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San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Por medio de un boletín de prensa por parte del Ayuntamiento de Los Cabos se informó que, con el firme propósito de garantizar el orden y la tranquilidad en las diferentes colonias y zonas turísticas del municipio, así como fortalecer acciones dirigidas a combatir con mayor efectividad los hechos que pueda constituir un delito, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos (DGSPPPTM), de manera permanente despliega operativos interinstitucionales.

El director general de Seguridad Pública en Los Cabos, capitán Russel Rodas Moreno, indicó que este trabajo colaborativo ha generado buenos resultados en la prevención y disuasión de delitos, además de que se busca seguir fortalecimiento la percepción ciudadana en materia de seguridad.

Asimismo, señaló que este trabajo también se mantiene vigentes en zonas de mayor afluencia de personas; turísticas y recreativas, principalmente: tenemos los operativos permanentes en la zona del Médano, Marina de Cabo San Lucas y áreas turísticas de manera sorpresiva, con una muy buena organización y trabajo en equipo con los tres órdenes de Gobierno, expresó el director de Seguridad Pública.

Por lo anterior, el capitán Russel refrendó el compromiso de continuar posicionando a Los Cabos como uno de los destinos turísticos más seguros del país.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En el marco de la cuarta sesión del Comité de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2022, se dieron a conocer los avances en torno a la organización de las festividades, puntualizando el tema de la seguridad y los elementos que se desplegarán durante los diversos eventos que enmarcarán las festividades, dando a conocer la información mediante un boletín de prensa.

Durante la sesión, personal de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, informó sobre los operativos que se estarán implementando durante estos días, destacando que se establecerán estrategias para una adecuada organización, así como la ejecución de las operaciones policiales que se desarrollarán en las áreas en donde se llevarán a cabo los distintos eventos de estas Fiestas Tradicionales.

Se destaca en el boletín que, para dichos operativos pondrán en práctica un estado de fuerza de 152 elementos y 29 patrullas en las zonas de las festividades, realizando revisión aleatoria con detectores de metal para frenar la introducción de objetos que puedan causar lesiones.

Finalmente, el Comité dio a conocer que ya se encuentran listos para lo que serán las tradicionales fiestas de San José del Cabo 2022, con las diferentes actividades artísticas, deportivas, religiosas y gastronómicas; garantizando en todo momento la seguridad y la salud de la ciudadanía de Los Cabos, finalizó el comunicado.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). En esta temporada de campañas electorales, hemos escuchado muchas promesas de candidatos a cargos de elección popular, la mayoría de las cuales, son vagas e inciertas, plagadas de buenos deseos y generalidades. Casi todos los candidatos al abordar el tema de seguridad pública, coinciden en la necesidad de mejorar el salario a los servidores públicos relacionados con tan importante labor, en mejorar o modernizar los sistemas de prevención, así como el combate al delito, pero ninguno nos dice cómo hacerlo y sospechamos que la mayoría de ellos no tienen ni idea sobre el tema.

El aspecto salarial es eminentemente, presupuestal y no amerita mayor comentario, pero el tema de la modernización si requiere atención adecuada, pues en las políticas públicas aplicadas en la entidad al respecto, no pasamos de comprar más y más camionetas que, a los tres o cuatro meses en promedio, quedan inservibles y se acumulan en los corralones en calidad de chatarra. La modernización en los esquemas de seguridad pública, prevención, detección, contención, combate y persecución del delito, exige de manera impostergable el uso de inteligencia artificial. Entendiendo la importancia de las herramientas cibernéticas disponibles para aplicación en el campo de la seguridad pública, un referente clave es el manejo eficaz de la Big Data.

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Big Data es un anglicismo cibernético que se ha incorporado al lenguaje castellano, traducible como almacén masivo de datos, que se aplica para referirse al proceso de almacenamiento masivo y análisis de datos, cuyo principal objetivo es crear patrones de estadística y desarrollar modelos predictivos, de eficacia comprobada en planeación y aplicación de programas mercantiles en el ámbito comercial, programas preventivos y terapéuticos en el ámbito sanitario, en campañas políticas, programas educativos, y un sinfín de utilidades prácticas, entre las que la prevención del delito y el combate a la criminalidad no pueden ni deben ser la excepción.

La factibilidad y eficacia del Big Data en los campos de seguridad pública referidos depende, fundamentalmente, de la capacidad tecnológica institucional, tanto para capturar como para procesar y analizar la información generada en el proceso, que depende en gran medida de la disponibilidad y veracidad de la información capturable, y de la eficacia en su análisis, en el ejercicio aplicado de la inteligencia policial, a través de las 5V: Volumen, Variedad, Velocidad, Veracidad y Valor.

• El volumen atiende al número de datos que se captan, de las fuentes, y a mayor cantidad de fuentes, mayor es el volumen que se genera, principalmente, de las redes sociales y dispositivos electrónicos.
• La variedad apunta a la diversidad de datos acumulables, diferenciando las fuentes, por su origen, ubicación, actividad, edad y del sujeto generador.
• La velocidad atiende a la rapidez con que se acumula y analiza la información. A mayor velocidad, mayor eficacia.

En seguridad pública la actuación en tiempo real es fundamental cuando se trata de acción y reacción, por ejemplo, con los mensajes que se viralizan en redes sociales, las operaciones bancarias que se realizan con tarjetas de crédito o mediante operaciones virtuales, el seguimiento en videovigilancia de un evento, entre otros.

• La veracidad es el factor de más alta trascendencia en el proceso, pues un falso positivo genera un proceso fallido. La capacidad funcional exige establecer mecanismos de verificación superiores a la reiteración en fuentes. Un padrón de referentes confiables, como la figura de informante seguro gestada a partir de la participación ciudadana en comités vecinales de vigilancia, resulta de gran utilidad.
• El valor es el culminante positivo del proceso, pues permite incorporar la información certera y confiable a los procesos de planeación y operación de las políticas públicas de prevención, persecución, combate al delito, y en general en los esquemas de seguridad pública.

Por las consideraciones planteadas, es urgente incorporar a la brevedad posible, las mejores herramientas tecnológicas disponibles en el universo hiperconectado, para hacer funcional y efectiva la labor de seguridad publica en el Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A unos días de dar inicio al periodo vacacional de mayor afluencia de visitantes en el municipio de La Paz, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (DGSPPPTM) se encuentra lista participar en conjunto con los demás cuerpos de seguridad y auxilio de los tres niveles de gobierno, en el inicio del “Operativo de Seguridad de Semana Santa 2019“, informa en un comunicado el Ayuntamiento de la Paz.

Eladio Amaya Muñiz, director general de dicha corporación, señaló que durante este periodo vacacional, el compromiso con la ciudadanía es el de garantizar la seguridad de los paseantes, sean locales, nacionales o extranjeros; por ello serán desplegados un total de 190 elementos y 47 unidades oficiales, esto en toda la geografía municipal, abarcando además cada una de las siete delegaciones municipales, donde el personal operativo realizará recorridos de vigilancia.

Amaya Muñiz expresó que de acuerdo al plan operativo, desde este pasado sábado hasta el día 27 de abril se realizarán recorridos por las diferentes playas circundantes a la ciudad de La Paz; asimismo, del 18 al 21 de este mismo mes, durante los días de mayor afluencia de vacacionistas, se efectuará la vigilancia estacionaria y móvil en las ocho zonas de patrullaje designadas, que van desde San Juan de la Costa hasta la playa Las Cruces, abarcando puntos como El Cajete, El Tesoro, Pichilingue, Balandra, El Tecolote, El Coyote, El Rosario, El Saltito, entre otras playas.

De la misma manera, la Policía Municipal, en coordinación con las demás instancias de seguridad y Protección Civil, instalará siete módulos de apoyo y control en diversos puntos carreteros, tanto en la periferia de esta ciudad capital como en zonas estratégicas del municipio, con la finalidad de auxiliar a los vacacionistas, brindándoles información sobre temas preventivos durante su traslado al lugar elegido para pasar estos días de descanso.

De igual forma, en coordinación con autoridades federales, se estará aplicando el Operativo Carrusel en carreteras y en los principales bulevares de la ciudad, a fin de inhibir accidentes de tránsito, esta medida, agregó el directivo, ha sido una estrategia preventiva eficaz, y ha sido determinante para lograr saldo blanco en años anteriores.

Finalmente, el titular de la DGSPPPTM mencionó que la seguridad pública en las colonias de la ciudad no se verá afectada, sino por el contrario, se reforzarán con el apoyo de las corporaciones Federales y Estatales, a fin de inhibir la comisión de delitos durante el próximo periodo de Semana Santa 2019; concluye así el comunicado del Ayuntamiento.

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Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El sábado pasado, la doctora María del Carmen Novoa Cancela, coordinadora del programa Justicia en México, desnudó el abandono en que nuestro Sistema de Justicia Penal tiene a  la víctima del delito, esto durante la exposición de su conferencia magistral denominada El Asesor Jurídico de Víctimas en el Sistema de Justicia Penal. La connotada académica presentó cifras estadísticas que ponen en relieve la re-victimización institucionalizada que sufre quien tiene el infortunio de vivir la incidencia delictiva, en un sistema que promete exactamente lo contrario.Conforme al marco constitucional, tras una reforma que en el 2008 se llamó de “seguridad y justicia”, el proceso penal tiene como objeto:

1. El esclarecimiento de los hechos.
2. Proteger al inocente.
3. Procurar que el culpable no quede impune.
4. Vigilar que los daños causados por el delito se reparen.

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Pese a ello, en México tenemos 25 millones de víctimas al año, por lo que el 35.5% de los hogares tuvo al menos una víctima; asimismo, existen al menos 40 mil personas desaparecidas, lo que refleja una crisis nacional de seguridad pública. El sistema de justicia está rebasado. La cifra negra, es decir, el número de delitos que no se denuncian, es alrededor del 93 ó 94%, lo que refleja que el ciudadano no confía en las autoridades o considera que es una pérdida de tiempo formular la denuncia. Del 7% de las personas que sí se denuncia, solamente uno de cada diez casos se resuelve, lo que se traduce en un índice nacional de impunidad del 87.3% en promedio. Hay Estados de la República Mexicana con índice de 99% de impunidad.

En parte, el deficiente funcionamiento de dicho sistema obedece a que la capacitación inicial se priorizó en los juzgadores, último eslabón de la cadena de aplicación del sistema, y se dejó de atender al personal policíaco, primer eslabón de la cadena procesal, lo que ha generado graves problemas de operación. Incluso, a 11 años de la reforma, seguimos sin una definición clara del modelo policial que necesitamos; si bien ya se habla de una Guardia Nacional, lo cierto es que aún no se ha precisado en la reglamentación correspondiente cuestiones importantes sobre su mando, operación y facultades.

Hablando del balance entre los operadores, el órgano más débil es el encargado de la atención a las víctimas de delito, por la falta de capacitación y formación de los asesores jurídicos, quienes se erigen como la nueva figura procesal del sistema, la cual esta integrada por profesionales del Derecho encargados de brindarle acompañamiento, orientación, asesoría y representación legal a lo largo del proceso, tanto a la víctima como al ofendido, equilibrando en igualdad procesal al imputado, que tradicionalmente cuenta con la figura del defensor.

La figura del asesor jurídico se creó en la reforma de 2008, fue hasta el 2013 que se emitió la Ley de Víctimas, y fue hasta el 2014 mediante el Código Nacional de Procedimientos Penales que se definen los alcances y funciones del asesor jurídico en las cuatro etapas del proceso penal: inicio, etapa intermedia, de juicio y de aplicación de sanciones; en todas ellas, la función principal es representar los intereses de la víctima, incluso supliendo las deficiencias del Ministerio Público, sobre todo cuando se considere que se están vulnerando los derechos. De la misma manera, el asesor tiene acceso completo a la carpeta de investigación y puede ofrecer medios de prueba, interrogar y contrainterrogar a los testigos, desahogar pruebas formular alegatos e interponer recursos. Si no se puede adquirir los servicios de un asesor particular, se le asigna uno público  y gratuito. Es importante precisar que en teoría, el asesor funciona en atención a los intereses de la víctima, sin subordinación al Ministerio Público, pero en la práctica se ha convertido en un simple acompañante de este último, lo que constituye un problema muy grave porque implica el abandono de la víctima.

Hay una enorme carencia de asesores jurídicos públicos, y los pocos que tenemos, la mayoría de ellos se subordinan al Ministerio Público, y en el caso de Baja California Sur, dependen de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, cumpliendo también con la función de defensores públicos, lo cual es un grave error, pues carecen de independencia orgánica y operativa. Debido a la falta de personal, los empleados de la defensoría pública son al mismo tiempo, encargados de la asesoría jurídica. Doble función, doble carga de trabajo, un solo sueldo. Pese a que el sistema previene un marco de igualdad procesal entre la víctima y el imputado, lo cierto es que la víctima sigue siendo invisible, pese a las grandes expectativas que para la atención de ésta garantiza el proceso. No obstante, para avanzar en esta compleja tarea que implica la dignificación de la atención a la víctima del delito, Novoa Cancela propone:

1.- Crear una instancia nacional de coordinación, la cual ayude a definir una política que articule seguridad y justicia. Se hace mucho énfasis y en la seguridad se ha hecho a un lado la justicia.

2.- Un nuevo modelo de procuración de justicia con una procuraduría realmente dotada de autonomía plena.

3.- La profesionalización de los operadores del sistema, creando un servicio profesional de carrera que asegure la formación, profesionalismo, presencia continuidad y desarrollo de los operadores. La alta rotación de operadores ocasiona inestabilidad, ineficiencia y desorden.

4.- El problema en la operatividad del sistema de justicia no es un problema de leyes, es un problema de instituciones. Es un problema de destrezas, capacidades, habilidades.

El sistema funciona, los que fallamos somos los operadores. A la propuesta de Novoa sólo agregaríamos que en Baja California Sur:

-Es necesario separar la defensoría pública de la asesoría jurídica a la víctima, asimismo, sería favorable dignificar los salarios e incrementar la plantilla laboral, ya que la carga de trabajo de los asesores es excesiva.

-Debe dotarse a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de una ley reglamentaria, presupuesto y programa operativo funcional, pues a la fecha, es un órgano de papel.

-Simplificar el mecanismo en el Registro Nacional de Víctima (Renavi), con el objetivo de acceder a los fondos necesarios para que se pueda lograr una reparación integral del daño.

-Acompañar a la víctima desde el comienzo del proceso; también es pertinente que en la agencia del Ministerio Público, de inicial conocimiento, previo a presentar la denuncia, la víctima cuente con los servicios de un asesor jurídico público, y que se le permita el acompañamiento y asesoría en los casos en que turne el expediente a una salida no controversial.

María del Carmen Novoa Cancela es Maestra en Políticas Pública de la Universidad Simón Bolívar, Especialista en Planificación del Desarrollo y Licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela. Ha trabajado en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea, USAID, en Proyectos de Modernización y Reforma Judicial; así como en proyectos de Fortalecimiento Institucional en El Salvador, México, Paraguay, Guatemala, Venezuela, Honduras, Bolivia, Ucrania y Azerbaiyán. En México ha participado en proyectos desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre diagnósticos y elaboración de propuestas de políticas públicas en el sector justicia, y fue Directora General de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica para la implementación de la Reforma Penal, Secretaría de Gobernación. Actualmente, es Directora de Investigación del área de Justicia, CIDAC, y asesora externa de la Unidad para la Implementación del Proceso Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República.

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