FOTOS: Noé Peralta Delgado.

Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS). El tema de la propiedad ejidal resulta siempre muy polémico debido al papel que ésta tiene en la actividad económica del país. En lo que respecta a Baja California Sur, se observa que la mayoría de los ejidos aún viven en el atraso económico, muchas veces los ejidatarios poseen amplias superficies de tierra improductivas y sin trabajar; sin embargo, la figura de los ejidos fue fundamental dentro del desarrollo del siglo XX, principalmente estuvo asociada a la Reforma agraria revolucionaria; en la entrega anterior de este artículo se puede profundizar más acerca del origen de los ejidos y su historia.

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Se dice que no hay malas ideas, sino que las personas que están al frente de éstas son las que ocasionan que dichas ideas fracasen; en la entrega anterior nos quedamos en el año de 1992, cuando se completó el reparto agrario y se dio por finalizado este histórico período, en el que se pretendió hacer justicia y darle a vida al lema La tierra es de quien la trabaja, que hiciera famosa el líder revolucionario Emiliano Zapata. La finalidad de esas causas, eran la reivindicación de los campesinos a los derechos de la propiedad de las tierras labradas.

No obstante, cuando el Gobierno de México inició el reparto agrario entre los campesinos, paralelamente debió introducirse un sistema de educación y profesionalización de la actividad agrícola entre los beneficiados de este programa. El reparto de tierras “entre quienes la trabajan” en esencia no está mal, pero fue la estrategia en la que se dio dicha distribución la que no funcionó; para entender mejor la situación, tomemos como ejemplo el caso de un padre que tiene la necesidad de repartir sus riquezas y propiedades entre sus hijos, ahora imaginemos que los vástagos carecen de educación, preparación y objetivos; cualquiera sabe que dicha riqueza está condenada al fracaso. Algo semejante sucedió con los ejidos.

Mientras se repartían tierras a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, se ofrecían créditos accesibles y apoyos económicos para adquirir equipo o invertir en la siembra, por lo que el ejidatario “sobrevivió” durante ese tiempo gracias a la generosa ayuda de los gobiernos en turno a cambio de tener a los campesinos y comunidades dentro “del huacal político”, incluso se empezaron a forjar lideres ejidales que usaban a sus agremiados para beneficio propio, ya sea en cargos políticos o para conseguir buena vida económica familiar. Cuando ya no quedaban propiedades por repartir, después de 36 años de altibajos en la distribución de predios a ejidatarios, llegamos al 6 de enero de 1992, fecha en que se publica en el Diario Oficial de la Federación que se dio por concluida la repartición de terrenos y sucede lo inimaginable para los precursores de la Reforma Agraria, ya que se modificó el Sistema de Propiedad Ejidal y se inició el proceso de privatización con la incorporación de las tierras al mercado, o dicho de otra manera, los predios comunales podrían ser negociados entre particulares y vendidos a cualquier persona.

Aquel 6 de enero del 92, cuando se publicó la reforma del Artículo 27 constitucional, se dio el siguiente argumento: “el campo ocupa un programa integral de apoyo para capitalizarlo, abrir opciones productivas y construir medios efectivos que protejan la vida en comunidad”. Para emitir una opinión al respecto hay que establecernos en un contexto, ya que los tiempos no son los mismos en 1917 —fecha que inició la repartición de propiedades ejidales— que en la actualidad, ni en México ni en el mundo. Mientras que al inicio del siglo pasado los avances tecnológicos y las luchas sociales eran muy diferentes a hoy en día, encontramos que el sistema comunal de tierras que se ejerció en México no obtuvo los resultados esperados, no obstante, tampoco se puede aprobar una venta indiscriminada de predios por parte de los ejidos, sobre todo porque estas propiedades pueden caer en manos de empresas mineras o empresas extranjeras. En Baja California Sur, dicha situación se presenta mayormente en la parte sur del Estado, en donde han surgido conflictos entre ejidatarios y particulares por ver quién se queda con más tierras, pero no para trabajarlas, sino para venderlas a empresas turísticas extranjeras.

Asimismo, es notorio que gran parte de la población mexicana carece de una cultura de superación personal y que posee una escasa mentalidad emprendedora, lo que provoca que el dinero —producto de las ventas de tierras ejidales— no les dure mucho a los ejidatarios vendedores, y más si recordamos que originalmente los predios se repartieron por el principio de confirmación, lo cual significa que se otorgan terrenos a campesinos que nunca habían tenido propiedades, no cabe duda que cuando no nos cuestan las cosas, no las valoramos tanto.

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Explicaciones Constructivas

Por Noé Peralta Delgado

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Hablar de los ejidos y ejidatarios en México es tema muy controversial por ser parte importante de la historia del siglo XX, y también por ser en la actualidad un lugar de “dudosas” actividades de desarrollo económico. Al menos en lo que respecta a Baja California Sur, se observa que la mayoría de los ejidos aún viven en el atraso económico, al mismo tiempo que los ejidatarios poseen amplias superficies de tierra improductivas, y si encontramos algún ejido que aparentemente se encuentre estable, es por tener un padrinazgo gubernamental.

Breve historia

Si pudiésemos hablar de una tierra donde la propiedad colectiva está por encima de la propiedad privada, estaríamos hablando del ejido en su esencia, y a su vez nos trasladaríamos a la América precolombina. Los aztecas tenían una división de clases y ciertas jerarquías, asimismo, separaban la propiedad privada de la tierra colectiva. De esa forma, en sus constantes guerras, los mexicas iban adquiriendo más terrenos para el monarca. Las tierras llamadas tlatocalli eran propiedad absoluta del rey, el pillali abarcaba los terrenos que el rey repartía entre los nobles y guerreros, y también existían los calpulli, extensiones de tierra comunal donde los jefes de familia se repartían las parcelas para cultivarlas. Antes de la llegada de los españoles, el monarca podía quitar y ceder cuando quisiera los territorios que dominaba.

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Durante la etapa de la Colonia, en la Nueva España la propiedad de la tierra no cambió su organización de manera drástica,  ya que los indígenas aún no podían tener sus propios terrenos, los cuales eran asignados a los españoles, y a su vez, ellos explotaban a la población para trabajar los campos y obtener los beneficios de la producción. Una vez alcanzada la Independencia en 1821 —cuando España finalmente la reconoció—, después de 11 años de lucha armada, el México Independiente no puso cuidado en la reglamentación de la tierra. Fue el 25 de junio de 1856 cuando el presidente Ignacio Comonfort decretó una ley denominada Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas, llamada coloquialmente como “Ley Lerdo”, por ser Miguel Lerdo de Tejada el Ministro de Hacienda que la elaboró, y además ser su principal promotor.

Esta nueva ley tenía la función primordial de incrementar el movimiento económico del Estado, buscando los logros del pujante desarrollo agrario que ocurría en los Estados Unidos, donde la producción agrícola estaba en su mayor apogeo. Uno de los sectores que más se opusieron a esta ley fue el religioso, ya que incluía también una separación de la iglesia y la propiedad de tierra. Durante el Porfiriato se emitieron dos ordenamientos fundamentales: el decreto sobre colonización y compañías deslindadoras, esto el 15 de diciembre de 1883, y la ley sobre la ocupación de terrenos baldíos, emitida el 26 de marzo de 1894. Esta última ley abría la posibilidad que compañías principalmente extranjeras, pudieran adquirir a precio simbólico grandes extensiones de tierras que el Gobierno consideraba se tenían que explotar. Hubo casos de compañías deslindadoras que compraron superficies exageradas, incluyendo a las localidades y habitantes que se hallaban dentro de sus predios.

Entre las famosas compras de grandes extensiones de tierra, se encuentra la llevo a cabo el magnate estadounidense Wiliam Randolph Hearts, quien fue popularizado en la película Ciudadano Kane, el cual adquirió millones de hectáreas en el estado de Chihuahua. Asimismo, la península de Baja California fue vendida a varios personajes y compañías, entre ellas Colorado Rivers Land Company, empresa que daba un trato explotador a los mexicanos que trabajaban en las grandes cosechas de algodón del Valle de Mexicali.

Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, con los caudillos liderados por Emiliano Zapata, se pensaba que habría un reparto agrario justo y que se acabarían los grandes latifundistas, algo que Francisco I. Madero incumplió. Como es sabido en la historia nacional, vinieron las revueltas que tantas muertes y atraso generaron en el país, a causa de la inestabilidad política generada por el golpe de Estado que orquestó Victoriano Huerta. Se puede decir que oficialmente la figura del ejido mexicano surgió el día 6 de enero de 1915, con la pronunciación de una ley que declara nula las concesiones hechas a latifundistas y se ordena la restitución de tierras a través de la recién fundada Comisión Nacional Agraria; esta ley toma para sí los postulados del Plan de Ayala de los zapatistas, los cuales se plasmarían de manera contundente en la Constitución de 1917, bajo el auspicio de Venustiano Carranza.

La Ley recién creada por la fracción carrancista en Veracruz, marcó el comienzo de la Reforma Agraria más grande de México y América Latina; a lo largo de un periodo inicial de paz social que va desde 1920 hasta 1934, tiempo en el que el general Lázaro Cárdenas tomó posesión como Presidente de la República, la repartición de predios no se hizo tan efectiva y fue precisamente Cárdenas quien hizo repartos masivos de tierras a personas de localidades atrasadas económicamente. Esto inició históricamente el día 6 de octubre de 1936 y lo siguieron haciendo los presidentes posteriores, hasta que casi se terminaron los terrenos por repartir. En 1992, con Carlos Salinas de Gortari como mandatario, entró en vigor una ley que ponía fin al reparto agrario —me pregunto si es que aún quedaban tierras—, incluso se “volteó la tortilla” drásticamente con la inclusión de la”privatización del ejido”, lo cual consistía en convertir al productor ejidal en empresario.

Se estima que más de dos terceras partes de terrenos y bosques fueron distribuidos. En la actualidad existe un gran debate sobre la magnitud de los costos, los vicios, las aspiraciones y los fracasos en el reparto masivo de tierras, lo que formó una determinada cultura en los campesinos, quienes hoy en día son carne de cañón en las aspiraciones de muchos políticos que sólo buscan lograr sus objetivos; tal como dijimos al principio, éstos convierten a los ejidatarios en dependientes del padrinazgo en turno.

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