Piden reformas en materia de revocación de mandato para Gobernador de BCS

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Rosalva Vergara Martínez exhortó a sus homólogos del Congreso del Estado como a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, para que se someta a discusión y aprobación el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley de Participación Ciudadana del Estado en materia de revocación de mandato y que también se expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California Sur, se informa a través de un comunicado oficial.

En su segunda intervención en tribuna, la legisladora refirió que el 30 de noviembre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el Decreto 2990, referente a reformas y adiciones a la Constitución estatal en materia de revocación de mandato, con el que se otorga a los ciudadanos sudcalifornianos el derecho de contar con un instrumento de participación ciudadana, que les da la posibilidad de determinar o no, la conclusión anticipada de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo, el cual “se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”, como indica el Artículo 28 de la Constitución local en su Fracción VII.

Así también, se refirió a una iniciativa para dar cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio de dicho decreto, iniciativa que fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia durante la sesión de este martes, señala el boletín de prensa del Congreso del Estado.

La legisladora reparó en que, a partir de agosto de este año, los sudcalifornianos podrán hacer uso, de así decidirlo, de su derecho constitucional de solicitar la revocación de mandato del Gobernador del Estado, lo cual se dificulta al no contar con las adecuaciones correspondientes a las leyes en la materia, ya que la legislación indica que “los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto Estatal Electoral emitirá, a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas”.

Finalmente, señaló que como parte de su trabajo iniciado hace algunas semanas, está analizando las leyes vigentes en el Estado y lleva a cabo estudios de derecho comparado con la legislación federal y con otras legislaciones estatales, ya que “no se debe olvidar que las leyes se encuentran en constante evolución, y este congreso no puede permitir que nuestra normatividad estatal se encuentre desfasada o contraria a derecho”.

Proponen Ley de Revocación de Mandato del Estado de BCS

FOTO: Congreso de BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por medio de un comunicado de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, el diputado Armando Martínez Vega presentó en sesión ordinaria de este jueves 7 de diciembre, iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Participación Ciudadana en Materia de Revocación de Mandato y que expide la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Baja California Sur.

Propone la Ley de Revocación de Mandato, que está integrada con 53 artículos, divididos en 5 títulos y 14 capítulos, para regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos sudcalifornianos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

La ley establece el proceso de revocación de mandato como un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, a partir de la pérdida de la confianza, así como los requisitos y particularidades para la revocación de mandato, además de las atribuciones de las autoridades competentes.

Así mismo, establece el proceso que ha de llevarse a cabo para la revocación de mandato, regula de manera puntual la fase previa, el inicio del proceso de revocación de mandato, la convocatoria, la verificación de apoyo ciudadano, la organización, la difusión del proceso, los actos previos a la jornada de revocación de mandato, la jornada de revocación de mandato.

Finalmente, de la misma manera norma lo concerniente a los resultados de la Jornada de revocación de mandato, la vinculatoriedad de estos y en su caso la separación del cargo, concluyó el comunicado de prensa.

El laberinto de la revocación de mandato

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Se denomina revocación de mandato al procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden destituir por votación a un funcionario público antes de que concluya el periodo para el cual fue electo.

Teóricamente, los mismos que eligieron al gobernador lo pueden destituir. En el caso de Baja California Sur, la única causa reconocida constitucionalmente es la pérdida de la confianza, elemento subjetivo sujeto a motivaciones que no necesariamente representan la mejor alternativa para la vida democrática del Estado.

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El único requisito jurídico es que el procedimiento de revocación sea sancionado por la autoridad judicial, a efecto de garantizar el debido proceso y la tutela efectiva de los derechos humanos involucrados.

El que la ciudadanía pueda revocar el mandato, es una alternativa volitiva y caprichosa al proceso de destitución mediante juicio político ante el Congreso local, por alguna de las causales previstas en la ley estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La destitución por revocación de mandato no requiere una falta grave, solo requiere la voluntad colectiva manifestada así en un voto mayoritario. 4 de cada 10 inscritos en el padrón electoral así lo pueden decidir, sin que exista motivo objetivamente palpable.

En contra partida, el juicio político exige la comisión por acción u omisión de un acto ilícito, en perjuicio del servicio público que puede o no afectar al erario, pero que trastoca los valores tutelados por el marco legal estatal. Puede incluso devenir en sanciones de tipo penal.

Creemos que, si un gobernador incumple con el mandato, debe ser sancionado, no solo destituido mediante una revocación, y, por otra parte, es posible que el gobernador esté haciendo bien su trabajo, pero una movilización eficiente de fuerzas políticas opositoras, pude destituirlo, solo por afectar intereses de particulares con el poder suficiente para manejar el procedimiento de revocación.

En otras palabras, la revocación no requiere causal comprobable y es el votante el que decide, mientras que en la destitución por juicio político es el Congreso el que decide, pero requiere causa cierta y probada en un procedimiento controversial sujeto a las reglas del debido proceso.

En teoría es muy sencillo el procedimiento para la revocación del mandato, pero en la práctica es un laberinto costoso y de resultado favorable poco probable suponiendo que quisiéramos revocar el mandato al actual gobernador, tendríamos que solicitar el procedimiento de revocación dentro de los primeros tres meses de su cuarto año de mandato. No antes, no después. Debe reunirse la firma de por lo menos el equivalente al 10% del total del padrón electoral inscrito en el Estado, y representar al menos a 3 municipios con un idéntico mínimo porcentual de cada uno de ellos.

Al 28 de julio de 2023, la Lista Nominal de Baja California Sur (https://ine.mx/transparencia/datos-abiertos/#/archivo/datos-por-rangos-de-edad-entidad-de-origen-y-sexo-del-padron-electoral-y-lista-nominal-2023) tenía 594,346 electores: 290,833 mujeres (48.9%) y 303,513 hombres (51.1%) divididos en cinco municipios: Los Cabos 256,997, La Paz 222,740, Comondú 57,111, Mulegé 43,917, Loreto 13,074, y 507 sudcalifornianos registrados en el extranjero, los cuales no fueron contemplados en la reforma constitucional.

Lo anterior significa que, para pedir la apertura del procedimiento de revocación de mandato, necesitamos reunir un total de 59,435 firmas de las cuales, considerando los 3 municipios menos poblados, 5,712 serían de Comondú, 4,392 de Mulegé y 1,308 de Loreto, los restantes 48,023 pueden ser de cualquier parte de la República Mexicana, pues la reforma constitucional (gracias a ese maldito vicio de copiar pegar sin leer antes de publicar) no establece como requisito radicar en Baja California Sur.

Se organiza todo el procedimiento ante el Instituto Estatal electoral, se lleva a cabo la votación y entonces, si consideramos que el actual gobernador ganó la elección con 125,736 votos y la reforma exige que participe por lo menos el 40% de los votantes en la entidad para revocarle el mandato se necesita el voto favorable por mayoría absoluta de entre un mínimo de 235,739 ciudadanos inscritos en la lista nominal de lectores.

En síntesis, para revocar el mandato del actual gobernador, se necesitan en las urnas 117,871 votos a favor de la revocación, tras un proceso complicado y costoso, en el que está prohibido usar recursos públicos para la recolección de firmas, promoción y propaganda a favor o en contra.

Solo el Instituto Estatal Electoral promoverá de manera objetiva, imparcial únicamente con fines informativos, la participación ciudadana y será la única encargada de la difusión del evento.

Ningún particular podrá contratar propaganda en medios tendiente a influir en la opinión ciudadana, y durante la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, se suspenderá la propaganda gubernamental. Solo podrá difundirse información relativa campañas de salud, servicios educativos y las necesarias para la protección civil

En conclusión, consideramos más efectivo, justo, funcional y económico fomentar la participación de los habitantes de la entidad en ejercicios de Contraloría Ciudadana, denunciar y llevar a juicio político al gobernador y/o a todo servidor público que incurra en responsabilidad durante el ejercicio de su mandato.

Cárcel e inhabilitación a funcionarios deshonestos, en vez de emprender complicados costosos, veleidosos, manipulables e inciertos procedimientos como el que se plantea en la reforma constitucional estatal que establece la llamada revocación de mandato.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

La Ley Seca no aplicará en Los Cabos del 8 al 10 de abril

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). Este fin de semana, en varios estados del país se implementará la prohibición de venta de bebidas alcohólicas con motivo de la consulta ciudadana de Revocación de Mandato, proceso a realizarse este domingo 10 de abril; no obstante, al ser un municipio turístico y con una gran demanda de servicios en la presente temporada alta de visitantes nacionales e internacionales, el municipio de Los Cabos no aplicará esta medida.

Lo anterior, se da a conocer por medio de un comunicado de prensa por parte del Ayuntamiento de Los Cabos, luego de que en diferentes medios de comunicación circulara una información respecto a que la denominada Ley Seca, programada del viernes 08 al domingo 10 de abril.

Al considerarse que esta medida afectaría de manera considerablemente al principal sector económico de Los Cabos, autoridades del Ayuntamiento desestimaron la intención que a nivel nacional se realizará por la consulta ciudadana de este domingo 10 de abril, concluyó el comunicado.

La revocación de mandato no es para AMLO

La Última Trinchera

Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En un ejercicio democrático sin precedentes en México, este domingo 10 de abril se realizará la revocación de mandato; una acción que es fruto del esfuerzo de millones de mexicanos que desde hace décadas intentamos mejorar este país. El catalizador de la Cuarta Transformación (4T), el movimiento social más amplio y democrático que hemos tenido en el pasado reciente, es sin duda Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien es el principal promotor de la evaluación en las urnas de lo que hasta ahora ha sido su administración; lo que lo reafirma como un hombre que se somete a la voluntad popular, cuando esta emana de la mayoría.

No debemos dejar de lado que existen un puñado de opositores al avance democrático de este país y que en ocasiones se manifiestan en desnutridas marchas y confusas protestas, como vimos el domingo pasado, cuando algunos desubicados coreaban y ensalzaban en pancartas la frase: Terminas y te vas. El que esos pocos detractores de López Obrador, le exijan que se quede a terminar su mandato, cuando tienen la oportunidad de quitarlo mediante una votación democrática, es el síntoma más claro de lo disminuida y confundida que se encuentra la oposición a la Cuarta Transformación.

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Con la mayor aceptación nacional de su mandato, incluso superior a los meses inmediatos a su toma de protesta en 2018, que estaba por arriba del 66.28% a principios de 2019, hoy AMLO está en su mejor momento y es posible que la revocación de mandato lo consolide al frente de este país. Y es que el verdadero propósito de esta votación es establecer, para los sexenios subsecuentes, un precedente democrático que nos permita a los ciudadanos evaluar el desempeño presidencial, y en su caso sancionar al presidente en turno con la remoción de su cargo, si es que sus acciones fuesen contrarias al bienestar nacional; y eso, por sentido común, debería ser del interés de todos los mexicanos, independientemente de sus filias y fobias políticas, de su clase social y de su nivel de intelectualidad; pues nada nos garantiza que en adelante no tengamos presidentes corruptos o ineptos, como los que ya hemos tenido antes de la 4T.

Para que esta primicia democrática funcione y se establezca de ahora en adelante para evaluar los primeros tres años de cada sexenio presidencial, se requiere de la mayor participación social posible; es así que es fundamental para el desarrollo progresista y democrático de México que este domingo 10 de abril ejerzamos nuestro derecho ciudadano para evaluar a un funcionario público. Se ratifique o no la popularidad de Obrador, lo importante es que aprendamos a evaluar, enjuiciar públicamente, y someter a nuestra voluntad como pueblo a cada uno de nuestros presidentes. Así es que, haga suya esta oportunidad histórica de ejercer y ampliar su poder sobre nuestros gobernantes. Y sí la confundida y menguada oposición no quieren que AMLO se vaya, allá ellos, nosotros no desperdiciemos el poder ciudadano que hoy tenemos la posibilidad de hacer nuestro para el futuro.

Polilla política: Que la oposición quiera que AMLO siga gobernando, es el mejor síntoma de la ineptitud política de los partidos de derecha, que en vez de legislar juegan con Legos.

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