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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por años, el crecimiento inmobiliario en Baja California Sur ha sido presentado como símbolo de desarrollo económico y prosperidad turística. Sin embargo, detrás de muchos de estos proyectos existe un patrón que preocupa a ambientalistas, investigadores y comunidades locales: obras que comienzan a construirse durante meses —o incluso años— antes de ser detenidas por autoridades ambientales federales. Cuando llegan las clausuras de PROFEPA o SEMARNAT, el daño a la flora, la fauna y los ecosistemas ya está hecho.

En una mañana de julio de 2025, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) colocaron sellos de clausura en un desarrollo inmobiliario frente a la bahía de La Paz. El proyecto, llamado Balaena Costa Apartments, se construía en Lomas de Palmira, una zona con ecosistemas costeros de alto valor ambiental. El problema era grave: el desarrollo no contaba con autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), requisito indispensable para construir en ecosistemas costeros. La inspección reveló que el proyecto afectaba una zona considerada Área de Importancia para la Conservación de las Aves y parte del Sitio Ramsar Humedales El Mogote, áreas protegidas por su biodiversidad y su función ecológica en la bahía. Cuando los sellos se colocaron definitivamente en julio de ese año, el desarrollo llevaba meses en construcción. El caso no fue aislado.

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En septiembre de 2025, PROFEPA volvió a intervenir en otro proyecto inmobiliario en el municipio de La Paz, esta vez en Las Tunas, en la delegación de Todos Santos, donde se realizaban obras dentro de un sistema de dunas costeras. La dependencia federal ordenó la clausura total temporal al detectar que las construcciones no contaban con autorizaciones ambientales. El desarrollo había iniciado obras con licencias municipales para vivienda, pero sin la autorización ambiental federal obligatoria para intervenir en ecosistemas costeros sensibles. Este tipo de situaciones revela un conflicto frecuente en la región: los permisos municipales para construir pueden otorgarse antes de que exista autorización ambiental federal. Mientras el trámite ambiental se retrasa o se omite, las obras avanzan. Cuando finalmente interviene la autoridad ambiental, el terreno ya ha sido desmontado.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en la zona de Conquista Agraria, en el municipio de La Paz. Tras una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, PROFEPA clausuró un predio donde se realizaban obras sin permisos ambientales en más de 17 hectáreas de terrenos forestales. Las imágenes mostraban cardones centenarios derribados y quemados.

El cardón (Pachycereus pringlei) es el cactus más grande del mundo y una especie emblemática del desierto sudcaliforniano. Investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur han señalado que estos cactus funcionan como refugio y fuente de alimento para aves, murciélagos e insectos, además de generar microclimas que permiten sobrevivir a otras plantas del desierto. Su destrucción implica más que la pérdida de una planta: significa romper un ecosistema que tardó siglos en formarse. Para cuando las autoridades clausuraron la obra, el daño ya era visible. Un elemento que se repite en muchos de estos casos es el origen de la intervención oficial. No suele ser una inspección preventiva.

La mayoría de las clausuras se producen tras denuncias ciudadanas. En el caso del proyecto K Naj Community, rumbo a El Mogote, inspectores federales detectaron la apertura de vialidades, construcción de cabañas y obras en 12.5 hectáreas de terreno forestal, sin autorización ambiental. La investigación comenzó después de que ciudadanos reportaran actividades sospechosas. Esta dinámica genera una pregunta recurrente entre organizaciones ambientales y académicos:

¿Por qué las autoridades no detectan estas obras antes de que comiencen?

Baja California Sur es uno de los estados con mayor crecimiento turístico y urbano en México. La expansión de desarrollos inmobiliarios —muchos orientados al turismo residencial— ha incrementado la presión sobre ecosistemas frágiles como manglares, dunas costeras y zonas desérticas. Uno de los lugares más sensibles es El Mogote, una península frente a la ciudad de La Paz que alberga dunas, manglares y humedales protegidos internacionalmente.

Estos ecosistemas funcionan como:

• Barreras naturales contra huracanes.
• Zonas de reproducción para especies marinas.
• Refugio para aves migratorias.
• Filtros naturales que mejoran la calidad del agua.

La urbanización descontrolada en estas áreas puede alterar flujos de agua, destruir vegetación y afectar el equilibrio ecológico de toda la bahía. Ante la presión inmobiliaria, diversos colectivos ciudadanos han asumido un papel activo en la defensa ambiental.

Uno de los grupos más conocidos es Las Guardianas del Conchalito, una organización de mujeres que trabaja en la restauración y vigilancia del manglar del estero El Conchalito en La Paz. Su labor incluye monitoreo ambiental, reforestación y denuncia de actividades ilegales que amenazan los ecosistemas costeros. Durante años, estas activistas han advertido que el crecimiento inmobiliario en la bahía puede afectar tanto a la biodiversidad como a las comunidades pesqueras que dependen de estos ecosistemas. El manglar del Conchalito, por ejemplo, actúa como barrera natural contra tormentas y almacena miles de toneladas de carbono, lo que lo convierte en un ecosistema clave para la adaptación al cambio climático.

En México, cualquier obra que pueda afectar ecosistemas debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aprobada por la SEMARNAT. Este estudio evalúa los posibles daños al medio ambiente y establece medidas de mitigación. Sin embargo, en muchos casos los desarrollos inmobiliarios avanzan con permisos municipales de construcción, sin haber completado el proceso ambiental federal. La ley establece que las obras no deben iniciar sin la autorización ambiental correspondiente. Pero en la práctica, la supervisión preventiva es limitada. Cuando PROFEPA interviene, suele hacerlo tras denuncias o inspecciones tardías. Los daños provocados por desarrollos inmobiliarios sin permisos pueden ser irreversibles.

Entre los impactos más frecuentes se encuentran:

1. Pérdida de vegetación nativa

La eliminación de cardones, mezquites y otras especies del desierto altera el equilibrio ecológico.

2. Alteración de dunas costeras

Las dunas funcionan como protección natural contra tormentas y erosión costera.

3. Destrucción de manglares

Estos ecosistemas son zonas de reproducción para peces y crustáceos.

4. Fragmentación de hábitats

Las obras pueden aislar poblaciones de fauna silvestre.

En algunos casos, la restauración ecológica puede tardar décadas. En otros, el daño es permanente. Baja California Sur enfrenta una paradoja. El crecimiento económico depende en gran medida del turismo y la inversión inmobiliaria. Pero precisamente esos proyectos pueden amenazar los ecosistemas que hacen atractiva la región. La Bahía de La Paz, por ejemplo, es considerada uno de los ecosistemas marinos más importantes del Golfo de California.

La degradación de manglares, dunas y esteros podría afectar no solo la biodiversidad, sino también actividades económicas como la pesca, el turismo ecológico y el buceo. Especialistas advierten que si continúa el patrón de construir primero y regular después, Baja California Sur podría enfrentar varios riesgos en los próximos años.

Entre ellos:

Mayor pérdida de biodiversidad

Las especies adaptadas al desierto y a los manglares tienen ciclos ecológicos lentos y son especialmente vulnerables.

Aumento de la erosión costera

La eliminación de dunas y vegetación reduce la protección natural frente a tormentas.

Contaminación de ecosistemas marinos

Las obras pueden alterar escurrimientos y generar descargas contaminantes hacia la bahía.

Conflictos sociales

Las comunidades locales, pescadores y activistas han comenzado a organizarse para frenar proyectos que consideran destructivos.

El futuro del desarrollo inmobiliario en Baja California Sur dependerá de la capacidad de las autoridades para fortalecer la supervisión ambiental. Especialistas en planeación urbana señalan que el crecimiento de la región requiere:

• Mayor coordinación entre gobiernos municipales y federales
• Vigilancia ambiental preventiva
• Planeación territorial basada en ecosistemas
• Participación ciudadana en decisiones urbanas

Sin estas medidas, el modelo actual podría profundizar los conflictos entre desarrollo económico y conservación ambiental. En muchos de los casos recientes, las clausuras de PROFEPA llegaron después de que el terreno había sido desmontado, nivelado o incluso urbanizado. El problema no es solo legal. Es ecológico. Los cardones derribados tardarán siglos en volver a crecer. Las dunas alteradas pueden desaparecer. Los manglares destruidos pueden cambiar el equilibrio de la bahía. Los sellos de clausura detienen las obras. Pero rara vez pueden devolver el paisaje a su estado original. Y esa es la verdadera dimensión del problema que enfrenta Baja California Sur.

Referencias:

https://www.infobae.com/mexico/2025/07/10/profepa-clausura-proyecto-inmobiliario-en-ecosistema-costero-de-baja-california-sur/ «Profepa clausura proyecto inmobiliario en ecosistema costero de Baja …»

https://www.elimparcial.com/mexico/2025/07/10/clausuran-de-forma-definitiva-desarrollo-inmobiliario-en-zona-ecologica-protegida-de-la-paz/ «Clausuran de forma definitiva desarrollo inmobiliario en zona ecológica …»

https://www.diarioelindependiente.mx/2025/09/construccion-ilegal-en-dunas-costeras-de-la-paz-fueron-clausuradas-por-la-profepa «Construcción ilegal en dunas costeras de La Paz, fueron clausuradas por …»

https://nbcs.mx/?p=155922&utm_source=chatgpt.com «Clausura Profepa obra en dunas de Todos Santos autorizada por el …»

https://lado.mx/noticia/19144972 «Profepa clausura construcción ilegal de 17 hectáreas en Baja California Sur»

https://www.posta.com.mx/bcs/profepa-clausura-construccion-ilegal-en-la-paz-denuncian-dano-a-cardones-del-desierto/vl2096096 «Profepa clausura construcción ilegal en La Paz: denuncian daño a …»

https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-clausura-actividades-de-cambio-de-uso-de-suelo-en-terrenos-forestales-en-la-paz-baja-california-sur «Profepa clausura actividades de cambio de uso de suelo en terrenos …»

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mogote_%28M%C3%A9xico%29 «El Mogote (México)»

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_Guardianas_del_Conchalito «Las Guardianas del Conchalito»

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, del Partido del Trabajo, realizó este día una proposición con punto de acuerdo  con el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del Gobierno Federal a hacer una consulta pública sobre el proyecto Santuario del Tío Checo que pretende instalarse en la Sierra de la Laguna.

Proponen que se realicen consultas públicas en los municipios de La Paz, Los Cabos y en las zonas rurales aledañas a la Sierra de la Laguna sobre la posible autorización del proyecto.

Se busca, además, solicitarle a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que se niegue cualquier permiso, autorización o solicitud que atente contra la Sierra de la Laguna, o que pongan en riesgo la disponibilidad y calidad del vital líquido, en razón de su importancia ambiental y de la evidente escasez de agua en Baja California Sur.

“Investigadores especialistas del Cibnor han advertido que la introducción de fauna sin un análisis multidisciplinario puede alterar gravemente el equilibrio ecológico del ecosistema y generar impactos difíciles de revertir”, señaló Olivas Parra.

Por lo que, en atención a lo antes señalado, la diputadaOlivas Parra, consideró necesario y urgente disipar dudas, que las autoridades en materia ambiental escuchen a la ciudadanía e informen los elementos técnicos del proyecto, a fin de que la sociedad esté debidamente informada sobre aquello que pudiera afectar su entorno.

FOTO: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Resultado de los trabajos de gestión y como parte de la coordinación que hay entre el Estado y la Federación, se entregaron por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 27 permisos a prestadores de servicios turísticos que realizan actividades relacionadas con el avistamiento de tiburón ballena en La Bahía de La Paz.

En encuentro encabezado por el secretario general del Gobierno del Estado, Saúl González Núñez, los representantes del Comité de dicho programa, reconocieron las gestiones y el seguimiento que realizó la administración estatal que encabeza Víctor Manuel Castro Cosío, para atender la problemática que se venía dando, con relación a la negación de permisos para efectuar este trabajo.

González Núñez refrendó el compromiso y voluntad de realizar lo pertinente ante las áreas responsables, de acuerdo al tema que se plantea por cualquier gremio, sector de la sociedad o de la misma ciudadanía, a fin de llegar acuerdos y soluciones que beneficien a las partes, siempre con apego a las normas, la paz y el orden social, se lee en el boletín de prensa.

Al tiempo que reconoció la disposición del gobierno federal a través de la Dirección General de Vida Silvestre, dependiente de la Semarnat, para llevar a cabo el análisis pertinente, de cada uno de los planteamientos realizados por los prestadores de servicios y proceder a dicha entrega.

Saúl González enfatizó que se continuará fortaleciendo los mecanismos de colaboración y coordinación, no solamente entre las autoridades, sino también como comunidad, a fin de seguir generando el bienestar de las familias de Baja California Sur y el desarrollo de la entidad de manera sostenible, sustentable, cuidando los ecosistemas y recursos naturales de las comunidades.

FOTO: Archivo / INTERIOR: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado  solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que informen al poder legislativo sobre las autorizaciones, concesiones y permisos tramitadas por la empresa Mexicana del Arco, S.A. de C.V. o Grupo México, minera que proyecta la explotación a cielo abierto en una superficie mayor a 50 mil hectáreas  del Valle de los Cirios, BC, y de cual se podrían extraer más de 9 millones de metros cúbicos anuales de agua del acuífero “Vizcaíno”.

La diputada Lupita Saldaña presentó a la asamblea legislativa un punto de acuerdo, advirtiendo el riesgo para la mayoría de las familias habitantes del municipio de Mulegé, quienes dependen del agua del acuífero El Vizcaíno, para satisfacer sus necesidades básicas.

Advirtió que el proyecto El Arco prevé utilizar casi 10 millones de metros cúbicos de agua, por lo que también dejaría sin el recurso a las actividades agropecuarias que desde hace décadas dan empleo a miles de personas en el Valle del Vizcaíno.

La diputada Teresita Valentín (MORENA) propuso agregar un cuarto punto a la proposición con punto de acuerdo, para que el Congreso del Estado solicite a Alicia Bárcena Ibarra visitar Baja California Sur para informar sobre la postura del Gobierno de México a través de la Secretaría que dirige, respecto al mega proyecto minero El Arco.

La diputada Karina Olivas Parra (PT) hizo un llamado a las autoridades a que se comprometan a dar soluciones inmediatas y que pongan en el centro de las decisiones el bien colectivo de las comunidades.

El representante del PVEM, diputado Erick Ivan Agundez expresó que “la preocupación del pueblo es nuestra, es por eso que vamos a favor porque como lo hemos exclamado en esta máxima tribuna del pueblo, estamos unidas y unidos por el bienestar de los sudcalifornianos”.

También, la diputada Cristina Contreras (MORENA) solicitó agregar al punto de acuerdo que el Congreso de BCS exhorte a su homólogo Congreso del Estado de Baja California, a manifestar su rechazo a la puesta en marcha del proyecto El Arco, por las enormes cantidades de agua del acuífero que serían utilizadas en los procesos de mega minería a cielo abierto en en el área de protección de flora y fauna más grande del país: el Valle de los Cirios.

Finalmente la diputada Alondra Torres (PT) propuso que se modifique el último punto para que se cancelen las respectivas autorizaciones en el caso de que la empresa mexicana del arco contravenga las normas ambientales.

FOTO: Diario El Independiente.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a dejar sin efectos jurídicos la autorización de impacto ambiental del proyecto “Baja Bay Club”, otorgado al Fideicomiso Cabo Dorado; a evaluar adecuadamente el estudio técnico justificativo y negar al Fideicomiso Cabo Dorado la autorización de cambio de uso del suelo de terrenos forestales para la realización dicho proyecto; a negar al Fideicomiso Cabo Dorado las concesiones de uso y aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas o superficiales y los permisos de descarga de aguas residuales, por transgredir el decreto de creación y el programa de manejo del Parque Nacional Cabo Pulmo.

En el comunicado de prensa del Congreso del Estado, se lee que la diputada Lupita Saldaña Cisneros promovente del Punto de Acuerdo, añadió que no conforme a lo anterior, viola también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos en las Materias de Evaluación del Impacto Ambiental y de Áreas Naturales Protegidas, siendo así preocupante y urgente dejar sin efecto el proyecto.

Finalmente sentenció que, la persona encargada de SEMARNAT en el Estado no corrigió la falta de información actualizada que indicó la CONABIO, lo cual incide en una evaluación incompleta por parte de la autoridad, y no se tomó en cuenta la opinión de la CONANP sobre la no compatibilidad de “Baja Bay Club” con el decreto de creación, y el Programa de manejo del ANP Cabo Pulmo, pudiéndose afectar los componentes bióticos y abióticos y los ecosistemas de dicha ANP, siendo estos aspectos suficientes para negar la autorización, con base en el artículo 35, fracción III, inciso a), de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

En la discusión del tema la diputada Karina Olivas, manifestó estar en contra de todo lo que atente contra las Áreas Naturales Protegidas de BCS, al tiempo que expresó estar en favor de la promovente, “creo firmemente en el desarrollo, pero no en el que ponga en riesgo a los acuíferos, pozos de agua, flora y fauna de BCS”, afirmó, y añadió que se integre un cuarto punto para que se haga una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones condicionadas que haya emitido la representación de BCS, en lo que va del presente ejercicio fiscal 2024 y en su caso cancelar y dejar sin efectos a todas aquellas que puedan impactar de forma negativa en áreas naturales protegidas.

Por su parte, el diputado Omar Torres Orozco insistió que las playas deben ser para todas y todos, por lo que solicitó se incluya un quinto punto mediante el cual  se exhorte a la SEMARNAT, PROFEPA y Ayuntamiento de Los Cabos para que realicen las acciones urgentes que garanticen el libre el acceso a las zonas de playa en Cabo Pulmo, una vez sea esclarecido el tema de impacto ambiental.

Finalmente el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, sentenció partir desde la premisa de la conservación del medio ambiente, mostrándose en contra de cualquier proyecto que pueda dañar los ecosistemas de BCS, por lo que, desde el Congreso del Estado, por medio de la comisión especial asignada trabajaran en defender las playas y en general todo aquel ecosistema de BCS.