La Sierra de la Laguna y el silencio que gobierna

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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el agua no es un tema sectorial ni una bandera ideológica: es un asunto de seguridad colectiva. La Sierra de la Laguna —Reserva de la Biósfera y principal fábrica de agua del sur peninsular— no sólo sostiene ecosistemas; sostiene ciudades, economías y vida. Por eso, cualquier amenaza sobre ella exige algo elemental de quienes gobiernan: posición pública, liderazgo y acción preventiva.

Hoy, frente a proyectos inmobiliarios que se presentan bajo narrativas amables de “conservación”, “santuarios” o “ecoturismo”, la sociedad sudcaliforniana ha hablado con claridad. Organizaciones civiles, académicos, comunidades y sectores productivos responsables han advertido el riesgo que tales proyectos representan para la integridad hídrica y ecológica de la Sierra.

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El Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS ha seguido la ruta institucional: información, exigencia pública y combate jurídico ante la autoridad ambiental federal.

Sin embargo, en este escenario hay un hecho que no puede normalizarse: el silencio del titular del Poder Ejecutivo estatal y de las presidencias municipales de La Paz y Los Cabos, precisamente las demarcaciones directamente vinculadas al territorio en disputa.

Ese silencio no es neutro. Gobernar también implica hablar, fijar postura, advertir riesgos y ejercer las competencias que la ley otorga. Cuando la totalidad de la sociedad organizada se pronuncia y quienes detentan el poder territorial callan, se produce un fenómeno conocido en derecho público: la omisión institucional relevante.

No se trata de exigir declaraciones retóricas ni de pedir que autoridades locales sustituyan a instancias federales. Se trata de algo muy básico y mucho muy serio: el deber de cuidado y de prevención frente a un riesgo público conocido.

El derecho contemporáneo —constitucional, administrativo y penal— reconoce que existen situaciones en las que no actuar equivale, en los hechos, a permitir. En otras palabras: callar también produce efectos.

En materia ambiental, esos efectos son particularmente graves. El agua no se regenera con discursos tardíos. La degradación de una cuenca no se corrige con comunicados ex post. La experiencia histórica en Baja California Sur lo demuestra con crudeza: cuando la autoridad llega tarde, el daño ya está hecho.

Por eso, la falta de pronunciamiento público y verificable de quienes tienen responsabilidad política y territorial directa no puede leerse como simple prudencia. Es una decisión. Y como toda decisión pública, es evaluable, criticable y eventualmente reprochable.

Desde una perspectiva jurídica, existe un principio ampliamente aceptado: quien tiene posición de garante respecto de un bien jurídico relevante —como el agua, el territorio o el equilibrio ecológico— no puede refugiarse en la inacción cuando el riesgo es evidente y conocido. La obligación no siempre es autorizar o prohibir; muchas veces es prevenir, coordinar, advertir y activar los mecanismos de protección disponibles.

Cuando esas obligaciones mínimas no se ejercen, la omisión deja de ser pasiva y se convierte en funcional: beneficia a quien impulsa el proyecto, debilita la defensa social y desplaza el conflicto hacia trámites técnicos donde la ciudadanía llega en desventaja.

Dicho con claridad: el silencio institucional termina operando como una forma de acompañamiento indirecto.

En este orden de ideas, el silencio es omisión, y nuestra legislación penal sanciona la comisión por omisión cuando se incumple el deber garante.

Lo expuesto constituye un señalamiento político y ético. En un estado con estrés hídrico estructural, no pronunciarse sobre la amenaza a la principal fuente de agua es fallar al mandato básico de gobierno.

La Sierra de la Laguna no necesita ambigüedades. Necesita compromisos públicos, acciones coordinadas y una señal inequívoca de que no habrá proyectos depredadores disfrazados de conservación.

La ciudadanía está cumpliendo su parte. Ahora corresponde a quienes gobiernan romper el silencio, porque en Baja California Sur, callar ante el riesgo del agua no es neutral: es tomar partido.

COROLARIO: Este apunte expresa una posición de interés público y se constituye en una exigencia al gobernador y a los presidentes municipales citados, desde la ciudadanía organizada: el ineludible cumplimiento del deber constitucional de protección del agua, el territorio y el medio ambiente.

Sierra de la Laguna: desarrollo, conservación y conflicto ambiental en el corazón de BCS

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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el extremo sur de la península de Baja California se levanta una cadena montañosa que contrasta con el paisaje árido que domina la región. La Sierra de la Laguna, declarada Reserva de la Biósfera en 1994, abarca más de 112 mil hectáreas en los municipios de La Paz y Los Cabos. Este macizo montañoso constituye uno de los ecosistemas más singulares del país. En sus cumbres sobreviven bosques de pino-encino en medio del desierto, con una diversidad biológica excepcional: cientos de especies de plantas, aves y fauna endémica que dependen de su clima templado y sus manantiales.

Pero su importancia no se limita a la biodiversidad. Para Baja California Sur, uno de los estados más áridos de México, la Sierra de la Laguna funciona como una gigantesca “fábrica de agua”: sus cuencas captan humedad y recargan los acuíferos que abastecen a gran parte de la población. Diversos estudios y autoridades estiman que hasta el 60–67 % del agua que consumen ciudades como La Paz y Los Cabos proviene de este sistema hidrológico. Por ello, cualquier intervención en este territorio genera un debate intenso. En los últimos años, la discusión sobre proyectos de desarrollo —turísticos, inmobiliarios o incluso mineros— ha colocado nuevamente a la Sierra en el centro de una disputa entre intereses económicos, autoridades ambientales y organizaciones civiles.

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La controversia en torno al desarrollo de la Sierra de la Laguna no es nueva. Desde hace más de una década, la región ha sido escenario de proyectos que han despertado oposición social. Uno de los casos más emblemáticos fue el proyecto minero “Los Cardones”, que proponía explotar oro mediante una mina a cielo abierto en una superficie superior a 439 hectáreas, parte de ellas dentro del Área Natural Protegida.

Organizaciones ambientalistas y académicos denunciaron que esta actividad podría contaminar acuíferos y provocar daños irreversibles en los ecosistemas. Tras años de litigios y movilizaciones ciudadanas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) anuló la autorización ambiental, aunque el proceso legal no ha concluido totalmente y aún existen concesiones mineras vigentes en la región. La oposición social a este proyecto consolidó un movimiento ambientalista en Baja California Sur. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), académicos sudcalifornianos y colectivos ciudadanos han mantenido vigilancia constante sobre cualquier iniciativa que pueda afectar la reserva. Este antecedente explica por qué cada nuevo proyecto —incluso aquellos presentados como sustentables— es recibido con desconfianza por parte de la sociedad civil.

La discusión se reavivó recientemente cuando comenzaron a circular versiones sobre la compra de predios dentro o cerca de la reserva por parte de particulares. De acuerdo con información confirmada por autoridades ambientales, algunas propiedades privadas dentro de la Sierra cambiaron de dueño, lo que generó preocupación por la posibilidad de que se establezcan cabañas, desarrollos turísticos o proyectos inmobiliarios en zonas ecológicamente sensibles.

Aunque la presencia de propiedad privada no es ilegal —pues dentro de la reserva coexisten ejidos, terrenos nacionales y predios particulares— cualquier intervención requiere autorización federal y estudios de impacto ambiental. Entre las iniciativas más discutidas se encuentra un proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, promovido por la fundación Hermandad en Armonía. Según los documentos presentados ante SEMARNAT, el plan propone construir un centro de conservación de flora y fauna que incluiría infraestructura turística y educativa.

La organización argumenta que el proyecto busca rescatar especies en riesgo, promover educación ambiental y reintroducir ejemplares a su hábitat natural. También afirma que el desarrollo tendría una vida útil estimada de 30 años y contaría con instalaciones de tratamiento ambiental. No obstante, la iniciativa ha generado polémica. Aunque los promotores aseguran que el centro se ubicaría fuera del polígono del Área Natural Protegida, ciudadanos y especialistas sostienen que la infraestructura podría impactar indirectamente a la reserva debido a su cercanía y a la presión turística que generaría.

Otro ejemplo es el proyecto turístico “Cerro del Rhino”, que plantea la construcción de villas y áreas recreativas en la zona baja de la sierra con una inversión de más de 20 millones de pesos. Para algunos promotores, este tipo de iniciativas permitirían ordenar el turismo rural y generar ingresos para comunidades rancheras. Sin embargo, para los críticos representan un precedente peligroso de urbanización en una región altamente vulnerable.

Ante el debate público, las autoridades han intentado aclarar el alcance real de los proyectos. SEMARNAT ha señalado que varios de los desarrollos aún se encuentran en fase de evaluación ambiental, por lo que no cuentan con autorización definitiva. Además, funcionarios federales han precisado que algunos proyectos no se ubicarían dentro del polígono oficial de la reserva, lo que técnicamente los coloca fuera de la zona de mayor protección.

Sin embargo, el gobierno de Baja California Sur ha adoptado una postura más cautelosa. El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío ha reiterado públicamente que su administración no permitirá desarrollos que pongan en riesgo la Sierra de la Laguna, debido a su importancia estratégica para el abastecimiento de agua del estado. En diversas declaraciones, el mandatario ha señalado que la defensa del ecosistema será una prioridad, incluso frente a proyectos presentados como iniciativas de conservación o turismo sustentable.

Este posicionamiento refleja una realidad política: en Baja California Sur, la protección de la Sierra de la Laguna se ha convertido en un tema sensible para la opinión pública.

Las organizaciones ambientales han sido uno de los actores más influyentes en este debate. Diversos colectivos han solicitado información pública sobre posibles trámites de cambio de uso de suelo, manifestaciones de impacto ambiental o permisos de construcción relacionados con predios cercanos a la reserva. La demanda de transparencia se basa en principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana en decisiones que afecten el medio ambiente.

Además, grupos ambientalistas advierten que incluso desarrollos fuera del polígono de la reserva podrían provocar impactos indirectos como:

Aumento de la presión turística.
contaminación de arroyos y manantiales.
fragmentación del hábitat.
sobreexplotación de acuíferos.

Para los defensores del ecosistema, la experiencia con proyectos mineros anteriores demuestra que las amenazas a la Sierra pueden surgir gradualmente, a partir de múltiples iniciativas aparentemente pequeñas.

En la Sierra de la Laguna viven comunidades rancheras que han habitado la región durante generaciones. Su economía se basa principalmente en la ganadería extensiva, pequeñas actividades agrícolas y, en años recientes, el ecoturismo. Algunos habitantes ven con buenos ojos proyectos turísticos controlados que puedan generar empleo y mejorar la infraestructura rural. Para ellos, la falta de oportunidades económicas es una de las principales razones de la migración hacia las ciudades costeras.

Los promotores de desarrollos sustentables argumentan que es posible combinar conservación y desarrollo, mediante actividades de bajo impacto como senderismo, hospedaje ecológico o investigación científica. Sin embargo, los ambientalistas advierten que la historia de otros destinos turísticos en Baja California Sur —como Los Cabos— demuestra que el crecimiento inmobiliario puede expandirse rápidamente y provocar presiones irreversibles sobre el territorio.

La preocupación por la Sierra de la Laguna no se basa únicamente en consideraciones paisajísticas. La reserva alberga más de dos mil especies de plantas y animales, al menos 63 de ellas clasificadas en alguna categoría de riesgo según la normativa mexicana.

Además, sus ecosistemas cumplen funciones ambientales esenciales:

Captación de agua y recarga de acuíferos.
regulación del clima regional.
protección contra la erosión.
refugio para especies endémicas.

La pérdida de cobertura vegetal o la contaminación de sus cuencas podría afectar directamente a las principales ciudades del estado, que dependen de los acuíferos recargados por la sierra. En un contexto de cambio climático y escasez de agua, esta función se vuelve aún más crítica.

El debate sobre el desarrollo en la Sierra de la Laguna está lejos de concluir. En el corto plazo, varios procesos serán determinantes:

La evaluación de proyectos ante SEMARNAT, que definirá si reciben o no autorización ambiental.
Los litigios pendientes relacionados con concesiones mineras, que aún representan una amenaza potencial para la región.
Las decisiones políticas del gobierno estatal y federal, que deberán equilibrar desarrollo económico y protección ambiental.

Mientras tanto, la sociedad civil continúa vigilante. El caso de la Sierra de la Laguna se ha convertido en un ejemplo de cómo los conflictos ambientales contemporáneos no solo se libran en tribunales o dependencias gubernamentales, sino también en la esfera pública.

Más allá de los proyectos específicos, la discusión refleja una pregunta más profunda sobre el futuro del Estado. Baja California Sur ha experimentado un crecimiento turístico acelerado en las últimas décadas. Este modelo ha generado prosperidad económica, pero también presiones sobre el agua, el territorio y los ecosistemas. La Sierra de la Laguna representa, para muchos sudcalifornianos, la última gran reserva natural del sur de la península y un símbolo de identidad ambiental.

El desenlace de los proyectos actuales podría definir no solo el destino de una montaña, sino también el modelo de desarrollo que la región adoptará en las próximas décadas. Porque en el corazón de este conflicto no solo está la construcción de villas o centros turísticos, sino una pregunta que divide opiniones: ¿hasta dónde puede llegar el desarrollo en un territorio que también es fuente de vida?

Referencias:

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=694509&utm_source=chatgpt.com «DOF – Diario Oficial de la Federación»

https://www.eluniversal.com.mx/estados/advierten-riesgo-de-desarrollo-turistico-en-la-sierra-de-la-laguna-en-bcs-exigen-transparencia-sobre-uso-de-terrenos/ «Advierten riesgo de desarrollo turístico en la Sierra de La Laguna en …»

https://cemda.org.mx/semarnat-anula-autorizacion-de-mina-los-cardones-en-la-paz-bcs/ «Semarnat anula autorización de mina Los Cardones, en La Paz, BCS»

https://zetatijuana.com/2025/09/sigue-amenaza-por-proyecto-minero-para-sierra-la-laguna/ «Sigue amenaza por proyecto minero para Sierra La Laguna»

https://diariohumano.com.mx/2026/02/18/congreso-local-analiza-postura-sobre-megaproyecto-en-sierra-la-laguna/ «Congreso local analiza postura sobre megaproyecto en Sierra La Laguna …»

https://hoybcs.com/conanp-desmiente-versiones-sobre-desarrollos-en-sierra-la-laguna-cambio-de-propiedad-no-compromete-conservacion/ «Conanp desmiente versiones sobre desarrollos en Sierra La Laguna …»

https://elcongresista.mx/politica/baja-california-sur/manifestacion-impacto-sierra-la-laguna/ «Manifestación de Impacto Ambiental para proyecto en Sierra La Laguna»

https://hoybcs.com/hermandad-en-armonia-solicita-a-semarnat-mia-y-cambio-de-uso-de-suelo-para-desarrollo-inmobiliario-con-planta-de-tratamiento-en-la-sierra-la-laguna/ «Hermandad en Armonía solicita a Semarnat MIA y cambio de uso de suelo …»

https://www.meganoticias.mx/los-cabos/noticia/semarnat-aclara-proyecto-hermandad-en-armonia-no-se-haria-en-sierra-laguna/709032 «Semarnat aclara proyecto Hermandad en Armonía no se haría en Sierra Laguna»

https://www.bcsnoticias.mx/buscan-cambio-de-uso-de-suelo-para-construir-15-villas-en-pescadero-y-parte-de-sierra-de-la-laguna/ «Buscan cambio de uso de suelo para construir 15 villas en Pescadero y …»

https://www.diarioelindependiente.mx/2026/02/exigen-frenar-desarrollos-en-sierra-la-laguna-advierten-impacto-al-agua-de-baja-california-sur «Exigen frenar desarrollos en Sierra La Laguna; advierten impacto al …»

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El principio precautorio: la herramienta para defender la Sierra de la Laguna

FOTOS: Gobierno de México.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El principio precautorio: una herramienta ciudadana para defender el agua y la vida en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna, decretada Área Natural Protegida en 1994, que no es solo una zona montañosa o un paisaje atractivo, es la principal fábrica de agua del Sur del Estado, de la cual dependen las zonas urbanas y las comunidades rurales de los municipios de La Paz y Los Cabos. La infiltración de lluvia en sus suelos y bosques alimenta los acuíferos en una de las entidades con mayor estrés hídrico del país.

Hoy, esta reserva enfrenta una amenaza real: proyectos turísticos e inmobiliarios que pretenden instalarse en su zona de amortiguamiento y áreas estratégicas para la recarga de agua. Aunque se presenten como “ecoturísticos” o de “bajo impacto”, diversos colectivos ciudadanos y especialistas han advertido que cualquier intervención mal evaluada puede afectar irreversiblemente el ciclo del agua. Frente a esta amenaza, existe una herramienta jurídica poderosa, al alcance de la sociedad: el principio precautorio.

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En términos sencillos, el principio precautorio significa que cuando existe la posibilidad de un daño grave o irreversible al medio ambiente, la falta de certeza científica absoluta no puede usarse como pretexto para autorizar una actividad riesgosa. Dicho de otra forma: si no estamos seguros de que un proyecto no dañará la naturaleza, lo responsable es no autorizarlo, o al menos detenerlo hasta tener plena certeza.

Este principio está reconocido en México como parte del derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el Artículo 4º constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado ampliamente este principio. En una tesis clave, la Corte estableció que:

◆ No se requiere demostrar el daño ambiental con certeza absoluta.

◆ Basta la posibilidad razonable de afectación.

◆ La incertidumbre científica es precisamente la razón para aplicar el principio precautorio.

◆ Debe prevenirse el daño antes de que ocurra, no repararlo después.

Además, la SCJN ha diferenciado claramente entre:

Prevención (cuando el daño ya es conocido), y
Precaución (cuando el daño es incierto pero factible).

En materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza, no al proyecto económico.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fortalecido este enfoque. En casos recientes, como Habitantes de La Oroya vs. Perú, la Corte sostuvo que

◆ Los Estados deben actuar con cautela aun cuando no exista certeza científica.

◆ El principio precautorio protege el derecho a la vida, la salud y la integridad personal.

◆ Si hay indicios plausibles de daño grave o irreversible, el Estado debe prevenirlo.

Esto es fundamental para México, ya que las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano.

Derecho comparado: una regla común en países responsables

Países como Alemania, Francia, España y otros miembros de la Unión Europea aplican el principio precautorio para:

Փ Frenar proyectos mineros.

Փ Detener desarrollos turísticos en zonas frágiles.

Փ Proteger fuentes de agua y ecosistemas estratégicos.

En estos países, la carga de la prueba recae en quien quiere desarrollar, no en la naturaleza ni en la ciudadanía.

El principio precautorio en la Sierra de la Laguna

Aplicado al caso concreto de la Sierra de la Laguna, el principio precautorio implica que:

Si un proyecto turístico puede afectar la recarga de acuíferos, no debe autorizarse.
Si existen dudas sobre su impacto acumulativo, debe detenerse.
Si se pretende fragmentar proyectos para minimizar su evaluación ambiental, esto viola el espíritu del principio precautorio.

Un llamado a la participación ciudadana

El principio precautorio no es solo para abogados o jueces. Es una herramienta de la sociedad:

◆ Para exigir información,

◆ Para participar en consultas públicas,

◆ Para promover amparos y acciones legales,

◆ Para recordar a las autoridades que el agua vale más que cualquier desarrollo turístico

Corolario

La Sierra no es un sitio cualquiera: es infraestructura natural crítica para la vida en Baja California Sur. El daño al agua no se corrige, se hereda a futuras generaciones. Defender la Sierra de la Laguna es defender el derecho al agua, a la salud y a la vida. Cuando hay duda, la ley está del lado de la naturaleza.

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Piden a Semarnat hacer consultas públicas sobre El Santuario del Tío Checo

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, realizó este día una proposición con punto de acuerdo con el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno Federal a hacer una consulta pública sobre el proyecto Santuario del Tío Checo que pretende instalarse en la Sierra de la Laguna.

Proponen que se realicen consultas públicas en los municipios de La Paz, Los Cabos y en las zonas rurales aledañas a la Sierra de la Laguna sobre la posible autorización del proyecto.

Se busca, además, solicitarle a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que se niegue cualquier permiso, autorización o solicitud que atente contra la Sierra de la Laguna, o que pongan en riesgo la disponibilidad y calidad del vital líquido, en razón de su importancia ambiental y de la evidente escasez de agua en Baja California Sur.

“Investigadores especialistas del Cibnor han advertido que la introducción de fauna sin un análisis multidisciplinario puede alterar gravemente el equilibrio ecológico del ecosistema y generar impactos difíciles de revertir”, señaló Olivas Parra.

Por lo que, en atención a lo antes señalado, la diputadaOlivas Parra, consideró necesario y urgente disipar dudas, que las autoridades en materia ambiental escuchen a la ciudadanía e informen los elementos técnicos del proyecto, a fin de que la sociedad esté debidamente informada sobre aquello que pudiera afectar su entorno.

Fraude por simulación ambiental. El caso de la Sierra de la Laguna

FOTOS: Gobierno de México.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El proyecto denominado “Santuario del Tío Checo”, según su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), consiste en “realizar el cambio de uso de suelo de terrenos forestales con el objetivo de construir un centro de conservación y reproducción de vida silvestre, diseñado con un enfoque que armoniza con el entorno natural, al pie de la montaña, rodeado de vegetación, ideal para realizar actividades de enseñanza y concientización del cuidado de la biósfera.”

Este proyecto es inadmisible, por el daño irreversible que implica al entorno ecológico y a la principal fuente de abasto de agua en el Sur de la entidad. Se trata de un proyecto turístico disfrazado de “centro de conservación”. Cuya creación implica daños irreversibles al ecosistema.

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La Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna fue decretada el 6 de junio de 1994, y cuenta con zonas núcleo y de amortiguamiento, así como Programa de Manejo vigente, el cual delimita de forma estricta las actividades permitidas y prohibidas.

La Conanp reconoce que esta Reserva es el único bosque del Estado; tiene función crítica de captación, retención y distribución de agua, y es fuente directa del abastecimiento hídrico de los municipios de La Paz y Los Cabos.

Cualquier intervención que altere el suelo forestal, la infiltración hídrica o la cobertura vegetal impacta directamente derechos humanos fundamentales, no solo ecosistémicos.

El “Santuario del Tío Checo” tiene la pinta completa de fraude por simulación ambiental. Aunque el proyecto se presenta formalmente como “Centro de conservación y reproducción de vida silvestre con fines educativos” la evidencia pública y técnica demuestra que:

Implica cambio de uso de suelo forestal,
Introducción de infraestructura permanente,
Introducción de fauna no endémica,
Apertura de caminos, servicios, visitantes, operación turística, y
Se inserta en una zona ecológicamente frágil y estratégicamente hídrica.

Este proyecto configura jurídicamente un caso de simulación administrativa, donde el discurso de conservación encubre un uso turístico incompatible con el régimen de protección de una Reserva de la Biósfera, y se constituye en una violación directa al derecho humano al medio ambiente sano.

El Artículo 4º de la Constitución reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, con obligación positiva y preventiva del Estado, y al respecto, la SCJN ha establecido que, ante riesgos ambientales, las autoridades deben actuar incluso sin certeza científica, aplicando el principio precautorio.

Esta jurisprudencia es obligatoria y resulta plenamente aplicable, pues existe riesgo real al sistema hídrico, se trata de un Área Natural Protegida, y los daños serían irreversibles.

El principio precautorio no exige prueba plena del daño, basta la posibilidad razonable de afectación grave, y obliga a negar autorizaciones cuando el riesgo es estructural. En este caso, Semarnat está jurídicamente obligada a negar la autorización, no a condicionarla.

Respecto a la afectación grave al derecho humano al agua y seguridad hídrica regional, tenemos que la Sierra de la Laguna es el principal reservorio natural de agua del Sur del Estado, tal y como lo reconocen tanto estudios científicos como autoridades ambientales.

La SCJN reconoce el derecho humano al agua como derecho autónomo, interdependiente del medio ambiente, exigible frente a decisiones administrativas. Por ende, cualquier proyecto que ponga en riesgo la recarga de acuíferos constituye una violación anticipada al derecho humano al agua de toda la población de La Paz y Los Cabos.

En el ámbito convencional, la Corte Interamericana ha establecido que el Estado debe prevenir daños ambientales que afecten derechos humanos, aun si el daño no se ha consumado.

El Acuerdo de Escazú establece que México está obligado a: garantizar participación pública efectiva, proteger a quienes defienden el medio ambiente, y aplicar el principio de no regresión ambiental.

Autorizar este proyecto reduce el nivel de protección existente, lo cual está prohibido por el derecho internacional ambiental.

Corolario

La Sierra de la Laguna no es un espacio disponible para “proyectos verdes” de mercado: es una infraestructura natural crítica para la vida. Autorizar el “Santuario del Tío Checo” no sería un error técnico, sino una violación estructural a derechos humanos, con responsabilidad constitucional e internacional para el Estado mexicano.

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