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Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El 79% de la población en México radica en zonas urbanas, y se concentra en el 02.2% de las localidades del país (INEGI 2020). Vivir en una zona urbana tiene sus beneficios sobre todo si consideramos el acceso a los servicios básicos como agua, drenaje, suministro de energía eléctrica, conectividad vía Internet y/o comunicación vía telefonía fija o celular, educación, atención médica, seguridad, proveeduría, bienes y servicios, alimentación y entre todo lo anterior: la movilidad.

La búsqueda de tales satisfactores implica una alta concentración poblacional en las zonas urbanas. Baja California Sur, es un claro referente de esta distribución de habitantes concentrados en puntos urbanos focalizados y con problemas de abasto de servicios básicos, entre los que destacan el suministro de agua y la movilidad.

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Si la movilidad es un problema para las personas sin discapacidad, el conflicto se magnifica tratándose de personas con limitaciones físicas, en ciudades como Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz, donde el servicio de transporte público carece de las facilidades necesarias para brindar un servicio adecuado, funcional, accesible y de calidad a quienes padecen limitaciones en su capacidad motriz.

Cuando hablamos de accesibilidad en el transporte público a favor de las personas con discapacidad y adultos mayores, planteamos la necesidad de diseñar estrategias que atiendan específicamente a ambos grupos.

Se requiere de los servicios de un transporte público como autobuses y taxis que sean accesibles en sus terminales y puntos intermedios de abordaje en ruta, instalaciones y espacios al interior de los vehículos y costos accesibles.

La inclusión en el transporte público, desde hace 20 años a la fecha, ha sido una invariable promesa de campaña que engrosa la lista de compromisos incumplidos por quienes una vez que acceden al poder, olímpicamente, olvidan lo prometido a sus votantes. Nuestros candidatos, sempiternos prometedores incumplidos, olvidan —o ignoran— que la inclusión es un imperativo legal, moral y económico, constitucional y convencionalmente tutelado.

Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el 17 de mayo de 2023 el amparo en revisión 686/2022 que versa sobre la accesibilidad al transporte público, otorgando el amparo y protección de la Justicia Federal a tres quejosos con discapacidad visual usuarios del metro de la Ciudad de México, en contra de las omisiones de las autoridades del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México de establecer ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a dicho medio de transporte en condiciones de igualdad, vigilar las medidas de accesibilidad implementadas y establecer acciones para la toma de conciencia de la población, en general, sobre la situación de las personas con discapacidad que utilizan el metro.

Al respecto, la Sala enfatizó que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones, y que los factores que un Estado debe atender para garantizar el derecho a la accesibilidad de dichas personas son, entre otros: la identificación de barreras y obstáculos; la implementación de acciones para su eliminación progresiva; y la concientización y sensibilización de quienes deben cumplir con las obligaciones de accesibilidad y de la población en general.

La resolución enfatiza que la accesibilidad en el transporte público constituye un prerrequisito para el disfrute de otros derechos como la educación, el trabajo y la salud, por lo que, la accesibilidad implica que tanto este medio de transporte como sus instalaciones sean accesibles; lo anterior, en el entendido de que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

El criterio sostenido por la Suprema Corte resulta obligatorio para todas las autoridades, de ahí que resulte exigible en el ámbito local, la implementación de medidas y disposiciones que garanticen que el transporte público en Sudcalifornia garantice el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado de Baja California Sur informó por medio de un comunicado de prensa que, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presidenta de la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad expresó que, es importante que las personas con discapacidad a través de las organizaciones que representan o individualmente, desempeñen una función central en la reforma de las leyes y las políticas participando en cuestiones como parlamentos.

Lo anterior, al iniciar este miércoles 30 de noviembre el IV Parlamento Inclusivo Sudcaliforniano 2022 “Por la Inclusión en Baja California Sur, reunidos los 21 parlamentarios en la Sala de Comisiones Armando Aguilar Paniagua, participaron activamente en las mesas temáticas, abordando temas como: movilidad, educación y laboral, temas que ellos mismos eligieron.

En este parlamento participan funcionarios en las mesas de trabajo, porque los parlamentarios piden ser visibilizados expresó la diputada quien manifestó su entusiasmo porque este año participaron 31 personas de toda la geografía estatal, con interesantes propuestas de trabajo y aunque sólo fueron seleccionados 21, el día de mañana en sesión solemne, esas inquietudes y demandas se verán reflejadas en una agenda legislativa a la que se comprometió a dar seguimiento.

Por último, el comunicado de prensa resaltó que, en el Parlamento, acompañaron a la presidenta Teresita de Jesús Valentín Vázquez, sus homólogas que son secretarias de la comisión, María Luisa Trejo Piñuelas y Eda María Palacios Márquez, el titular del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Mtro. Jorge Vale Sánchez y en representación del Consejero Presidente del IEE Alejandro Palacios Espinoza, Perla Marisol Gutiérrez Canizalez.

FOTO: Internet

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un comunicado de prensa se informó que, la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad de la XVI Legislatura del Congreso del Estado da Baja California Sur, integrada por las diputadas, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, presidenta y las secretarias, María Luisa Trejo Piñuelas (Morena) y Eda María Palacios Márquez (PRS), presentaron ante medios de comunicación las bases de la convocatoria para el IV Parlamento Inclusivo de las Personas con Discapacidad por la Inclusión en Baja California Sur.

De acuerdo con el comunicado, la presidenta de la comisión, la diputada, Teresita de Jesús Valentín Vázquez, indicó que el objeto del mismo, es conocer y exponer las propuestas y mecanismos de solución a las barreras que limitan la inclusión social de las personas con discapacidad en cualquiera de los ámbitos en los que se desarrollen, con la finalidad además, de que éstas sean integradas a la agenda legislativa, que contengan acciones afirmativas y de ese modo se logre fortalecer el marco jurídico en materia de inclusión y derecho a las personas con discapacidad.

Expuso también que, la sesión solemne se efectuará el día 1 de diciembre de 2022 en la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón del Congreso del Estado de BCS; los aspirantes a ser diputados por un día podrán presentar sus propuestas desde el 3 de noviembre hasta las 3:00 p.m. del día lunes 21 de noviembre a la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad en el Congreso del Estado, con dirección en Isabel la Católica y Nicolás Bravo, Colonia Centro; agregó que del 22 al 25 de noviembre se clasificarán las propuestas por tipo de discapacidad y las problemáticas, así como los argumentos de las y los aspirantes para seleccionar a los finalistas de los 16 distritos electorales de la entidad atendiendo también la paridad de género.

Finalmente, las diputadas secretarias, María Luisa Trejo Piñuelas (Morena) y Eda María Palacios Márquez celebraron por su parte la realización del parlamento, toda vez que atenderá a un importante grupo de la sociedad, que por años ha sido vulnerado; así mismo, agradecieron la colaboración del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ISIPD), el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en Baja California Sur (CRIT) y el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEE). Finalmente invitaron a toda la población a consultar los requisitos de la convocatoria en el sitio web, concluyó el comunicado de prensa

FOTO: Internet / Interior: Ayuntamiento de La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez presentó una proposición con punto de acuerdo en materia de Protección Civil para salvaguardar a personas con discapacidad, a fin de exhortar al director general del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (ISIPD) Jorge Vale Sánchez y a Benjamín García Meza, subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, para que de manera conjunta realicen un censo para conocer cuántas personas con discapacidad viven en zonas de riesgo, así como al Gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, para que destine los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el censo en mención, así se informó por medio de un comunicado de prensa de parte del Congreso del Estado.

De acuerdo con el comunicado, al no existir un censo actualizado de personas con discapacidad fue que, Valentín Vázquez expuso ante el pleno la necesidad de contar con información precisa que permita establecer políticas públicas en beneficio de la población con discapacidad a fin de prevenir y ser conscientes de las condiciones que nos rodean y de las posibles conductas ante imprevistos.

Añadió que, en Baja California Sur, la mayor parte de la población sabe qué hacer cuando hay un meteoro cerca, sin embargo, los riesgos son más altos para las personas con discapacidad al ser más propensos a estar en una situación de riesgo, afectados de manera desproporcionada en situaciones de desastres naturales y/o emergencias, debido a factores como la exclusión, la falta de conocimiento de quienes deben trasladarlos a lugares seguros y la interrupción de las redes sociales de apoyo, así como las barreras físicas. Señaló que, al considerar la realización del registro actualizado de personas con discapacidad se requerirá de capital económico suficiente.

Finalmente, el comunicado de prensa mencionó que, la legisladora reiteró que, la mejor forma de evitar riesgos es la planeación, para prevenir y no improvisar, dijo, si tenemos ese nivel de organización, el riesgo será menor para la población con alguna discapacidad, de ahí que la información de cantidad de personas y su ubicación geográfica es un sumamente necesario.

FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Por medio de un boletín de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, a fin de ampliar tanto los espacios de recreación accesibles para personas con discapacidad, como los lugares turísticos, el Pleno aprobó reformas a la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado, para que en cada municipio se adapte al menos una playa incluyente.

Diputadas y diputados de la XVI Legislatura respaldaron en forma unánime el dictamen de la Comisión Permanente de Atención a Grupos Vulnerables y Personas con Discapacidad. La comisión dictaminadora solicitó la opinión de los ayuntamientos, de los cuales el municipio de Comondú respaldó la propuesta y el de Los Cabos informó el equipamiento universal con el que se cuenta en cinco de sus playas.

En razón de que la iniciativa si produce un impacto presupuestario, la propuesta y el dictamen especifican que para lograr una accesibilidad universal en la vía pública, lugares públicos de esparcimiento y playas, los cambios necesarios podrán ser escalonados, por lo que el inicio de la vigencia de dicha reforma se estipula sea el 01 de enero de 2023, con el fin de que puedan ser considerados en los presupuestos anuales de ese ejercicio.

No se obliga a que los Ayuntamientos efectúen inmediatamente en su totalidad sino que se refiere a un cambio escalonado y sucesivo, a efecto de avanzar poco a poco en el ofrecimiento de un turismo inclusivo por parte de los Ayuntamientos, precisó el dictamen.

Finalmente, el boletín de prensa precisó que, la propuesta consistió en reformar la fracción XI del artículo 33 de dicha ley, con el objetivo de establecer los canales de colaboración, para que en un acto de sensibilización, las diferentes esferas de gobierno logren que cada municipio de Baja California Sur, cuente cuando menos con una playa de este tipo, con lo que además de dar cumplimiento a la propia ley, estará abriendo sus posibilidades para posicionarse dentro de la oferta turística nacional e internacional como precursor del turismo accesible, incluyente y universal.