FOTOS: Seguridad Pública Estatal.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La mañana apenas comenzaba en La Paz cuando un grupo de policías municipales formó filas frente al edificio de Seguridad Pública. Era junio de 2023. El sol caía vertical, como suele hacerlo en la península, y los uniformes oscuros absorbían el calor con una disciplina silenciosa. No había ceremonia solemne ni discursos largos, pero sí algo que durante años había sido escaso: un aumento salarial. Aquel día, los agentes recibieron el primer pago retroactivo de un incremento del 10% a su sueldo. La noticia, que en otros contextos podría parecer rutinaria, tenía un peso simbólico. Venía precedida de otro aumento, de 7.62% el año anterior, y de un proceso de homologación salarial que buscaba —según las autoridades— dignificar el trabajo policial en la capital sudcaliforniana. En este mes de marzo de 2026, la Presidenta Municipal de La Paz anunció hasta un 43% de incremento salarial para los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Policía Preventiva.

Sin embargo, la escena no podía entenderse sin mirar atrás. Diez años atrás, la historia era distinta. A mediados de la década de 2010, ser policía en Baja California Sur implicaba enfrentar riesgos extremos con ingresos limitados. Aunque con el tiempo los salarios mejorarían, durante años se mantuvieron prácticamente estancados, creando una brecha entre la exigencia del trabajo y la compensación económica. La estadística ayuda a entenderlo: entre 2018 y 2023, el salario promedio de los policías en el Estado osciló entre los 10 mil y 11 mil pesos mensuales. Aunque esta cifra colocaba a la entidad entre las mejor remuneradas del país en términos relativos, en la práctica resultaba insuficiente frente al costo de vida creciente y el nivel de riesgo.

También te podría interesar: Enoc Leaño: el actor que regresó a su tierra para sembrar cine. Trayectoria, compromiso cultural y el Festival Internacional de Cine de La Toba como motor artístico en BCS

En palabras de especialistas en seguridad, un policía mal pagado es más vulnerable a la corrupción, especialmente en contextos donde el crimen organizado tiene capacidad de infiltración. En aquellos años, la percepción ciudadana comenzaba a fracturarse. La policía era vista, simultáneamente, como un escudo y como una incógnita.

Con el cambio de administraciones y la llegada de nuevos gobiernos municipales y estatales, el discurso comenzó a transformarse. La palabra clave fue “dignificación”. En 2023 y 2024, las autoridades de seguridad en Baja California Sur impulsaron una estrategia que incluía aumentos salariales, bonos de riesgo, equipamiento y mejores prestaciones. El objetivo era claro: mejorar las condiciones laborales para reducir la tentación de caer en actos de corrupción y fortalecer el desempeño policial. Se trataba, en esencia, de una apuesta estructural: si el policía vive mejor, trabaja mejor. Ese mismo periodo trajo consigo la entrega de equipo táctico, drones y patrullas, además de programas de capacitación. En el papel, el modelo parecía coherente. En las calles, la historia sería más compleja.

Mientras los salarios aumentaban gradualmente, la incidencia delictiva no desaparecía. Robos a casa habitación, asaltos y delitos patrimoniales continuaban presentes en los reportes de seguridad, incluso cuando algunas cifras oficiales señalaban mejoras en ciertos indicadores. En colonias de La Paz, la percepción ciudadana se mantenía ambivalente. Algunos reconocían mayor presencia policial; otros seguían denunciando tiempos de respuesta lentos o patrullajes insuficientes. La paradoja comenzaba a hacerse evidente: el aumento salarial, por sí solo, no garantizaba una transformación inmediata en la seguridad.

El tema más delicado no tardó en aparecer. En noviembre de 2024, el Congreso de Baja California Sur discutió una iniciativa para endurecer las sanciones contra policías que incurrieran en extorsión y abuso de autoridad. La propuesta contemplaba inhabilitaciones de hasta 10 años para los agentes responsables. No era una medida preventiva abstracta. Respondía a una realidad: casos documentados de policías —municipales y estatales— que extorsionaban a ciudadanos, turistas o actuaban fuera de su jurisdicción. La escena se repetía en relatos ciudadanos: retenes improvisados, “mordidas” disfrazadas de infracciones, detenciones arbitrarias. No eran todos, pero bastaban para erosionar la confianza.

La corrupción no se limitaba a la policía, pero su impacto era más visible en quienes portaban uniforme. En 2025, nuevos escándalos de corrupción en el Estado —aunque no exclusivamente policiales— reforzaron la percepción de un problema institucional más amplio, debilitando la confianza en las autoridades. La pregunta volvió a surgir: ¿los aumentos salariales estaban cumpliendo su propósito?

Si se observa la última década en conjunto, el cambio es evidente. De salarios relativamente bajos y estancados en la década pasada, se pasó a incrementos progresivos a partir de 2018 y, con mayor claridad, desde 2022 en adelante. Los aumentos del 7%, 10% y otros ajustes han buscado cerrar una brecha histórica. Además, la inclusión de bonos y prestaciones ha modificado la estructura del ingreso policial, haciéndolo más competitivo a nivel nacional. Sin embargo, el crecimiento no ha sido uniforme ni suficiente para erradicar las condiciones que favorecen la corrupción o la ineficiencia.

Hoy, la policía municipal de Baja California Sur se encuentra en una etapa intermedia. Por un lado, cuenta con mejores salarios, más equipamiento y una narrativa institucional centrada en la profesionalización. Por otro, enfrenta desafíos persistentes: corrupción, percepción ciudadana negativa en algunos sectores y una delincuencia que no desaparece. La relación entre salario y seguridad no es lineal. El aumento salarial ha sido una condición necesaria, pero no suficiente.

Al caer la tarde en La Paz, las patrullas continúan su recorrido. Las luces intermitentes dibujan destellos azules sobre el asfalto caliente. El futuro de la seguridad pública en Baja California Sur dependerá de múltiples factores: continuidad en la mejora salarial, fortalecimiento institucional, mecanismos de control interno y participación ciudadana. Las autoridades lo saben. Por eso, el discurso oficial insiste en seguir invirtiendo en la dignificación policial como eje de la estrategia de seguridad. Pero también crece la exigencia social. La ciudadanía ya no solo pide policías mejor pagados. Pide policías confiables.

Diez años después de los primeros debates sobre salarios policiales, la respuesta no es absoluta. Sí, los aumentos han mejorado las condiciones de vida de muchos agentes. Sí, han contribuido a profesionalizar parcialmente a las corporaciones. Pero no han eliminado la corrupción, ni han garantizado por sí mismos una seguridad plena. La crónica de esta década no es la de una transformación concluida, sino la de un proceso en marcha.

En La Paz, la seguridad sigue siendo una construcción diaria. Y el salario —aunque importante— es apenas una pieza de un engranaje mucho más complejo. Mientras tanto, en cada turno, bajo el sol o en la madrugada, los policías siguen saliendo a las calles. Algunos con vocación intacta. Otros con dudas. Todos, inevitablemente, en el centro de una pregunta que aún no tiene respuesta definitiva: ¿cuánto cuesta realmente la seguridad?

Referencias:

https://www.diarioelindependiente.mx/2023/06/policias-de-la-paz-reciben-primer-pago-de-retroactivo-por-aumento-del-10-al-salario «Policías de La Paz reciben primer pago de retroactivo por aumento del …»

https://tribunademexico.com/policias-bcs-mejores-pagados/ «Policías de BCS entre los mejores pagados de México»

https://hoybcs.com/arriesgar-la-vida-por-7-mil-pesos-la-amplia-puerta-a-la-corrupcion/ «ARRIESGAR LA VIDA POR 7 MIL PESOS… LA AMPLIA PUERTA A LA CORRUPCIÓN»

https://tribunademexico.com/mejora-salarial-policias-corrupcion/ «Buscan mejora salarial a policías para combatir la corrupción»

https://www.bcsnoticias.mx/proponen-hasta-10-anos-de-inhabilitacion-a-policias-por-extorsion-y-abuso-de-autoridad-en-bcs/ «Proponen hasta 10 años de inhabilitación a policías por extorsión y …»

https://www.posta.com.mx/mexico/corrupcion-en-bcs-3-casos-de-funcionarios-acusados-en-el-ultimo-ano/vl1752681 «Corrupción en BCS: 3 casos de funcionarios acusados en el último año»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO (ILUSTRATIVA): Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Llegas a tu establecimiento comercial, para percatarte de que en el transcurso de la noche del viernes a la mañana del sábado, al menos un sujeto penetró a tu negocio. Rompe una ventana, daña una chapa, violenta tu caja registradora, para sustraer 500 pesos. Toma las llaves y se roba tu camioneta, que estaba estacionada en el exterior de tu negociación.

Victimización

Hay huellas del sujeto por todos lados. Ocasionó daños por más de veinte mil pesos, se robó tu camioneta, y 500 pesos. Eres víctima de un criminal de poca monta, localizable a partir de sus huellas dactilares.

También te podría interesar Seguridad Pública, Fuerzas Armadas y Derechos Humanos.

Revictimización 1

Llamas al 911. Te hacen esperar; debes contestar una sarta de interrogantes irrelevantes, (“Es el protocolo”, dice la voz femenina al otro lado de la línea) y al final te comenta que tal vez no valga la pena denunciar “por quinientos pesos”.

Falta profesionalizar y sobre todo, sensibilizar a los operadores del 911. Actúan de manera mecánica e irrespetuosa, pues no tratan a la víctima con el esmero y precisión que se merece. Las víctimas son seres humanos, en estado de alteración emocional generada por el evento criminal que han sufrido, y las operadoras las tratan como si estuvieran haciendo una encuesta de una cadena comercial. Y los comentarios tendientes a desanimar a la víctima para formular la denuncia, son ilegales y totalmente fuera de lugar. La víctima requiere atención y apoyo, no trato impersonal y automatizado.

Revictimización 2

Llegan elementos de la Policía Estatal y te dicen que no pueden hacer nada, porque ya entraste al establecimiento y “contaminaste la escena del crimen”. Te insinúan que no vale la pena hacer la denuncia, que nunca los atrapan, y que la camioneta al rato aparece, sin llantas y sin batería, pero que “siempre aparecen”, que la busque por los arroyos.

Las huellas del perpetrador (no se le puede llamar delincuente, por la presunción de inocencia) son visibles y están intactas. Entramos al lugar del evento (no podemos decir al lugar de comisión del delito, por la presunción de inocencia) pero eso no necesariamente contamina la evidencia ni los indicios recolectables. Es un pretexto de estos malos servidores públicos para abstenerse de realizar su trabajo y desanimar a la víctima.

Revictimización 3

Llegas al Centro de Justicia, te hacen esperar 30 minutos, te turnan con al área de atención “inmediata”, donde te indican que “sin factura no puedes denunciar el robo”, lo cual es ilegal, criminal y lacerante. El robo es de los delitos que se persiguen de oficio, y basta dar aviso a la Policía, para que se active de inmediato la maquinaria persecutora (eso dice el Código Nacional de Procedimientos Penales), pero en la PGJE de Baja California Sur, donde se aplica el código palemónico, lo que se busca NO ES combatir el crimen, sino ABATIR LA ESTADÍSTICA. Así, en su Segundo Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo dirá que durante su administración se ha implementado un exitoso programa de procuración de justicia, al reducir dramáticamente las estadísticas delictivas. Los robos están al alza, y las denuncias a la baja. ¿Se combate el delito? Desde luego que no. No hay denuncias porque la gente desiste de su empeño al enfrentar toda esta maquinaria burocrática diseñada para desanimar la denuncia. Impunidad garantizada.

Revictimización 4

Finalmente encuentras la factura de tu camioneta, y tras horas de espera (desesperante espera en la que no puedes evitar pensar que mientras tú estás ahí perdiendo el tiempo, el perpetrador –recuerda: no le puedes decir delincuente- tranquilamente desvalija tu camioneta, probablemente disfrutando de la dosis que adquirió con los quinientos pesos que te robó, y que para ello, te ocasionó daños por más de veinte mil pesos).

Finalmente logras presentar tu denuncia, y a fuerza de insistir, logras que el agente del Ministerio Público acceda a “hacerte el favor” de enviar a los peritos a tu negociación, para recabar indicios. Esto ocurre ya la tarde del sábado.

Revictimización 5

Es domingo, ya pasaron más de 24 horas del evento (recuerda, no puedes decir delitos de ROBO cometido a lugar cerrado, con violencia como medio comisivo, y ROBO a unidad motriz estacionada en la vía pública, por la bendita «presunción de inocencia») y no puedes limpiar ni aperturar  al público tu establecimiento, porque los peritos NO HAN LLEGADO (estamos a tres minutos de su oficina, pero tienen muuuuuuuucho trabajo) y no tienen para cuando llegar. Los costos se acumulan pues no puedes operar tu establecimiento. A este punto, ya estás arrepintiéndote de hacerle caso a tu abogado, que te insistió en presentar la denuncia.

¿Quién me va a pagar todos los daños?

Continuará…

FOTO: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A finales de 2014, el Ejecutivo federal planteó la desaparición de la Policía Municipal, y la creación de 32 corporaciones estatales con Mando Único, para encargarse de las funciones de seguridad pública. La propuesta relegaba la participación municipal exclusivamente a funciones de prevención del delito, pues incluso el tránsito terrestre, estaría a cargo de la corporación estatal.  Tanto la oposición como organismos de la sociedad civil acusaron la inconstitucionalidad e inoperatividad del proyecto.

Tras negociaciones en el Senado y la Conago, finalmente se optó por un modelo de Mando Mixto, donde operan en cada entidad un cuerpo policial estatal y los municipios conservan sus corporaciones, condicionando su existencia a la evaluación y certificación del Gobierno federal, como requisito insalvable para el acceso a los recursos federales correspondientes, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de los estándares de profesionalización, controles de confianza, equipamiento e infraestructura.

También te podría interesar La farsa del pozo de La Ardilla.

El objetivo fundamental es contar con un modelo policial homogéneo, a nivel nacional, y se pretende brindar la misma capacitación y formación a todos los elementos policiacos, mediante un Sistema Nacional de Carrera Policial, para tener un nivel de exigencia en conocimientos, capacitación, adiestramiento y evaluación, unificado en todo el país, de tal suerte que si un elemento desea cambiar de domicilio, o es enviado a trabajar a otra entidad, podrá conservar sus beneficios, salario, prestaciones y se le respetara su rango.

El modelo es un híbrido entre los carabineros de la Policía Nacional Chilena, la Guardia Nacional Española y la Gendarmería Francesa. En en el papel es una belleza operativa y funcional, pero su implementación —en una expectativa realista—, tomará una veintena de años, y muchísimos recursos económicos aplicados a un programa sostenido de formación, equipamiento, supervisión, evaluación  y certificación permanente.

Mientras todo eso sigue siendo un programa de remota aplicación en Baja California Sur, el modelo del Mando Mixto que se ha intentado implementar, ha sido un fracaso en lo operativo, y atendiendo a los resultados medibles a la fecha, ha resultado contraproducente.

Las escaleras se barren de arriba hacia abajo, y en lugar de hacer eso, en la entidad se ha centrado la exigencia en los elementos sin grado, mientras los titulares y los altos mandos siguen siendo designados por dedazo y no por méritos, conocimientos, capacidad y experiencia, lo que genera inconformidad entre el grueso de corporación, a lo que se suma la diferencia de sueldo y prestaciones entre oficiales de rango similar, pero de distintas corporaciones.

El Gobierno estatal, lejos de responsabilizarse de los malos resultados, ha decidido culpar de los mismos a la corporación más endeble, a los elementos de la Policía Municipal, cuando la verdad de las cosas es que el fracaso se genera por la falta de coordinación y los abusos de los mandos estatales, que en lugar de “coordinación”, implementaron esquemas de “subordinación”, sin que ello elevara el nivel de funcionalidad operativa, pues resultó contraproducente y además generó malestar y antagonismo entre los elementos de ambas corporaciones.

Debe desaparecer el Mando Mixto, pues su desastrosa implementación atenta contra la  dignificación de la institución policial municipal, el respeto a las escalas de jerarquía de los comandantes y subcomandantes en activo, y genera abusos hacia policías sin grado, por parte de elementos de la Policía Estatal.

«Resultados» del Mando Mixto en BCS

Aunado a los problemas interinstitucionales ya reseñados, atendiendo únicamente a las cifras oficiales, la incidencia delictiva refleja un aumento sin precedentes, según bases del Secretariado Ejecutivo, en tres delitos: Robo en distintas modalidades, Homicidios dolosos y Delitos sexuales. A ello se suma la estadística de la ONG “Semáforo delictivo” que ubica a Baja California Suren los primeros lugares en extorsión, homicidio violento, delitos sexuales, robo a casa habitación y lesiones. Incluso el secuestro, que oficialmente no existe, se reporta en un 0.3 en la proporción poblacional de uno por cada 100,000 habitantes.

El panorama es desalentador. No hay planes  de trabajo, ni esquemas operativos funcionales ni mesas de análisis para la toma de decisiones operativas. Pueden seguir cambiando al comisario estatal cada seis meses, pero es claro que la solución de la problemática no está en la reasignación de un solo mando.

Les creímos cuando nos dijeron que “sabían cómo”, que “no les temblaría la mano” y que “acabarían rapidito con la inseguridad”; votamos por ellos y ahora estamos pagando muy caro el precio de nuestra ingenuidad.