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La Paz, Baja California Sur (BCS). Durante la sesión pública extraordinaria virtual celebrada la mañana del miércoles 29 de julio, el Pleno del Congreso del Estado dio lectura a tres dictámenes presentados por la comisión permanente de vigilancia de la Auditoria Superior del Estado, correspondientes a las cuentas públicas del ejercicio 2018 del Congreso del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó el Congreso de Baja California Sur.

En la sesión en la que resultó electa como presidenta para dicho periodo la diputada Soledad Saldaña Bañalez, como vicepresidenta, la diputada Rosalba Rodríguez López y como secretario, el diputado Carlos Van Wormer Ruiz, este mismo en calidad de presidente de la comisión dictaminadora y el diputado Ramiro Ruiz Flores, secretario, dieron lectura a los dictámenes.

En el caso del Congreso del Estado, no se aprueba la cuenta pública 2018 por diversas faltas y el resultado de 38 observaciones fincadas por incumplimiento a las disposiciones legales, respecto a la recepción, administración y ejercicio de los recursos público, quedando pendientes 5 observaciones por solventar que ascienden a la cantidad de 1 millón 025 mil 997.81pesos, consideradas como graves, estipula el dictamen.

En el caso de la cuenta pública de la CEDH el dictamen tampoco aprueba la cuenta pública del 2018, la cual arrojó 53 resultados preliminares con observación por incumplimiento a las disposiciones legales, respecto a la recepción, administración y ejercicio de los recursos públicos, quedando pendientes de solventar 46.

En tanto que el dictamen de la cuenta pública de del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es aprobatorio, destacando que se desprendieron 34 resultados preliminares con observación de los cuales fueron 32 solventadas por presentar documentación comprobatoria y justificativa antes de la integración del informe, y los restantes generaron 2 solicitudes de aclaración.

La presidenta de la mesa directiva de la diputación permanente, diputada Soledad Saldaña Bañalez, citó a la sesión pública extraordinaria virtual del viernes 31 de julio a las 11:00 horas.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante los peligros que representaban en la carretera transpeninsular en el tramo Ciudad Insurgentes-Ciudad Constitución, la diputada Soledad Saldaña Bañalez solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la reparación alrededor de 4 kilómetros en los que se localizaban socavones de varios metros de profundidad y que con la neblina eran un peligro para quienes la transitan, informó el Congreso de Baja California Sur.

A petición de habitantes de Ciudad Insurgentes, la legisladora expuso que se trata de un tramo muy transitado, máxime en la temporada actual de venta de mariscos de Las Barrancas, Cadejé y San Juanico.

También a petición de la ciudadanía, la legisladora solicitó la instalación de reductores de velocidad en el tramo conocido como “La Curva” antes de la planta termoeléctrica a la entrada de Puerto San Carlos, en donde los vehículos que transitan a alta velocidad ponen en riesgo a los estudiantes que acostumbran pedir raite para llegar a sus escuelas.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para armonizar diversos artículos de distintas leyes que integran el orden normativo de Baja California Sur, con la nueva denominación de la Ley que rige la vida interna del Poder Legislativo, al pasar de Ley Reglamentaria a Ley Orgánica, la diputada Soledad Saldaña presentó este martes un proyecto de decreto mediante la cual se reforman disposiciones de diversas leyes que integran el marco jurídico de Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

Desde su óptica, la legisladora comundeña considera que deben reformarse varios puntos, entre los que destaca el tema de  los diputados e integrantes de ayuntamientos, que se encuentren en ejercicio de sus funciones y pretendan su elección consecutiva, quienes deberán solicitar licencia al menos cinco días previos a la fecha de su registro como precandidatos.

En ese contexto, se convocará al diputado suplente o al integrante suplente de ayuntamiento, para rendir la protesta constitucional en sesión pública extraordinaria que para ese efecto se convoque, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se apruebe la licencia solicitada por el propietario, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Gobierno Municipal, ambas del Estado de Baja California Sur, respectivamente.

Así mismo, aborda temas de las facultades de la Junta de Gobierno y Coordinación;  conceder licencias a los diputados en los casos previstos en el Artículo 27 y demás relativos de la Ley Orgánica; dicha propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su análisis y discusión.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para garantizar que se respete el acceso de la vivienda a los ciudadanos de Baja California Sur, la XV Legislatura aprobó que, dentro de los contratos de créditos hipotecarios, se elimine la cláusula que desprotege al comprador, con la renuncia al fuero de su domicilio, misma que actualmente se encuentra contemplada, informó el Congreso del Estado.

La iniciativa fue propuesta por la fracción de Morena, los diputados sin partido Homero González, Soledad Saldaña y la representante del PT, Mercedes Maciel; dentro de las reformas se contempla que, a partir de la publicación de esta, si existiera una demanda relativa al bien inmueble, serán los propios jueces locales quienes reciban las demandas para la ventilación de los juicios, ya que anteriormente los juicios se llevaban a cabo en la Ciudad de México, situación que implicaba el traslado de los compradores y la contratación de un abogado en el mismo lugar.

El diputado Homero González expuso que se estuvo luchando por este cambio en la legislación vigente, para evitar el viacrucis que pasan personas a causa de un contrato que en la denominada “letra chiquita” dice las partes renuncian al fuero domiciliario y se sujetan tribunales que en su mayoría son foráneos, y desafortunadamente mucha gente era desalojada de sus casas cuando eran notificados por un actuario; en lo sucesivo ya no será así, ahora los tribunales locales deberán recibir las denuncias y se eliminará de manera definitiva esa cláusula en beneficio de los trabajadores que tienen un crédito hipotecario a través de INFONAVIT, FOVISSSTE o Sociedad Hipotecaria Federal.

El dictamen presentado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Seguridad Pública, de manera procedente reformó los Artículos 14, 1744 y 2827 del Código Civil, fue respaldado por mayoría en el pleno del Poder Legislativo ya que se considera que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

La reforma especifica en el Artículo 14 que “en los contratos en los que se consigne garantía hipotecaria relativa a créditos de vivienda financiados por el Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sociedad Hipotecaria Federal y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, se tendrán por no puestas aquellas cláusulas que impliquen la renuncia al fuero del domicilio”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó la iniciativa que crea la Ley de Comunicación Social para el Estado de Baja California Sur, la cual consiste en una armonización con la Ley General, con el fin de normar los gastos de promoción y difusión oficial que los entes públicos contraten en medios de comunicación y que deberán observar para priorizando la eficiencia de los recursos públicos y transparentarlos, paralelamente crea un padrón estatal de medios de comunicación, informó el Congreso del Estado.

La propuesta de ley fue presentada el 4 de octubre de 2018 por los diputados Perla Flores Leyva, Lorenia Montaño Ruiz, Rigoberto Murillo Aguiar y Soledad Saldaña, y fue dictaminada por las comisiones unidas de Comisiones y Transportes y Asuntos Fiscales, tras un largo periodo de análisis con los medios de comunicación y organizaciones como la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos (ARSAC), a través de tres mesas de trabajo llevadas a cabo en diferentes fechas.

La legislación emana de la Ley General de Comunicación Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, comenzando su vigencia a partir del 01 de enero de 2019,estableciéndose que a la par del Congreso de la Unión, los Congresos Locales deberán armonizar su legislación en términos de la misma.

La Ley de Comunicación Social para el Estado de Baja California Sur consta de 42 artículos divididos en once capítulos: de Disposiciones Generales; Reglas de la Comunicación Social; el del Gasto en la Comunicación Social; el de la Difusión en la Comunicación Social durante los Procesos Electorales; el de la Estrategia, Programación Anual y Campañas de Comunicación Social; el del Mensaje Extraordinario; el de la Vigilancia y Control de la Contratación de la Comunicación Social; el del Padrón Estatal de los Medios de Comunicación; el de la Revisión y Fiscalización de los Recursos Públicos en Materia de Comunicación Social; de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y el de las Infracciones y Sanciones.

En sus Artículos 32 a 34 establece que “Los Medios de Comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social a que se refiere la presente Ley, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría General de Gobierno. La información contenida en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación será pública y accesible a distancia”.

En su Artículo 18 establece que “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los Medios de Comunicación con Cobertura Geográfica y ubicación en el Estado”.

La iniciativa de ley fue aprobada por unanimidad y fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigencia.