FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La inseguridad es indudablemente, una preocupación constante entre la ciudadanía, y ninguna estrategia de combate al delito es eficaz, sin la participación ciudadana, específicamente, en el campo de la prevención.

En los modelos exitosos, la organización ciudadana, principalmente desde las agrupaciones vecinales, es un factor decisivo, contar con las herramientas que la ciencia moderna pone actualmente a disposición de la sociedad. Los programas de vecinos vigilantes, apoyados en cámaras privadas de videovigilancia, sistemas de comunicación, alerta, alarma y reacción, en coordinación siempre con las fuerzas del orden público, han demostrado ser los más eficaces en la prevención del delito.

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Cada día hay más organizaciones vecinales buscando mecanismos que les permitan mejorar la seguridad en su entorno familiar y vecinal.

Mexicanos Unidos Por la Seguridad ⁽¹⁾ es una organización que busca aportar herramientas de vanguardia a las organizaciones civiles que participan en labores de prevención del delito. Entre las herramientas que proponen, destaca la siguiente aplicación:

Auxilio Exprés: Es una aplicación disponible para Android ⁽²⁾ o iPad ⁽³⁾, ideal para ser utilizada por organizaciones vecinales, grupos familiares y conjuntos condominales. Se trata de una herramienta desarrollada por programadores mexicanos para promover la comunicación, coordinación y reacción entre ciudadanos para proporcionar auxilio en casos de emergencia; utilizando la tecnología virtual como medio de comunicación. Esta aplicación brinda, entre otras, las siguientes funciones:

Comando de voz. Con tan sólo una palabra clave, se puede encender la alarma; no es necesario abrir la aplicación ni apretar botones.

Prevención de riesgo. Se puede programar la aplicación para solicitar un código después de determinado tiempo; en caso de no ingresar el código, la alarma se encenderá.

Transmisión de video y de audio. Al activar la alarma, se comenzará a transmitir el audio y video de lo que esté sucediendo en el lugar de la emergencia.

Auxilio inmediato. Recibirán la notificación de la alarma los usuarios locales del lugar de emergencia, con el fin de poder dar/recibir ayuda lo más rápido posible.

Respaldo perimetral. Al pedir auxilio en casa, se encenderán todas las sirenas que se ubiquen alrededor de la emergencia; alertando a toda la comunidad.

Identificación del alarmante. Se registra e identifica al usuario que haya encendido la alarma, con el fin de prevenir a los falsos alarmantes

Ubicación. Al recibir la notificación de alarma, los usuarios locales y personas dentro de tu grupo de confianza podrán ver en un mapa, la ubicación donde sucedió la emergencia.

Portones compartidos. La aplicación se puede conectar para abrir y cerrar portones compartidos; llevando un registro de los usuarios que abren las puertas.

Esta aplicación tiene una versión gratuita, ya disponible, y constituye una magnífica herramienta en las labores de prevención del delito, que nos ayuda a construir una comunidad cada día más segura.

⁽¹⁾ https://www.facebook.com/Mexicanos-Unidos-por-la-Seguridad-102154798966944

⁽²⁾ https://play.google.com/store/apps/details?id=dev.ias.swat.ccs.com.auxilio_expres_flutter&hl=es_GT

⁽³⁾ https://apps.apple.com/mx/app/auxilio-express/id1483974120

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Roberto Galindo

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La sociedad sudcaliforniana se ha vuelto un crisol de personas, de las cuales muchas han venido de otros Estados de la República y de otros países. De acuerdo al censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, la Entidad contaba con 637,026 habitantes, de los cuales cuatro de cada diez nacieron en otros Estados del país. Además, debe considerarse a los extranjeros que llegaron para radicar en la entidad. El arribo y el establecimiento de personas de otros lugares tiene consecuencias de diversa índole, que pueden ser consideradas positivas o negativas, de entre éstas me ocuparé del enriquecimiento cultural que puede derivar en una mayor participación ciudadana en la vida política.

En lo referente a extranjeros, actualmente el Instituto Nacional de Migración (INM) calcula que en la entidad hay más de 60 mil, de los cuales alrededor del 40% tienen residencia permanente —principalmente procedentes de Estados Unidos. Si se considera que en el año 2 mil el número de extranjeros residentes en el Estado se estimaba en poco más de 3 mil, el incremento de ellos ha sido considerable en los últimos 18 años. Algunos han llegado para establecerse y otros lo hacen por temporadas; pero en los dos casos, dichas personas se integran a la sociedad sudcaliforniana, lo que, como en todo proceso de aculturación, genera contacto entre los pensamientos de los que conviven.

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Debido a lo anterior es que inmigrantes interestatales, internacionales y nativos cohabitan dentro de una sociedad sudcaliforniana que se renueva constantemente, lo que permite el enriquecimiento cultural de los individuos, pues entre estos se comparten experiencias de vida; lo que puede incluir preparación académica, prácticas de protesta ciudadana, así como diversos tipos de politización, desde las más simples representaciones ideológicas hasta los más complejos pensamientos filosóficos. Y es que el pensamiento es ágil y no conoce fronteras, sólo necesita receptores para amplificarse, dispersarse, reproducirse y repetir su ciclo de incubación y crecimiento.

Puede pensarse que la media península, por su situación geográfica, se encuentra alejada y solitaria, casi rodeada por mar y separada por cientos de kilómetros de tierra del resto de México. Y es así, pero sólo en lo geográfico, pues actualmente con las tecnologías de la comunicación, Sudcalifornia está más conectada al resto del país y al extranjero que en cualquier otro período de la historia, y en este sentido la comunicación se ampliará y se mejorará cada vez más. Esa combinación entre una sociedad multicultural con el advenimiento de las tecnologías de la comunicación, principalmente el de la Internet, ha convertido a un sector de la población en un activo contribuyente a la vida política en el nivel de participación ciudadana para la observación del ejercicio público de nuestros gobernantes.

Desde hace poco más de diez años, la sociedad sudcaliforniana ha participado activamente en la toma de decisiones respecto a su entorno social y medioambiental; para Sandino Gámez, el caso de la defensa de la playa de Balandra, que tuvo su máximo apogeo entre 2004 y 2008, representa una coyuntura en la relación Gobierno – Sociedad. A partir de este caso, la comunidad ha participado más dinámicamente en la defensa de su territorio, en el ejercicio de sus derechos, y en la observación del trabajo de las autoridades. Y, a este respecto, aunque los temas son muchos sólo enfocaré mi reflexión a dos asuntos, que por desgracia se han convertido en conflictos sociales; por un lado, el establecimiento de empresas mineras y, por el otro, el de los grandes desarrollos inmobiliarios, principalmente los relacionados al sector turístico.

Ciudadanos protestando contra el despojo.

En dichos conflictos, la participación de la ciudadanía ha sido fundamental en la observación del ejercicio de nuestras autoridades en todos los niveles del gobierno, sobre todo en la exigencia de transparencia en los procesos de autorización para el establecimiento de las empresas mineras y los desarrollos inmobiliarios. Procesos en los que intervienen diversos grupos empresariales —muchos de los cuales están integrados por partes nacionales y extranjeras—, así como autoridades municipales y estatales, e incluso federales obligadas a participar, aunque no competentes en todos los casos y, por supuesto, la sociedad sudcaliforniana que en su mayoría está en contra de los desarrollos en ambos ramos.

En los asuntos concernientes a la minería y los desarrollos inmobiliarios, la mayoría de los involucrados, directa o indirectamente, son sudcalifornianos, ya sea de origen o por elección, incluidas las personas opositoras, las autoridades del Estado y los empresarios. De este conjunto, las autoridades tienen la obligación de obrar en el resguardo y beneficio del desarrollo social de sus gobernados, incluidos los extranjeros; pues ellos deben atenerse a la mayoría de las leyes que rigen a toda la población —además de otras leyes particulares a su situación de inmigrantes—, y esto es así por el simple hecho de que una vez que llegan al territorio estatal son responsabilidad de las autoridades correspondientes.

En la interacción de los tres grupos mencionados —sociedad en general, empresarios y autoridades— se debería percibir al de la autoridad como el fiel de la balanza en los procesos de autorización a los proyectos de las empresas aludidas, siempre observando y haciendo valer la ley en beneficio de las otras dos partes involucradas, pero anteponiendo el interés público y el bienestar social sobre los intereses empresariales, aunque la realidad es otra. La tendencia de las autoridades de favorecer a los grandes empresarios ha llevado a gran parte de la ciudadanía a realizar enérgicas protestas, y en algunos casos a la exigencia de juicios políticos contra los que consideran traidores a la sociedad por su “inexplicable” inclinación a beneficiar diversos proyectos mineros y desarrollos inmobiliarios.

Mantas sobre pedido y acarreados a manifestación en Cabildo, La Paz (2015).

Por el lado minero se tienen las tentativas de despojo de ciertos territorios, en los que diversas corporaciones intentan establecerse, principalmente al sur de la península, de cuyos casos sobresale el de instalar la megamina a tajo abierto Los Cardones en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, “tinaco natural” de muchas poblaciones, entre ellas La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo y Todos Santos; además de decenas de poblaciones más de menores dimensiones, que dependen del abastecimiento de agua del sistema de recarga natural de la sierra. En el mismo rubro, pero al Noroeste de la media península tenemos el despojo que se ha intentando llevar a cabo en el Pacífico, referente a la instalación de un proyecto minero submarino para extraer fosforita en el Golfo de Ulloa; asunto que ha sido motivo de una larga confrontación entre la ciudadanía y la prensa local con las empresas mineras y las autoridades.

Los dos casos mineros mencionados son los más notorios debido a la magnitud de los proyectos, las compañías y a los personajes involucrados por el lado de los grupos empresariales; así como por el gran disgusto que han generado entre la sociedad y que ha sido manifestado de manera abierta, incluso con la toma de carreteras.

Manifestación contra la megaminería y el despojo carretero y de playas, Cabo San Lucas (2015).

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FOTOS: Roberto E. Galindo Domínguez.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Termina el 2018, y en términos generales, debemos estar satisfechos con los logros alcanzados en nuestra lucha contra la entrada en operación de la megaminería tóxica en BCS.

Culminó el largo proceso judicial iniciado por la empresa minera, a partir de un documento apócrifo que intentaron hacer valer como autorización municipal de uso de suelo; al final del proceso, la justicia federal sólo les reconoció el derecho a ser oídos (garantía de audiencia) por la autoridad municipal, que en cumplimiento a la sentencia de amparo les informó que no existe constancia alguna de la expedición de permiso a su favor, lo que se traduce en que la minera, de insistir en su pretensión, deberá iniciar desde cero, el trámite de solicitud de autorización.

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Este año también festejamos que la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Estado, negó a la minera la autorización de cambio de uso de suelo forestal. Y la cereza del pastel, fue la suspensión definitiva otorgada por un juez federal, a la autorización de la Semarnat en materia de impacto ambiental, lo que prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad relacionada con la minería, hasta en tanto y cuanto no concluya el juicio de amparo en el que se generó la suspensión otorgada.

Iniciaremos en enero con la presentación de diversas demandas de amparo, tendientes a obtener la cancelación definitiva de la concesión otorgada a la minera. Para tener un panorama objetivo del lugar en que nos encontramos en este momento, revisemos el listado de permisos y autorizaciones que se requieren  para poder realizar obras y actividades de explotación minera en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna:

1.- Concesión para la explotación de los recursos minerales (Ley Minera).

2.- Autorización de la Semarnat en materia de Impacto Ambiental por el cambio de uso de suelo y por el tipo de obra (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).

3.- Autorización de la Semarnat en materia de cambio de uso de suelo de forestal a industrial (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable).

4.- Autorización de la Semarnat para el manejo de especies de la flora y fauna silvestre (Ley General de Vida Silvestre).

5.- Autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consistentes en el permiso para la realización de obras de infraestructura hidráulica, la concesión para la ocupación de terrenos federales y la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales (Ley de Aguas Nacionales).

6.- Autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tratándose de obras y trabajos de exploración y explotación de recursos mineros en áreas naturales protegidas (Ley Minera y reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas).

7.- Permisos y licencias municipales de construcción y de uso de suelo (Ley Orgánica Municipal y reglamentos municipales).

Analizando el listado, encontramos que a la fecha, la minera sólo cuenta con el título de concesión minera. Todos los demás requisitos, han sido suspendidos, negados, o están pendientes de tramitación y en cada caso, desde la sociedad civil estamos organizados para plantear una oposición técnica, jurídica y de ser necesario, recurrir a la movilización social.

2019: No bajar la guardia

Debemos estar satisfechos con los logros obtenidos este año, pero no debemos bajar la guardia; si queremos seguir siendo la entidad que ha frenado la minería antes de su entrada en operación, debemos seguir trabajando incansablemente en los tres frentes que han sido el pilar de nuestro éxito:

1- Difusión, información, capacitación y participación ciudadana en las redes sociales.

2- El mandato ciudadano específico, pugnando por el blindaje legal de la entidad, y la lucha en los tribunales judiciales y/o administrativos.

3- La movilización social, cuando ello sea necesario.

Si bien hemos ido cosechando victorias en forma permanente, lo cierto es que debemos estar muy atentos. El 2018 también significó un cambio en toda la estructura gubernamental, y la nueva administración federal da visos peligrosos en materia ambiental; hemos sido testigos de cómo se ha ordenado el inicio de las obras del llamado Tren Maya, sin haberse realizado previamente los estudios de gabinete, sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sin consensuar con las etnias originarias de la zona.

Ese alarmante precedente, y el hecho de que el dueño de la empresa minera que amenaza nuestra entidad es un personaje cercano al titular del Ejecutivo, nos hace considerar imperativo mantenernos muy atentos al devenir de la tramitología y estrategias a desplegar por la minera.

Debemos poner a trabajar a nuestros diputados y senadores federales, para alcanzar el blindaje efectivo de la entidad; a la fecha, sólo hemos visto intentos aislados e ineficientes, de legisladores empeñados en llevarse el mérito del blindaje. Parecen parvularios en competencia de preescolar.

En el listado de requisitos que publicamos, está la normatividad federal que debe modificarse, a través de una reforma legal integral, armónica, del marco regulatorio, para garantizar el blindaje. Se necesita que nuestros legisladores federales cierren filas, y lleven a cabo una labor conjunta de adecuación legislativa. Desde la sociedad civil, las distintas organizaciones que integran el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, se reportan listas para participar decididamente en el proceso.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Modesto Peralta Delgado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, envió al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se crea la Ley de Movilidad del Estado, para regular a fondo el servicio de transporte público en sus diferentes modalidades incluyendo los servicios que se brinden a través de plataformas digitales, informa el Gobierno del Estado a través de un comunicado de prensa.

“En Baja California Sur emprendimos una modernización de la infraestructura de movilidad urbana; los sudcalifornianos merecemos tener una oferta amplia y competitiva de transporte y un sistema más eficiente, suficiente, amable, seguro, económico y menos contaminante”, declaró el Gobernador de BCS en un mensaje que desde ayer se empezó a replicar hasta en redes sociales.

FOTO: Gobierno del Estado.

Con lo anterior, Mendoza Davis propone crear el Instituto de Movilidad, integrado por ciudadanos que, de manera transparente y justificada, fije las tarifas y otorgue las concesiones para transporte público de personas y los permisos respectivos en las otras modalidades, y para que éste se modernice y cumpla con las necesidades de la sociedad y del desarrollo del Estado.

Está iniciativa —puntualizó—, busca terminar con la discrecionalidad y los monopolios y reconoce a la movilidad como derecho humano, además busca proteger el medio ambiente, procura la igualdad de género y la inclusión de sectores vulnerables y, sobre todo, fomenta la participación ciudadana.

“Pretendemos que los servicios de transporte concesionado como los taxis y los que se prestan a través de plataformas digitales, puedan coexistir, erradicando la competencia desleal en beneficio de la población. Nuestras familias merecen elegir con absoluta libertad qué tipo de transporte prefieren utilizar”, dijo.

Por último, aseveró el mandatario estatal que la nueva realidad mundial y atendiendo la misma demanda ciudadana por contar con servicios de calidad en esta materia, se facilitará la entrada de nuevos servicios, particularmente los que se contratan mediante plataformas digitales, para ponernos a la altura de las economías más avanzadas y los mejores destinos turísticos del mundo.

Cabe señalar que en la presente semana, Uber inició operaciones en Los Cabos, lo que provocó una controversia que llegó a protestas por parte de taxistas en dicho destino turístico, sin contar con que también en La Paz se llegaron a dar manifestaciones en su contra, aunque pese a todo, en la capital del Estado el servicio se ha podido contratar desde hacer varios meses.

FOTO: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). De acuerdo con el Foro Latinoamericano de Profesionales en Seguridad, la seguridad pública es un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes. Implica que todos pueden convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. El Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable de evitar las alteraciones del orden social.

Las fuerzas de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, deben prevenir la comisión de delitos y reprimir éstos una vez que están en curso o se han producido, perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de sancionarlos.

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La seguridad pública depende, entre otros múltiples factores, de la eficacia de la Policía, de la correcta procuración y administración de justicia, de las políticas estatales y de las condiciones sociales que se generen a partir de la participación o apatía ciudadana en las labores de prevención del delito, teniendo como objetivo la tranquilidad y armonía social que se obtiene a través de la labor de prevenir, contener, combatir y sancionar las conductas socialmente lesivas.

En su proceso de ejercicio, la seguridad pública tiene distintas fases tendientes a evitar, combatir y sancionar los delitos:

Prevención: Programas de detección y erradicación de los focos generadores de conductas delictivas.

Disuación: Aquello que no se pudo prevenir, habrá que disuadir a los potenciales delincuentes, para que no lo hagan, trabajando en el ánimo del delincuente, para inhibir su intención criminal. Si pese al esquema de disuasión que se plantea por los cuerpos de seguridad, el delincuente decide llevar a cabo su delito, pasamos a la

Contención: Esquema de protección que pretende evitar la comisión del delito, utilizando para ello, la inteligencia policial, aplicando todas las herramientas tecnológicas que la modernidad y el presupuesto ponen al alcance de las corporaciones de seguridad pública, y —de ser el caso— haciendo uso de la fuerza, de manera racional y proporcional, en los casos que sea estrictamente necesario. Si la contención no es suficiente, entonces viene el

Combate: Aquí se da la flagrancia o cuasiflagrancia en la persecución del delito. Si recabamos en la investigación suficientes datos de prueba, pasamos a la

Persecución: Donde se integran las carpetas de investigación para reunir los medios de prueba necesarios para llevar el caso ante la autoridad judicial, buscando que el delincuente sea castigado, el daño reparado y la víctima protegida, a través de la salida alterna o la sentencia que imponga

Sanción: Al delincuente y en los casos en que se le castigue con penas de prisión, teniendo como objetivo que el reo, al cumplir su estancia carcelaria, alcance la

Reinserción Social: A efecto de que se incorpore a la sociedad de manera armónica, evitando que vuelva a delinquir.

Participación Ciudadana

¿En qué fase del proceso se incorpora la participación ciudadana en el tema de seguridad pública? Resulta determinante en la etapa de prevención, en tres actividades muy concretas, exigible a los particulares, con el apoyo y la directriz del Estado, a través de sus órganos de educación, salud y seguridad pública:

1. Formativa: En el hogar, hacia el seno del hogar. Vamos a educar a nuestros pequeños con valores, inculcándoles los principios cuyo seguimiento garantizan un desenvolvimiento social saludable, complementando los programas oficiales de educación, salud, esparcimiento, recreación, tanto en los espacios privados como públicos destinados a la convivencia, haciendo énfasis en la cultura, el arte, el deporte y la conciencia ecológica, generando todas las oportunidades necesarias para el desarrollo integral y armónico de nuestra niñez y juventud.
2. Correctiva: Toca a los padres corregir a los pequeños. Formar y corregir con el ejemplo. Ser congruentes con los valores que inculcamos, vigilar que los espacios de desenvolvimiento escolar social y familiar, se encuentren libres de factores de riesgo que propicien la violencia o las adicciones.
3. Alertiva: Detectar y evitar los riesgos corremos frente al embate de la delincuencia, a través de organización vecinal, contando con el apoyo de los operadores de proximidad social y prevención del delito, de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, que deben implementar programas permanentes de orientación y apoyo a la ciudadanía. Esta fase es determinante en la prevención del delito, pues la participación activa de la ciudadanía en las organizaciones vecinales es el mejor inhibidor de las conductas delictivas.

Conclusión

Somos parte de la responsabilidad colectiva, específicamente en el campo de la prevención del delito, de la mano de las autoridades. El que el Estado no cumpla con su parte, no nos exime de nuestra responsabilidad en las tareas de prevención del delito, específicamente en ámbito familiar y social, atendiendo nuestra función formativa, correctiva y alertiva.

Sin soslayar nuestra responsabilidad, tenemos el derecho irrestricto de exigir al Estado, el diseño, implementación y seguimiento de programas y acciones eficaces de  prevención, disuasión, contención, combate, persecución y sanción del delito, con el más alto nivel de eficiencia, hasta recuperar la paz, armonía, tranquilidad social que nos han sido arrebatadas.

Es importante que los ciudadanos asumamos un rol proactivo en el tema de seguridad pública, participando en las organizaciones vecinales e incorporándonos a la Contraloría Ciudadana*  de reciente integración en el Estado, o cualquier otro espacio de participación desde la sociedad civil organizada, que nos permita ser severos escrutadores del quehacer público. Necesitamos pasar de simples espectadores vulnerables a celosos escrutadores del quehacer oficial en materia de seguridad pública.

Ya no queremos falsas promesas, ni pretextos, ni reparto de culpas. Queremos resultados, y debemos exigirlos.

*  Contraloría Ciudadana, La Paz, BCS.