.

El Congreso debe ignorar el proyecto elaborado por el Ejecutivo y elaborar uno propio, a partir de los aportes que desde la sociedad civil se plasmaron en los foros sobre el particular se realizaron, basando la estructura normativa en el respeto humano a la movilidad, siguiendo los postulados plasmados por la ONU.

Finalmente es importante recalcar que la Ley de Movilidad no resolverá ningún problema y se convertirá en letra muerta, si no se incluye en su proyección y aplicación un programa estatal integral de movilidad y planeación urbana, fincado en políticas públicas con visión tridimensional, buscando soluciones inmediatas, mediatas y a largo plazo, a la problemática actual y futura, partiendo del diagnóstico ciudadano plasmado en los foros efectuados: una Ley vinculada a un plan de ordenamiento que enfrente los retos que implica el crecimiento poblacional y urbanístico.

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FOTO: Modesto Peralta Delgado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, envió al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se crea la Ley de Movilidad del Estado, para regular a fondo el servicio de transporte público en sus diferentes modalidades incluyendo los servicios que se brinden a través de plataformas digitales, informa el Gobierno del Estado a través de un comunicado de prensa.

“En Baja California Sur emprendimos una modernización de la infraestructura de movilidad urbana; los sudcalifornianos merecemos tener una oferta amplia y competitiva de transporte y un sistema más eficiente, suficiente, amable, seguro, económico y menos contaminante”, declaró el Gobernador de BCS en un mensaje que desde ayer se empezó a replicar hasta en redes sociales.

FOTO: Gobierno del Estado.

Con lo anterior, Mendoza Davis propone crear el Instituto de Movilidad, integrado por ciudadanos que, de manera transparente y justificada, fije las tarifas y otorgue las concesiones para transporte público de personas y los permisos respectivos en las otras modalidades, y para que éste se modernice y cumpla con las necesidades de la sociedad y del desarrollo del Estado.

Está iniciativa —puntualizó—, busca terminar con la discrecionalidad y los monopolios y reconoce a la movilidad como derecho humano, además busca proteger el medio ambiente, procura la igualdad de género y la inclusión de sectores vulnerables y, sobre todo, fomenta la participación ciudadana.

“Pretendemos que los servicios de transporte concesionado como los taxis y los que se prestan a través de plataformas digitales, puedan coexistir, erradicando la competencia desleal en beneficio de la población. Nuestras familias merecen elegir con absoluta libertad qué tipo de transporte prefieren utilizar”, dijo.

Por último, aseveró el mandatario estatal que la nueva realidad mundial y atendiendo la misma demanda ciudadana por contar con servicios de calidad en esta materia, se facilitará la entrada de nuevos servicios, particularmente los que se contratan mediante plataformas digitales, para ponernos a la altura de las economías más avanzadas y los mejores destinos turísticos del mundo.

Cabe señalar que en la presente semana, Uber inició operaciones en Los Cabos, lo que provocó una controversia que llegó a protestas por parte de taxistas en dicho destino turístico, sin contar con que también en La Paz se llegaron a dar manifestaciones en su contra, aunque pese a todo, en la capital del Estado el servicio se ha podido contratar desde hacer varios meses.