FOTOS: Seguridad Pública Estatal.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La mañana apenas comenzaba en La Paz cuando un grupo de policías municipales formó filas frente al edificio de Seguridad Pública. Era junio de 2023. El sol caía vertical, como suele hacerlo en la península, y los uniformes oscuros absorbían el calor con una disciplina silenciosa. No había ceremonia solemne ni discursos largos, pero sí algo que durante años había sido escaso: un aumento salarial. Aquel día, los agentes recibieron el primer pago retroactivo de un incremento del 10% a su sueldo. La noticia, que en otros contextos podría parecer rutinaria, tenía un peso simbólico. Venía precedida de otro aumento, de 7.62% el año anterior, y de un proceso de homologación salarial que buscaba —según las autoridades— dignificar el trabajo policial en la capital sudcaliforniana. En este mes de marzo de 2026, la Presidenta Municipal de La Paz anunció hasta un 43% de incremento salarial para los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva.

Sin embargo, la escena no podía entenderse sin mirar atrás. Diez años atrás, la historia era distinta. A mediados de la década de 2010, ser policía en Baja California Sur implicaba enfrentar riesgos extremos con ingresos limitados. Aunque con el tiempo los salarios mejorarían, durante años se mantuvieron prácticamente estancados, creando una brecha entre la exigencia del trabajo y la compensación económica. La estadística ayuda a entenderlo: entre 2018 y 2023, el salario promedio de los policías en el Estado osciló entre los 10 mil y 11 mil pesos mensuales. Aunque esta cifra colocaba a la entidad entre las mejor remuneradas del país en términos relativos, en la práctica resultaba insuficiente frente al costo de vida creciente y el nivel de riesgo.

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En palabras de especialistas en seguridad, un policía mal pagado es más vulnerable a la corrupción, especialmente en contextos donde el crimen organizado tiene capacidad de infiltración. En aquellos años, la percepción ciudadana comenzaba a fracturarse. La policía era vista, simultáneamente, como un escudo y como una incógnita.

Con el cambio de administraciones y la llegada de nuevos gobiernos municipales y estatales, el discurso comenzó a transformarse. La palabra clave fue “dignificación”. En 2023 y 2024, las autoridades de seguridad en Baja California Sur impulsaron una estrategia que incluía aumentos salariales, bonos de riesgo, equipamiento y mejores prestaciones. El objetivo era claro: mejorar las condiciones laborales para reducir la tentación de caer en actos de corrupción y fortalecer el desempeño policial. Se trataba, en esencia, de una apuesta estructural: si el policía vive mejor, trabaja mejor. Ese mismo periodo trajo consigo la entrega de equipo táctico, drones y patrullas, además de programas de capacitación. En el papel, el modelo parecía coherente. En las calles, la historia sería más compleja.

Mientras los salarios aumentaban gradualmente, la incidencia delictiva no desaparecía. Robos a casa habitación, asaltos y delitos patrimoniales continuaban presentes en los reportes de seguridad, incluso cuando algunas cifras oficiales señalaban mejoras en ciertos indicadores. En colonias de La Paz, la percepción ciudadana se mantenía ambivalente. Algunos reconocían mayor presencia policial; otros seguían denunciando tiempos de respuesta lentos o patrullajes insuficientes. La paradoja comenzaba a hacerse evidente: el aumento salarial, por sí solo, no garantizaba una transformación inmediata en la seguridad.

El tema más delicado no tardó en aparecer. En noviembre de 2024, el Congreso de Baja California Sur discutió una iniciativa para endurecer las sanciones contra policías que incurrieran en extorsión y abuso de autoridad. La propuesta contemplaba inhabilitaciones de hasta 10 años para los agentes responsables. No era una medida preventiva abstracta. Respondía a una realidad: casos documentados de policías —municipales y estatales— que extorsionaban a ciudadanos, turistas o actuaban fuera de su jurisdicción. La escena se repetía en relatos ciudadanos: retenes improvisados, “mordidas” disfrazadas de infracciones, detenciones arbitrarias. No eran todos, pero bastaban para erosionar la confianza.

La corrupción no se limitaba a la policía, pero su impacto era más visible en quienes portaban uniforme. En 2025, nuevos escándalos de corrupción en el Estado —aunque no exclusivamente policiales— reforzaron la percepción de un problema institucional más amplio, debilitando la confianza en las autoridades. La pregunta volvió a surgir: ¿los aumentos salariales estaban cumpliendo su propósito?

Si se observa la última década en conjunto, el cambio es evidente. De salarios relativamente bajos y estancados en la década pasada, se pasó a incrementos progresivos a partir de 2018 y, con mayor claridad, desde 2022 en adelante. Los aumentos del 7%, 10% y otros ajustes han buscado cerrar una brecha histórica. Además, la inclusión de bonos y prestaciones ha modificado la estructura del ingreso policial, haciéndolo más competitivo a nivel nacional. Sin embargo, el crecimiento no ha sido uniforme ni suficiente para erradicar las condiciones que favorecen la corrupción o la ineficiencia.

Hoy, la policía municipal de Baja California Sur se encuentra en una etapa intermedia. Por un lado, cuenta con mejores salarios, más equipamiento y una narrativa institucional centrada en la profesionalización. Por otro, enfrenta desafíos persistentes: corrupción, percepción ciudadana negativa en algunos sectores y una delincuencia que no desaparece. La relación entre salario y seguridad no es lineal. El aumento salarial ha sido una condición necesaria, pero no suficiente.

Al caer la tarde en La Paz, las patrullas continúan su recorrido. Las luces intermitentes dibujan destellos azules sobre el asfalto caliente. El futuro de la seguridad pública en Baja California Sur dependerá de múltiples factores: continuidad en la mejora salarial, fortalecimiento institucional, mecanismos de control interno y participación ciudadana. Las autoridades lo saben. Por eso, el discurso oficial insiste en seguir invirtiendo en la dignificación policial como eje de la estrategia de seguridad. Pero también crece la exigencia social. La ciudadanía ya no solo pide policías mejor pagados. Pide policías confiables.

Diez años después de los primeros debates sobre salarios policiales, la respuesta no es absoluta. Sí, los aumentos han mejorado las condiciones de vida de muchos agentes. Sí, han contribuido a profesionalizar parcialmente a las corporaciones. Pero no han eliminado la corrupción, ni han garantizado por sí mismos una seguridad plena. La crónica de esta década no es la de una transformación concluida, sino la de un proceso en marcha.

En La Paz, la seguridad sigue siendo una construcción diaria. Y el salario —aunque importante— es apenas una pieza de un engranaje mucho más complejo. Mientras tanto, en cada turno, bajo el sol o en la madrugada, los policías siguen saliendo a las calles. Algunos con vocación intacta. Otros con dudas. Todos, inevitablemente, en el centro de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿cuánto cuesta realmente la seguridad?

Referencias:

https://www.diarioelindependiente.mx/2023/06/policias-de-la-paz-reciben-primer-pago-de-retroactivo-por-aumento-del-10-al-salario «Policías de La Paz reciben primer pago de retroactivo por aumento del …»

https://tribunademexico.com/policias-bcs-mejores-pagados/ «Policías de BCS entre los mejores pagados de México»

https://hoybcs.com/arriesgar-la-vida-por-7-mil-pesos-la-amplia-puerta-a-la-corrupcion/ «ARRIESGAR LA VIDA POR 7 MIL PESOS… LA AMPLIA PUERTA A LA CORRUPCIÓN»

https://tribunademexico.com/mejora-salarial-policias-corrupcion/ «Buscan mejora salarial a policías para combatir la corrupción»

https://www.bcsnoticias.mx/proponen-hasta-10-anos-de-inhabilitacion-a-policias-por-extorsion-y-abuso-de-autoridad-en-bcs/ «Proponen hasta 10 años de inhabilitación a policías por extorsión y …»

https://www.posta.com.mx/mexico/corrupcion-en-bcs-3-casos-de-funcionarios-acusados-en-el-ultimo-ano/vl1752681 «Corrupción en BCS: 3 casos de funcionarios acusados en el último año»

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: SSPE.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), con la finalidad de proteger a la ciudadanía durante las vacaciones de Semana Santa 2026, se encuentra preparada para sumarse al operativo de seguridad, que se implementará en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en los principales destinos turísticos y recreativos de Baja California Sur.

El titular de la SSPE, Luis Alfredo Cancino Vicente, precisó que 460 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en coordinación con otras instituciones, estarán realizando recorridos de vigilancia en playas, carreteras, hoteles y centros recreativos, con el objetivo de prevenir delitos, brindar apoyo a la población y, con ello, asegurar que estos días transcurran en un ambiente de tranquilidad y orden.

Cancino Vicente enfatizó la importancia de que la ciudadanía y las familias revisen las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir a carretera, respeten los límites de velocidad, eviten conducir bajo los efectos del alcohol, no pierdan de vista a menores de edad en playas o centros recreativos y no dejen objetos de valor a la vista.

Asimismo, recomendó acudir a las playas con señal telefónica, cuidar las pertenencias personales, ser precavidos al contratar paquetes vacacionales en línea y apagar correctamente fogatas o fogones.

Finalmente, el titular de la SSPE subrayó que la seguridad es una tarea compartida, por lo que la participación responsable de la ciudadanía es fundamental para prevenir accidentes y garantizar que estos días de descanso se desarrollen en orden y con saldo blanco.

FOTOS: Freepik.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En el corazón de BCS, donde el mar azul besa la costa y el sol dora la piel de los turistas, se esconde una realidad que muchos prefieren ignorar. Este Estado, conocido por su belleza natural y su ambiente turístico, ha sido históricamente uno de los más seguros de México. Sin embargo, bajo esta fachada de tranquilidad, hay grietas profundas que amenazan con resquebrajar la paz social. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿realmente estamos seguros o sólo algunos privilegiados viven en una burbuja de lujo, mientras otros luchan por sobrevivir?

«María», una madre soltera que vive en las afueras de La Paz, se levanta cada mañana con la incertidumbre de no saber si podrá alimentar a sus hijos. Su desayuno, si lo hay, es frugal y apenas suficiente para comenzar el día. Su historia es una de las muchas que reflejan la lucha diaria de quienes viven en la periferia de la prosperidad. A pocos kilómetros, en una exclusiva zona residencial, «Carlos» disfruta de un desayuno abundante y nutritivo, con café recién hecho, frutas frescas y pan artesanal, mientras observa el mar desde su terraza. Dos realidades, dos mundos que coexisten en el mismo espacio geográfico, pero que parecen estar a años luz de distancia.

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La seguridad en BCS es un espejismo para muchos. Aunque los índices de criminalidad grave son bajos en comparación con otros Estados, el aumento de delitos menores y la falta de oportunidades para ciertos sectores de la población son señales preocupantes. Según un informe reciente del Observatorio Nacional Ciudadano, la extorsión ha crecido un 65.6% en 2022 en comparación con 2021, afectando principalmente a pequeños comerciantes y familias vulnerables. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), también reporta un incremento significativo en las extorsiones en la región. La percepción de seguridad puede variar drásticamente dependiendo de quién la experimente: mientras los turistas y residentes de zonas exclusivas disfrutan de una aparente calma, las comunidades más vulnerables enfrentan una realidad muy diferente.

La falta de oportunidades es un caldo de cultivo para problemas sociales. La desigualdad económica y la exclusión social pueden llevar a jóvenes y adultos a buscar alternativas en la economía informal o, peor aún, en actividades delictivas. La ausencia de políticas efectivas de prevención del delito y reinserción social agrava esta situación. Es imperativo que las autoridades reconozcan estas grietas en el sistema y actúen con decisión para evitar que se conviertan en abismos insalvables.

El alto índice de divorcios y los problemas familiares complican la educación y el desarrollo emocional de los niños. Según estudios sociológicos, los niños que crecen en hogares con conflictos constantes o que han experimentado el divorcio de sus padres enfrentan mayores desafíos emocionales y académicos. La inestabilidad emocional puede afectar su rendimiento escolar y su capacidad para concentrarse, lo que a su vez limita sus oportunidades futuras. Por ello, la educación en casa es fundamental para mitigar estos efectos. Los valores y principios que se inculcan en el hogar son esenciales para formar ciudadanos responsables y comprometidos con su comunidad, y pueden marcar una diferencia significativa en la prevención de la delincuencia. Programas de apoyo psicológico y orientación familiar son cruciales para asegurar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de éxito.

«Juan», un joven de 19 años, solía soñar con estudiar ingeniería. Sin embargo, la falta de recursos y oportunidades, sumada a la inestabilidad familiar, lo llevó a unirse a una pandilla local. Su historia es un reflejo de cómo la desesperanza y la falta de una educación sólida en el hogar pueden empujar a los jóvenes hacia caminos peligrosos. Mientras tanto, en las zonas turísticas, los jóvenes de su edad disfrutan de actividades recreativas y planifican sus futuros en universidades prestigiosas, con acceso a tecnología, libros y una educación de calidad.

La disparidad entre los sectores privilegiados y los más desfavorecidos es evidente en BCS. Las zonas turísticas y residenciales de alto nivel contrastan con barrios donde la infraestructura es deficiente y los servicios públicos son escasos. Esta dualidad no sólo es injusta, sino que también es insostenible a largo plazo. La seguridad no puede ser un lujo reservado para unos pocos; debe ser un derecho garantizado para todos.

Es necesario un cambio de enfoque en las políticas públicas. No basta con reforzar la seguridad en las áreas turísticas; es crucial invertir en programas comunitarios, culturales y sociales que fomenten la cohesión social. La prevención del delito debe ir de la mano con la creación de oportunidades reales para todos los ciudadanos. Sólo así se podrá construir una sociedad más justa y equitativa.

Es momento de exigir a las autoridades que implementen políticas integrales de prevención del delito y reinserción social. No podemos seguir ignorando las grietas en nuestro sistema. La seguridad debe ser una prioridad, pero no a costa de la exclusión y la desigualdad. Es fundamental promover programas que fortalezcan el tejido social y brinden oportunidades a todos los sectores de la población.

La sociedad civil también tiene un papel crucial en este proceso. Debemos involucrarnos activamente en la búsqueda de soluciones, participar en iniciativas comunitarias y exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestras autoridades. Sólo con un esfuerzo conjunto podremos construir una BCS verdaderamente segura y justa para todos.

La seguridad no es sólo ausencia de violencia; es la presencia de justicia, oportunidades y cohesión social. Es hora de confrontar las realidades que nos incomodan y trabajar juntos para construir un futuro mejor. La historia de BCS no puede ser contada sólo desde la comodidad de los privilegiados; debe incluir las voces y las luchas de quienes anhelan una vida digna y segura.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco de coordinación con los tres órdenes de gobierno, la Mesa de Seguridad de Baja California Sur reforzará durante el periodo vacacional de verano 2024, acciones preventivas y de vigilancia que se implementarán por parte de los cuerpos de seguridad, emergencias y voluntariado, a fin de salvaguardar la integridad de las familias y de quienes visitan esta entidad, informó el Secretario General de Gobierno, José Saúl González Núñez.

Al respecto, refrendó el compromiso de la Mesa de Seguridad de BCS, que preside el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, de trabajar unidos para garantizar la tranquilidad de esta tierra, fortaleciendo la operatividad durante estos periodos de descanso, para que la población disfrute de manera segura sus vacaciones.

En este sentido, recordó que es fundamental la participación social, para tener un saldo blanco y disminuir riesgo tanto en casa, espacios públicos, carreteras o vialidades.

“Las autoridades federales, estatales y municipales, en conjunto con grupos voluntarios, estaremos atentos para brindar auxilio y protección a los turistas locales, nacionales y extranjeros, para que regresen con bien a su destino, por ello, mantenemos el llamado permanente, para que atiendan las recomendaciones que realizan las instituciones, para evitar situaciones que coloquen en riesgo lo más importante que es su vida”, puntualizó Saúl González.

Mencionó que si bien, estas labores se practican los 365 días del año, retoman especial atención los periodos vacacionales, al presentar mayor movilidad de personas, por lo que reforzarán tareas de vigilancia y auxilio, en puntos de mayor concentración, como: playas, balnearios, oasis, paraderos, plazas comerciales, principalmente.

Además, de efectuar recorridos por estas zonas, en entradas y salidas de BCS, manteniendo los que llevan a cabo en colonias y localidades. Finalmente, González Núñez proporcionó a la ciudadanía el número 911, en el cual podrán reportar cualquier emergencia, con ello sean canalizados y atendidos por las instancias competentes.