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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por medio de un comunicado de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, luego de que el Pleno del Senado aprobara por unanimidad un dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la diputada Gabriela Cisneros Ruiz, afirmó que, en Baja California Sur, se está avanzando y en coordinación con el equipo de asesores y asesoras, será revisado con la finalidad de lograr su implementación.

Lo anterior, para fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia, de manera homologada en todo el país.

Cabe señalar que en coordinación con las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, de Transparencia y Anticorrupción, y de Igualdad de Género, se han realizado reuniones de trabajo con legisladores y especialistas en el tema, por lo que confió que Baja California Sur, podrá contar con un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, para concentrar la información de las personas deudoras alimentarias.

Finalmente, la iniciativa, que se trabaja en el Congreso del Estado, busca imposibilitar a quienes tengan antecedentes en los delitos como ciberacoso, hostigamiento, feminicidio, violencia vicaria, violencia política, entre otros, para ser postulados por cargos de elección popular o de designación, concluyó el comunicado de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por medio de un boletín de prensa del Congreso del Estado se dio a conocer que, la Diputada María Luisa Trejo Piñuelas presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto que mujeres y niños, así como cualquier persona que tenga derecho a recibir una pensión alimenticia derivada de un divorcio, ésta le garantice una vida digna.

Al respecto, consideró que para fortalecer el texto actual del primer párrafo del artículo 314 A del Código Civil para el Estado de Baja California Sur, se requiere añadir al mismo, que el juzgador, a fin de lograr un equilibrio, debe advertir cualquier cuestión de vulnerabilidad y desequilibrio económico que se presente en el caso en particular; del mismo modo, para la fijación de los alimentos deberá considerar que éstos garanticen una vida digna y decorosa para quien la reciba.

En ese contexto, la legisladora puntualizó que en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 11° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se contempla el derecho fundamental de toda persona a acceder a un nivel de vida adecuado o digno, por lo que, esta condición también debe prevalecer cuando se fijan las pensiones alimenticias, ya que las mismas, sin duda, deben dictarse atendiendo a la dignidad de la persona que ha de recibirla, dijo.

Finalmente, Trejo Piñuelas añadió que, incluso el máximo tribunal, expresó diversos criterios jurisprudenciales para que la obligación de dar alimentos se deba considerar en un momento dado para resarcir el desequilibrio económico que suele presentar el cónyuge que durante el matrimonio se vio imposibilitado para hacerse de una independencia económica, dotándolo de un ingreso suficiente hasta en tanto se encuentre en posibilidades de proporcionarse a sí mismo los medios necesarios para su subsistencia. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, concluyó el comunicado de prensa.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de un boletín de prensa por parte del Congreso del Estado se informó que, para establecer en el Código Civil del Estado de Baja California Sur, que el parámetro para fijar las pensiones alimenticias sea en salarios mínimos, no en UMAS como hasta hoy se considera, la diputada María Luisa Trejo Piñuelas, propuso un proyecto de decreto, que armoniza la ley estatal con la federal en este tema.

Durante su intervención en tribuna, en la sesión de la Diputación Permanente de este martes, la representante popular añadió que serán determinados por convenio y en cuanto a los alimentos, tendrán un incremento automático equivalente al porcentaje en que aumente el salario mínimo vigente, salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en la misma proporción. 

En la justificación de motivos, la representante popular afirmó que desde su óptica, el artículo 461, debe adecuarse al criterios sostenido por la Primera Sala, porque con esto se asegura que los acreedores alimentarios realmente se ajustan a los principios de justicia y proporcionalidad que deben regir en el otorgamiento de la pensión alimenticia, recibiendo así una pensión justa. Aludió  a la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se decidió que las pensiones alimenticias deben tomar en cuenta el salario mínimo vigente como parámetro para su cuantificación y no el de la UMA.

En ese contexto, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiere obtenido el deudor; estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Su propuesta, que fue asignada a la comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis, implica reformar el artículo 461 del Código Civil, concluyó el boletín de prensa.