FOTO: Tribunal BCS.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La primera semana de febrero se define si el actual Procurador de Justicia en Baja California Sur alcanza el registro como candidato al cargo de Magistrado del Poder Judicial Federal, en el proceso electoral a verificarse en junio del año en curso. De ser ese el caso, el actual Procurador de Justicia estatal, deberá renunciar a su encargo público, a efecto de participar en igualdad de circunstancias con los particulares que también alcancen el registro como candidatos en dicho proceso electoral.

Ante esta expectativa, en breve tendrá que designarse a quien le sustituya en el encargo, y la terna que al efecto elabore el titular del Ejecutivo estatal, acorde a los principios constitucionales de equidad de género y alternancia, deberá estar integrada por tres profesionales del derecho, de sexo femenino, con experiencia en el campo específico de la procuración de justicia, con especialización en derecho penal y procesal penal.

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El Congreso local deberá realizar la elección de la nueva titular de la procuración de justicia en BCS, buscando el mejor perfil para el encargo, privilegiando en todo caso la designación de una persona de sexo femenino, en caso de que en la terna del Ejecutivo se incluya la propuesta de algún profesionista de sexo masculino, pues el Congreso local ha sido muy enfático en el tema de la paridad y la alternancia en razón de género.

Los principios de paridad y alternancia imponen al Gobierno del Estado la obligación de brindar en todos los campos del ejercicio público, la posibilidad de participación a personas del sexo femenino, sobre todo en campos donde estando capacitadas y teniendo el perfil idóneo, son tradicionalmente relegadas, reservándose los cargos estratégicos del servicio público a personal masculino.

Tiempo de mujeres

Debemos erradicar de la Entidad, la práctica simuladora de hablar con lenguaje que refieren como inclusivo, pero actuar con políticas de exclusión, tal y como hacía el último ex gobernador estatal, que era muy propio en el uso del llamado lenguaje “inclusivo”, pero su gabinete era el Club de Tobi.

La igualdad de oportunidades y paridad de género se alcanza a través de la regla de alternancia individual y sucesiva de titulares del encargo público, y no se trata de una moda, es una exigencia plasmada tanto en el marco constitucional como en el convencional y en diversa normatividad nacional aplicable, específicamente en la interpretación conforme de los Artículos 1º párrafos primero y tercero, 4º párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 17 párrafo primero, y 36 fracciones III y IV , de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 2º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 2º y 7º inciso b), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y por correlación, las reglas de alternancia plasmadas en las leyes electorales y en el marco constitucional del Estado, lo dispuesto en materia de elección de quien presida el Tribunal de Justicia estatal.

En el Estado contamos con profesionistas destacadas en el ámbito de la procuración y administración de justicia, con preponderancia en el campo del derecho penal, y en los corrillos judiciales se menciona entre las posibles integrantes de la terna, al menos a una quinteta de probables propuestas, todas ellas con amplia experiencia en el servicio público, capacidad profesional y posgrado en el campo procesal y sustantivo penal.

En estricto orden alfabético, enlistamos a las profesionistas con mayores menciones para el encargo en cita: Guadalupe Espinoza Ruiz, Lucía Dolores Loredo Saucedo, Beatriz Adriana Robles García, Consuelo Rodríguez Domínguez y Anabell Vázquez Chávez.

Veremos si el titular del Ejecutivo se pronuncia por la experiencia y profesionalismo, y propone una terna integrada por algunas de las profesionistas enlistadas, o cae en el juego del amiguismo y presenta una terna que incluya personas del sexo femenino sin experiencia ni bagaje curricular de posgrado y experticia específica relacionada con el campo del derecho penal y procesal penal.

O peor aún, que opte no sólo por el amiguismo, sino que además ignore el presupuesto de alternancia por razón de género, y por ello incluya exclusivamente en la terna, a personas de sexo masculino. Sobre el particular, son cuatro los notarios públicos en el Estado, que, habiendo probado las mieles del encargo, suspiran por volver a ejercer el cargo de Procurador de Justicia. Todos ellos ligados a uno de los grupos de poder fáctico en el Estado, que encabezan, respectivamente, dos ex gobernadores de la Entidad.

Esperemos entonces, que en breve se defina la postura, tanto del Gobernador de BCS como del Congreso local, en materia de paridad, equidad y alternancia en razón del género.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este fin de semana, causó una gran polémica en La Paz un evento en el que elementos de la Policía Preventiva le impidieron a una menor con discapacidad motriz disfrutar en compañía de dos familiares, de un juego mecánico acondicionado para ser utilizado por personas en silla de ruedas en el malecón paceño. Como los dos familiares no evidenciaban discapacidad motriz, el oficial policíaco los obligó a bajarse del juego. Disociar juego y convivencia familiar es absurdo, pero esa fue la absurda exigencia de los elementos del orden. La experiencia fue traumática y dolorosa para la menor.

Es evidente que a los cuerpos de seguridad les falta capacitación, sensibilidad y sentido común, para conducirse en ese tipo de situaciones, sin embargo, tales carencias no son exclusivas de los cuerpos de Seguridad Pública. Para las personas con limitaciones motrices, sobre todo las que necesitan silla de ruedas o andadera para desplazarse, es un verdadero calvario asistir a una audiencia de apelación en las instalaciones del Poder Judicial de Baja California Sur, pues las oficinas donde se realizan las audiencias de apelación, se encuentran en la planta alta del edificio, y no se cuenta con elevadores eléctricos o mecánicos que les  permitan el acceso adecuado a las instalaciones.

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Se aprobó, hace tiempo, un presupuesto para adecuar las instalaciones, pero en lugar de hacer lo propio, se construyeron oficinas lujosas para el pleno y la Presidencia del Tribunal, y ¿qué creen? Si un gobernado quiere asistir a la oficina del Presidente, debe subir las escaleras, porque tampoco están habilitadas las instalaciones para que una persona con discapacidad motriz pueda desplazarse adecuadamente.

Las instalaciones del Tribunal en Cabo San Lucas, adolecen de la misma carencia, pues la Oficialía de Partes Común y el Juzgado Primero Civil, se ubican en la planta alta, así que si un promovente tiene discapacidad motriz, pasa las de Caín para acceder a las instalaciones.

Por su fuera poco, a los genios de la administración de las instalaciones sede del Poder Judicial en la capital del Estado, se les ocurrió convertir en salida de emergencia, la puerta originalmente diseñada como de acceso principal. En consecuencia, las personas con discapacidad que llegan en transporte público al tribunal, tienen que rodear todo el edificio para poder acceder al mismo. Ello es irrelevante y hasta saludable para quien goza de plena movilidad corporal, pero es un martirio para quien camina con andadera o se desplaza en silla de ruedas. Es discriminatorio y en algunos casos, resulta un acto de crueldad.

Leyes discapacitadas

La LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR tiene por objeto prevenir y eliminar toda forma de discriminación (Artículo 1º) e impone la obligación a al TSJE de adoptar las medidas necesarias para que toda persona ejerza y goce, sin discriminación alguna, de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y en las demás leyes.(art 3º), y define como CONDUCTA DISCRIMINATORIA (Artículo 5º  fracción XXII) el limitar el acceso y libre desplazamiento en los espacios públicos.

La ley es clara, pero se convierte en letra muerta, cuando el órgano del poder público encargado de su aplicación, es omiso al respecto. ¿Quién va a sancionar a los titulares del monopolio de la aplicación de la ley en la impartición de justicia?

Si en el Estado existiera una comisión para prevenir y eliminar la discriminación, con plena autonomía presupuestal y orgánica, seguramente tomaría cartas en el asunto, pero como eso no ocurre, las personas con discapacidad motriz seguirán en el limbo de la invisibilidad judicial. Si tuviéramos una Comisión Estatal de Derechos Humanos, con sensibilidad sobre el tema, hace mucho que habrían hecho una recomendación al respecto, pero en BCS dicha Comisión no pasa de ser un ornato inútil y costoso.

Si en el Congreso del Estado los diputados que integran la Comisión Contra la Discriminación, en lugar de andar “futureando”, atendieran su encomienda, seguramente ya habrían llamado al Presidente del Tribunal para que, en comparecencia ante la asamblea de representantes populares, explicara lo absurdo de su proceder, pero eso no va a suceder. No saben que pueden hacerlo, o lo saben pero no es un tema que les interese.

Si al Gobernador del Estado le interesara el tema, ya hace mucho que hubiera exhortado al Poder Judicial para enmendar su dislate, pero como no es un tema en el que tenga un interés personal, ni los discapacitados motrices significan un número importante de votantes, tampoco moverá un dedo al respecto.

En síntesis, sólo nos queda a los gobernados llamar la atención sobre el tema, y ante una negativa manifiesta del Tribunal a subsanar su grave irresponsabilidad, promover un juicio de procedencia contra esos magistrados insensatos y discriminadores. En fin, mientras toman conciencia nuestros magistrados judiciales, las personas con discapacidad motriz seguirán sufriendo discriminación en su peregrinar por los pasillos judiciales.

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