Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Hemos escuchado muchas virtudes atribuidas al sistema penal acusatorio, y estamos convencidos de que la mayoría de ellas son viables, pero como todo proceso, está sujeto a la falibilidad humana. De poco o nada sirve el esfuerzo de los operadores que sí están comprometidos con el sistema acusatorio, si en las filas de la institución encargada de procurar justicia, siguen incrustados funcionarios corruptos.

Mucho se ha dicho sobre la incapacidad del actual Procurador de Justicia de BCS, para dar los resultados que la entidad necesita en materia de procuración de justicia, y es un hecho notorio la petulancia y despotismo con que el importado personaje se conduce, tanto con la ciudadanía como con sus subordinados. Lejos de sanear la institución, ha solapado corruptelas, y de algún modo las ha fomentado, al otorgar cargos de responsabilidad a sujetos que siguiendo su ejemplo, se conducen con prepotencia en su trato, tanto con sus subordinados como con la ciudadanía que tiene el infortunio de acudir ante ellos.

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Un claro ejemplo de lo anterior, es el actual coordinador de agentes del Ministerio Público en San José del Cabo, cuyos subordinados, en particular del sexo femenino, se quejan de su despótico autoritarismo que raya en la misoginia.

Aunado a lo anterior, ahora enfrenta una denuncia por brindar protección a un vendedor de autos usados, señalado como defraudador.

Los hechos

La ofendida, ciudadana sudcaliforniana, compró a plazos un vehículo importado a un yardero. Como el vehículo estaba descuadrado —de lo que se percató la ofendida al tener que cambiar por excesivo desgaste las llantas del mismo—, solicitó la devolución de su dinero o el cambio de unidad, a lo que se negó el vendedor, que en contrapartida exigió el pago del remanente. La ofendida denunció el fraude, y el asunto cayó en el cajón del olvido, donde la PGJE suele acopiar la mayoría de las denuncias.

El yardero —para recuperar el carro—, en vez de entablar el procedimiento adecuado ante los tribunales civiles, optó por la ilegalidad, y mandó  a un asociado que tiene en Ensenada, a denunciar el robo de la unidad en dicha localidad. El Ministerio Público ensenadense levantó la denuncia y reportó el vehículo en la plataforma de autos robados.

Poco tiempo después, la ofendida fue detenida por la Policía Federal, cuando tripulaba el vehículo, y al saltar el reporte, fue privada de su libertad y puesta a disposición del Ministerio Público de San José del Cabo, quien la retuvo detenida 48 horas por “estar en posesión de un vehículo robado” a pesar de haber acreditado que adquirió legalmente el vehículo con mucha antelación al falsario reporte de robo realizado en Ensenada.

Fue liberada, pero la agente del Ministerio Público se negó a devolverle su vehículo, por instrucciones precisas de su coordinador, indicándole a la ofendida que si quería recuperarlo, tendría que ir por él a Ensenada, para solicitárselo allá al Ministerio Público.

La ofendida denunció al yardero y a su asociado, por el delito de falsedad en declaraciones, y lo que resulte, y acudió ante la Subprocuraduría de Justicia en La Paz, donde le indicaron que debería solicitar el aseguramiento ministerial de su vehículo, y –eventualmente— ser designada como depositaria del mismo.

Al regresar a San José del Cabo, no pudo comparecer en la carpeta de su denuncia, porque el Coordinador de agentes del Ministerio Público le negó el acceso a la misma, le indicó que su denuncia no procedía y que tenía que ir a Ensenada si quería recuperar su vehículo. La trató de forma descortés y ofensiva, pues la llamó “argüendera”, entre otras expresiones peyorativas, de las cuales obra registro de audio, pues la ofendida grabó en secreto la entrevista.

A la fecha, tendrá que recurrir a la Justicia Federal para recuperar su vehículo, que se deteriora en los patios de la PGJE, pues su denuncia fue “extraviada” y posteriormente “desechada” por quien protege a quien la defraudó y mintió ante las autoridades ministeriales.

Acudió a la Contraloría Interna y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero ambas instancias, lentas y burocráticamente pantanosas, no tienen fecha cierta para darle respuesta a sus justas demandas.

Este es un ejemplo más de la escuela palemónica, que tiene hundida en corruptelas e incompetencia la procuración de justicia en Baja California Sur. Pero no tiene la culpa el indio…

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Llegas a tu establecimiento comercial, para percatarte de que en el transcurso de la noche del viernes a la mañana del sábado, al menos un sujeto penetró a tu negocio. Rompe una ventana, daña una chapa, violenta tu caja registradora, para sustraer 500 pesos. Toma las llaves y se roba tu camioneta, que estaba estacionada en el exterior de tu negociación.

Victimización

Hay huellas del sujeto por todos lados. Ocasionó daños por más de veinte mil pesos, se robó tu camioneta, y 500 pesos. Eres víctima de un criminal de poca monta, localizable a partir de sus huellas dactilares.

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Revictimización 1

Llamas al 911. Te hacen esperar; debes contestar una sarta de interrogantes irrelevantes, (“Es el protocolo”, dice la voz femenina al otro lado de la línea) y al final te comenta que tal vez no valga la pena denunciar “por quinientos pesos”.

Falta profesionalizar y sobre todo, sensibilizar a los operadores del 911. Actúan de manera mecánica e irrespetuosa, pues no tratan a la víctima con el esmero y precisión que se merece. Las víctimas son seres humanos, en estado de alteración emocional generada por el evento criminal que han sufrido, y las operadoras las tratan como si estuvieran haciendo una encuesta de una cadena comercial. Y los comentarios tendientes a desanimar a la víctima para formular la denuncia, son ilegales y totalmente fuera de lugar. La víctima requiere atención y apoyo, no trato impersonal y automatizado.

Revictimización 2

Llegan elementos de la Policía Estatal y te dicen que no pueden hacer nada, porque ya entraste al establecimiento y “contaminaste la escena del crimen”. Te insinúan que no vale la pena hacer la denuncia, que nunca los atrapan, y que la camioneta al rato aparece, sin llantas y sin batería, pero que “siempre aparecen”, que la busque por los arroyos.

Las huellas del perpetrador (no se le puede llamar delincuente, por la presunción de inocencia) son visibles y están intactas. Entramos al lugar del evento (no podemos decir al lugar de comisión del delito, por la presunción de inocencia) pero eso no necesariamente contamina la evidencia ni los indicios recolectables. Es un pretexto de estos malos servidores públicos para abstenerse de realizar su trabajo y desanimar a la víctima.

Revictimización 3

Llegas al Centro de Justicia, te hacen esperar 30 minutos, te turnan con al área de atención “inmediata”, donde te indican que “sin factura no puedes denunciar el robo”, lo cual es ilegal, criminal y lacerante. El robo es de los delitos que se persiguen de oficio, y basta dar aviso a la Policía, para que se active de inmediato la maquinaria persecutora (eso dice el Código Nacional de Procedimientos Penales), pero en la PGJE de Baja California Sur, donde se aplica el código palemónico, lo que se busca NO ES combatir el crimen, sino ABATIR LA ESTADÍSTICA. Así, en su Segundo Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo dirá que durante su administración se ha implementado un exitoso programa de procuración de justicia, al reducir dramáticamente las estadísticas delictivas. Los robos están al alza, y las denuncias a la baja. ¿Se combate el delito? Desde luego que no. No hay denuncias porque la gente desiste de su empeño al enfrentar toda esta maquinaria burocrática diseñada para desanimar la denuncia. Impunidad garantizada.

Revictimización 4

Finalmente encuentras la factura de tu camioneta, y tras horas de espera (desesperante espera en la que no puedes evitar pensar que mientras tú estás ahí perdiendo el tiempo, el perpetrador –recuerda: no le puedes decir delincuente- tranquilamente desvalija tu camioneta, probablemente disfrutando de la dosis que adquirió con los quinientos pesos que te robó, y que para ello, te ocasionó daños por más de veinte mil pesos).

Finalmente logras presentar tu denuncia, y a fuerza de insistir, logras que el agente del Ministerio Público acceda a “hacerte el favor” de enviar a los peritos a tu negociación, para recabar indicios. Esto ocurre ya la tarde del sábado.

Revictimización 5

Es domingo, ya pasaron más de 24 horas del evento (recuerda, no puedes decir delitos de ROBO cometido a lugar cerrado, con violencia como medio comisivo, y ROBO a unidad motriz estacionada en la vía pública, por la bendita «presunción de inocencia») y no puedes limpiar ni aperturar  al público tu establecimiento, porque los peritos NO HAN LLEGADO (estamos a tres minutos de su oficina, pero tienen muuuuuuuucho trabajo) y no tienen para cuando llegar. Los costos se acumulan pues no puedes operar tu establecimiento. A este punto, ya estás arrepintiéndote de hacerle caso a tu abogado, que te insistió en presentar la denuncia.

¿Quién me va a pagar todos los daños?

Continuará…