Diego Fernández de Ceballos. Foto: Proceso.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Mi admiración por Diego Fernández de Ceballos data de hace cuarenta años. Yo era agente del Ministerio Público Federal y él era un pujante abogado penalista. Lo que haya realizado años después, ya encumbrado como prominente político, es harina de otro costal.

Entonces, me desempeñaba como jefe de control de procesos en la PGR, y tenía a mi cargo el grupo XII que abarcaba los estados de Chiapas y Yucatán. Es en ese entonces que por motivos laborales conocí a Diego, no personalmente, sino a través de sus promociones presentadas por escrito en los tribunales federales, unos diez años antes de que iniciara su carrera política como diputado. Era un combativo abogado penalista, y en sus escritos desplegaba una gran calidad argumentativa. Eso es lo que generó mi admiración.

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Para ubicarnos en el contexto histórico, en ese tiempo todo nuestro sistema penal era positivista, y se regía la argumentación bajo el esquema a veces simplista, de la lógica aristotélica. Premisa Mayor, Premisa Menor y Conclusión. Aplicado al derecho penal, llevó ese sistema a grandes injusticias que sobre poblaron las cárceles mexicanas. “Si parece delito, es delito”; “en caso de duda condena”, y el principio “in dubio societas” se imponía al “in dubio pro reo”. No existía la presunción de inocencia, aunque en el discurso se dijera lo contrario.

Contra la lógica aristotélica positivista, surge una corriente inspirada en la corriente filosófica griega clásica que diera origen a la escuela romana de los proculeyanos, liberales y contestatarios, que influyeron en la escuela alemana, de la que emergen los modernos penalistas, que nos hablan del funcionalismo y garantismo.

Esa escuela es la que moldea el pensamiento de litigantes como Diego que a finales de los 70’s hicieron una gran contribución reformista a nuestro sistema de justicia penal.

Era común en los 70’s y 80’s que llegara el ejército a las plantaciones de marihuana o amapola en las zonas serranas, y detuviera a los cultivadores –indígenas en gran proporción—, y se les procesara penalmente por la siembra y cultivo de la hierba, mientras los grandes traficantes, como Caro Quintero, en el Pacífico, y Díaz Parada, en la zona del Istmo, acumulaban enormes fortunas comercializando la droga, lejos del brazo de la ley. A los campesinos los detenían y en automático les imponían condenas de siete años y dos meses.

Gracias a la argumentación de abogados como Diego Fernández de Ceballos, la Suprema Corte terminó por reconocer que a esos campesinos no los movía el “animus doli” —el deseo de delinquir—, sino la extrema necesidad, la ignorancia y la falta de oportunidades. Criterios reiterados llevaron a modificar el Código Penal Federal, y muchos campesinos, recuperaron su libertad. La mayoría de ellos ni siquiera hablaba español y realmente nunca entendieron los pormenores de los procesos que los llevaron a prisión.

Con Diego se inicia el ejercicio en el foro judicial, de exigencias garantistas, soportadas en impecables ejercicios de argumentación jurídica, con bases que inspiraron a la postre la gran reforma al sistema penal del 2008. No fue el único ni el más importante, pero si el que mejor argumentaba. Como Jefe de control de procesos en PGR tuve oportunidad de leer todas sus promociones en procesos federales, y de ahí mi reconocimiento y admiración al abogado visionario. Que después haya alcanzado un enorme poder y se le relacione con descarados actos de corrupción, es una historia posterior.

Es a los tiempos de su abuso del poder, posteriores a la brillantez en el litigio, los que generan todos los comentarios malos que aparecen en la foto que publiqué en Facebook. Sobre ellos no tengo nada que decir, probablemente esa mala fama la tiene bien ganada, pero –insisto—, esa es harina de otro costal.

Diego Fernández de Ceballos con Arturo Rubio Ruiz. Foto: Cortesía.

Mi admiración y respeto es al abogado que hace cuarenta años aportó al sistema judicial mexicano una tendencia revolucionaria, garantista y humanista. Lo que haya hecho después, ya sentado el poder, no le resta mérito a su aporte previo.

Si nos fijamos, solamente por la edad de quienes comentan en esa publicación, ninguno de ellos tuvo oportunidad de conocer al penalista Diego de los 70’s y 80’s, y solo conocen el lado oscuro del personaje.

Cuando tengan oportunidad, acudan a la Casa de la Cultura Jurídica, y pidan la versión pública de los procesos penales contra los indígenas por cultivo, previos a la reforma que refiero. Se van a sorprender de la riqueza argumentativa empleada por los defensores de esa corriente, y de entre ellos, Diego fue el más destacado. Compartirán seguramente mi reconocimiento a ese importante aporte dado a nuestro sistema de justicia penal.

Si me dicen que años después, abusando del poder político hizo cosas descalificables, les diré que por ello merece el mayor de los reproches, pero el brillante penalista que hizo un enorme aporte hace 40 años, ahí queda. Podrán denostarlo y condenarlo a cadena perpetua y diez años más por todo lo que hizo después, al amparo del poder, pero como dijo la viejita: “esa es otra historia”.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Poco les duró el gusto. El pasado viernes 27 de enero, la oficina de comunicación social del Tribunal de Justicia de Baja California Sur difundió un boletín de prensa, mediante el cual informa que magistrados judiciales y diputados llegaron a un acuerdo para modificar el artículo 8º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, para adecuar el haber de retiro a una compensación económica consistente en dos años de remuneración mensual, en lugar de la pensión vitalicia aprobada en diciembre pasado, y que entró en vigor el 2 de los corrientes.

Motivados por las severas críticas y el reproche social generalizado, tanto magistrados judiciales como diputados entendieron que la situación económica actual no permite que se otorguen esas canonjías a quienes ejercieron el encargo de magistrados judiciales.

En una entidad donde no se privilegia la carrera judicial, donde para ser magistrado sólo se requiere la divina bendición del gobernador en turno; es injusto y oneroso premiar con pródiga  manutención vitalicia a quienes para ello sólo tuvieron como mérito ser los consentidos del sistema.

Cosa distinta sería si para el cargo de Magistrado, se exigiera carrera judicial, y examen de evaluación, certificaciones y posgrados. Pero eso no va a ocurrir, no en Baja California Sur, no en un futuro cercano. No mientras el aparato de justicia siga diseñado para funcionar bajo encomienda y en beneficio de los intereses específicos del grupo político en el poder.

Ya llegarán los candidatos ciudadanos al encargo público, y entonces sí podremos aspirar a un sistema de justicia independiente, profesional, honesto y eficiente. Mientras tanto, seguiremos bregando en el empeño por frenar los abusos de los empoderados.

El acuerdo que anuncia el Tribunal, sólo tendrá validez cuando los diputados modifiquen la disposición legal en cita, y realicen la publicación respectiva en la gaceta oficial del Estado. Hasta entonces será una realidad legal. En tanto ello no ocurra, sólo es una promesa.

No basta que los magistrados judiciales anuncien esta iniciativa, es necesario, que todos y cada uno de ellos, por escrito y de cara a la ciudadanía, suscriban una declaratoria mediante la cual renuncian a cualquier “derecho” a una pensión vitalicia que pudieran reclamar más tarde, alegando que la ley hoy vigente les otorga ese beneficio, y que la revocación legal de ese beneficio, no les puede ser aplicada en forma retroactiva. Digo, no es desconfianza, pero ya saben cómo se las gastan algunos ex magistrados, que aprovechando las pifias legislativas para llenarse los bolsillos, logran por la vía del amparo, pensiones fabulosas, o perpetuarse en el encargo. Actualmente tenemos un magistrado que no fue ratificado, pero ante la complacencia generada por la ignorancia y negligencia de nuestros diputados, sigue disfrutando de las mieles del encargo, e incluso, tuvo el descaro de intentar declararse “magistrado vitalicio”, mediante la interposición de un amparo. Para fortuna de Baja California Sur, el Juez de Distrito desechó de plano su demanda, y en breve y a pesar de sus empeños, tendrá que colgar la toga.

Sabemos entonces que los magistrados judiciales acordaron con los diputados modificar la ley, pero no sabemos si cuando concluya su periodo, van a pelear la pensión vitalicia, aprovechando el espacio de vigencia legal que actualmente tiene el artículo que les otorga ese beneficio. Así que insistiremos: Que por escrito renuncien a ese beneficio,  para que les podamos creer, porque si no, al rato los veremos demandando en un juicio de amparo que puede prolongarse, y repetirse el costoso desaguisado que hoy obliga al Tribunal de Justicia a pagar millonaria indemnización a un magistrado que gozaba del cargo vitalicio.

Y ya que nuestros diputados van a entrar a reformar la ley reglamentaria del Tribunal, pues podrían seguir en el empeño y de paso modificar el esquema de estructuración del llamado consejo de la judicatura, y convertirlo en un verdadero órgano de control, en lugar del apéndice operativo dependiente del pleno, como aparece en la ley que aprobaron sin leer, comentar ni analizar, al término del periodo legislativo que concluyó el mes pasado.

Y de paso, también aprovechando la coyuntura, pues deberían desaparecer de la ley en cita, la secrecía en las reuniones del pleno, y en la selección del presidente del tribunal. Estamos en el siglo de la transparencia, y las reformas al sistema de justicia mexicano tienden abiertamente a un ejercicio judicial que se realice de cara al gobernado. Esas sesiones y procedimientos “secretos” deben desaparecer por completo, para que realmente creamos en una administración de justicia sin entuertos ni componendas en lo oscurito.

Finalmente, y para no tener que pasar por estos periodos de reproche social generadores de reformas correctivas a leyes elaboradas amañadamente y aprobadas sin consenso social, sería una excelente medida imponer un candado legislativo para que toda reforma legal requiera de una publicación previa a su discusión y eventual aprobación, de por lo menos treinta días naturales, así la ciudadanía interesada en la materia sobre la cual verse el proyecto de reforma, pueda opinar y en su caso participar con propuestas de adecuación y ajustes al proyecto. Después de todo de eso se trata la democracia, de representar con consenso.