Somos, estar enamorada es peligroso

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El librero

Por Ramón Cuéllar Márquez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Acabo de ver este fin de semana la miniserie desgarradora de Netflix, Somos (2021), basada en los hechos reales de la masacre de Allende, Coahuila, el 18 de marzo de 2011, al final del sexenio de Felipe Calderón, quien había iniciado una guerra absurda contra el narcotráfico en 2007. Queda uno agotado ante la estrujante manera en que los sucesos son planteados desde la perspectiva de las víctimas, lo cual ya es un cambio de narrativa en este tipo de producciones, donde la mayoría solo engrandece a personajes oscuros del crimen organizado.

Celebro que se abra la pauta a una visión distinta, que centre la historia actuada con información real sobre los sacrificados aquel fatídico día y que se inspira en el reportaje de Ginger Thompson para ProPublica y copublicado con National Geographic, Anatomía de una masacre (How The US Triggered a Massacre in Mexico), el 12 de junio de 2017.

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La agencia de investigación DEA había estado haciendo un operativo que permitiría atrapar a líderes del grupo llamado Los Z, pero algo falló que desencadenó la furia de este cartel, que terminó vengándose contra todos los familiares y amigos de quienes los habían traicionado. Incendiaron todo lo que pudieron destruir en la población de Allende, asesinaron y quemaron los cadáveres en bodegas y ranchos.

Decenas de desaparecidos que todavía no se conocen sus paraderos. Una masacre que todavía palpita en sus calles y casas destrozadas. No se han imputado ni esclarecido las responsabilidades, el crimen que se calló hasta que comenzó a salir la verdad, tanto en México como en Estados Unidos. Una masacre cuyo dolor se percibe en las líneas del artículo escrito por Ginger Thompson, donde la gente cuenta poco a poco los horrores de los sucesos.

Somos es una creación y producción de James Schamus, que escribió en colaboración con Monika Revilla y Fernando Melchor. Si bien, las actuaciones están bastante disparejas, el relato cinematográfico logra adentrarnos para que vayamos entendiendo cómo se desarrollará el drama que vivirán esos pobladores. Por momentos se vuelve un tanto monótona y lenta, pero que se compensa con los vínculos entre los personajes que habrán de sufrir una dantesca danza de la muerte.

La atmósfera densa y angustiante nos prepara para lo que está por venir; cada capítulo en apariencia no nos cuenta mucho, salvo que establece la vida cotidiana de quienes habrán de ser sacrificados por la estupidez de las autoridades de Estados Unidos y por la total falta de control de los gobernantes del Estado de Coahuila.

Algo que llama la atención es el título mismo Somos, que no nos dice mucho, excepto si leemos la síntesis. También, podemos ver que desde el artículo se traduce como Anatomía de una masacre y no por su original en inglés que literalmente debería decir: “Cómo Estados Unidos desencadenó una masacre en México”.

Es evidente que tanto Netflix como la traducción del reportaje al español con que se dio a conocer la tragedia en nuestro país omiten mencionar en el título la participación directa del gobierno estadounidense, no sé si por deslindarle de responsabilidades o de lavarle la cara aunque sea un poco, que incluso el planteamiento de su injerencia en la narrativa de los capítulos resulta tibio e inclusive hasta confuso.

La sensación de estar viviendo en la serie hechos reales, estruja no solo el alma, sino que detona el miedo, la rabia y los recuerdos de haber sobrevivido a ese sexenio de muerte en que el panismo, a la cabeza de Felipe Calderón, nos sometió a la peor de las cotidianidades que pudiéramos experimentar como ciudadanos mexicanos. Nadie en su sano juicio puede decir que fue un periodo de paz o de que la felicidad era manifiesta.

Una de las escenas del capítulo 5, cuando la madre se toma una bebida alcohólica con su hija y le dice: “¿Sabes qué es lo que es peligroso?, estar enamorada es peligroso”, nos habla de la aprensión que circulaba en el medio, con la pérdida de valores morales y principios éticos que las autoridades de Allende no lograban hacer imperar porque quienes “gobernaban” eran los del crimen organizado. Y no conforme haber padecido ese periodo de muerte, el siguiente sexenio priista, el de Enrique Peña Nieto, fue aun peor porque no hubo estrategia ni interés por acabar con el flagelo panista heredado.

No olvidamos esos dos sexenios de miedos, de vivir con las emociones a flor de piel, de que te tocara un balazo a la salida de tu casa, y que esta serie aborda de manera periférica, pues se centra en la tragedia, en la violencia de los sicarios, no en las autoridades de aquella época, a quienes tocan apenas superficialmente para poder explicar la masacre. Fuera de ahí, solo es el retrato de un país en decadencia en que nuestras vidas fueron entregadas a las tinieblas por la ambición de seres minúsculos que pretendieron gobernar.

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¿Sirven de algo las marchas por la paz que se hacen en BCS?

FOTO: Archivo.

Colaboración Especial

Por Raúl Carrillo Arciniega

Charleston, Carolina del Sur (EE.UU.). Baja California Sur ha dado la nota mundial por primera vez en su historia. El máximo diario global de habla hispana, El País, publicó en días pasados en su versión en línea una nota en la que se presenta un simulacro de balacera en una primaria de la ciudad capital. La Paz, BCS, había sido el paradigma de la calma e incluso en mis años juveniles de un aburrimiento casi catatónico. En La Paz no pasaba nada. No había ni siquiera una población mayor a los 300 mil habitantes en todo el Estado. Dejar el carro abierto o dormir con las puertas y ventanas abiertas era la norma. No soy tan viejo como situar estas anécdotas más allá de unos 12 años, mismos años que coinciden con la guerra contra el narco que Calderón desató y a la que Peña Nieto no ha prestado mayor atención. Cuando se tocaba en casa el tema de la delincuencia, a quien más se le temía era al Nagudo, una especie de voyeur que veía por las ventanas cuando las doncellas se desnudaban.

Cuando llegué a vivir a La Paz, después de haber terminado la universidad, alquilé una pequeña casa en lo que se consideraba un poco el centro de la ciudad. No era una zona residencial de prestigio como en donde vivían mis padres, sino que era parte del barrio El Esterito muy cerca de la Fundación Mutualista que lleva el nombre de mi abuelo: Raúl A. Carrillo.

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Señalo esto por que para mí el DF había sido una experiencia que podría catalogar de traumatizante y aterradora. Mi madre no dejaba de advertirme de los peligros que se corrían en una de las ciudades más pobladas y contaminadas del mundo. También lo cierto es que me pasaron varias cosas en aquella capital del país: fui asaltado una vez por unos chavos banda a la salida del metro Tasqueña a punta de navaja; y golpeado por un imbécil mientras hablaba con mi novia porque no colgaba y él necesitaba hablarle a la suya. Los cuatro chavos, de 13 a 15 años, que me asaltaron llevándose mi efectivo y mi reloj, seguro se fueron a comprar chemo y unas caguamas; el agresor del teléfono después de haberme descontado corrió a su coche, lo derrapó y me gritó un improperio más mientras me mostraba su dedo medio al aire de un brazo que salía de la puerta del conductor. Esto sucedió en el Eje 8 entre Patricio Sanz y Moras. En ambas ocasiones sentí impotencia e inutilidad por no haberme defendido. Un par de años más tarde, me robaron mi coche del estacionamiento de paga de la universidad. Los judiciales me pidieron dinero para buscarlo, con la advertencia de que tal vez no lo encontraría porque a los bochos los “buscaba mucho la gente” (fue su eufemismo para referirse a los delincuentes).

Ya en La Paz, hacia finales de los años noventa, mientras me duchaba, oí que alguien aprovechaba mi aseo personal para serruchar el árbol al cual ataba mi bicicleta que veía menearse a través de la pequeña ventana del baño. Cuando caí en cuenta de que tanto movimiento del árbol no era ocasionado por una extraña ventisca salí entoallado para descubrir que el malandrín huía montado en mi bici con rumbo desconocido. Me puse ropa lo más rápido posible y me monté al carro para peinar la zona y buscar al malandro que de seguro —pensé—, sería un vecino de los alrededores puesto que sabía que la bici estaba amarrada a un árbol de papaya y había llegado con todo y segueta. Mi madre me increpó con un “te lo dije” para decirme que el robo había sucedido porque me había metido a vivir en lo que llamó barrio pobre, al tiempo que culpaba mi “mística de la pobreza” por haber estudiado algo que no me daría de comer y me tenía secuestrado en mi pequeña casa alquilada.

Puse una denuncia en el juzgado correspondiente. Acordé conmigo mismo que tenía que utilizar las vías legales para dar con el malandro. Ahora que me había independizado de mis padres era un ciudadano común y corriente que hacía uso de los mecanismos a disposición de todos. Después de haber asentado mi denuncia, y al cabo de una hora de espera, me pasaron con los encargados de buscar mi bici, sospecho que eran una especie de detectives. Al pasar con ellos sacaron una carpeta llena de fotografías de delincuentes activos en mi zona. Me sorprendió que hubiera tantos y que a pesar de que había fotos todos estuvieran libres. Me preguntaron si reconocía a alguno. Yo sólo había visto al malhechor de espaldas y a la distancia. Traté de hacer memoria y podía ser cualquiera porque todos los que se dedicaban al robo de casa-habitación, como me dijeron que se llamaba, eran chavos de 15 a 20 años, de complexión delgada. Al no poder dar más información me fui de la Procuraduría de Justicia sintiendo que lo único que se me había procurado en aquel lugar era el desasosiego de saber que estaba solo contra el mundo. No encontré la bici y para ese momento de seguro ya la habrían pintado de color o vendido en partes.

Mis incursiones, pues, por la procuración de justicia habían sido bastante infantiles y hasta cierto punto, baladí. Al correr de los años ese sentimiento de indefensión ha crecido en la mayoría de la población. Tal vez todos estemos preocupados por el sesgo que ha tomado la violencia en México y particularmente aquellos que procedemos de lo que era una de las ciudades más remotas, ignoradas y seguras de la República Mexicana.

El poder del narco —entendido éste como poder para descargar un arma a diestra y siniestra—, se ha extendido por las dos principales concentraciones urbanas de la Baja en donde se encuentra el noventa por cierto de la densidad de población. Hablar del narco es para mí sólo una especulación de todo lo que veo en los diarios y de las anécdotas que me han contado. Al mismo tiempo, es pensar en la indefensión y vulnerabilidad que sienten aquellos que no tienen más que confiar en la suerte porque las autoridades no están ahí para servir sino para servirse. El gobierno pide que no se le juzgue porque es un “problema entre ellos” y aseguran que sólo se matan los que tienen nexos con el narco. Por supuesto que ha habido daños colaterales con balas perdidas, pero eso ya sólo es mala suerte y todos estamos sujetos al karma. Andar por las calles en el momento equivocado o ser confundido con otro es el riesgo de vivir en una zona de guerra. Mejor valdría no salir para minimizar el efecto del azar en nuestra contingencia. Al pensar el problema me gustaría plantear alguna posibilidad que no sea el del repliegue de la sociedad civil. Entiendo que ha habido marchas, muy pequeñas en números, que pugnan por un “¡Ya basta!”, mismo que hemos oído en un sinnúmero de marchas que no han resuelto nada.

FOTO: Modesto Peralta Delgado.

Una marcha es la manera en que la sociedad civil —como ahora se le llama a todos aquellos que son víctimas—, trata de operar mediante elementos tradicionales. Si hay alguna marcha se le deja manifestarse; se deja que los rebeldes se expresen sin que intervengan las fuerzas de choque o de golpeo. Con esto la manifestación se deja morir y no pasa a mayores. Lo hemos visto en todas las marchas de la Ciudad de México en donde una vez consumada sólo queda la basura como recuerdo de que por ahí pasaron montones de gente.

Los individuos han hecho algo y han puesto su “granito de arena”. Las marchas sólo sirven para liberar la conciencia de todos aquellos que temen ir más allá. No se marcha por la paz, ni por un “estamos hasta la madre”, se marcha para simular una acción trascendente. Las marchas son la muestra de que el capitalismo todo lo compra y lo vende una vez integrado en su sistema. Se marcha porque es lo que el capitalismo en su vertiente neoliberal es lo que marca cuando se plantea una inconformidad. La persona individual está molesta porque la delincuencia nos ha rebasado y con lo único que cuenta es con la marcha. La toma de la calle por algunos momentos para levantar una pancarta y gritar una consigna que le diga a los representantes del gobierno que hagan algo para detener la ola de violencia en la que hemos estado inmersos. Sólo que no sucede nada.

El orgullo personal por haberse expresado es el que quedará en la conciencia del “marchante” (y con este término quiero aludir a aquel que marcha y al mismo tiempo a aquel que compra algo). Es el Efecto Starbucks del que habla Zizek, por el que al comprar un café el uno por ciento de la venta es destinado a un trabajo comunitario en un sitio que desconocemos y al final no importa. Hemos ayudado a la causa al comprar un café sin sentir remordimientos por el consumo. Las marchas operan de la misma manera. Hemos hecho el esfuerzo de salir de nuestro lugar de trabajo, casa o actividad recreativa para interrumpir nuestro fin de semana y hacer una labor que refleje nuestro compromiso. En lugar de salir a correr, vamos a la marcha a ejercitarnos un poco y de paso a mostrar una indignación.

Mi pregunta es ¿qué es lo que viene después de la marcha? ¿Qué sigue en el proceso de demostración ciudadana? Lo que tendría que seguir sería que las autoridades salieran a dar la cara y dijeran por qué no se ha podido detener la violencia y el estado de sitio en el que se vive. No lo hacen tal vez porque no tienen un interés en el bienestar de la gente que mal que bien los ha elegido. El mecanismo de la marcha y de la protesta ciudadana debería funcionar. Prueba de ello que en otros países por menos han caído gobernantes. México pasa por el peor momento de su historia moderna. El narco es el nuevo poder que corrompe a todos los que toca. El acceso al dinero que provee es de alto retorno de inversión.

En La Paz se acaba de abrir una concesionaria de Mercedes-Benz donde se venden autos del lujo del año que no son comprados por el ciudadano empleado en el gobierno. La única derrama económica que se puede ver es el turismo que antes daba el único impulso que el Estado podía generar. Ahora circulan coches de último modelo con gente “no conocida” porque la parafernalia del gobierno sigue siendo la Suburban, las comilonas y la exhibición en lugares públicos y ellos sí que quieren ser notados. Me gustaría que el tema político mexicano girara en otras vertientes, bajo otros paradigmas menos banales y mundanos. Ya me lo han dicho varios en el gobierno, “aquí nunca ha habido ideologías partidistas, todos somos los mismos”, lo que hay es bandos, grupúsculos en el poder que buscan preservarse y una vez que pierden espacios, los otros traen a su gente. Los derrotados buscan acomodo en otros puestos delegacionales lejos de la injerencia estatal.

De ahí que hacer análisis político en México sea tan infructuoso como el árbol de papayas que tenía plantado en mi pequeña casa. No hay manera de hablar más que de tramas intrincadas de financiamiento dudoso, de desvío de recursos para la construcción de casas, viajes al extranjero y compras millonarias con el dinero de todos los mexicanos que estos representantes del pueblo adquieren con el sudor del trabajo ajeno. Tienen desatinos lingüísticos de marca como el recientemente inaugurado “Centro Estatal de Política Criminal” donde ninguno de los colaboradores tiene la suficiente capacidad para advertir que lo que se expresa es un lapsus lingüístico que denota el lugar donde se planea la política criminal que se habrá de generar. Es completamente triste que se tenga que llegar a estos desvaríos donde nadie pone atención a los nombres y todo lo que exhiben. Hablar de política no es hacer análisis de lo que dicen los representantes sino entregarnos a ver cómo simulan que gobiernan mientras en las escuelas se simula que hay alguien que los defiende.

La violencia en Baja California Sur en 20 fotos

Disturbios al interior del Centro de Reinserción Social (CERESO), provocaron la movilización de fuerzas federales para controlar la situación y resguardar el perímetro. FOTOS: LUIS ROLDÁN.

Colaboración Especial

Por Luis M. Roldán G.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Como reportero de la nota roja en La Paz, he llevado un registro —que aunque hay que aceptar que no es oficial y que podría haber margen de error, es decir, podrían ser más—, de que en tres años la presunta guerra entre bandas del crimen organizado en Baja California Sur ha dejado 883 muertos; el pasado mes de octubre ha sido el de más crímenes de alto impacto en la historia de la media península, dejando 119 ejecutados en La Paz y Los Cabos, entre ellos, 16 mujeres y un niño de un año, y la presunción, también, de víctimas colaterales.

CULCO BCS me invitó a participar con un fotorreportaje que ilustra, de manera gráfica, la actual situación de inseguridad que desde el 31 de julio de 2014 a la fecha, no ha parado en BCS, al contrario: ha crecido. Hago las siguientes aclaraciones: todas las imágenes corresponden a distintos eventos de violencia en La Paz en un periodo de tres años; para no vulnerar la identidad de las personas, se difuminaron sus rostros; la mayoría de las fotografías fueron publicadas en NBCS Noticias, aunque hay algunas inéditas; no apelamos al morbo, por lo cual no incluimos gráficos demasiado crudos, lo que se busca es dejar un testimonio visual de esta época con imágenes significativas.

La intervención policíaca

Un reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Los Olivos puso en alerta a las autoridades, quienes localizaron en el lugar al menos 7 casquillos percutidos frente a un establecimiento de agua purificada. Un joven policía nunca dejó de tocar su arma.

Tres personas fueron atacadas a balazos en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Santa Fe, cerca de las 21:40 horas, de las cuales dos de ellas fallecieron.

Las víctimas

Familiares de personas ejecutadas, forman parte de las víctimas que ha dejado esta guerra entre grupos delictivos en Baja California Sur. La mujer de rosa había intentado cubrir con una sábana blanca al un hombre recién asesinado, no la dejaron los policías, y ella, sintiéndose impotente de dejarlo en la tierra caliente, abrazó a otra mujer.

Una persona fue ejecutada a plena luz del día en la Privada Santa Teresa entre San Carlos y Colosio del fraccionamiento Misioneros, testigos aseguran que fue de al menos cinco disparos.

La mañana del 25 de enero del 2017, tres personas fueron ejecutadas con armas largas en las calles de Vicente Guerrero entre Revolución y Aquiles Serdán, entre las cuales se encontraba un joven de 25 años.

Dos personas fueron atacadas a balazos en la colonia Flores Magón, en las calles Margarita Maza Juárez y Sonora, dejando como saldo una persona lesionada y un ejecutado al interior de un vehículo.

La noche del 22 de octubre del 2017 un joven de 28 años de edad fue ejecutado en las inmediaciones de la colonia 8 de Octubre. Al parecer, había intentado cubrirse detrás de un tinaco, pero las ráfagas lo alcanzaron. Vecinos curiosos se preguntaban dónde estaba, pues la mayor parte del cuerpo, como se ve, no quedaba visible.

En la colonia Los Olivos fueron atacadas a balazos dos personas del sexo masculino, de las cuales una perdió la vida en el lugar y la otra minutos después en el Hospital General. Se presume que un comando iba a dispararle a un lavacoches, pero el joven que que llevaba el vehículo fue alcanzado por las balas.

Vecinos ven llegar una patrulla, una escena ya muy recurrente en cualquier colonia de La Paz; en ocasiones, las ejecuciones pueden parecer una espectáculo donde, algunos, salen con cámaras a grabar o tomar fotos; sin embargo, cada vez, los cercanos a un ejecutado también “vigilan” la actuación de los policías y reporteros en el lugar del crimen.

En marzo del 2016 fue localizado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino sobre un terreno baldío ubicado a la altura del bulevar Pino Payas. Hubo que tomar la fotografía de muy lejos, pues estaba en un sitio sin callejones, oscuro, hasta que paramédicos fueron lo que ingresaron a este predio donde habían tirado el cadáver.

Seguridad Pública, Fuerzas Armadas y Derechos Humanos

FOTOS: Luis Roldán.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Los días 25 y 26 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos convocada por la Universidad Iberoamericana, Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Centro de Investigación y Docencia Económicas y Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Conferencia tuvo el objetivo de promover la construcción de políticas públicas de seguridad integrales, eficaces y respetuosas de los Derechos Humanos, conducidas por autoridades civiles y sujetas a rendición de cuentas; promoviendo con ello la desmilitarización gradual de las políticas públicas de seguridad.

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Conclusiones

1.- La actual política de uso preponderante de las Fuerzas Armadas (FFAA) en actividades de seguridad en BCS, no está en un plan o política definida, sin embargo lejos de ser una excepcionalidad se ha convertido en una regla. Los especialistas coinciden en que las definiciones tan amplias de seguridad interior contenidas en las iniciativas en la materia no son viables y representan un riesgo en el caso de habilitar poderes a las Fuerzas Armadas para participar en tareas de seguridad, normalizando con ello lo que debiera ser una excepción.

2.-La crisis de Derechos Humanos y de seguridad no puede seguir tratándose con modelos de procuración de justicia pre-transicionales. Estos modelos enfrentan varios obstáculos, entre ellos la fragmentación de normas y procedimientos, la falta de capacidades institucionales y de sistemas de información compartidos.

3.- La evidencia empírica acumulada hasta el momento permite concluir que el modelo de seguridad fundamentado en la punición y el papel preponderante de las FFAA en labores de seguridad pública no ha tenido un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país.

4.- Existe consenso entre la academia, la sociedad civil y los operadores del sistema de seguridad sobre la necesidad de adoptar un nuevo modelo con una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad para la toma de decisiones, combata la corrupción y la impunidad y tenga a los Derechos Humanos y a la rendición de cuentas como ejes transversales.

5.- El paradigma prohibicionista de la política de drogas, de acuerdo con la evidencia, ha generado condiciones de militarización y violencia, de modo que debe ser objeto de revisión.

6.- La prioridad de la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles son aspectos que requieren de atención urgente para tener condiciones que permitan el retiro paulatino, no inmediato, de las FFAA de labores de seguridad. La participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas debe ser temporal, subsidiaria y sujeta a mando civil.

7.- El sector académico especializado en seguridad, así como las estrategias de gestión policial más avanzadas en el mundo, postulan que es imposible un modelo viable de seguridad sin evaluación y sin toma de decisiones con base en evidencia. Ello es posible con la alianza constructiva entre el sector académico y las autoridades civiles responsables de la seguridad.

8.- Es necesario generar reformas integrales, de carácter estructural, con perspectiva de derechos humanos y que partan de un diagnostico informado y que reconozcan la situación geográfica e histórica del país.

9.- La vida civil para un nuevo modelo de seguridad debe priorizar una reforma policial democrática, la prevención como eje sustantivo y la atención diferenciada a grupos en mayor situación de riesgo por condiciones socioeconómicas, de género, edad u origen étnico; contribuyendo así a la coproducción de mejores condiciones de seguridad y convivencia con la activa participación de la sociedad civil, poniendo al centro las experiencias de las personas vulneradas por la violencia criminal y víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

10.- La importancia del tema de seguridad en la agenda nacional exige que las diferentes fuerzas políticas retomen recomendaciones y propuestas para un modelo de seguridad en democracia.

Esta agenda de trabajo será objeto de observación, análisis y propuesta por medio del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática lanzado en este evento.

De manera paralela, se organiza desde la sociedad civil en Baja California Sur, el Foro Ciudadano de Seguridad Pública, en busca de generar acciones efectivas para recuperar la paz y armonía social en la entidad, a partir de los postulados apuntados, buscando su adecuación a las condiciones específicas de la media península.

A 3 años del inicio de la narcoviolencia en BCS. La violencia nuestra de cada día… (I)

FOTOS: Luis Roldán.

Colaboración Especial

Por Lorella Castorena Davis

“¿Cómo es posible que en México encontremos 253 cuerpos en fosas clandestinas y la gente no reaccione?” Madre del Colectivo El Solecito.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Entre 2007 y 2008 irrumpió en nuestro país la violencia que desde entonces aflora, azota, asola, irrita y descoloca nuestra vida cotidiana. En México, hemos vivido ya un decenio de violencia que Eduardo Rodríguez Gutiérrez (Un decenio de violencia en Nexos, 1 enero, 2017) ha reconstruido a partir del 11 de diciembre de 2016, cuando Felipe Calderón puso en marcha la llamada Operación Conjunta Michoacán que marca el inicio de la década más violenta y sanguinaria que hayamos visto en la historia contemporánea de nuestro país, la misma que desde 2014 se ha asentado en Baja California Sur. Durante estos años, ha desfilado ante nuestros ojos una galería de crímenes cada vez más terribles; diseminados por todo el territorio mexicano, legiones de hombres armados asesinan, secuestran, mutilan, torturan, trafican y desaparecen en fosas clandestinas a miles de personas.

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Según el Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), las redes de crimen organizado han reclutado al menos 30 mil jóvenes entre los 14 y 17 años, muchos de ellos de manera forzada. Ser joven, implica que tienen 30% más de posibilidades de ser asesinados que los adultos y si son mujeres adolescentes, tienen más probabilidades de ser víctimas de feminicidio o desaparición forzada que las mujeres adultas. Y no sólo eso, según la REDIM en México ser joven implica ser criminalizado por el sólo hecho de serlo (La Jornada, 11 de mayo del 2017). En el informe Violencia, niñez y crimen organizado presentado en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2016, se constata que estos niños y jóvenes mexicanos trabajan para la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión y el tráfico de personas, hasta la piratería y el narcotráfico. Las organizaciones criminales les reclutan a partir de los 10 y 11 años, ya sea para traficar productos ilícitos (drogas o armas), personas (‘burreros’) o para realizar asaltos, agresiones y secuestros.

Según el reporte sobre fosas clandestinas, titulado Violencia y terror, hallazgos sobre fosas clandestinas en México, realizado por la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), entre 2007 y 2016 se han localizado un total de 1,075 fosas clandestinas con 2 mil 14 cuerpos, distribuidas en 19 entidades del país. En este estudio, en Baja California Sur sólo se había reportado una, sin embargo, con base en datos periodísticos, hemos identificado una más. No puedo decir si fue la ubicada en 2013 en la colonia Tabachines o, la segunda, localizada en 2015, en El Comitán. Como quiera que sea, este año se encontró una fosa clandestina con 18 cadáveres (13 hombres y 5 mujeres) en la carretera costera Rincón de La Playa-Zacatito, en Los Cabos.

Violencia y terror, nunca mejor dicho. En torno a esta violencia que nos asola y despoja, hay muchas preguntas y pocas respuestas sistemáticas que nos permitan comprender lo que nos ocurre tanto en México, como en BCS. En estas entregas, intentaré ofrecer tanto un marco de interpretación, como la sistematización —siempre insuficiente y poco clara—de datos estadísticos que dan pie a un análisis empírico básico, siempre insuficiente para el análisis de coyuntura tan importante en un país donde el fenómeno de la violencia se desplaza geográficamente con gran rapidez y eficacia en el proceso de ocupación tanto de nuestro territorio, como de nuestra cultura colectiva.

Quiero dejar clara una cuestión: la violencia en México y en Baja California Sur no es tanto un asunto de datos o números sobre las incidencias delictivas, que las hay, sino de personas y sus historias, de cientos de miles de hombres, mujeres, niñas y niños que desde sus diferentes adscripciones de género, clase, etnia y adscripción identitaria, cada día suman una cifra a las historias que ocultan una tragedia humanitaria. Medir la violencia a partir de los homicidios, da como resultado un índice de una realidad más compleja: en México nos matan, porque se puede. Pero no sólo nos matan. Nos violan, criminalizan, persiguen, hipersexualizan, esclavizan. Nos trafican, mutilan, alquilan, venden. En México nos matan, porque el consumo de drogas, armas, personas, vientres, cuerpos y una lista que no puedo siquiera escribir, representan grandes negocios. En México nos matan, porque los emporios del entretenimiento naturalizan la violencia. Nos matan, en fin, porque se puede, y atender las causas por las cuales nos matan no es una prioridad para el Estado.

Prioridad es la cuestión: la erradicación de la violencia en general y de todas las otras violencias, debería ocupar un lugar central en la definición de las políticas públicas tanto en el país, como en BCS. Sin embargo, la generalización de la violencia en México es más que una dolorosa realidad.

Según datos preliminares del INEGI, en 2016 se registraron 23,953 homicidios en el país, la cifra más alta reportada durante los primeros tres años de gobierno de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. El INEGI señala que BCS se encuentra entre las entidades donde el fenómeno de la violencia se ha recrudecido como resultado del desplazamiento de la violencia hacia entidades que históricamente mantenían una tasa baja de delito, como Yucatán y Oaxaca. Como se observa en las gráficas 1 y 2, que representan la evolución de los homicidios según sexo a nivel estatal en la última década (2007-2016), la violencia expresada en el número de homicidios se disparó a partir de 2014 y desde entonces se ha incrementado significativamente y la tendencia, indica que estamos muy lejos de la otrora vida pacífica en nuestra entidad.

Según la gráfica 2, donde se expresan los homicidios por municipio, es en La Paz y Los Cabos donde se concentra el mayor número de crímenes.

Esta situación de violencia generalizada ocurre en un contexto también generalizado, de impunidad y corrupción. Según el IGI-MEX, 2016, menos del 1% de los delitos en México, son castigados, por lo que impunidad entendida como delito sin castigo, alcanza 99%. Baja California Sur se encuentra entre las entidades con niveles críticos de impunidad en el sistema de impartición y procuración de justicia, con un proceso activo, pero lento y rezagado, de transición al Sistema Penal Acusatorio, con pobres avances en la armonización legislativa en materia de derechos humanos en general (IGI.MEX, 69:2016). Según la ENVIPE 2015, las dos principales razones que esgrimen las personas para no denunciar un delito son la pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad. Desconfianza que se origina en los profundos problemas estructurales y funcionales que priman en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos.

Sólo como ejemplo, tomamos los criterios empleados para la elaboración del Índice General de Impunidad (IGI-MEX, 2016), en el que no fue posible aplicar la metodología completa de Cingranelli-Richards (CIRI) utilizada para el IGI 2015 (IGI-MEX, 32:2016). Esta metodología, tiene como intención generar un modelo estadístico capaz de medir tres dimensiones —estructural, funcional y derechos humanos—, en dos áreas de gestión administrativa cruciales para que el Estado Mexicano cumpla con su obligación de impartir y administrar justicia.

Debido a las dificultades para incorporar la dimensión derechos humanos (*) con el rigor estadístico necesario (IGI-MEX, 32:2016), la dimensión derechos humanos fuese sustituida por la dimensión ‘cifra negra’, que, desde nuestro punto de vista, es una representación del profundo estado de impunidad generalizada que domina nuestro país.

Del informe del IGI-MEX-2016 puede inferirse que, la ausencia de información respecto a violaciones sobre los derechos humanos en las entidades federativas se explica tanto por los castigos (IGI-MEX, 32:2016) impuestos desde la Federación, como de los propios gobiernos estatales, que ven mal para el desarrollo general del país y sus estados reconocer la generalización de la violencia. Según datos de la Procuraduría estatal, desde junio del 2014 y hasta abril del 2017, han ocurrido 560 muertes provocadas por eventos de alto impacto y según datos periodísticos, esta cifra se eleva a casi 700 hasta el momento en que escribo estas líneas. Si estos datos no nos concitan a investigar con mayor profundidad sobre las causas y alcances de la violencia generalizada, no estaremos cumpliendo con nuestra obligación de describir para comprender, nuestra realidad. En las siguientes entregas, profundizaré sobre los aspectos sociales y culturas de la violencia nuestra de todos los días.

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(*) El respeto a los derechos humanos es un elemento fundamental para el funcionamiento de cualquier sistema de gobierno, ya que habla del respeto que tiene el Estado por sus propios ciudadanos y por el contrato social que lo vincula con ellos. El fenómeno de la impunidad no estaría documentado plenamente si no se considera la violación a los derechos humanos de la población, cuando los responsables, es decir, agentes del Estado, quedan en libertad. Esta práctica contribuye únicamente al detrimento del Estado de Derecho, al menoscabo de la confianza en las instituciones y a romper el principio de protección a la población que es facultad exclusiva del Estado. Es por eso que se considera fundamental la incorporación de esta dimensión en una medición integral de la impunidad. Sin embargo, en el modelo que se presenta, fue necesario excluir esta dimensión del análisis. La ausencia de datos consistentes en la materia que pudieran ser desagregados por entidad federativa dificultó la incorporación de esta dimensión de la manera en que originalmente se había considerado, similar a lo que se realizó en el Índice Global de Impunidad. Esta dimensión mide el rango de denuncias de violaciones a derechos humanos frente a organismos públicos. (IGI-MEX, 32:2016).