Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó una reforma a la legislación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTE ZAC) que reduce de 60 a 30 días el pago de aguinaldo a las personas pensionadas en esa entidad. La decisión fue adoptada por el Pleno del máximo tribunal el 12 de enero de 2026, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida contra diversos artículos de la ley estatal.

La resolución confirmó la constitucionalidad del artículo 74 de la Ley del ISSSTE ZAC, el cual establece que los futuros pensionados recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de pensión en lugar de los 60 días que anteriormente otorgaba el sistema. Sin embargo, la Corte determinó que esta medida solo podrá aplicarse a quienes se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, por lo que no afectará a quienes ya cuentan con una pensión reconocida. La decisión marca un precedente en materia de seguridad social en el ámbito estatal, al considerar que la reducción del aguinaldo no viola el derecho humano a la seguridad social siempre que se respete el principio de no retroactividad y se protejan los derechos adquiridos de los pensionados actuales.

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El caso llegó al Pleno de la Suprema Corte luego de que el Poder Ejecutivo federal promoviera la Acción de Inconstitucionalidad 149/2024 para impugnar tres artículos de la ley reformada en Zacatecas. El análisis se centró principalmente en el artículo 74, que modifica el cálculo del aguinaldo para los pensionados del instituto estatal. Tras el debate entre los ministros, siete integrantes del tribunal votaron a favor de mantener vigente este artículo, con lo que se avaló la reducción del beneficio. En contraste, se declaró la invalidez de otras disposiciones de la misma ley que condicionaban el cumplimiento de las obligaciones del instituto a su capacidad financiera.

Los artículos invalidados fueron el 128 y el 128 Bis, los cuales establecían que el pago de prestaciones podría depender de la situación financiera y de la reserva técnica del organismo. La Corte determinó que estas disposiciones eran contrarias a la Constitución, al permitir que el Estado incumpliera sus obligaciones en materia de seguridad social por razones presupuestarias. En su argumentación, el tribunal sostuvo que el acceso y cumplimiento de las prestaciones sociales no puede depender de factores financieros indeterminados, pues ello podría afectar de forma desproporcionada el derecho de los trabajadores a recibir su pensión y otras prestaciones.

La reforma validada por la Suprema Corte modifica la manera en que se calcula el aguinaldo para los pensionados del sistema estatal de Zacatecas. Bajo el esquema anterior, quienes recibían una pensión del ISSSTE ZAC tenían derecho a un aguinaldo equivalente a 60 días de su pensión anual. Con el cambio legislativo, el beneficio se reduce a 30 días para las personas que se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma, aprobada por el Congreso estatal en 2024.

La Corte enfatizó que la reducción no puede aplicarse de forma retroactiva. Esto significa que quienes ya estaban pensionados o habían iniciado su trámite antes de la entrada en vigor de la norma conservarán el derecho a recibir un aguinaldo de 60 días. De acuerdo con el fallo, esta medida busca equilibrar dos principios: la protección de los derechos adquiridos de los trabajadores y la viabilidad financiera del sistema público de pensiones del estado.

Durante el análisis del caso, la Suprema Corte evaluó si la reducción del aguinaldo vulneraba el derecho humano a la seguridad social reconocido en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales. La mayoría de los ministros concluyó que la modificación no constituye una violación a este derecho, ya que el aguinaldo no forma parte estricta de la pensión base, sino de una prestación adicional que puede ser ajustada por el legislador bajo ciertas condiciones. Asimismo, el tribunal consideró que la reducción del aguinaldo responde a la necesidad de mantener la sostenibilidad financiera del instituto estatal de pensiones, el cual enfrenta presiones económicas debido al crecimiento del número de jubilados y a los compromisos presupuestarios del sistema.

La Corte señaló que, siempre que se respeten los derechos ya adquiridos y que la medida tenga una justificación razonable, el Congreso local puede introducir cambios en la legislación para garantizar la estabilidad del sistema de seguridad social. La discusión en el Pleno de la SCJN incluyó posturas divergentes entre los integrantes del tribunal. Mientras algunos ministros respaldaron la reforma por considerar que responde a una necesidad financiera del sistema de pensiones, otros manifestaron preocupaciones sobre sus posibles efectos en los derechos de los trabajadores.

Durante la sesión, se planteó que el problema financiero del instituto estatal no necesariamente debe trasladarse a los trabajadores pensionados. Sin embargo, el consenso mayoritario fue que el cambio legal es constitucional siempre que se aplique hacia el futuro y no afecte a quienes ya tienen una pensión reconocida. Finalmente, la votación concluyó con la validación del artículo que reduce el aguinaldo y con la eliminación de las disposiciones que permitían al instituto limitar sus obligaciones por razones presupuestarias.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas administra el sistema de pensiones de los empleados públicos de la entidad. En los últimos años, este organismo ha enfrentado presiones financieras derivadas del aumento en el número de jubilados y de los compromisos adquiridos con los trabajadores. Según autoridades estatales, la reforma que reduce el aguinaldo fue aprobada como parte de un conjunto de medidas orientadas a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en el largo plazo.

Los legisladores que respaldaron la modificación argumentaron que el objetivo principal es evitar un eventual colapso financiero del fondo de pensiones, lo que podría poner en riesgo el pago de las prestaciones a los trabajadores en el futuro.  La resolución de la Suprema Corte implica que el cambio en el cálculo del aguinaldo continuará vigente para los nuevos pensionados del sistema estatal.

En términos prácticos, quienes se jubilen bajo la nueva normativa recibirán un aguinaldo equivalente a 30 días de su pensión anual, mientras que quienes obtuvieron su pensión antes de la reforma mantendrán el beneficio original de 60 días. El fallo también establece que el ISSSTE ZAC deberá cumplir con todas sus obligaciones en materia de seguridad social sin condicionarlas a su situación financiera, luego de que el tribunal declarara inconstitucionales las disposiciones que permitían limitar los pagos por falta de recursos.

Especialistas en derecho constitucional han señalado que la resolución de la SCJN podría tener implicaciones para otros sistemas de pensiones estatales en México, especialmente aquellos que enfrentan problemas financieros similares. El fallo establece criterios sobre la posibilidad de modificar ciertas prestaciones siempre que se respeten los derechos adquiridos y se garantice la protección del derecho a la seguridad social.

Al mismo tiempo, la decisión reafirma que el Estado no puede condicionar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de pensiones a la disponibilidad de recursos, ya que estas prestaciones forman parte de los derechos laborales de los trabajadores. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de validar la reducción del aguinaldo a pensionados en Zacatecas representa un cambio significativo en la legislación del sistema estatal de pensiones. El tribunal determinó que la medida es constitucional, siempre que se aplique únicamente a futuras jubilaciones y no afecte a quienes ya cuentan con derechos adquiridos.

Al mismo tiempo, la Corte invalidó las disposiciones que permitían limitar el pago de prestaciones por razones financieras, reafirmando que el Estado debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social. Con esta resolución, el máximo tribunal resolvió un debate jurídico que se originó tras la reforma aprobada por el Congreso de Zacatecas y estableció criterios que podrían influir en futuras discusiones sobre la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones en México.

Referencias:

https://www.infobae.com/mexico/2026/01/13/suprema-corte-valida-la-reduccion-de-60-a-30-dias-de-aguinaldo-a-los-trabajadores-jubilados/»Suprema Corte valida la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo a los …»

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2026/1/12/ministros-avalan-reduccion-aguinaldos-de-pensionados-en-zacatecas-758519.html»Ministros avalan reducción a aguinaldos de pensionados en Zacatecas»

https://www.mibolsillo.com/retiro/scjn-sacude-a-jubilados-de-este-estado-avala-recorte-del-aguinaldo-a-la-mitad-20260113-0017.html»SCJN sacude a jubilados de este estado: avala recorte del aguinaldo a …»

https://www.milenio.com/politica/scjn-valida-reforma-reduce-aguinaldo-pensionados-zacatecas»SCJN valida reforma que reduce aguinaldo a pensionados de Zacatecas»

https://atiempo.mx/sucesos/suprema-corte-valida-la-reduccion-de-60-a-30-dias-de-aguinaldo-a-los-trabajadores-jubilados/»Suprema Corte valida la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo a los …»

https://politica.expansion.mx/mexico/2026/01/12/scjn-avala-reducir-pago-pensionados-issste»La SCJN avala reducir el pago del aguinaldo a pensionados del ISSSTE …»

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado Martín Escogido Flores, representante del XI Distrito Electoral y coordinador de la Fracción de Nueva Alianza en la XVII Legislatura, presentó en tribuna un resumen de las acciones y resultados alcanzados durante su primer año de trabajo, detallando la labor realizada al frente de sus responsabilidades legislativas con un enfoque cercano, transparente y basado en la escucha activa de la ciudadanía.

“Mi principal objetivo ha sido escuchar, gestionar y transformar las demandas de la población en iniciativas concretas, siempre con un enfoque cercano y transparente”, expresó el legislador.

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, encabezó la Consulta a Personas Indígenas y Afromexicanas en los cinco municipios del estado, en cumplimiento de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Como resultado de este proceso, presentó la iniciativa de Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur.

En el presente periodo de sesiones, y en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), llevó a cabo el primer ciclo de conferencias impartidas por arqueólogos, investigadores e historiadores, con el objetivo de destacar los hallazgos históricos y culturales de Baja California Sur.

Como presidente de la Comisión de Asuntos Educativos, impulsó la abrogación del Decreto 2614 y la creación del Parlamento Infantil Sudcaliforniano 2026 “Formando la nueva democracia sudcaliforniana”, buscando incluir los proyectos de la Nueva Escuela Mexicana y fomentar la participación cívica desde edades tempranas.

En materia de seguridad social y pensiones, se pronunció a favor de la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE para fortalecer los derechos de las y los trabajadores.

Asimismo, informó que en Comisiones Unidas se está llevando a cabo la consulta sobre la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado, en desahogo de la Acción de Inconstitucionalidad 85/2024.

El diputado también dio cuenta de la atención a temas primordiales como salud, educación, asistencia social y deporte en colonias y centros escolares, con énfasis en cerrar brechas de aprendizaje y fomentar la inclusión.

Finalmente, Martín Escogido Flores refrendó su compromiso de seguir trabajando de la mano de todas y todos para construir el bienestar social y no claudicar en la defensa de los derechos de las personas en Baja California Sur.

FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó por mayoría la armonización de su marco jurídico con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2021 para permitir la interrupción del embarazo a las 12 semanas de gestación, así se informó por medio de un comunicado de prensa por parte de la XVI Legislatura.

En una concurrida sesión este 02 de junio fueron aprobadas por mayoría de 16 votos a favor y 3 en contra, reformas a los artículos 151, 152, 153, 154 del Código Penal y a los artículos 60 y 62 de la Ley de Salud del Estado de Baja California Sur, derivado de una iniciativa ciudadana presentada por Mónica Iris Jasís Silberg. El dictamen fue elaborado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Igualdad de Género, mismas que solicitaron la dispensa de la lectura y del trámite parlamentario, el cual fue admitido por mayoría.

La iniciadora expuso que el espíritu de esta iniciativa es modificar el Código Penal vigente, no derogar por completo los artículos, pues, como se ha estipulado en otros estados, se propone mantener la punición para quien obligue a cualquier mujer a abortar sin su consentimiento. Se busca que el Código deje de criminalizar y sancionar a las mujeres que aborten por decisión personal y de manera libre y se busca garantizar que sea de manera segura y gratuita para salvaguardar su integridad y salud.

El dictamen de las comisiones unidas argumentó que es imprescindible que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como todas las decisiones sobre sus propios cuerpos, se conviertan en un derecho de todas las mujeres mexicanas. No es posible que mientras unas pueden gozar plenamente de este derecho, otras no sólo lo tengan restringido, sino que, además, sean castigadas, criminalizadas y encarceladas. Refirió que en Baja California Sur entre 2020 y 2022, han sido aperturadas 25 carpetas de investigación por lo que se considera el delito de aborto.

El marco legal actual permite la interrupción del embrazo en casos de violación o mal formación congénita del producto, con la reforma se homóloga la legislación estatal para despenalizar la interrupción del embarazo hasta los doce meses de gestación, argumentado en los principios de dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva, que reconoció la SCJN.

De acuerdo con el comunicado de prensa se fijaron diferentes posturas en pro y en contra de la iniciativa, en la discusión, el diputado Rigoberto Mares Aguilar (PAN) al manifestarse en contra de la dispensa de la segunda lectura y del trámite parlamentario, cuestionó si el sector salud está en condiciones de atender la demanda que se genere a partir de la aprobación, pues el documento no lo contempló; afirmó que la discusión claramente va en contra de lo que debiera ser un parlamento abierto y escuchar las diferentes voces, convocar expertos, foros, como se dijo, “el parlamento es precisamente hablar, escuchar y tenemos la obligación de hacerlo de cara a la gente de cara a las y los ciudadanos, y hoy se quiere legislar sobre las rodillas”, dijo en tribuna.

El diputado Armando Martínez Vega (PAN) se manifestó también en contra de la dispensa de la segunda lectura y trámite parlamentario por tratarse de la preservación de la vida, pidió una tregua y que se diera a la gente la oportunidad de que opinen “no podemos impedir que esta sesión se lleve a cabo, lo que queremos es que vaya consensada y discutida, porque temerle a la opinión de la gente, me da mucho gusto que sea una iniciativa ciudadana y eso lo tenemos que enriquecer con más opiniones”.

La diputada Paz Ochoa Amador (PRI) pidió a sus homólogos hacer el trámite parlamentario de la manera correcta, pues la iniciativa contempla temas que requerían de atención de estudio de consideración; como madre, como hija como amiga jamás voy a promover el aborto ni incitar a que lo hagan, dijo al señalar el reconocimiento al pronunciamiento de la SCJN y la armonización legislativa en la entidad.

El diputado Luis Armando Díaz (PT) afirmó que hay una gran deuda y un gran rezago histórico en el reconocimiento a los derechos de las mujeres; al manifestar su respaldo y apoyo a la dispensa solicitada hizo un llamado a sus homólogos para que así como se defiende la vida yo pregunto y la vida de las mujeres no importa, las mujeres que son abusadas que sean discriminadas que son criminalizadas y que sean mancilladas, es un derecho.

La diputada Marbella González (FXM) argumentó a favor, destacando que el objetivo principal es evitar que mujeres que tomen la decisión de tener que interrumpir su embarazo, vayan a prisión; evitar que se criminalice la pobreza, ya que en  el marco jurídico actual, quienes tienen suficiente capacidad económica solo tendrían que acudir a un Estado donde sea legal la interrupción del embarazo o acudir a un despacho jurídico para que por medio de un amparo, puedan solicitar la protección de la justicia federal, en caso de que alguna institución pública negara este servicio.

Por su parte la diputada Blanca Márquez (PAN) consideró que el dictamen extralimitó la jurisprudencia de la SCJN, se pretende aprobar fastrack, no se buscó el consenso ni se socializó; yo me pregunto cuál es la urgencia de permitir y propiciar la muerte de niñas y niños inocentes si la bandera de morena y pt es el ciudadano, que el pueblo decida, afirmó.

El diputado Christian Agúndez (PT) afirmó que el garantizar el pleno ejercicio de un derecho humano a la salud reproductiva de las mujeres, niñas, adolescentes y otras personas con capacidad de gestar sigue siendo uno de los grandes retos para el estado, por la falta de acceso a los servicios especializados en la interrupción del embarazo, “se trata de reconocer que la mujer puede desplegar de estos derechos desde sus propias características en un plano de igualdad de género que privilegia la capacidad de tomar decisiones responsables sobre su plan de vida, integridad”, afirmó.

La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto (Morena) expuso que la discusión sobre el aborto no puede verse como un debate entre quienes están a favor de la vida o en contra de ella, afirmó que el delito de aborto reduce a la mujer a un instrumento de reproducción, orilla a una clandestinidad mortífera y termia por castigar la pobreza, pues son las mujeres pobres las únicas que en realidad son perseguidas y procesadas por este delito.  “Son temas complejos. Seguramente se nos vendrá encima un mundo de señalamientos descalificándonos. No importa. Ya lo vivimos cuando salimos a trabajar hace varias décadas. Cuando buscamos y ganamos espacios políticos”, remató.

La diputada Eufrocina López Velasco (Morena) dijo sumarse al dictamen, me uno a esta iniciativa porque sé que es en pro y en defensa de mujeres que han sufrido violación a muy corta edad y en un momento confesó haber sufrido ella misma una violación a corta edad donde nadie hizo nada, dijo que en muchos años viviendo aquí hemos visto que nuestros derechos humanos se han violado y nadie hace nada.

María Guadalupe Moreno Higuera (Morena) dijo que la necesidad de la despenalización del aborto es más allá de una discusión sobre el bien jurídico tutelado, es la libertad y la decisión sobre el propio cuerpo y la vida de las mujeres; nadie tiene el poder de decidir sobre nuestra propia vida y con la apertura del aborto seguro se abre una ventana de paradigmas sociales y una eficacia en las trampas puestas para proteger el libre acceso a la salud de las mujeres. Cuántas mujeres  son encarceladas por la táctica de un aborto y las mujeres en situación de desventaja social son quienes más sufren las consecuencias de un bandidaje jurídico que no faculta a las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, precisamente por ser mujer, ya basta de que nos van debites, concluyó el comunicado de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó y resolvió en forma definitiva que son constitucionalmente validos los Artículos tanto de la Constitución local como de la Ley de Equilibrio Ecológico estatal, que establecen la obligación al Gobernador del Estado, de decretar zonas de salvaguarda, la diputada Milena Quiroga Romero propuso un punto de acuerdo para llamar al Ejecutivo estatal a publicar el decreto 2576 relativo a zonas de salvaguarda, en razón de ya no hay ningún impedimento jurídico, informó el Congreso de Baja California Sur.

Desde la tribuna, Quiroga Romero solicitó al Ejecutivo Estatal que cumpla con la obligación que el decreto 2576 establece a su cargo y proceda a la expedición del decreto o decretos relativos a las Zonas de Salvaguarda Territoriales para Prevención de la Contaminación previstas tanto en la Constitución Política como en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental de Baja California Sur.

Recordó que la reforma aprobada por unanimidad de la XV Legislatura y ratificada por la SCJN, tiene la finalidad de poder evitar la práctica de cualquier tipo de actividad o actividades que causen o puedan causar contaminación, desequilibrio ecológico o afectación al equilibrio de los ecosistemas.

Por ello, las modificaciones fueron para otorgar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal la facultad de decretar por causas de utilidad pública Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación.

Quiroga Romero explicó que después de desahogados los tramites de ley el 11 de enero de 2021, la Suprema Corte de Justicia confirmó lo legislado por el Congreso respecto de las zonas de salvaguarda, no dándole la razón a quienes la interpusieron.

Destacó que, por otro lado, la comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión exhortó a todos los congresos locales del país a armonizar y fortalecer su legislación local en materia de justicia ambiental.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Integrantes de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur acordaron suspender las sesiones ordinarias o extraordinarias hasta el 27 de octubre o bien antes, hasta en tanto se conozcan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a los incidentes de suspensiones de controversias constitucionales promovidas por el Poder Ejecutivo y diputadas y diputados, informó el Congreso sudcaliforniano.

En sesión celebrada el martes 06 de octubre, previa reunión en la que se acordó celebrar dicha sesión y se ratificó a la mesa directiva presidida por la diputada Mercedes Maciel, se sometió a votación la propuesta de la diputada presidenta, la cual fue aprobada por mayoría de 19 votos y la abstención de la diputada Milena Quiroga.

La diputada Maciel Ortiz añadió que en días pasados se presentó una excitativa de justicia ante la SCJN para solicitar se resuelvan esas controversias constitucionales 63/2020 y 84/2020 a la brevedad; exhortó a sus homólogos para que en ese periodo se responsabilicen más, conforme al trabajo en las comisiones y sus agendas.

Durante la sesión se aprobó también que la comisión de educación que preside el diputado Esteban Ojeda Ramírez coordine el acto cívico solemne de la conmemoración del 46 Aniversario de la conversión de territorio a Estado de Baja California Sur, el cual se llevará a cabo el 8 de octubre en la Sala de Sesiones del Congreso del Estado.