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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este día, los diputados del Partido Encuentro Social, Lorenia Lineth Montaño Ruíz, Rigoberto Murillo Aguilar y Perla Guadalupe Flores Leyva, presentaron proyecto de decreto para instituir en Baja California Sur el llamado “Pin Parental”; se trataría de una herramienta para que los padres de familia puedan oponerse a que sus hijos reciban educación en temas controvertidos como la sexualidad, tanto en escuelas públicas como privadas.

La propuesta es que se reforme los Artículos 9º y 10º. de la Constitución Política del Estado para establecer que “los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad tendrán derecho a expresar su oposición o negativa a que su hijo o pupilo participe en actividades que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”, se lee en el documento oficial.

Además, se pretende intervenir en la participación de los educados en charlas, talleres o actividades que afecte lo que en el documento señala como “cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre sexualidad”, lo que debería ser informado previamente a los padres o tutores y requerir su autorización formal y por escrito, para que los menores reciban educación sobre temas “que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad”.

Aunque estos conceptos que no se desarrollan claramente en el documento, se podría inferir que la idea es que los padres de familias podrían impedir que sus hijos participen en temas con contenido relacionado con sexualidad o promoción de igualdad en cuestiones de género.

Así, finalmente la reforma busca que sean los padres o tutores quienes autoricen los planes educativos de las escuelas, al proponer un candado constitucional que obligaría a las autoridades a someter las actividades educativas a las opiniones que, con bases religiosas o morales, los padres tuvieran contra el programa de estudios.

El documento dice que “será obligación de las autoridades educativas tanto públicas como privadas, pedir por escrito de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, su consentimiento con el contenido de las actividades dentro del proceso educativo, y acatar la decisión de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad en cuanto al proceso educativo de los alumnos y por lo tanto deberán respetar su oposición o negativa a que sus hijos o pupilos participen en actividades que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante los altos e irregulares cobros del servicio de agua potable en La Paz, que han alcanzado a instituciones educativas de nivel medio superior y superior, la fracción del Partido Encuentro Social (PES) presentó un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado llame a los alcaldes, alcaldesas y a los cinco organismos operadores de agua potable, para que ofrezcan soluciones a las instituciones que, por aplicarles tarifas comerciales, han rebasado adeudos estratosféricos, informó el propio Congreso de Baja California Sur.

El diputado Rigoberto Murillo Aguilar, de la fracción del PES, expuso que los organismos operadores de agua, específicamente el de La Paz, aplica tarifa comercial a instituciones educativas, por lo cual instituciones como CBTIS, CETMAR, CEB, Instituto Tecnológico Nacional de México, CECATI entre otros, han generado millonarios adeudos, impagables, ya que no cuentan con recursos asignados para cubrir el concepto, recurriendo a cuotas voluntarias de padres de familias.

Presentó el ejemplo del CBTIS 62, al que desde el año 2018 se le hace el cobro mensual con tarifa de 30 mil pesos, incluyendo periodos de vacaciones, cuando no hay alumnos, y, por ende, el consumo disminuye considerablemente, “aquí lo lamentable es que la situación ha sido provocada por que el cobro de servicio de agua potable y alcantarillado, se efectúa bajo la tarifa de usuarios comerciales, como si las escuelas fueran empresas o negocios, pero estas escuelas al no tener recursos asignados por la Federación para el pago del servicio de agua potable, se debe realizar por medio de ingresos propios, que son producto de la cooperación voluntaria de los padres de familia, pero al no ser obligatoria esta cooperación, no se obtienen recursos suficientes”.

Añadió que los directores de estos planteles han realizado múltiples gestiones ante las direcciones comerciales de los Organismos Operadores en los 5 Municipios que integran la geografía estatal, sin embargo, sólo han recibido respuestas en sentido negativo y en algunos casos ya se está aplicando el corte del servicio.

El iniciador señaló que la nueva Ley de Hacienda para La Paz, permite que el Organismo Operador fije esas tarifas y las aumente sin que exista control por parte del Congreso del Estado.

En la sala de comisiones Armando Aguilar Paniagua se contó con la presencia de personal administrativo y maestros del CECATI39,  CBTIS62, CTIS, CETMAR, CBTAS y del Instituto Tecnológico de La Paz, quienes entregaron un documento a la presidenta de la Diputación Permanente, diputada Elizabeth Rocha Torres.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La fracción del Partido Encuentro Social presentó una iniciativa a fin de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, otorgando una atribución más al Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para que elabore, difunda y promueva contenidos orientados a la erradicación de la discriminación, informó el Congreso del Estado.

La fracción integrada por las diputadas Perla Flores Leyva, Lorenia Montaño y el diputado Rigoberto Murillo, busca reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Baja California Sur, emitida en diciembre de 2006 y reformada en diciembre de 2016.

Expone que la atribución de emitir materiales preventivos no está actualmente entre las concedidas al Consejo local, las cuales, a decir del grupo parlamentario, son de suma importancia para lograr el objeto de esta ley “prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, minoría, grupo o colectivo”.

La propuesta de reforma es al Artículo 20 de dicha ley que quedaría como sigue: “Son atribuciones del Consejo Estatal para la Prevenir y Eliminar la Discriminación: I. En materia de prevención: Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio, expedir reconocimientos a las instituciones y organizaciones que se distingan por la instrumentación de medidas antidiscriminatorias y a favor de la igualdad de oportunidades en el Estado de Baja California Sur. Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y divulgación. Adicionalmente, se promoverá la prevención y erradicación del discurso de odio, en coordinación con las instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.”

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó la iniciativa que crea la Ley de Comunicación Social para el Estado de Baja California Sur, la cual consiste en una armonización con la Ley General, con el fin de normar los gastos de promoción y difusión oficial que los entes públicos contraten en medios de comunicación y que deberán observar para priorizando la eficiencia de los recursos públicos y transparentarlos, paralelamente crea un padrón estatal de medios de comunicación, informó el Congreso del Estado.

La propuesta de ley fue presentada el 4 de octubre de 2018 por los diputados Perla Flores Leyva, Lorenia Montaño Ruiz, Rigoberto Murillo Aguiar y Soledad Saldaña, y fue dictaminada por las comisiones unidas de Comisiones y Transportes y Asuntos Fiscales, tras un largo periodo de análisis con los medios de comunicación y organizaciones como la Asociación de Reporteros Sudcalifornianos (ARSAC), a través de tres mesas de trabajo llevadas a cabo en diferentes fechas.

La legislación emana de la Ley General de Comunicación Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, comenzando su vigencia a partir del 01 de enero de 2019,estableciéndose que a la par del Congreso de la Unión, los Congresos Locales deberán armonizar su legislación en términos de la misma.

La Ley de Comunicación Social para el Estado de Baja California Sur consta de 42 artículos divididos en once capítulos: de Disposiciones Generales; Reglas de la Comunicación Social; el del Gasto en la Comunicación Social; el de la Difusión en la Comunicación Social durante los Procesos Electorales; el de la Estrategia, Programación Anual y Campañas de Comunicación Social; el del Mensaje Extraordinario; el de la Vigilancia y Control de la Contratación de la Comunicación Social; el del Padrón Estatal de los Medios de Comunicación; el de la Revisión y Fiscalización de los Recursos Públicos en Materia de Comunicación Social; de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y el de las Infracciones y Sanciones.

En sus Artículos 32 a 34 establece que “Los Medios de Comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social a que se refiere la presente Ley, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría General de Gobierno. La información contenida en el Padrón Estatal de Medios de Comunicación será pública y accesible a distancia”.

En su Artículo 18 establece que “durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda Campaña de Comunicación Social en los Medios de Comunicación con Cobertura Geográfica y ubicación en el Estado”.

La iniciativa de ley fue aprobada por unanimidad y fue enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su entrada en vigencia.