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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La media península continuamente se ha visto amenazada ante la tentativa de despojo de ciertos territorios, esto por parte de grandes empresas mineras y grupos inmobiliarios; respecto al tema de la megaminería, los dos casos más notorios —debido a la magnitud de los proyectos, las compañías y a los personajes involucrados— son Los Cardones y el proyecto minero submarino para extraer fosforita en el Golfo de Ulloa. Te presentamos la segunda y última parte de este ensayo. Para leer la primera parte dar CLIC AQUÍ  .

En lo referente a los desarrollos inmobiliarios se tiene el despojo de varios territorios adyacentes a la línea de costa, principalmente, privatización que se ha ido expandiendo y concretando en diversas zonas costeras del Estado con el establecimiento de grandes desarrollos turísticos y con la venta de terrenos a particulares, primordialmente a extranjeros; con el consecuente cierre de accesos públicos a una gran cantidad de playas. Esto ha limitado el libre tránsito del ciudadano, privilegiando esos espacios para pocos individuos, particularmente a turistas extranjeros, pero también a nacionales. Expoliación que se está haciendo una constante en grandes extensiones de playas al sur del Estado, generando gran inconformidad social.

Aunque los casos son muchos, son dos los asuntos que llaman la atención por la enérgica protesta de la ciudadanía que han generado; por un lado, la privatización de un tramo carretero entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, como parte del proyecto Zona Dorada, con la consecuente privatización de las playas inmediatas. Y, por el otro, el despojo de la playa de Punta Lobos a los pescadores de Todos Santos por parte del desarrollo turístico denominado Tres Santos. Asunto que ha convocado a cientos de inconformes en diversas manifestaciones pacíficas, y no solamente de la comunidad de Todos Santos, sino de otros lugares de Estado, así como a residentes extranjeros; pues en este caso el segmento de la sociedad afectada de manera directa es un buen ejemplo del crisol que es la población sudcaliforniana, ya que en el pueblo mágico cohabitan nativos, mexicanos originarios de otros Estados, así como una gran cantidad de gente procedente de otros países.

La cimentación del complejo Tres Santos invade la playa, Punta Lobos (2015).

Mi insistencia en manejar el diverso origen de los integrantes de la sociedad sudcaliforniana, principalmente en lo que a los conflictos sociales mencionados se refiere, obedece a que esa diversidad de origen y de pensamiento inherente de las personas ha permitido al segmento social que se opone a la minería tóxica y a algunos mega-desarrollos inmobiliarios, resignificar una lucha que se ha librado desde hace años contra entes empresariales dispuestos a despojar a los sudcalifornianos de lo que les corresponde por derecho propio, su tierra y su mar.

Y aunque esa batalla se ha librado desde tiempo atrás, ahora busca distintos causes y ha encontrado en los cruces culturales de los sudcalifornianos nuevas estrategias de lucha; que se han manifestado principalmente en el uso de marcos legales nacionales e internacionales y en los simples, pero a veces desconocidos, derecho y obligación de la ciudadanía de vigilar y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes en cualquier asunto de interés público, como evidentemente lo son los temas de la minería y los desarrollos inmobiliarios.

Esos conflictos sociales, el minero y el privatizador —despojador— de territorios costeros, se han ido unificando y deviniendo en una lucha opositora de ciudadanos que enarbolan la defensa de su territorio; lucha que ha cohesionado a más y diversos sectores de la sociedad: instituciones académicas, colegios de abogados, ingenieros, médicos y de otras especialidades, autoridades ejidales e incluso algunos delegados, regidores y presidentes municipales que abiertamente han mostrado su rechazo al despojo en ambas vertientes —aunque su postura pública no siempre es coherente con sus actos de gobierno.

Ciudadanos manifestándose contra el despojo (2015).

Esa lucha opositora es ya una resistencia ciudadana permanente ante los embates de los grandes capitales nacionales e internacionales, avalados por el Gobierno Federal en el caso minero y, por otros órdenes de gobierno en algunos asuntos de megadesarrollos turísticos y venta de predios. Multitudinarias manifestaciones se dieron el 6 de agosto de 2015 en La Paz y el 8 del mismo mes en Cabo San Lucas, en las cuales la lucha unificada de ambos movimientos fue notoria, aunque estas no han sido las únicas protestas ni manifestaciones ciudadanas en este sentido.

Afortunadamente la consigna de luchar contra la minería tóxica y el despojo territorial es una latente en los sudcalifornianos y va más allá de las facciones o partidos gobernantes en todos los niveles. Así quedó claro con las protestas ciudadanas que se dieron en la explanada del palacio de gobierno estatal el 29 de agosto de 2018 ante un nuevo intento de conceder un cambio de uso de suelo para el establecimiento de Los Cardones. Protestas que se hicieron extensivas a Andrés Manuel López Obrador en su primer visita a Baja California Sur como presidente de la República en septiembre del mismo año. En ambas gestas resurgió combativo ese crisol humano del que hablamos; fueron tantos como diversos los individuos en protesta ciudadana, de diferentes filiaciones políticas y religiosas, así como de diversos orígenes, pero todos unidos por un fin común: la preservación de su territorio y sus derechos humanos fundamentales.

Manifestación contra la minería en el palacio de Gobierno estatal, La Paz (2018).

Este movimiento participativo social es coordinado desde diversos lugares de la Entidad por varias organizaciones no gubernamentales, y a su vez dirigido hacia los distintos frentes de lucha mencionados; pero también se ha caracterizado por la espontaneidad de sus manifestaciones, ya que además de organizaciones de activistas congrega a gran cantidad de ciudadanos sin filiación alguna. Además, el movimiento social antidespojo que se desarrolla en Baja California Sur, incluye también a grupos empresariales importantes, sobre todo a algunos relacionados al ramo turístico e inmobiliario, lo que podría parecer incongruente con lo que señalo.

Sin embargo, a estos sectores es a los que más pueden dañar económicamente las empresas mineras debido a sus consecuencias contaminantes y, por supuesto, también les afecta la privatización de las áreas inmediatas a las playas, pues éstas son por mucho uno de los principales atractivos para el turismo de todas las capacidades económicas que visita el Estado. En su mayoría estos empresarios son de Baja California Sur, ya sea de origen o por elección, y sus negocios difícilmente podrían competir con los grandes desarrolladores inmobiliarios nacionales y transnacionales que se apropian de vastas extensiones de terrenos costeros y mantienen cautivos a turistas de gran capacidad económica en sus instalaciones.

El asunto privatizador y de despojo territorial está bien definido, y parece cerrar ya un área geográfica con el atraco de Punta Lobos, si se piensa en lo que ha sucedido desde La Paz hasta Los Cabos bordeando la costa del Golfo de California y, de Cabo San Lucas hasta Punta Lobos siguiendo las playas del Océano Pacífico. Línea de costa en la que abundan desarrollos de este tipo. Área en la que un caso merece mención particular y es el de Cabo Pulmo, asunto en el que gracias a la protesta social y a la presión internacional se logró detener el enorme desarrollo turístico que varias veces se ha pretendido emplazar en el Parque por diversas autoridades.

Y digo que el área está bien definida, pues es la parte sur del Estado, cuyos límites al norte son Todos Santos en la vertiente del Pacífico y La Paz en la del Golfo de California; y en su centro, para intentar coronar el despojo del territorio a los sudcalifornianos, cada tanto y desde hace años se impulsa el establecimiento de la megamina a tajo abierto, ahora denominada Los Cardones.

Aunque el panorama parece desolador, la inconformidad ciudadana ante el despojo cada vez se fortalece más y logra más adeptos en un escenario donde la sociedad está cada vez más informada y politizada gracias al desprendimiento de los medios de comunicación oficialistas y, en gran medida, debido al acercamiento a la internet. Indudablemente a lo anterior ha coadyuvado la integración a la sociedad sudcaliforniana de cientos de miles de inmigrantes interestatales y de algunas decenas de miles de extranjeros.

El despojo a los pescadores expuesto y discutido en el Congreso Ciudadano de Todos Santos (2016).

En los conflictos sociales generados por el sector minero y una parte de los proyectos de desarrollo inmobiliario,ya están involucrados y alertas decenas de miles de ciudadanos sudcalifornianos. Y ante los “oídos sordos” de las autoridades varios de estos conflictos escalarán de intensidad, pues un gran sector de la ciudadanía ha demostrado que no se va a quedar “cruzados de brazos” ante el despojo en sus múltiples formas. Las manifestaciones en contra de las empresas mineras y los despojos de territorios costeros se han ido multiplicando, sobre todo en la capital del Estado, en San José del Cabo, Cabo San Lucas y en Todos Santos. Lo que ha llevado a los manifestantes de diversas luchas sociales a tender lazos entre movimientos, a unirse en frentes de lucha, y así canalizar y dar salida a las inconformidades comunes mediante el ejercicio de la más elemental democracia; que implica la participación de la sociedad en la toma de las decisiones del gobierno.

Hasta ahora los grupos inconformes han manifestado su repudio a la instalación minera, a los cierres carreteros y a la privatización de playas mediante la protesta pacífica en las calles y plazas, principalmente; pero han dado un enorme paso al defenderse y confrontar legalmente a diversas corporaciones y autoridades mediante encuestas ciudadanas, mandatos civiles y más argumentos de orden legal. En cuanto al asunto del despojo inmobiliario en Punta Lobos, Todos Santos, por parte de la compañía de capital transnacional Mira Companies, —y en los otros despojos que prevalecen en el Estado— habrá que esperar para ver que rumbo legal siguen las protestas ciudadanas y que papel juegan en la defensa de los inconformes los otros frentes de lucha ya plenamente organizados, en el caso de la minería y de la privatización de otros lugares costeros.

Todo parece indicar que la ciudadanía sudcaliforniana está madurando políticamente y ya vislumbra que sólo con la colaboración entre los distintos grupos y organizaciones que defienden el territorio, es que se logrará revertir o al menos aminorar los efectos nocivos del despojo que en muchos casos implica el establecimiento de las empresas mencionadas. El más claro ejemplo de esto es la organización del “1er Congreso Ciudadano sobre Megaminería, Megadesarrollos y Derechos Humanos“, mismo que se llevó a cabo en Todos Santos en el año de 2016 con la participación de sudcalifornianos e invitados nacionales, entre ellos el padre Alejandro Solalinde y Jesús Robles Maloof. Aquí cabe señalar que en ese tiempo, y para una de las mesas de trabajo de ese congreso, inició la reflexión que nutre este texto.

El padre Alejandro Solalinde en el Congreso Ciudadano de Todos Santos (2016).

Lo expuesto demuestra que el proceder de los inconformes rebasa con creces el activismo recalcitrante y que es producto de la preparación y de una cada vez más organizada y politizada sociedad multicultural, que ya está entendiendo que es en última instancia la poseedora de su devenir social y ambiental; lo que ha llevado a que en Baja California Sur se intensifique la protesta ciudadana contra el despojo. Es la sociedad civil la que está siendo el fiel de la balanza en los diferentes procesos de autorización —amañados o no— de proyectos mineros y de desarrollos inmobiliarios entre las autoridades y los empresarios. Incluso logrando detener diversos intentos de atracos sociales y medioambientales como en los casos de Balandra, Cabo Pulmo y en La Sierra de la Laguna, ante los intentos de establecer la mega mina a tajo abierto Los Cardones y, en varias ocasiones no sólo sin la ayuda de las autoridades sino a pesar de estas.

Robles Maloof en el Congreso ciudadano de Todos Santos (2016).

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Juez Primero de Distrito en Baja California Sur, otorga el amparo de la justicia federal en favor de John Moreno y Joella Corado, para los siguientes efectos:

a) Que la Juez Primero Penal del Fuero Común de esta circunscripción municipal tramite de inmediato el incidente de revisión de medidas cautelares, y se pronuncie sobre la solicitud planteada por John y Joella, a través de sus defensores, acerca de que se les conceda el beneficio de la libertad. Para ello, el Juez de Distrito se basa en el criterio sostenido para tal efecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya determinó que el quinto transitorio de la reforma al Sistema Penal Mexicano, faculta a los jueces penales del sistema tradicional para revisar la medida cautelar de prisión preventiva a la que están sujetas los indiciados; sin que ello signifique, alterar las reglas de tramitación del procedimiento penal, puesto que dicha revisión constituye una circunstancia incidental de carácter sustantivo, accesoria al juicio principal, que puede redundar en un beneficio para el imputado.

b) Toda vez que el auto de formal prisión pone de manifiesto que la Juez Primero Penal del Fuero Común al dictar el auto de formal prisión realizó una deficiente motivación cuya violación formal impide al quejoso defender adecuadamente sus intereses en el proceso de origen, al no satisfacer el derecho fundamental previsto en el Artículo 16 Constitucional, se concedió el amparo para el efecto de que deje insubsistente la resolución reclamada y dicte una nueva con libertad de jurisdicción, en la cual examine la agravante prevista en el Artículo 314 bis del Código Penal de Baja California Sur y, en su caso, precise en cuál de las hipótesis se ubica la conducta atribuida al aquí quejoso, desde luego, expresando la motivación respectiva.

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¿Qué sigue?

Una vez que la sentencia de amparo cause ejecutoria, resultará de cumplimiento obligatorio en sus términos, para la autoridad señalada como responsable en la demanda de amparo, en este caso, la Juez Penal de esta municipalidad, quien habrá de tramitar de inmediato el incidente de revisión de la medida cautelar y resolver sobre la libertad caucional de John y Joella, y deberá dictar un nuevo auto de término constitucional, que puede ser de libertad, o bien de formal prisión, pero sin decretar prisión preventiva oficiosa, y al emitirlo deberá subsanar las violaciones a los derechos humanos de John y Joella en que incurrió al dictarles el auto de formal prisión que hoy les mantiene inconstitucionalmente en prisión.

¿Cuándo?

Siendo el cumplimiento de la sentencia de amparo de orden público y toda vez que los términos en que fue obsequiado el mismo, la Juez Primero Penal podría tramitar mañana mismo el incidente de revisión de medidas cautelares y por ende otorgar la libertad caucional a los procesados de inmediato, pues ello no le para perjuicio alguno al supuesto ofendido en la causa penal, y por ende no requiere mayor dilación; pero también puede optar por esperarse a que se declare ejecutoriada la sentencia de amparo, esto es que el supuesto ofendido o la misma Juez, no se inconformen con la resolución de amparo y dejen transcurrir los diez días hábiles que marca la ley para que puedan interponer el recurso de revisión para que el Tribunal Colegiado ratifique modifique o revoque la sentencia de amparo. O también puede cualquiera de los dos, el presunto ofendido en la causa penal, que en el juicio de amparo tiene el carácter de tercero interesado, o la Juez, interpongan dicho recurso de revisión, en cuyo caso, la sentencia de amparo causaría ejecutoria hasta que concluyera la revisión a cargo del Tribunal Colegiado de Circuito, lo que puede tardar cuatro o seis semanas más.

Conclusión

Como hemos sostenido el equipo de defensores de John y Joella desde que se dictó el auto de formal prisión, el mantenerlos en prisión, resulta violatorio de sus derechos humanos. Hoy la Justicia Federal nos da la razón, y no existe duda jurídica alguna al respecto, por lo que sólo es cuestión de un breve compás de espera para que los procesados recuperen su libertad.

Por cuanto hace a la lucha contra el megaproyecto depredador que se desarrolla en Todos Santos, ha quedado claro que el privar de la libertad a John fue insuficiente para detener la lucha jurídica que de manera contundente y frontal encabeza John Moreno, para detener la obra, cancelarla y sancionar a dicha empresa, por los delitos ambientales y violaciones administrativas cometidas en ese proceso.

Y si desde la celda en que fue injustamente recluido, John sostuvo la lucha, con mayor razón continuará en la misma, tan pronto recupere su preciada libertad.

John Moreno Rutowsk. Foto: SDP Noticias.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El sistema político mexicano se finca en un proceso de simulación donde el acceso y la permanencia en el poder se establece a partir de una partidocracia disfrazada de democracia representativa; un juego de poder pactado entre grupos delictivos y agrupaciones políticas tan íntimamente vinculados, que muchas veces es imposible distinguir cuántos delincuentes pertenecen a la agrupación política, o cuántos políticos forman filas en la delincuencia organizada.

Cuando algún actor ajeno a los grupos de poder sujetos a control gubernamental, emergiendo desde la sociedad civil alza la voz para cuestionar, criticar, señalar y denunciar, se convierte en una amenaza para el esquema de poder, que debe ser neutralizada a la brevedad posible, a efecto de que su influencia e impacto sean eliminados.

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El primer paso es difamar, calumniar, denostar, desacreditar. Se teje una red de infundios, con el apoyo incondicional de los medios afines al Estado, cuyos informadores sistemáticamente señalan verdades a medias e infundios plenos, para dañar la imagen y credibilidad del indeseable ciudadano que comete el osado crimen de cuestionar al grupo en el poder, o peor aún, llega al extremo inadmisible de denunciar ilegalidades y corruptelas.

Si la estrategia falla, entonces todo el aparato persecutor se activa. Se aceita la maquinaria acusadora, y si no hay pruebas, se fabrican, sin importar que en el curso de integración de las acusaciones se caiga en lo burdo y lo grotesco. Y es que no importa si en el devenir del proceso, la falsedad queda evidenciada, pues la pinza de sometimiento se cierra cuando la autoridad judicial soslaya la falsedad y la incongruencia, con tal de justificar la acción represora en cuyo trámite se llega al extremo del abuso, cuando sin respetar el debido proceso y desoyendo el mandato constitucional, se encarcela al perseguido, se le niega el derecho a la defensa, y se le impone prisión de manera oficiosa y ominosa.

Cuando lo anterior ocurre, estamos en presencia de un acto de terrorismo de Estado, gestado y desplegado con el avieso fin de eliminar la amenaza que representa quien critica al sistema y denuncia sus corruptelas. Al encarcelar al detractor, se busca no sólo silenciarlo, se pretende además utilizarlo de escarmiento y advertencia para los demás miembros de la sociedad, se busca acobardar a los demás simpatizantes que comulgan con la voz de protesta que al encarcelarlo intentan acallar; se pretende intimidar a toda colectividad que manifieste su reproche el tema que genera la protesta social, y así  quebrar desde la base la amenaza disidente.

Es el caso de John  Moreno Rutowski, a quien para encarcelarlo se ha recurrido a la falsificación por alteración de pruebas utilizadas para consignarlo. Pese a que tal falsedad fue pericialmente acreditada, y pese a que dicho dictamen no fue ni cuestionado ni objetado por el agente del ministerio público adscrito al juzgado del conocimiento, el titular del juzgado estimó que dichas pruebas le eran admisibles, porque el ministerio público es un órgano “de buena fe”, que además goza de “la presunción de inocencia”, y por tanto, si utilizó probanzas falsas, es posible que la falsedad resulte atribuible a una secretaria y no reprochable al ministerio público.

Si realmente John fuera un delincuente, la Procuraduría de Justicia no tendría necesidad de falsificar pruebas para utilizarlas en su contra.

El terrorismo de Estado no termina en esa fase. La opresión y negación del derecho a la defensa se prolonga en el trámite de la causa ante el juzgado, donde a nueve días de la detención de John Moreno y Joella —su compañera de causa—, el juzgado se niega a proporcionar copias del expediente a los abogados defensores, pretextando “excesiva carga de trabajo”.

Cuando leímos el auto de formal prisión, se nos negó el derecho a tomar una impresión fotográfica del mismo, “por órdenes de la juez”, mandamiento que carece de fundamento legal alguno, por lo que tuvimos que ejercimos el derecho de defensa “a escondidas”, y en un descuido del personal tomamos las impresiones que por este medio les comparto.

John Moreno Rutowski enfrenta confinado en una celda, todo el poder represivo del terrorismo del Estado. Su único pecado: encabezar una protesta social contra actos de corrupción y abuso de poder del gobierno sudcaliforniano.