FOTO ILUSTRATIVA: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hemos escuchado muchas virtudes atribuidas al sistema penal acusatorio, y estamos convencidos de que la mayoría de ellas son viables, pero como todo proceso, está sujeto a la falibilidad humana. De poco o nada sirve el esfuerzo de los operadores que sí están comprometidos con el sistema acusatorio, si en las filas de la institución encargada de procurar justicia, siguen incrustados funcionarios corruptos.

Mucho se ha dicho sobre la incapacidad del actual Procurador de Justicia de BCS, para dar los resultados que la entidad necesita en materia de procuración de justicia, y es un hecho notorio la petulancia y despotismo con que el importado personaje se conduce, tanto con la ciudadanía como con sus subordinados. Lejos de sanear la institución, ha solapado corruptelas, y de algún modo las ha fomentado, al otorgar cargos de responsabilidad a sujetos que siguiendo su ejemplo, se conducen con prepotencia en su trato, tanto con sus subordinados como con la ciudadanía que tiene el infortunio de acudir ante ellos.

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Un claro ejemplo de lo anterior, es el actual coordinador de agentes del Ministerio Público en San José del Cabo, cuyos subordinados, en particular del sexo femenino, se quejan de su despótico autoritarismo que raya en la misoginia.

Aunado a lo anterior, ahora enfrenta una denuncia por brindar protección a un vendedor de autos usados, señalado como defraudador.

Los hechos

La ofendida, ciudadana sudcaliforniana, compró a plazos un vehículo importado a un yardero. Como el vehículo estaba descuadrado —de lo que se percató la ofendida al tener que cambiar por excesivo desgaste las llantas del mismo—, solicitó la devolución de su dinero o el cambio de unidad, a lo que se negó el vendedor, que en contrapartida exigió el pago del remanente. La ofendida denunció el fraude, y el asunto cayó en el cajón del olvido, donde la PGJE suele acopiar la mayoría de las denuncias.

El yardero —para recuperar el carro—, en vez de entablar el procedimiento adecuado ante los tribunales civiles, optó por la ilegalidad, y mandó  a un asociado que tiene en Ensenada, a denunciar el robo de la unidad en dicha localidad. El Ministerio Público ensenadense levantó la denuncia y reportó el vehículo en la plataforma de autos robados.

Poco tiempo después, la ofendida fue detenida por la Policía Federal, cuando tripulaba el vehículo, y al saltar el reporte, fue privada de su libertad y puesta a disposición del Ministerio Público de San José del Cabo, quien la retuvo detenida 48 horas por “estar en posesión de un vehículo robado” a pesar de haber acreditado que adquirió legalmente el vehículo con mucha antelación al falsario reporte de robo realizado en Ensenada.

Fue liberada, pero la agente del Ministerio Público se negó a devolverle su vehículo, por instrucciones precisas de su coordinador, indicándole a la ofendida que si quería recuperarlo, tendría que ir por él a Ensenada, para solicitárselo allá al Ministerio Público.

La ofendida denunció al yardero y a su asociado, por el delito de falsedad en declaraciones, y lo que resulte, y acudió ante la Subprocuraduría de Justicia en La Paz, donde le indicaron que debería solicitar el aseguramiento ministerial de su vehículo, y –eventualmente— ser designada como depositaria del mismo.

Al regresar a San José del Cabo, no pudo comparecer en la carpeta de su denuncia, porque el Coordinador de agentes del Ministerio Público le negó el acceso a la misma, le indicó que su denuncia no procedía y que tenía que ir a Ensenada si quería recuperar su vehículo. La trató de forma descortés y ofensiva, pues la llamó “argüendera”, entre otras expresiones peyorativas, de las cuales obra registro de audio, pues la ofendida grabó en secreto la entrevista.

A la fecha, tendrá que recurrir a la Justicia Federal para recuperar su vehículo, que se deteriora en los patios de la PGJE, pues su denuncia fue “extraviada” y posteriormente “desechada” por quien protege a quien la defraudó y mintió ante las autoridades ministeriales.

Acudió a la Contraloría Interna y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ambas instancias, lentas y burocráticamente pantanosas, no tienen fecha cierta para darle respuesta a sus justas demandas.

Este es un ejemplo más de la escuela palemónica, que tiene hundida en corruptelas e incompetencia la procuración de justicia en Baja California Sur. Pero no tiene la culpa el indio…

Abogado Arturo Rubio Ruiz. FOTO: Cortesía.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El vocero oficial del gobierno de Baja California Sur, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 163 de la Constitución Estatal, como encargado de la Comunicación Social y relaciones públicas del Ejecutivo, al realizar un acto informativo lo hace con el carácter institucional y, por ende, es la voz del Gobierno del Estado.

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Bajo ese presupuesto normativo, el encargado de la Comunicación Social del Estado, durante su entrevista telefónica con el reportero de Proceso^, no solo habló a nombre del Procurador de Justicia de BCS, sino que lo hizo representando al Gobierno del Estado, atendiendo al encargo que detenta. En la entrevista nunca precisó lo anterior, y el entrevistador se quedó con la idea de que hablaba con el Procurador de Justicia en el Estado.

Lo anterior es reflejo de la falta de profesionalismo del vocero gubernamental, y  ello sería motivo suficiente para removerlo del encargo, pero lo más grave, lo que como sociedad debe preocuparnos, es la facilidad con que este sujeto falta a la verdad, vierte información cuya falsedad es fácilmente constatable, y lo que nos alarma, es que de manera institucional informe que quienes cuestionan o critican el quehacer público, se hacen acreedores a un proceso ilícito pero oficializado de persecución ministerial judicializable.

En otras palabras, en Baja California Sur se criminaliza la crítica al servicio público, conforme a la confesión expresa del encargado de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno de Baja California Sur.

Durante la breve entrevista, el vocero estatal —hablando a nombre del Procurador de Justicia—, anuncia que se ha iniciado una investigación en mi contra, “por las descalificaciones que el abogado realizó en la prensa y en las redes sociales“.

Yo no “descalifiqué” al Procurador de Justicia de BCS, lo denuncié. Descalificar es un término blandengue. Lo hice responsable, y sostengo que es el principal responsable de la falsificación de documentos oficiales que llevó a John Moreno a prisión.

Habiendo más de 20 mil denuncias pendientes de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y tanta criminalidad que hoy nos tiene en el PRIMER LUGAR NACIONAL de inseguridad, de acuerdo a la publicación del 1er semestre 2017 de Semáforo Delictivo,  el Gobierno del Estado utiliza su fuerza persecutora, no para abatir el crimen sino para criminalizar a quienes protestamos por su deficiente desempeño.

Teniendo el antecedente de John Moreno —a quien siendo inocente le fabricaron pruebas para meterlo a la cárcel—, acudí a la justicia federal en demanda de amparo, pues abrigo el temor fundado de que el gobierno sudcaliforniano, repitiendo su ilícito proceder, me fabrique un delito y busque encarcelarme. Pasaron de las cobardes llamadas intimidantes y el seguimiento subrepticio al anuncio oficial de que en mi contra se endereza una investigación por el “delito” consistente en ejercer el derecho fundamental de cuestionar, criticar y señalar a los malos funcionarios de la administración pública estatal, específicamente, al actual Procurador de Justicia.

Regresando a la entrevista de la revista Proceso sobre el caso John Moreno, el vocero estatal —a nombre del Procurador— descalifica el peritaje de la defensa, al que tacha de “parcial”, e indica que la PGJE entregó su propio peritaje que “demuestra lo contrario”, es decir, que no hubo falsificación de pruebas contra el activista.

Sobre el dictamen emitido por el perito de la defensa, debo precisar que el mismo, fue presentado a petición nuestra, dentro del término constitucional ampliado, que corrió del 19 al 25 de mayo.

Se presentó el peritaje de grafoscopía (firmas) y documentoscopía (alteración de documentos) y la Juez señaló fecha dentro de dicho término constitucional, para que el perito lo ratificara. Es en esa audiencia donde las partes pueden cuestionar al perito, y en su caso impugnarlo. Se llevó a cabo la audiencia el 23 de mayo hogaño, y la agente del Ministerio Público adscrita al juzgado, ni cuestionó ni impugnó el peritaje. Esa era su oportunidad y no lo hizo, entre otras razones, es porque el peritaje es incuestionable, pero para los efectos procesales lo que importa es que precluyó su derecho a impugnar en el término constitucional el dictamen.

Por tanto, es ABSOLUTAMENTE FALSO que “la PGJE entregó su propio peritaje”, cuando ni siquiera cuestionó o impugnó en tiempo, el emitido por el perito de la defensa.

Copia de la diligencia de ratificación de dictamen, que prueba la falsedad de lo afirmado por el vocero del Gobierno del Estado. IMAGEN: Cortesía.

CONCLUSIONES

1ª.- Tenemos un gobierno estatal que anuncia oficialmente —por conducto de su vocero—, que en Baja California Sur se criminaliza la protesta social y se utiliza a la Procuraduría de Justicia para investigar a quien “descalifica” a sus funcionarios. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

2ª.-  Tenemos un Procurador de Justicia que falsifica por alteración constancias procesales y con base en ellas, encarcela a un luchador social. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

3ª.-  El Gobierno del Estado difunde –por conducto de su vocero estatal—información falsa sobre la actuación de la Procuraduría en un proceso relevante. Y el Congreso NO DICE NI HACE NADA.

4ª.-  Tenemos un gobierno represor, un Procurador que fabrica delitos, un vocero estatal mentiroso y un Congreso integrado por Diputados que NO NOS REPRESENTAN.

Comparecencia del Procurador Erasmo Paleón Alamilla Villeda. Fotografías: J. R. Fernández.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Un hombre ya mayor, moreno, alto, delgado, de vestimenta humilde, interrumpió ayer la comparecencia del Procurador de Justicia de BCS, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, ante los diputados, por la muerte de su hijo y la amenaza sobre otro; les dijo de frente, que aunque “no lo quería hacer público”, buscaba una audiencia debido a que habían asesinado a su hijo hacía cuatro años y el asesino estaba libre; al ser ignorado, se dirigió a nadie en particular, al público sentado en el ala izquierda de la sala, y soltó el llanto diciendo que apenas antier habían intentado matar a su otro hijo, quien estaba amenazado.

No parecía falsa su tragedia, ni su llanto, como el de otra mujer sobre el barandal, increpando a cada momento a los diputados y al Procurador de Justicia de BCS sobre un familiar desaparecido. Ellos fueron dos de los escasos ciudadanos que se manifestaron ayer en la tarde en la comparecencia del Procurador de Justicia de BCS en el Congreso del Estado; el resto de los asistentes, un centenar sentados desde hacía rato —varias mujeres con niños, y algunos ancianos—, parecían justo eso: un público, uno ideal para aquel talk show de “Laura en América”.

La mayor parte del público lucía indiferente, incluso, enfadado, es más, algunos se fueron sin entender de qué se trataba; algunos picando su celular, otros comiendo; por el ala derecha unas mujeres con matracas, donde una a otra le decía “tú me dices cuando” hacer el ruido: la indicación era cuando hubiera algún grito en contra de la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pero no hubo demasiados; alguno por allá, perdido, cuando el diputado Joel Vargas Aguiar cuestionó la ausencia del Gobernador y del Secretario de Gobierno, “¡por que le sacan!”, se escuchó, mientras el diputado Edson Gallo Zavala, presidiendo la mesa, dijo que en el caso del segundo era por una justificación médica.

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Este martes, sólo un par de minutos antes de las 5:00 de la tarde —hora prevista para la comparecencia—, Alamilla Villeda había ingresado al recinto, pero lo retuvieron a esperarse —quizá había que esperar a alguien impuntual, quizá había que darse más importancia— porque el evento dio inicio media hora después. Era innegable que había un poder de convocatoria: rendir cuentas sobre una estremecedora situación de inseguridad en Baja California Sur es importante; el tema no hubiera dado lugar a sonrisas, pero las hubo, justo en las caras de los diputados, como Alfredo Zamora García, y otros más al presentar a las autoridades, para quienes hubo ¡aplausos! ¿Aplaudir qué? No podemos precisarlo, pero sí se notaba la consigna de sonar las palmas al mencionar al diputado panista.

La misma tardenoche de ayer se comentó en redes sociales sobre esos “acarreados” que, supuestamente, por 100 ó 200 pesos —o por una cena con tacos—, llenaron la sala para ‘acolchonar’ los reclamos de ciudadanos dolientes e inconformes, quienes realmente fueron pocos, y además invisibles. La barandilla en el Congreso del Estado parecía separar a “los de allá”, a los que reclamaban, simples mortales, y “los de acá”, los funcionarios que ejercían la pantomima de una comparecencia tibia, con la claridad de los números de la inseguridad puesta sobre la mesa y las respuestas que parecían dejarlos conformes. Ejecuciones sin control, desaparecidos, aumento de robos y los primeros reportes de secuestros: todo se dijo, pero tras el espectáculo de ayer, no parece cambiar absolutamente nada.

La pregunta más lógica, la más evidente, la hizo la legisladora Guadalupe Rojas Moreno, sobre por qué decir que se avanza en el tema de seguridad, cuando en lo que va del año han habido más ejecuciones que en doce meses de los años precedentes. Sin perder la compostura, ni su correcto pronunciamiento, pues parecía sentirse bien cobijado, el Procurador de Justicia de BCS repitió lo que había dicho anteriormente, sobre la “complejidad” de trabajar en ese tipo de delitos, y que hacía falta más coordinación entre todas las corporaciones.

“Respecto a los homicidios de alto impacto, debemos decirlo con toda puntualidad, emergen de luchas violentas entre grupos delictivos, que generan diversas vicisitudes para su investigación, ya que, quien ejecuta a la postre es ejecutado; y, quien es sobreviviente de un ataque, no emite declaración alguna, ya sea para querellarse y menos aún para formular imputaciones, en los pocos de los que hay testigos del evento criminoso no emiten su testimonio ante la compleja situación en la que se verían inmersos”, había dicho en su comparecencia. Al responder a la diputada, tácitamente dijo lo mismo, subrayando la complejidad que resulta resolver la ola de violencia y ejecuciones ligadas al narco.

Alrededor de una hora que duró la comparecencia, no parece haber provecho o cambio alguno. La cosa queda exactamente igual. Lo que habría de llamar más la atención de quien esto escribe, es el desdén a los pocos manifestantes, familiares de muertos o desaparecidos, quienes pidieron hacer preguntas pero cuyas peticiones eran aplastadas por las voces al micrófono de los legisladores, quienes, simplemente, no los veían ni escuchaban, sin embargo, entre tantos cuestionamientos e indignación que fueron a perderse en el aire, transcribo lo que una mujer arrojó a los diputados: “¿necesita que sea su familiar para que se le desaparezca y puedan hacer algo?”, a lo que siguió el silencio, y de nuevo, se retomó la función.