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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde hace tres décadas ha habido intentos por establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en el área de la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Sin embargo, fue durante el sexenio de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megaminaría tóxica generó un gran conflicto social; en ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social. La lucha de la población sudcaliforniana en defensa del agua y la tierra se ha mantenido durante años. La primera parte de este ensayo puede consultarse AQUÍ.

Marrullerías políticas

A finales de julio de 2015 la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología (DGDUE), a cargo de Socorro Isela Fiol Manríquez, otorgó un dictamen técnico de viabilidad y factibilidad a la solicitud de cambio de uso de suelo para los 18 predios que requería Desarrollo Zapal para erigir la megamina (Oficio D.G.D.U.yE./1101/331/2015). Con lo que el proceso de autorización estaba corriendo, ahora faltaba la autorización del Cabildo en pleno. La ciudadanía protestó y encaró con reclamos a Fiol Manríquez, quien se declaró víctima de las presiones de Marco Antonio Núñez Rosas, secretario general del Ayuntamiento de La Paz, quien según ella la obligó a firmar el dictamen. Envuelta en llanto Fiol Manríquez prometió que revocaría su firma.

En septiembre de 2015, a una semana de la renovación del Cabildo y después de dos sesiones supuestamente realizadas los días 9 y 21 de ese mes, el grupo saliente, de mayoría priísta, autorizó el cambio de uso de suelo solicitado por Desarrollo Zapal, y lo hizo en una sesión ilegal pues esta se celebró en el salón de un hotel de la ciudad de La Paz; cabe señalar que se realizó con la ausencia del Presidente Municipal y de dos de los Regidores, éstos últimos quienes señalaron que la documentación signada en dicha sesión era apócrifa. La Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología señaló que no había emitido un nuevo dictamen sobre la viabilidad y factibilidad del cambio de uso del suelo, además del que Fiol Manríquez declaró haber firmado bajo presiones de Núñez Rosas, por lo que la aprobación de algunos integrantes del Cabildo incurría en más de una violación al protocolo y a la legalidad.

Desde que se corrieron los rumores de la aprobación a la minera, la ciudadanía realizó diversas acciones de protesta civil que se iniciaron con la toma de la carretera transpeninsular en Todos Santos el día 23; para el 24 y 25 de septiembre estaban bloqueadas varias carreteras y autopistas de la Entidad, así como los accesos a los aeropuertos de La Paz y de San José del Cabo. Y fue hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general del Gobierno Estatal, se presentó en los bloqueos y firmó un documento en el que se comprometió a dar salida al conflicto, que las vías de comunicación fueron liberadas. Así mismo, del 23 al 27 de ese mes, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav)resguardaron el Archivo Municipal para evitar el ingreso del documento apócrifo resultado de la sesión clandestina del Cabildo, y aunque Marco Antonio Núñez se presentó al recinto e intentó regularizar las ilegalidades cometidas, el documento no le fue aceptado.

El 9 de marzo de 2016, Saúl Colín Ortiz, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no acudió a la audiencia solicitada por la comisión legal del Freciudav; los representantes de la organización ciudadana pedían respuesta a una denuncia, presentada anteriormente, contra la empresa Desarrollo Zapal por haber realizado desmonte en algunas zonas de la Sierra de la Laguna. Las autoridades nuevamente ignoraban el reclamo social. Entre mayo y junio de 2018, durante las campañas electorales para elegir al nuevo Presidente Municipal de La Paz, el Freciudav convocó a todos los candidatos a firmar un documento para que se comprometieran a negar el cambio de uso de suelo para el establecimiento de cualquier empresa minera en la Sierra de la Laguna, excepto los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), los demás signaron dicho documento.

Tensa calma y reactivación del conflicto

Durante la mayor parte de los años 2016 y 2017 la batalla entre promoventes y ciudadanos se dio mayormente en los medios de comunicación y en las redes sociales; con acusaciones y noticias falsas por parte de los pro-mineros y mediante comunicados y ruedas de prensa informativas por parte de los opositores. Éstos últimos llevaron a cabo eventos informativos en diversas plazas públicas, así como colectas de firmas dirigidas para mandatar a diversas autoridades, legislativas y ejecutivas, a negar la entrada del proyecto Los Cardones y la megaminería en general. La protesta social pacífica se reactivó en las plazas públicas y en las calles el 29 de agosto de 2018 con intensas y nutridas manifestaciones debido a que Desarrollo Zapal, intentó ese mes, de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, de extracción panista, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo había sido rechazado, también dijo que la empresa podía intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos.

Promovente minero flanqueado por guardias de seguridad privada, Cabildo La Paz 2015.

En La Paz, ante la convocatoria del Freciudav, se congregaron alrededor de 1 mil personas afuera del Palacio de Gobierno Estatal para exigirle al gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente contra la minería. Ante la ausencia del mandatario incrementaron el tono de la protesta hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno salió y, micrófono en mano, dijo que “el Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”, haciendo referencia a Los Cardones. Sin embargo, ante la insistencia de los manifestantes de dialogar formalmente, de la Peña Angulo aceptó el ingreso de una comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas al recinto.

En la mesa y ante las demandas de integrantes del Freciudav y de otras organizaciones procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos independientes, de la Peña Angulo, acompañado por Axxel Sotelo, delegado de la Semarnat, se comprometió a elaborar un documento oficial en el que se especificaría la emisión de una iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la Sierra de la Laguna; este documento daría continuidad a lo ya desarrollado por el Freciudav y que sería integrado de común acuerdo por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del Gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al Cabildo saliente y al entrante, así como a las instituciones encargadas del medio ambiente. Ese mismo día se integró y firmó el documento, que menciona: “… el Gobierno del Estado no ha estado, no está y no estará a favor de obras y/o actividades industriales (minería), comerciales o de servicios que atenten contra los derechos humanos y la ecología.

En el caso concreto del pretendido proyecto minero conocido como “Los Cardones”, el Gobierno del Estado de Baja California Sur continúa con la postura de “No viable ambientalmente” como lo hizo del conocimiento de la Semarnat mediante la opinión técnica correspondiente en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 30 de agosto fueron a la explanada del palacio estatal alrededor de 200 personas, muchas de las cuales confesaron a varios medios de comunicación que habían recibido entre 150 y 200 pesos por presentarse al lugar y declararon no saber que hacían ahí. Así, la respuesta de los promoventes mineros ante la protesta social pacífica contra el megaproyecto quedó muy disminuida.

El día 13 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Delegado de la Semarnat, al Consejo Estatal Forestal y a los Regidores y al Presidente Municipal de La Paz; en el primer punto de acuerdo dicho documento señala que: “EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONDUCTO DE LA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR EN LA ENTIDAD DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE EN ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE, PROCEDA A DICTAMINAR EN SENTIDO NEGATIVO LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES A USO INDUSTRIAL, PRESENTADA POR LA EMPRESA DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. PARA DESARROLLAR EL PROYECTO MINERO METALÚRGICO DENOMINADO ¨LOS CARDONES¨ UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LA PAZ, DENTRO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA LA LAGUNA, EN ATENCIÓN A LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. “

La ciudadanía, después de una larga lucha, consiguió entre agosto y septiembre de 2018 el apoyo de las autoridades municipales y estatales y no sólo alcanzó eso, pues el día jueves 8 de noviembre, con la participación del Freciudav, fue aprobado de manera unánime en el Congreso del Estado un dictamen con proyecto de decreto para reformar la Constitución del Estado y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el propósito de que: “El Gobernador del Estado decrete por causas de utilidad pública, protección al ambiente y garantía de los derechos humanos: “Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación”. La ciudadanía sigue a la espera de la aprobación y publicación oficial de tales reformas.

El “no a la mina” del presidente

El lunes 17 de septiembre de 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigió un mitin en el malecón de La Paz, en donde alrededor de tres mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones, la minería submarina en el Golfo de Ulloa, y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la Entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular. La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales. Obrador no complació a la masa y dijo: “[…] lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera, no obstante, el pueblo ya había decidido, eso estaba claro desde varios años atrás, ahora sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, o cuando protestó frente a Tv Azteca. La consulta podía ser un arma poderosa, pero de dos filos, que dependería del tamaño de la participación ciudadana. La propuesta de Obrador fragmentó a los asistentes y durante algunas semanas dividió a la sociedad sudcaliforniana, unos se manifestaron a favor y otros en contra, el asunto se alargó en las redes sociales.

La cercanía de AMLO con Ricardo Salinas Pliego, quien es parte de un consejo asesor del presidente, generó mucha suspicacia entre la sociedad sudcaliforniana. Desde el encontronazo entre el pueblo y el presidente electo los rumores y las suposiciones sobre que Obrador había negociado con Salinas Pliego una consulta popular amañada estuvieron presentes en los medios de comunicación, en las redes y en las conversaciones. El 3 de marzo, cuando Obrador regresó a Baja California Sur, los activistas anti-mineros ya tenían preparadas varias acciones, querían demostrarle al ya Presidente en funciones su completa animadversión a la minería, esperaban el anuncio de la consulta ciudadana, la que se había pospuesto desde diciembre pasado, pues habrá que recordar que el 17 de septiembre AMLO dijo que la consulta se realizaría en diciembre de 2018. En la asamblea popular AMLO los sorprendió con el “no a la mina” presidencial y transformó la protesta ciudadana en algarabía.

Protestas afuera de TV Azteca BCS 2015.

Un logro ciudadano

Impedir la entrada de la megaminería a tajo abierto en una Reserva de la Biósfera, en un país que adolece de corrupción, no es un logro menor y este es sin duda de la sociedad civil organizada de sudcalifornia, pero debe ser considerado también un triunfo nacional; y, por supuesto, un ejemplo de que la sociedad puede determinar su devenir en las políticas públicas si se lo propone y ejerce la debida presión sobre las autoridades, que se han caracterizado por ser complacientes con las autorizaciones de proyectos de diversas actividades industriales y comerciales, aunque los empresarios no cumplan con las reglamentaciones nacionales e internacionales correspondientes, y a pesar de que atenten contra el medio ambiente y la vida.

Ese “no a la mina” es el resultado de años de lucha de sudcalifornianos comprometidos con la defensa de su territorio y del derecho a la vida, pues lo que estaba en juego en esta parte del Estado era la contaminación, con desechos tóxicos, del sistema de recarga hídrica que abastece a gran parte del sur de la Península. La lucha de los ciudadanos parece haber ganado la liberación de la Sierra de la Laguna de la amenaza de la megaminería a tajo abierto para la extracción de oro, pero aun falta que lo dicho por Obrador se haga oficial mediante documentos, leyes o decretos, que enfaticen la ilegalidad del establecimiento de minería en la Sierra de la Laguna y en general en la Reserva de la Biósfera de que ésta es parte.

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

Los Cordero y su rancho Las Padercitas son la última línea de defensa, de resistencia física en la Sierra de la Laguna, son la última trinchera desde la que se impide la entrada de la compañía minera…  REGD 07/2015.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha que durante años ha librado la población sudcaliforniana contra la megaminería fue coronada durante la asamblea pública que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio en Cabo San Lucas el domingo 3 de marzo de 2019. Cuando dijo “no a la mina” los asistentes estallaron en aplausos y en gritos de: ¡Presidente, Presidente, Presidente!, y desde entonces la algarabía ha cundido en el resto de la población del Estado. Sólo algunos sectores partidarios del priísmo y grupos empresariales relacionados al ramo minero han mostrado inconformidad o han manifestado que la decisión del Presidente es populista. Algunos funcionarios públicos de la más alta jerarquía se han aprovechado del “no a la mina” presidencial para montarse en una lucha ciudadana que no libraron.

En Baja California Sur se realiza minería de diversos tipos, pero desde hace años algunas empresas de capital nacional y/o transnacional han intentado establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en un área estratégica para la acumulación y distribución de agua en la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Y aunque la sociedad civil se manifestó en contra y exhortó a nuestros gobernantes a privilegiar la vida sobre el interés económico, la codicia prevaleció en las altas esferas empresariales y políticas; y una y otra vez autoridades municipales y federales dieron entrada a los diversos proyectos presentados para el establecimiento de la megamina e incluso otorgaron permisos condicionados, pero sin observar las disposiciones oficiales para tal efecto; todo esto, en el mejor de los casos, ante la inacción de las autoridades estatales. Para desgracia de los inversionistas y los funcionarios públicos involucrados en esos procesos amañados, la sociedad sudcaliforniana siempre estuvo expectante y dispuesta a protestar contra la megamina, es por eso que cada intento de establecerla fue detenido por una amplia protesta ciudadana a pesar de las autoridades municipales, estatales y federales en turno.

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Décadas de lucha

Los intentos por explotar esta región mediante megaminería datan al menos desde hace tres décadas, pero fue en el sexenio panista de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megamina a tajo abierto generó un gran conflicto social. En ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social, lo que obligó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a rechazar los proyectos. Tiempo después, durante la administración federal priísta de Enrique Peña Nieto, en octubre del año 2013, la empresa Desarrollo Zapal, S.A. de C.V. ingresó ante las autoridades correspondientes el proyecto minero con algunas modificaciones y con el nombre de Los Cardones; cuya Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada en junio de 2014 por la Semarnat, a pesar de que parte de la zona que sería explotada se encuentra en un Área Natural Protegida decretada Reserva de la Biósfera en 1994, misma que forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera protegidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Esa autorización fue condicionada a tener un plan de manejo de residuos mineros y a obtener los permisos necesarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. En ese entonces Exequiel Ezcurra, expresidente del Instituto Nacional de Ecología, revisó la MIA aprobada, y señaló que era similar a las presentadas antes, y determinó que además tenía otras fallas.

El descontento social

El conflicto generado por los intentos de establecer la megamina fue particularmente álgido en los años 2014 y 2015. Como respuesta social al ingreso de la solicitud de cambio de uso de suelo de 2013, y ante la inminencia de su aprobación, en abril de 2014 se conforma el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) integrado por 37 organizaciones civiles y por ciudadanos sin filiación. También en abril de ese año, los guardias de Adamantium Private Security Services, compañía filial de Desarrollo Zapal S.A. de C.V., bloquearon por primera vez el acceso al rancho Las Padercitas, predio El Saucito —también conocido como El Encantado— ubicado en La Sierra de la Laguna; pero fueron echados por la familia Cordero, dueños del predio, y por ciudadanos de diversas partes del Estado que fueron a apoyarlos. Desde entonces la familia Cordero fue acosada e intimidada de diversas maneras, ya que su propiedad se encuentra en el área que la compañía minera pretendía devastar, y ellos se habían negado a ceder sus terrenos.

En junio de 2015 la entonces vocera del Freciudav, Irina Trasviña Mar, declaró que la empresa Desarrollo Zapal S.A. de C.V. es propiedad de Invecture del Grupo Salinas, al igual que Adamantium Private Security Services (Oficio FRECIUDAV-0200615). Debido a lo anterior, no parece coincidencia que, desde el año 2012 Sergio Sarmiento, comentarista de Televisión Azteca, propiedad de Grupo Salinas, haya visitando Baja California Sur en varias ocasiones y participara en foros a favor de la minería. Por ejemplo, en uno de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) en La Paz, en noviembre de ese año. Lo expresado por Sarmiento causó enojo en diversos sectores de la sociedad sudcaliforniana, pues demostró gran desconocimiento sobre el tema, principalmente en lo que considera grandes beneficios de la minería para los más pobres. Además de que criticó a los activistas opositores.

La aprobación de la MIA condicionada en junio de 2014 desencadenó una serie de fuertes protestas, pocas veces experimentadas en el Estado. El 7 de mayo el Freciudav emplazó un plantón en la explanada del Palacio de Gobierno estatal en La Paz, que luego trasladaría al Palacio Municipal; la protesta se mantuvo por 37 días, hasta que logró cierto respaldo de las autoridades. El 3 de agosto dentro de una gran manifestación, una caravana de más de 120 vehículos procedentes de diversos puntos del Estado se congregaron en el estacionamiento del Palacio Municipal y de ahí se dirigieron al centro de La Paz; en la calle Licenciado Primo Verdad, frente a las instalaciones de Tv Azteca, los ciudadanos gritaron consignas contra el proyecto minero, la empresa televisiva y su dueño Ricardo Salinas Pliego. Los inconformes quemaron dos piñatas que aludían al entonces secretario de la Semarnat, Juan José Guerra Abud y a Salinas Pliego. Posteriormente, los manifestantes continuaron su camino hasta la plaza del malecón; en ese lugar realizaron diversos eventos culturales e informaron a la ciudadanía de los riesgos que conlleva la minería de este tipo.

La violencia

El 3 de marzo de 2015 los guardias de Adamantium Private Security Services establecieron un campamento en las inmediaciones de Las Padercitas. Durante la noche del día 4 y la madrugada del 5 de ese mes el rancho fue saqueado y destruido; esa noche únicamente se encontraba Rodolfo Nava Rojas, amigo de la familia, a quien le habían encargado el rancho, pues don Jorge Cordero —diagnosticado con cáncer de hueso y fallecido en 2016— se había trasladado con otros familiares a La Paz para someterse a una quimioterapia. Alrededor de 30 individuos encapuchados atacaron el rancho. Rodolfo huyó a las cercanías desde donde presenció los hechos. Los atacantes destruyeron el corral y la casa, además se llevaron los escombros de ésta y todas las pertenencias de los Cordero; incluidas 13 vacas y tres borregas, así lo declaró Cristian Cordero, quien también señaló que a la mañana siguiente los abogados de Desarrollo Zapal se presentaron en el lugar acompañados de un notario público de La Paz para dar fe de que el rancho se encontraba abandonado. De acuerdo a Cristian, con esa acción la empresa inició un litigio civil contra la familia Cordero por la posesión del predio El Encantado o El Saucito.

Campamento de guardias de seguridad privada en las inmediaciones del rancho Las Padercitas 2015.

Desde su campamento, los guardias de seguridad continuaron acosando y amenazando a los Cordero. La violencia por parte de los promoventes mineros llegó a tal grado que la noche del 30 de mayo de 2015 Mario Martínez González —sobrino de don Jorge Cordero— y su esposa fueron despertados por varios disparos. Ellos habitaban una pequeña casa rodante en Las Padercitas. Les disparaban desde los arbustos y árboles; ellos salieron como pudieron del remolque y corrieron al monte. Los guardias de seguridad pasaron de las amenazas verbales al uso de armas para lograr que la familia Cordero abandonara el rancho. Mario señaló en una conversación con Radio Zapatista Sudcaliforniana que fueron más de 10 disparos. Aquí se puede escuchar la conversación grabada cuando la pareja estaba escondida en el monte.

Confluencia ciudadana

Tras las agresiones a la familia Cordero la lucha social contra el proyecto Los Cardones tomó un nuevo enfoque. Pues si desde hacía años gran parte de la sociedad sudcaliforniana se había manifestado en contra del proyecto, ahora la valiente resistencia de los Cordero ante los embates de Desarrollo Zapal se convertía en punto de confluencia de diversos grupos que ya venían librando sus propias gestas en contra de la megaminería tóxica, como Niparajá, Agua Vale Más que Oro, Medio Ambiente y Sociedad (MAS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Freciudav. Incluso congregó a cientos de extranjeros residentes y a un sector de empresarios agrupados en la Asociación Sudcaliforniana de Profesionales Inmobiliarios (ASPI), quienes hicieron público su rechazo al proyecto. Los grupos opositores a la megamina tenían un punto en común: sabían del gran impacto negativo que esta forma de despojo y explotación puede traer a la región.

La sociedad cerró filas en torno a la familia Cordero y colaboró con ellos con asesoría legal para levantar una denuncia por agresiones y despojo ante las autoridades, que por cierto empantanaron el proceso dando largas a las peticiones de los agraviados; la ayuda también fue en obra y en especie para la reconstrucción del rancho, al que fueron diversas caravanas desde diferentes puntos del Estado durante los meses de abril, mayo y junio de 2015. En abril un grupo de ciudadanos de Todos Santos convocó a una caravana para constatar las denuncias de la familia Cordero, a la que se sumó gente de otras partes, así como un grupo representativo del Freciudav; el 16 de abril por la mañana esa organización acudió a la presidencia municipal de La Paz para solicitar el apoyo de la policía, pues sabían que los guardias de Adamantium Security estaban armados.

La caravana quedó integrada por civiles, dos patrullas, algunos periodistas y un vehículo de migración; para los activistas la presencia de los agentes de migración fue para intimidar a los extranjeros residentes. La caravana se encontró con un portón que impedía el libre tránsito sobre el único camino vecinal de jurisdicción municipal de acceso hacia el rancho Las Padercitas. A un lado de éste había instalado un sanitario móvil, todo resguardado por seis guardias que se encontraban a unos 200 metros a bordo de una camioneta doble cabina de la empresa Adamantium. En el área del campamento los policías no encontraron armas, sólo una caja de balas vacía. Fue evidente que alguien les advirtió de la visita de inspección.

En otra caravana, realizada el 25 de abril, hubo un conato de pleito en las inmediaciones del rancho Las Padercitas, en donde uno de los guardias de seguridad privada identificado como vecino de la comunidad de El Rosario,se mostró violento ante el arribo de la misma y debió ser sometido por policías estatales y municipales. En esa ocasión, al inspeccionar los vehículos de los guardias se encontraron diversas pertenencias de la familia Cordero, mismas que habían sido sustraídas de su rancho la noche del 4 de marzo. Un vídeo y varias fotografías que muestran los hechos pueden ser consultados aquí. Después de ese incidente los guardias de Adamantium Security se retiraron del lugar, pero sólo temporalmente. A los pocos días regresaron y otra vez instalaron el campamento, aunque ahora ya no bloquearon el camino de terracería. El 2 de mayo se realizó otra caravana que también contó con el apoyo del Ayuntamiento y los policías municipales. En esta ocasión la misión fue reconstruir el corral derribado la noche del despojo, de acuerdo con los activistas, en una muestra de apoyo a la familia Cordero y como un mensaje para Desarrollo Zapal de que la ciudadanía estaba dispuesta a luchar al lado de los Cordero y por la defensa de su medio ambiente en contra de la entrada de la megaminería tóxica a Baja California Sur.

El 18 de junio de 2015 la familia Cordero se presentó en la Procuraduría General de Justicia del Estado, acompañada por integrantes del Freciudav y ciudadanos sin ninguna filiación, en donde le entregaron un oficio al procurador Adonaí Carreón Estrada. En éste le exigieron que se protegiera el derecho de la ciudadanía a tener acceso a agua potable y a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, pues expusieron que una megamina en la Sierra de la Laguna pondría en riesgo el abasto de agua para la población. También le reiteraron al procurador su irrestricto apoyo a la familia Cordero por los hechos ya mencionados y le exigieron una rendición de cuentas claras en referencia a las averiguaciones previas interpuestas en esa dependencia (LPZ/154/AMP1/2015, LPZ/155/AMP10/2015 y LPZ/162/AMP(/2015). La respuesta fue que ellos no tenían jurisdicción en el asunto y que debían dirigirse a las autoridades municipales

En julio de 2015 la ciudadanía pidió, mediante sus representantes del Freciudav, al Cabildo municipal de La Paz una audiencia abierta al público y a los medios de comunicación, para que expertos en diferentes materias les explicaran a los regidores y al presidente municipal Francisco Monroy lo pernicioso de la extracción minera a tajo abierto. El Cabildo sugirió una reunión conjunta con los promoventes mineros, pero los integrantes del Freciudav declinaron y solicitaron audiencia independiente.

El 6 de agosto se celebraron dos audiencias, por la mañana para los opositores a la megamina y por la tarde para los promoventes mineros. Ese día asistieron cientos de personas de varias ciudades del Estado, así como de diversos ejidos, para refrendar su rechazo al megaproyecto, la mayoría debió esperar afuera en la explanada del recinto legislativo. Los promoventes mineros llevaron acarreados de las colonias más humildes de La Paz, así como algunos partidarios de las comunidades El Triunfo y San Antonio. Los testimonios de los pagos de entre 100 y 200 pesos recibidos por los “manifestantes” para asistir al Cabildo fueron recabados por varios reporteros y por otros ciudadanos, circularon en las redes sociales y en algunos diarios locales. Incluso algunos acarreados, al enterarse de lo que implica establecer una megamina, cambiaron de bando o se retiraron del lugar.

A favor de la mina, palacio de Gobierno municipal, La Paz 2015.

En la audiencia de la tarde, en un acto sin precedentes, los promoventes entraron al recinto legislativo resguardados por guardias de seguridad uniformados; el mutismo de los Síndicos y de los elementos de la policía municipal presentes ante tal agravio sólo incrementó la zozobra ciudadana. Así mismo, esos guardias amedrentaron a reporteros y ciudadanos al fotografiarlos y/o filmarlos de frente con sus teléfonos celulares. Muchos de los ciudadanos opositores a la mina esperaron hasta la conclusión de la segunda audiencia. Hubo varios momentos ríspidos entre integrantes de ambas facciones que no pasaron de gritos e insultos.

 El Pacto de Todos Santos

En asamblea popular del 12 de septiembre de 2014 una multitud abarrotó la plaza de Todos Santos, para exigir el respeto a sus derechos. Asistieron cientos de todos santeños y miles de sudcalifornianos, llegó gente de La Paz, Los Cabos, Los Planes, El Sargento, entre muchas otras poblaciones, ejidos, rancherías y lugares del Estado; también asistieron decenas de extranjeros residentes y algunos ciudadanos de otras partes de la República. Era una congregación plural unida por objetivos comunes: la defensa de la Sierra de la Laguna y el agua que en ésta se acumula y que de ella se reparte a gran parte de sudcalifornia, así como la defensa de la Entidad de cualquier megaproyecto minero, incluidos los submarinos, pues en ese año el proyecto submarino Don Diego para la extracción de fosforita del Golfo de Ulloa, al norte de la Entidad, ya generaba otro conflicto social. En ese caso los promoventes mineros incluso demandaron al periodista Carlos Ibarra, por haber expuesto los hechos ante la sociedad, lo que involucró en el conflicto a la prensa local, nacional e internacional, así como a diversas asociaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión.

El Pacto de Todos Santos cimentó las bases de una ciudadanía alerta y coordinada que manifestó públicamente que su lucha, además de recurrir a todas las instancias legales nacionales e internacionales, no dudaría en ejercer la resistencia y la desobediencia civil pacífica si los Ayuntamientos y el Gobierno Federal no escuchaban su reclamo y continuaban autorizando proyectos mineros; pues las autorizaciones se gestan desde el Gobierno federal y se aprueban en el Cabildo Municipal. Ese pacto hizo que las autoridades municipales del Baja California Sur avizoraran la magnitud y el poder de la reacción social, lo que llevó a que las siguientes administraciones se posicionaran, aunque tibiamente, del lado de los civiles; también como consecuencia de ese encuentro social el Gobierno Estatal del panista Marcos Covarrubias se manifestó en contra de Los Cardones, aunque sólo verbalmente. Los activistas empezaron a propagar la consigna, en redes sociales y foros, de que todo gobernante o aspirante a cargo del gobierno que apoyara los proyectos mineros y que no hiciera todo lo posible para impedirlos sería castigado en las urnas.

El 18 de septiembre los reclamos se hicieron extensivos y de manera directa al presidente Enrique Peña Nieto, quien viajó a Baja California Sur tras el paso del huracán Odile; y fue en Todos Santos donde la población arremetió contra Peña Nieto y, además de exigirle el soporte gubernamental ante la crisis causada por el fenómeno meteorológico, le exigió la cancelación de los megaproyectos mineros; Peña hizo lo mismo que durante todo su sexenio, sudar, sonreír y enredarse en trabalenguas. El Pacto de Todos Santos congrega a más de 60 organizaciones civiles y más de 3 mil 500 ciudadanos, además de ser la manifestación social más coordinada y nutrida contra la megaminería, sus objetivos son de fondo, pues entre los principales está la derogación de la Ley Minera de 1992, misma que es en gran parte una de las causas de la propagación de los megaproyectos mineros y de los desastres ecológicos y sociales que estos generan, como la contaminación del Río Sonora con desechos tóxicos por parte de la Mina Cananea, de Grupo México, de Germán Larrea.

Tras el Pacto de Todos Santos la respuesta de los promoventes mineros no se hizo esperar y en enero de 2015 se anunció la conformación del Frente Prodesarrollo Sustentable, que en ese año hizo reuniones y emitió comunicados en los que encomiaba a la minería y a sus supuestos beneficios económicos y sociales; los promoventes mineros comenzaron a manejar en los medios de comunicación el término de minería sustentable. La gente que integró el Frente Prodesarrollo estaba ligada al priísmo más recalcitrante del Estado, a algunos personajes panistas, a organizaciones sindicales, a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), así como a David de la Paz, coordinador de TV Azteca en la Entidad.

Ciudadanos organizados contra el despojo, Todos Santos 2016.

La vía legal

En agosto de 2015 el Freciudav interpuso una demanda contra la autorización condicionada de la MIA aprobada por la Semarnat en 2014. El 9 de febrero de 2017, la Sala Especializada en Materia Ambiental y Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió la resolución correspondiente declarando la nulidad de dicha autorización. La declaratoria de nulidad impedía a la empresa promovente realizar cualquier actividad extractiva de minerales mediante la MIA mencionada, pues ésta carecía de una validación para los impactos ambientales que implica un emplazamiento minero como el de Los Cardones. Aunque la ciudadanía ganó esa batalla, la resolución del Tribunal Federal de Justicia se refería al caso particular de la MIA presentada de acuerdo a un proyecto y no hacía referencia sobre el futuro; es decir, si la empresa solicitaba otro resolutivo de la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, el fallo del Tribunal no establecía que éste se negara. El riesgo seguía latente pues la aprobación o negación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental es responsabilidad de las autoridades de dicha dirección y dependencia, que en ocasiones anteriores ya se habían mostrado afines y complacientes con los promoventes mineros, a pesar de que éstos incumplieran los requisitos y las diversas reglamentaciones correspondientes.

En la sentencia a favor del Freciudav se estableció que durante la tramitación y expedición de los permisos al proyecto minero Los Cardones no se respetó el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que la ley marca, ya que no se consideró que el artículo 48 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que las actividades productivas en las zonas de amortiguamiento de las Reservas de la Biósfera sólo pueden ser realizadas por las comunidades que ahí vivan —o con su participación—  al momento de la expedición de la declaratoria; lo que no cumplía la empresa minera, ya que Desarrollo Zapal, Grupo Invecture y demás empresas y consorcios que están detrás del proyecto Los Cardones, son tanto nacionales como internacionales, y no tienen vínculo con Baja California Sur, y menos con el área que repetidamente han pretendido devastar. Pero esa es una restricción que los promoventes mineros podían intentar zanjar mediante la cooptación de particulares o comunidades avecindadas en la zona de impacto, y una negativa como la que entonces obtuvieron no fue impedimento para que intentaran obtener nuevamente el permiso para su proyecto.

Ese logro del Freciudav es un buen ejemplo de lo que una sociedad organizada y participativa puede alcanzar mediante la difusión de una  problemática en diversos foros, así como en las redes sociales y, ejerciendo la protesta social pacífica e incluso la desobediencia civil; pero sobre todo empleando la vía legal para la solución de los conflictos sociales y ambientales. Una vez más la sociedad impedía el establecimiento de la megaminería tóxica en Baja California Sur.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Protesta contra la minera en visita de AMLO a La Paz. FOTO: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La tarde de este miércoles, de la oficina del Jurídico de la Delegación de Semarnat en Baja California Sur salió una información que establecía que el proyecto de aprobación de cambio de uso de suelo forestal a favor de Los Cardones —que se encontraba en borrador desde hace dos meses—, finalmente había quedado concluido y era favorable a la minera. Estaba listo para que únicamente lo firmará el Delegado y se le diera trámite al mismo.

Tras filtrarse la información, de inmediato, las organizaciones de la sociedad civil encabezadas por el Frente en Defensa del Agua y la Vida, se presentaron ante las oficinas del Delegado para cuestionarlo al respecto y reprocharle la ilegalidad en su caso de la firma de ese documento.

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El Delegado negó la existencia del documento y la firma del mismo, pero está muy presente en nuestra memoria el hecho de que también, en la administración municipal de la señora Ponce Beltrán negaban sistemáticamente que se otorgaría la autorización municipal de cambio de uso de suelo a la minera Los Cardones, y en los últimos días de su ejercicio público, intentaron otorgarla; de no haber sido por la movilización ciudadana hubiesen alcanzado su nefasto propósito.

En ambos casos, es decir, en la supuesta autorización que hubiera podido otorgar la administración poncista, y el cambio de uso forestal que pudiera otorgar el Delegado de Semarnat de BCS, se está en presencia de permisos emitidos dentro del marco de la ilegalidad, lo que significa que cuando hay corrupción y componendas en lo oscurito, cabe la posibilidad de que funcionarios deshonestos emiten permisos ilegales.

Es por eso que aunque el Delegado de Semarnat niegue insistentemente que no va a firmar esa autorización y que el documento de marras no existe no podemos creerle, y debemos buscar la certeza del hecho, para tranquilidad de todos los residentes de la entidad.

Despejando dudas

¿El uso de suelo lo da el Ayuntamiento de La Paz o Semarnat? Se trata de dos permisos distintos. El Ayuntamiento debe otorgar una licencia de uso de suelo para que la minera opere en el municipio, y además de ello, por afectarse una zona de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de La Laguna. Pero se requiere además, un cambio de uso de suelo forestal, el cual está a cargo de la depedencia federal, Semarnat. Se necesitan ambos usos de suelo, para que pueda operar la minera.

¿Porque sería ilegal el permiso de uso de suelo forestal que supuestamente otorgaría Semarnat a Los Cardones? En principio, podemos afirmar con pleno conocimiento de causa que ese supuesto permiso sería totalmente ilegal, toda vez que no reúne los requisitos legales para ello, resaltando el hecho de que no existe un estudio técnico ni opinión favorable por parte del Consejo Estatal Forestal que —incluso— ni siquiera ha sido convocado.

Aunado a todo lo anterior, y por encima de ello, es importantísimo destacar que en la especie existe una suspensión definitiva otorgada por un juez federal que prohíbe expresamente la realización de cualquier obra y actividades relativas al proyecto Los Cardones en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, lo que significa que si la expedición de ese supuesto permiso se constituyera en una violación a la suspensión definitiva otorgada por el juez, en automático se constituiría un delito de carácter Federal cuya comisión impone pena privativa de libertad e inhabilitación para el funcionario que la realice. Y en este caso, sería el todavía Delegado de Semarnat en Baja California Sur.

¿Qué debemos hacer para el caso de que, efectivamente, se expida la autorización de cambio de uso de suelo forestal a Los Cardones? El primer paso sería denunciar penalmente ante el juez de distrito y ante la PGR al Delegado, e impugnar dicha autorización en la vía administrativa mediante el recurso de revisión y el procedimiento de nulidad; en la vía judicial a través de un juicio de garantías. Tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, el primer efecto sería que se suspendiese cualquier actividad que pudiera intentar la minera.

Conclusión

No creo que se atreva el Delegado de Semarnat de BCS a firmar ese documento con el que se le otorgaría a la minera el cambio de uso de suelo forestal, para que Los Cardones pudiera realizar actividad minera en La Sierra de la Laguna. Pero como ya estamos curados de espanto, desde la sociedad civil organizada se ha convocado a una movilización para frenar cualquier intento de emitir tal permiso. No pasarán.

Si se otorga el multicitado permiso, combatiremos su ejercicio en la vía penal, administrativa y judicial, con los recursos y procedimientos ya citados.

La minera Los Cardones, no va a operar en la Sierra de la Laguna. No lo permitiremos.

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FOTO: Internet / Interior: Roberto Galindo.

Salud Para Todos

Por Josué Estrada Flores

La Paz, Baja California Sur (BCS). La minería a cielo abierto, como se pretende llevar a cabo en Baja California Sur —de forma concreta en la Sierra de la Laguna—, en busca del metal precioso con el propósito de la detonación económica de quienes desean invertir sus recursos, es causa de controversia; este artículo se centra en cuanto a los altos riesgos para la salud humana, en caso de que la empresa logre establecerse.

La oposición la han conformado una gran cantidad de ciudadanos y grupos organizados de la sociedad civil, con activistas de toda índole: intelectuales, profesionistas, empresarios, ambientalistas, amas de casa, estudiantes y un largo etcétera, quienes consideran que dicha actividad empresarial en caso de efectuarse, ocasionaría una catástrofe ambiental pudiendo detonar en un daño ecológico sin precedentes. Los argumentos a favor y en contra seguirán dándose con las batallas jurídicas y sociales, desde luego, amparadas en la legalidad y el estado de derecho, para lograr la fase final de obtener el cambio del uso de suelo. Por una parte, la empresa minera, y por el otro, los grupos ciudadanos en contra de dicho otorgamiento.

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Me complace compartir con ustedes, amigos lectores, algunos de los efectos que la actividad minera provoca en la salud de las personas. Como médico, tengo la obligación moral y profesional, de dar a conocer a la ciudadanía sobre los daños que ocasiona la minería a cielo abierto en la salud humana.

De inicio, debemos saber que a lo largo de la actividad minera, se genera el desprendimiento de sustancias tóxicas, algunas de ellas asociadas a la roca, otras asociadas a las sustancias que se utilizan para la separación de los minerales que se desean obtener; estas sustancias son difundidas al medio circulante ocasionando en diversos grados, el envenenamiento o la intoxicación de las personas.

Para empezar con la exploración del mineral, se requieren miles de toneladas de dinamita, con el propósito de romper la roca para enviarse al lugar de trituración. El explosivo libera grandes concentraciones de nitratos y monóxido de carbono que provoca en la salud personas un alto impacto como vómito, asfixia, decaimiento, irritación del tejido pulmonar, pérdida de la conciencia, y en ocasiones, la muerte. Durante este proceso de detonación, junto con la perforación, excavación, carga, transporte, trituración, almacenamiento, etcétera, se genera polvo por el desprendimiento de partículas sólidas que quedan suspendidas en el aire; estas partículas contienen diversos minerales tóxico-radioactivos y suelen ser arrastradas por el viento a cientos de kilómetros de distancia.

El sílice es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre y está presente en los yacimientos mineros. La presencia de polvo de sílice en el aire, al ser respirado por las personas, provoca en los pulmones la pérdida de elasticidad y de la permeabilidad de las paredes alveolares, y obstruye el intercambio natural del oxígeno con el bióxido de carbono, mismo que debiera ser expulsado.

Al depositarse en las vías respiratorias, el sílice provoca destrucción celular con daño irreversible ocasionando la enfermedad llamada silicosis, misma que es progresiva y degenerativa. Esta enfermedad no tiene tratamiento específico, y quien la contrae no tiene posibilidad se sanar, sólo se puede detener su avance al suprimir la exposición al polvo con sílice y con apoyo médico.

Contaminación del agua

Con respecto a la contaminación del agua por arsénico, existe abundante literatura médica que lo cataloga como cancerígeno, así como factor para provocar daño metabólico, hepático, neurológico, dermatológico, etcétera.

A nivel local existen trabajos de investigación, como la tesis que llevara a cabo el doctor Carlos Colín Torres —médico internista—, quien refiere la presencia de arsénico en agua del pozo de la cuenca hidrográfica de San Juan de Los Planes; se asocia tanto a la presencia de arsenopirita en rocas, como de arsenolita en desechos mineros (subproducto de la minería del siglo pasado), los cuales fueron enriquecidos de este mineral durante el proceso de obtención de oro, estos minerales al contacto con el agua liberan el arsénico de la roca contaminando el agua.

Este estudio muestra las concentraciones urinarias de arsénico en pobladores expuestos y no expuestos al agua de pozos con arsénico, en concentraciones  mayores a la NOM127-SSA. Se encontraron niveles de arsénico arriba del índice biológico de exposición en personas estudiadas  en las comunidades de San Antonio, San Juan de los Planes, Juan Domínguez Cota y El Sargento.

Aclaramos, desde luego, que la NOM127-SSA establece el valor de los niveles de arsénico de 25 mcg/l,  y la OMS (Organización Mundial de la Salud ) de 10 microgramos por litro; los resultados que obtuvo el doctor Colín Torres fue de 338.71 y 301.52 mcg/l., cantidad que sobrepasó en gran manera los niveles establecidos. Cabe hacer notar que estudios científicos han demostrado, que consumir agua con concentraciones mayores a 2.5 microgramos /l (1.6L/día) pueden tener efectos en la salud (Smith et al., 1992).

Con anterioridad, el grupo Niparajá,  AC (2005) estudió 500 pozos en el Estado en los cuales se detectaron altos niveles de arsénico en el agua. El 16% de los pozos analizados rebasan la NOM127 de 25 microgramos  por litro y 24% rebasan la norma de la OMS de 10 microgramos por litro, por lo cual fue obligatorio el clausurarlos debido a la contaminación que presentaron.

En el año 2005,  el entonces director del Centro Estatal de Oncología en BCS, observó y declaró que de cada diez pacientes detectados con cáncer, al menos cinco de ellos eran  personas que  tuvieron contacto en algún momento con la actividad minera, en la región estudiada por el doctor Colín Torres.

La zona, otra condicionante

Finalmente, amigos lectores, los invito a una reflexión. Según la OMS , declara:  “Calidad de vida, es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de cultura y sistema de valores en el que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes”. Se trata de un concepto amplio que está influido de algún modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno.

Tenemos un entorno contaminado por arsénico y posiblemente por otros metales o sustancias tóxicas. El enfoque debe ser a prevenir y educar; además, hacer equipo para enfrentar y resolver nuestra realidad. Podemos tomar en cuenta también que, geológicamente, nos ubicamos en una zona volcánica y la visita anual de huracanes: el riesgo de complicaciones es alto y se pueden provocar accidentes como lo sucedido en el Estado de Oaxaca, en donde una mina canadiense contaminó el medio ambiente.

Por otro lado, cabe preguntarse, si no hemos podido resolver un problema que ya tenemos, por los residuos de la minería hace más de cien años, ¿cómo podemos considerar abrir un proyecto nuevo minero por el engañoso afán de mejorar la economía?

¡Salud para todos!

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha ciudadana por evitar la operación de la minería tóxica en Baja California Sur, no es una pugna entre “un grupo de ambientalistas” y una empresa que trae “progreso” a la entidad, como pretenden hacernos creer los voceros del gigante minero, con el ánimo que veamos el problema como algo ajeno a nuestro interés, como si la contaminación y la destrucción del entorno ecológico no nos afectara, y sólo fuera tema de interés para unos cuantos, a quienes pretenden minimizar en su empeño, bajo el genérico anodino de “ambientalistas”.

Con esta estrategia, el grupo Salinas —titular de los derechos de explotación del proyecto minero Los Cardones—, a través de sus voceros importados y algunos comentaristas locales que sin escrúpulos venden su opinión, busca convertirnos en simples espectadores de un abstracto enfrentamiento entre “ambientalistas” y “el progreso”, cuando la realidad es que la amenaza que implica la entrada en operaciones de la minera, nos involucra a todos, no sólo a los actuales residentes y visitantes de la entidad, sino a aquellos que vienen detrás de nosotros, hijos, nietos, etcétera, y por ello, debemos ser participantes activos, decididos y constantes, en la lucha por preservar nuestra fuente de agua y el entorno natural en que se asienta su principal depósito.

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No podemos permitir que nos engañe el grupo Salinas, cuando trata de convencernos de las “bondades” de su proyecto, para que no veamos el enorme daño al agua y al ambiente que en el proceso de operación se genera para que al cabo de diez años, la empresa minera se embolse miles de millones de pesos, y a cambio deje solamente contaminación y desastre.

Para tratar de convencernos, el grupo Salinas utiliza una estrategia mediática que promueve “beneficios” —ocultando los perjuicios—, como cuando te habla de las ventajas de los “abonos chiquitos”, pero no te dice que son eternos y que cobran intereses altísimos, tan altos, que en muchos países esa tasa está prohibida. Exactamente como ocurre con su minería, “responsable”, que también está prohibida en los países desarrollados.

Esa campaña de promoción de “beneficios” viene acompañada de una embestida mediática paralela, que trata de convencernos de la inminencia de su operación. Que “ya están operando”, que “ya tienen todas las licencias”, que “ya están trayendo maquinaria”, que “ya ganaron todas las instancias”, y mensajes similares, todos falsos, y todos encaminados a minar nuestra resistencia a su entrada en operaciones. Buscan desanimar nuestros esfuerzos por detenerlos. Intentan convencernos de que es inútil resistirnos, que “ya está hecho” y es inevitable que lleven a cabo su proyecto.

De nosotros depende el prestar oídos sordos a esa agresiva y constante campaña de desinformación. Lo cierto es que NO TIENEN AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO MUNICIPAL, NI PERMITIREMOS QUE LA OBTENGAN, la verdad es que esta lucha no es de unos cuantos ambientalistas contra una empresa que nos trae “progreso” y “bienestar”.

Lo cierto es que no van a entrar en operaciones, pues vamos a evitarlo, si no caemos en sus juegos de engaño. Esta lucha es de todos los residentes del Estado. Y es una lucha vital, que no admite descuidos.

Enfrentamos el reto colectivo de:

1. Frenar la entrada de la minería tóxica a la zona de la Sierra de la Laguna, impidiendo que las autoridades municipales otorguen la autorización de uso de suelo, necesario para su operación.
2. Obtener la cancelación de todas las concesiones otorgadas a la fecha por las autoridades federales, para la explotación minera de metales preciosos a cielo abierto en nuestro Estado.
3. Generar una corriente de opinión bien informada, que conociendo los daños que ocasiona la minería tóxica, sistemáticamente se oponga a su operación.
4. Blindar al Estado, proscribiendo la realización de todo acto de explotación minera de extracción de metales preciosos a cielo abierto, desde su preparación hasta su consumación, con el marco legal adecuado, acorde a los estándares plasmados en los tratados internacionales, convenios, declaraciones y jurisprudencia de las cortes internacionales, plenamente armonizado con los preceptos constitucionales y su interpretación jurisprudencial a carga de la corte federal mexicana. Debemos tener presente para ello, que a partir de la reforma constitucional de 2011, todas las autoridades —municipales, estatales y federales—, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte.

Debemos mantenernos atentos y activos en los tres frentes de batalla que a la fecha nos han permitido detenerlos:

1.- La defensa jurídico-legal en los tribunales judiciales e instancias administrativas, a partir de la figura del mandato soberano popular específico, que nos ha permitido convertirnos en la primera entidad en América Latina en frenar la minería tóxica, antes de su entrada en operaciones.

2.- La constante participación en las redes sociales, compartiendo información, documentando y difundiendo los avances de nuestra lucha, haciendo cada día más grande la toma de conciencia ciudadana respecto a la dimensión y trascendencia del reto que enfrentamos. Cada día debemos ser más y más los residentes del Estado que de manera informada y decidida, se incorporen a la lucha contra la minería tóxica, desde todas las trincheras que sea posible implementar.

3.- La movilización social, atendiendo al llamado que se genere cuando sea necesario manifestarnos, tomando las calles de manera pacífica y respetuosa, pero masiva y contundente, dejando en claro a las mineras y al mundo entero, que en Baja California Sur, vale más el agua que el oro o cualquier otro producto cuya extracción genere contaminación y ponga en peligro nuestra fuente de abasto del vital líquido.