Baja California Sur: el costo oculto de vivir en un paraíso turístico

IMÁGENES: IA.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, la prosperidad turística tiene brisa marina, pero la vida cotidiana suele tener polvo, recibos vencidos y trayectos largos. En Los Cabos, La Paz y otras zonas de crecimiento acelerado, el desarrollo se mira en hoteles ocupados, restaurantes llenos, construcciones nuevas, aeropuertos activos y fraccionamientos que avanzan sobre el territorio. La postal funciona. La economía turística también. Pero cuando esa abundancia cruza la puerta de una casa trabajadora, cambia de nombre: renta, gasolina, mandado, agua, transporte, luz.

El Estado vive una paradoja difícil de mirar de frente. De acuerdo con datos públicos, Baja California Sur mantiene una economía asociada al turismo, la construcción, los servicios y el comercio, con una población ocupada de alrededor de 450 mil personas en el primer trimestre de 2025. El salario promedio mensual reportado para la entidad fue de 12.3 mil pesos; entre trabajadores formales, 14 mil pesos, y entre informales, 9.42 mil. La cifra parece alta frente a otros territorios, pero en una península turística el ingreso se mide contra precios que no caminan: corren.

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El salario mínimo general en México subió en 2026 a 315.04 pesos diarios. Es un avance real. Pero en Baja California Sur la pregunta no termina en cuánto gana una persona, sino cuánto le cuesta permanecer donde trabaja. Porque el paraíso no solo cobra a quien llega de vacaciones; también cobra a quien lo limpia, lo construye, lo cocina, lo transporta y lo mantiene abierto.

La vivienda es el primer golpe. En marzo de 2026, un reporte local ubicó a Los Cabos entre las zonas más caras para rentar en México, impulsada por un mercado inmobiliario orientado al turismo de lujo y a la presencia extranjera. La explicación económica es conocida: donde el suelo se vuelve mercancía turística, vivir cerca del empleo se convierte en privilegio. La consecuencia humana es más dura: trabajadores que sirven al destino, pero no pueden habitarlo.

Así se ensancha la ciudad invisible. La que no aparece en los folletos. La de quienes salen antes del amanecer desde colonias periféricas, hacen cuentas para cargar gasolina, esperan transporte, comparten vivienda o destinan medio ingreso a un cuarto. Según reportes locales sobre costo de vida en La Paz, un adulto necesitaría alrededor de 19,600 pesos mensuales para vivir con estabilidad en Baja California Sur, cifra superior al salario promedio mensual estatal reportado por Data México. Ese cruce de datos no prueba por sí solo todas las historias familiares, pero sí muestra una tensión central: el ingreso promedio no siempre alcanza para una vida completa.

El supermercado confirma lo que las estadísticas apenas alcanzan a sugerir. En una península larga, dependiente de mercancías que llegan por carretera, barco o avión, los básicos cargan distancia. El huevo, la leche, la carne, el arroz, el tomate, el agua embotellada, los productos de limpieza y los útiles escolares no solo tienen precio: tienen ruta. Cada kilómetro se suma a la cuenta final. Para una familia trabajadora, el mandado no es una compra; es una negociación semanal con la renuncia.

Los datos laborales, vistos sin contexto, pueden engañar. Baja California Sur suele aparecer con buenos ingresos comparativos y baja desocupación. Pero el problema no es únicamente tener empleo. Es que el empleo alcance. Es que el sueldo permita rentar sin hacinamiento, trasladarse sin perder horas de vida, comer sin deuda, pagar servicios sin escoger cuál recibo dejar para después. Medios locales han recogido esa percepción ciudadana: en Los Cabos se gana más que en otros lugares, pero también se gasta más. La frase, repetida en distintas formas, resume una economía donde el salario sube la escalera y el costo de vida toma el elevador.

El agua vuelve más áspera la contradicción. En Cabo San Lucas, autoridades y actores locales han reconocido un déficit grave: la delegación recibía alrededor de 480 litros por segundo, pero requería cerca de mil para garantizar el abasto. También se señaló que la infraestructura beneficia más a unas colonias que a otras. En 2026, OOMSAPAS Los Cabos informó proyectos hídricos por 260.3 millones de pesos y el reequipamiento de la desaladora número 1 para elevar su capacidad. La inversión es necesaria, pero también revela lo que el crecimiento dejó pendiente: primero llegó la expansión, después la urgencia por sostenerla.

Baja California Sur no está pagando el precio de ser bello; está pagando el precio de haber permitido que la belleza se administrara como negocio antes que como territorio habitable. El turismo no es el enemigo. Da empleo, mueve comercio, atrae inversión. El problema aparece cuando el desarrollo se mide por ocupación hotelera y no por tiempo de traslado; por derrama económica y no por renta familiar; por metros construidos y no por litros de agua disponibles; por visitantes recibidos y no por trabajadores expulsados a la periferia.

Las salidas no son misteriosas: vivienda asequible cerca de los centros laborales, transporte público digno, regulación seria de rentas temporales, planeación urbana con agua garantizada, salarios regionales vinculados al costo real de vida, transparencia en permisos inmobiliarios y una política turística que asuma su deuda social. Lo difícil no es saber qué hacer; lo difícil es tocar intereses que han aprendido a llamar progreso a cualquier construcción frente al mar.

En Baja California Sur, el paisaje sigue siendo deslumbrante. El mar conserva esa claridad que parece prometer una vida más simple. El desierto continúa ardiendo con una belleza seca, antigua, indiferente. Pero ninguna postal puede ocultar indefinidamente a quienes sostienen el destino desde el cansancio. Porque el verdadero costo de vivir en un paraíso turístico no aparece en la cuenta del hotel ni en el folleto de inversión: lo pagan, todos los días, quienes hacen posible que el paraíso abra sus puertas.

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Anuncian que salario mínimo ha incrementado 113% de 2019 a 2024

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La Paz, Baja California Sur (BCS).  A través de un boletín de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, la idea del actual gobierno es y ha sido fortalecer el salario mínimo general cada año hasta alcanzar la meta en que cada familia pueda tener lo mínimo indispensable su subsistencia y tener una mejor calidad de vida, esto de acuerdo a la diputada María Luisa Trejo Piñuelas.

Así en la primera sesión ordinaria de la Diputación Permanente hizo un comparativo del incremento del salario mínimo desde 2019 a 2023, iniciando en el 01 de enero de 2019 en los $176.72 pesos en zona fronteriza y en los $102.68 pesos en el resto del país significando un incremento del 16% hasta el 01 de enero de 2024 en los $ 374.89 en zona fronteriza y $248.93 pesos en el resto del país, significando un 20% de incremento respecto del ejercicio anterior de 2023.

Destacó que, el salario mínimo general en el país ha tenido desde el año 2019 a este año 2024, un incremento del 113 %; y con los incrementos continuos al salario mínimo general en México durante la actual administración gubernamental, le ha permitido convertirse en el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que más ha aumentado el salario mínimo.

Trejo Piñuelas quien se desempeña como Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social en la XVI Legislatura dijo que un trabajador o trabajadora en la Zona Libre de la Frontera Norte tendrá en este año 2024 un ingreso mensual mínimo de 11 mil 246 pesos, en tanto, que para el resto del país un trabajador o trabajadora, tendrá un ingreso mensual mínimo en el presente año 2024 de 7 mil 467.90 pesos.

Finalmente, la legisladora se pronunció porque este año 2024, las condiciones laborales de los y las trabajadoras en nuestro país, sean llevadas a una posición cada día más digna, concluyó el comunicado de prensa.




Gestiona diputado en defensa de jubilados y pensionados del ISSSTE

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La demanda de que el sistema de pago de pensiones de los jubilados y pensionados del ISSSTE se regrese al equivalente al salario mínimo y se deseche definitivamente el sistema de pagos mediante UMAS (Unidad de Medida de Actualización) implementado por el gobierno federal en 2017, está más vigente que nunca,  y con posibilidades de hacerse pronto una realidad, comentó el diputado, Esteban Ojeda Ramírez, representante del III distrito electoral y presidente de la Comisión de Educación en la XV Legislatura, informó el Congreso del Estado.

Señaló el diputado de extracción morenista, que el grupo de promotores de esta petición, integrado por algunos legisladores sudcalifornianos y de otros congresos estatales, acordaron que impulsarán que las legislaturas de todo el país aprueben puntos de acuerdo para enviar  exhortos dirigidos al Senado de la República, a fin de que  reactive el dictamen ya elaborado para aprobar el cambio del sistema de pago; a la Cámara de Diputados para que incorpore en el presupuesto de 2020 el impacto presupuestal correspondiente y también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Dirección General de ISSSTE, en estos casos con la petición de que se apliquen los mecanismos pertinentes.

Esteban Ojeda aseguró que los frentes estatales y organizaciones de pensionados y jubilados están confiados, pero muy participativos en la consecución de esa demanda primordial para el gremio y apoyada por sindicatos y asociaciones diversas y aclaró, que en el caso de los profesores, el poder adquisitivo crecería en casi una sexta parte, pues  con el sistema actual son despojados de más de 5 mil pesos mensuales.

Informó que la Coalición Nacional de Pensionados y Jubilados están convocando a presentarse en el Palacio Nacional durante la conferencia mañanera el 29 de agosto para solicitar  también al Ejecutivo Federal que interceda en el poyo a la  iniciativa de Reforma del artículo 123 Constitucional, fracción sexta y Tercero transitorio para que las prestaciones de seguridad social se calculen de nuevo en salario mínimos, dijo.