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La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado mes de diciembre fue aprobada por unanimidad la iniciativa de reforma del Artículo 407 del Código Civil del Estado de Baja California Sur, quedando de esta manera armonizado el marco legal sudcaliforniano con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que es un poderoso avance en materia de justicia social a favor de los menores cuyo deudor alimentario ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones, así como a favor de las madres que soportan solas toda la responsabilidad de sustentar a sus menores hijos.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado, diputada Elizabeth Rocha Torres, quien presentó la iniciativa en el 2018, nos comenta “ya la SCJN establecía en el año 2015, 2016, una jurisprudencia donde se daba la pensión retroactiva desde el nacimiento. Sin embargo, no estaba esa jurisprudencia aplicada en nuestro Código Civil, lo que significaba que la persona tenía la necesidad de ampararse para conseguir la aplicación de la pensión retroactiva, es decir, era un proceso mucho más burocrático, más tardado y que representaba más gasto. Logramos con esta reforma que hoy nuestro Código Civil ya va a tener ese párrafo y las mamás ya pueden solicitar directamente la pensión retroactiva desde el nacimiento al padre ausente. También ahora, el menor, cumplida su mayoría de edad puede ejecutar esa solicitud de pensión retroactiva, sin depender de que su tutor o tutora lo hagan en su representación”.
Esto se da en búsqueda de hacer justicia social y legal a los menores que son abandonados por el padre (o en algunos casos la madre), quienes deciden ausentarse y no hacer frente a la responsabilidad de procurar los alimentos, en muchas ocasiones a raíz de una discapacidad, dejando a las madres solas con la responsabilidad de la crianza “estoy satisfecha – comenta la representante del Partido Acción Nacional – y muy contenta, porque veo que esas madres ven un aliciente, un estímulo para ayudarse y ayudar a sus hijos. He visto en las redes sociales los comentarios, y veo la solicitud de petición de ayuda, los gritos de auxilio, de quienes necesitaban algo así”.
Sin embargo, lo cierto es que en muchos casos, son justamente las personas que más necesitan este apoyo quienes no tienen los recursos para solventar un abogado, o en ocasiones, incluso desconocen cómo llevar este procedimiento, “estoy buscando un convenio de colaboración con el Tribunal, con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, para que tengan un apartado exclusivo de dos o tres abogados que estén recibiendo este tipo de asuntos para ayudar a esas personas que no tienen económicamente”.
“También hay un grupo de abogados que se han interesado por hacer este tipo de labor social, y se sumarán para apoyar a estas mujeres que no tienen el recurso para contratar un abogado, sobre todo orientarlas, porque muchas de ellas no saben a dónde ir, que hacer, y todo eso. Esto con la finalidad de que los abogados se puedan trasladar a Mulegé, a Loreto, a Comondu, Los Cabos, y aquí mismo en La Paz, para apoyar en el asesoramiento de estas mujeres. Es un proyecto muy ambicioso pero yo sé que lo vamos a poder lograr, y vamos a apoyar a muchas madres y padres”, puntualizó la diputada.
