Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación militar liderada por Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, Venezuela enfrenta un periodo de transición política y múltiples desafíos inmediatos que definirán el rumbo del país en los próximos meses. La aprehensión de Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales de narcotráfico y relaciones con grupos calificados como terroristas por Washington, ha generado una reacción global y abre un nuevo capítulo para la nación sudamericana. En medio de esta inédita situación, el país se encuentra encabezado por Delcy Rodríguez, quien fue designada como presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de que Maduro fuera removido de su cargo. Sin embargo, la legitimidad de su liderazgo es cuestionada por diversos actores internacionales.

La captura de Maduro —resultado de una operación catalogada como ofensiva militar por parte de Estados Unidos— ha generado amplio debate internacional. El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció públicamente que las fuerzas estadounidenses “están a cargo” de la situación en Venezuela y que supervisarán una etapa de transición, con el objetivo declarado de reformar la industria petrolera y otras instituciones del Estado. La operación también dejó un saldo trágico: decenas de militares venezolanos y agentes cubanos perdieron la vida durante los enfrentamientos nocturnos, según informó el gobierno venezolano. De manera oficial se decretó siete días de duelo por las víctimas de lo que el Ejecutivo calificó como una agresión directa. Este episodio representa un punto de inflexión inédito en las relaciones entre Caracas y Washington, y modifica de forma significativa el tablero geopolítico regional. Las Naciones Unidas y gobiernos de diversos países han manifestado preocupación por la forma en que se realizó la operación y por la violación potencial de la soberanía nacional.

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Con Maduro fuera del país y enfrentando cargos judiciales en Estados Unidos, las autoridades venezolanas designaron a Delcy Rodríguez como presidenta interina, con el respaldo formal del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, este nombramiento no ha sido reconocido por la Unión Europea ni por varios países de la comunidad internacional, que cuestionan la legitimidad de su mandato y subrayan su cercanía con el antiguo régimen. Rodríguez, quien fue vicepresidenta bajo el gobierno de Maduro, ha rechazado categóricamente cualquier intervención extranjera en los asuntos internos venezolanos y ha afirmado que “ningún agente externo gobierna Venezuela”. Esta declaración se ha producido en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos y otros gobiernos que han criticado la operación militar.

La transición política venezolana se ve acompañada por desafíos económicos severos. Años de hiperinflación, colapso de la producción petrolera y debilitamiento de instituciones financieras han dejado al país con una economía extremadamente vulnerable, dependiente del petróleo y con una elevada deuda externa. Analistas consultados por medios internacionales coinciden en que la recuperación económica será un proceso complejo que requerirá reformas estructurales profundas, estabilización de precios y restauración de la confianza en el sistema financiero. Uno de los principales problemas a corto plazo será controlar la inflación, estabilizar la moneda nacional y reanudar relaciones con organismos financieros globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos pronósticos indican un entorno económico adverso para 2026. El próximo gobierno deberá además atraer inversión extranjera, restaurar la producción petrolera y reestructurar la deuda pública, gravemente contraída durante los últimos años.

La industria petrolera, columna vertebral de la economía venezolana durante décadas, es central en cualquier plan de recuperación. Estados Unidos ha expresado interés en explotar reservas locales y vender petróleo en mercados internacionales, aunque no ha quedado claro cómo se distribuirán los ingresos y qué parte de estos quedará en Venezuela.

Más allá de la economía, la seguridad interna es un reto urgente. Venezuela presenta un contexto de violencia persistente, con presencia de grupos criminales organizados —incluidos los llamados “megabandas”— que operan en múltiples regiones del país y han sido vinculados con el narcotráfico, extorsión y violencia armada. Expertos advierten que si no se refuerza el control institucional y se combate eficazmente a estas organizaciones, el vacío de poder generado por la partida de Maduro podría agudizar la inseguridad ciudadana. Asimismo, se observa la posibilidad de que la violencia se expanda, afectando no sólo a Venezuela, sino también a naciones vecinas, especialmente en las zonas fronterizas con Colombia. Esta nación, que ya enfrenta su propia situación de seguridad compleja, está en alerta por el potencial aumento de desplazamientos forzados de población y el incremento de actividades criminales transnacionales.

La transición hacia un gobierno plenamente democrático es otro de los retos fundamentales. La oposición venezolana, fragmentada y con múltiples liderazgos, enfrenta la tarea de reorganizarse y construir consensos que permitan elecciones libres y competidas. Incluso antes de los recientes eventos, el proceso electoral de 2024 fue objeto de críticas por la oposición y organismos internacionales, acusándolo de falta de transparencia e imparcialidad. El reconocimiento internacional de futuros comicios dependerá de la percepción de legitimidad, algo que el nuevo gobierno deberá trabajar de inmediato para recuperar la confianza de la ciudadanía y la comunidad global. Organizaciones como la OEA (Organización de los Estados Americanos) y la UE han señalado que las elecciones deben celebrarse bajo estándares democráticos verificables. Sin embargo, hasta ahora no hay un calendario claro para nuevos comicios presidenciales o legislativos.

La situación de los derechos humanos también se mantiene como una prioridad urgente. Organizaciones internacionales han documentado abusos sistemáticos durante los gobiernos anteriores, y la transición actual plantea interrogantes sobre la composición del sistema judicial y penitenciario, así como la garantía de un debido proceso para todos los ciudadanos. Mientras Maduro y su esposa enfrentan un proceso judicial en Estados Unidos, líderes de oposición y defensores de derechos humanos en Venezuela han exigido garantías judiciales y el fin de prácticas represivas, reclamando una reforma profunda del sistema judicial local que recupere su independencia y credibilidad.

El impacto de estos acontecimientos en Venezuela no se limita a sus fronteras. La operación estadounidense y la subsiguiente transición han generado reacciones encontradas en el continente. Algunos gobiernos latinoamericanos han criticado la intervención, calificándola de violación de soberanía, mientras que otros la han visto como una oportunidad para restablecer la democracia en el país. La Unión Europea ha expresado su preocupación por el respeto al derecho internacional y ha llamado a una solución política dentro del marco constitucional venezolano. Organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) han pedido negociaciones inclusivas que involucren a todas las fuerzas políticas, con el objetivo de evitar una escalada de violencia y promover un proceso pacífico de cambio.

Dentro de Venezuela, la opinión pública se encuentra dividida. Sectores de la población ven la salida de Maduro como un paso necesario después de años de crisis, represión y deterioro económico. Otros sectores, sin embargo, consideran que una transición liderada desde fuera del país puede profundizar sentimientos de injerencia externa, y temen que las reformas no respondan a las necesidades reales de la ciudadanía. La emigración sigue siendo un fenómeno significativo: millones de venezolanos han abandonado el país en la última década, buscando mejores condiciones de vida en países vecinos o en otras regiones del mundo. La posibilidad de que una parte de esa diáspora pueda regresar depende de la estabilidad y oportunidades económicas que se logren en la etapa post-Maduro.

Venezuela se encuentra en un momento histórico de su evolución política y social. La caída de Maduro ha generado una serie de cambios abruptos y desafíos inmediatos que incluyen la restauración económica, la seguridad interna y la legitimidad democrática del futuro gobierno. Los próximos meses serán cruciales para determinar si el país puede transitar pacíficamente hacia un sistema inclusivo y estable, o si por el contrario las tensiones internas y externas prolongarán la incertidumbre. Los ojos de la comunidad internacional, especialmente de los países vecinos y potencias globales, están puestos en Caracas, donde el destino de millones de venezolanos pende de decisiones que marcarán el futuro del país en la década venidera.

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Agenda Comunitaria

Por Frank Aguirre

La Paz, Baja California Sur (BCS). Empezaré por el final, y estoy seguro que esto se leerá como un cliché, sin embargo, pienso ampliarlo a profundidad en los párrafos siguientes. Debemos estar del lado de la democracia, la transparencia, la libertad y los derechos humanos; ni apoyar al gobierno de Guaidó, ni apoyar al gobierno de Maduro, incluye lo mencionado anteriormente.

Para poder entender cómo se llegó a esta situación en Venezuela, es muy importante reflexionar lo que sucede en dicho país en términos históricos, geográficos, económicos y políticos. Venezuela está localizada en un punto económicamente estratégico que genera intereses empresariales, los cuales rebasan la política internacional. Es imposible pensar en Venezuela y no incluir la palabra “petróleo” en todo esto.

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Petróleo, petróleo y… ¡Más petróleo!

Estados Unidos tiene la tasa más alta de carros por habitante en el planeta, para poder sostener esta sociedad dependiente del petróleo y sus derivados —como el plástico, ropa, cosméticos, etcétera— habría que preguntarse, ¿de dónde viene el petróleo que consume el país norteamericano? Una parte importante viene del Medio Oriente: Arabia Saudita, Qatar, y los Emiratos Árabes Unidos, países con una centena de denuncias anuales de violaciones a los derechos humanos; con ellos, Estados Unidos se ha aliado para obtener hidrocarburos en grandes cantidades.

Cerca de estos países se encuentran aledaños: Irak, recordemos la invasión en 2003 y las posteriores acciones militares para lograr el control de recursos petroleros de dicha nación árabe, y así expandir su posición geoestratégica en Medio Oriente; Siria, tampoco olvidemos que en el 2013, con el desarrollo de nuevos yacimientos petroleros y gasoductos sin la participación de compañías estadounidenses ni europeas, provocó que EUA apoyara a los grupos rebeldes e ingresara sin autorización al territorio Sirio; y Palestina, en su caso hay que señalar que Israel —país que tiene un conflicto histórico-bélico con Palestina y Libia— es el mayor aliado de Estados Unidos en sus decisiones más erráticas.

Después de esta insultante síntesis sobre Estados Unidos, su necesidad de petróleo y los lugares de donde se abastece, ahora pasemos a la temporalidad con lo que se surte de hidrocarburos. El petróleo que viene del Medio Oriente toma 45 días hasta Texas, pero el que viene de la nación americana sólo toma cinco días en llegar —sí, un buen tiempo Estados Unidos compró petróleo a Venezuela. Es muy importante considerar la reducción de costos que representaba traer petróleo de Venezuela y no de Medio Oriente. Con los datos antes compartidos, es impensable no considerar que el gobierno de Donald Trump tiene intereses económicos alejados del fortalecimiento democrático que jura “instaurar”. Hasta aquí en el plano económico e internacional, pasemos a la historia.

De lo sublime a lo ridículo

Desde 1958 y durante 40 años, en Venezuela existió «El Pacto de Puntofijo»,un acuerdo entre dos partidos políticos de derecha que se alternaron el poder entre uno y otro cada elección. Lo que se garantizó durante esos años y a costa de la democracia venezolana, fue proteger el dinero, la estabilidad y la administración del poder en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. No es impensable imaginar la enorme cantidad de protestas que esta situación generó, y por ello no puede se puede olvidar «El Caracazo», la orden del gobierno para disparar a manifestantes, donde murieron más de 3 mil personas; entre los militares que se negaron a disparar se encontraba el comandante Hugo Chávez Frías, quién en 1998 fue electo presidente de la República de Venezuela.

Con Hugo Chávez como presidente, la democracia en Venezuela fue de lo sublime a lo ridículo; los avances y logros van desde la reducción de la pobreza del 54% al 23% en el 2012, la disminución de la mortalidad infantil en un 50%, las matrículas universitarias pasaron de 800,000 a 2,600,000 bolívares, lo que se tradujo en 75 universidades públicas y la erradicación del analfabetismo en todo el país. En 2002 hubo un intento de golpe de Estado fallido fomentado por el gobierno norteamericano de aquella época, y un posterior sabotaje económico a través de las industrias petroleras, lo cual orilló a Venezuela a una transición en su administración micro y macroeconómica hacia una administración de Estado.

Por estas razones, Venezuela cerró su política económica exterior y redujo cada vez más la construcción de un desarrollo social. Debido al boicot industrial de algunas empresas que al reducir los productos de necesidades básicas para el país, generaron un descontento masivo al que el gobierno de Nicolás Maduro sólo ha sabido responder con represión en vez de hacerlo con procesos de democracia participativa; a esto hay que sumar la infinidad de denuncias por actividades, procesos y numeralia fraudulenta durante sus elecciones más recientes.

Guaidó y sus aliados

Pasemos a Juan Guaidó, pues es importante no perder de vista a la oposición Venezolana y quienes la respaldan. Guaidó, en las recientes semanas se fue a una plaza, convocó a miles de personas y ahí se autoproclamó “Presidente encargado”. ¿Les recuerda a alguien? No hace muchos años Andrés Manuel López Obrador hizo exactamente lo mismo en el Zócalo de la capital de México, posterior al fraude electoral de Felipe Calderón. Creo, por congruencia, queridos Lectores, quienes con mofa y razón criticaron esta acción del actual Presidente, no pueden ahora respaldar la anticonstitucional “presidencia” de Guaidó en Venezuela.

Guaidó, un ingeniero con posgrado en Administración Pública, y con un reconocimiento social por su activismo en la defensa del voto y la construcción de democracia participativa vecinal, viene de un partido llamado Voluntad Popular, de donde han emanado opositores de renombre, pero también es un espacio de representación plagado de irregularidades y problemas judiciales, así como de presos políticos a los cuales el gobierno de Maduro nunca ha podido aportar las pruebas por las que se les condena.

Los primeros respaldos a Guaidó han llegado de quienes se caracterizan por ser gobiernos abiertamente racistas, sexistas, clasistas, homofóbicos, como el de Donald Trump o Jair Bolsonaro. Si consideras que coincides con ellos, es de suma importancia preguntarte, estimado Lector o Lectora, ¿cuál es tu nivel de empatía y solidaridad con quienes sufren la represión y la violencia de gobiernos de este tipo? Sí, es verdad, hay una enorme frustración porque se cree que no apoyar el golpe de Estado en Venezuela es respaldar el gobierno de Nicolás Maduro, y tal cosa dista de toda verdad y realidad.

Pareciera que existen dos polos, por un lado el de los países que buscan a toda costa tumbar a Maduro e imponer a Guaidó, y por el otro el de quienes buscan que la situación precaria, opaca y represiva de Venezuela continúe como está, pero justo en medio hay una enorme postura cargada de memoria histórica, que penosamente tendré que sintetizar.

¿Hay una tercera opción?

La organización colectiva e influencia política de la oligarquía —sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada— en América Latina, se ha caracterizado por diversos tipos de «acción política empresarial”; las primeras tres de las siguientes prácticas han sido más comunes en el pasado y en los períodos de crisis:

1) Protestas y revueltas.

2) Golpes de Estado.

3) Invasiones militares.

4) Elecciones con acomodos empresariales a partidos o candidaturas populistas.

5) Candidaturas y gobiernos conservadores.

No podemos olvidar a los estudiantes, artistas, curas y disidentes durante la dictadura de Augusto  Pinochet en Chile, y como estos sucumbieron siendo secuestrados, torturados, fusilados y desaparecidos por los militares chilenos, como el caso de Víctor Jara y cientos de miles de más personas. Tampoco puede pasar desapercibido el golpe de Estado que sucedió en la década de los 60’s con Rafael Videla en Argentina, durante el periodo de gobierno militar se cometieron masivas violaciones a los derechos humanos, se aplastó la libertad de prensa y reprimió severamente la oposición política.

Hay que recordar que en Argentina, posterior al golpe de Estado, a la Junta Militar le era pertinente eliminar a todos aquellos individuos que fueran “traidores” al régimen, no necesariamente tenían que ser guerrilleros marxistas leninistas: cualquiera con un pensamiento político era perseguido. Así murieron sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, poetas, entre muchos. Incluso murieron personas que nada tenían que ver con una corriente política de izquierda o de derecha, tan sólo tuvieron la mala suerte de aparecer en las listas que perseguía el régimen militar. Una de las formas de acabar con la oposición consistía en drogar y llevarse en avionetas a los “inculpados”, para después arrojarlos desde grandes alturas, con la intención de que murieran por el impacto en la caída contra el mar o ahogados por el influjo de las drogas a las que habían sido sometidos. Se estima alrededor de 30, 000 desapariciones durante dicho periodo.

Comparto estos datos históricos porque es humanamente imposible apoyar un golpe de Estado en Venezuela aunque el respaldo venga de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Alemania y España, mucho menos conociendo las antecedentes de éstos. Además que no sólo es inconstitucional, si no ilegal bajo la carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA); sin embargo, tampoco es atinado continuar las cosas bajo las condiciones en las que el gobierno de Maduro se victimiza, inclusive con el respaldo de Italia, Rusia, Bolivia, Grecia, Austria, Nicaragua y China.

En las cuartillas anteriores he compartido el contexto de ambos polos sobre este tema, y cómo sus antecedentes nos acercan a un punto central, en el que coincido con lo que mencionan varios intelectuales, entre ellos Chomsky y Zayas: la solución es una negociación como en tiempos pasados, cuando países latinoamericanos con sociedades polarizadas políticamente no podían resolver sus diferencias. Pepe Mujica afirma que a «Estados Unidos le importa un carajo la democracia […] y a Maduro tampoco«, y coincido.

Debe realizarse un llamado a elecciones totales, supervisadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con intermediarios de alta credibilidad internacional para el diálogo, como pueden ser el mismo Pepe Mújica, Antanas Mockus o Bernie Sanders, y una lista interminable de figuras con experiencia en mediación y procesos de paz, ya que el diálogo y las negociaciones transparentes son lo que nos acerca a la democracia, a la libertad y la satisfacción de los derechos humanos. ¿De qué lado estar ante la crisis de Venezuela? Del lado de la humanidad.

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