FOTOS: Luis Roldán.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El estandarte ofertorio del actual Gobernador de BCS, para alcanzar el triunfo electoral, se recargó en la promesa de acabar “rapidito” con el problema de la inseguridad. Aseguró “saber cómo” y se jactó de que a él “no le temblaría la mano”.

Lo cierto es que todo resultó una falsa promesa de campaña. Una más de las tantas que nos han endilgado desde que la democracia nacional fue secuestrada por el sistema de franquicias partidistas que permiten el control del poder al grupo entronizado, mediante la simulación y el engaño.

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Pese a ser sólo una falsa promesa más, resultó más ofensiva su natural afrenta, al constatar que lejos de mejorar el problema de la inseguridad, a partir de la actual administración, se han disparado los índices de criminalidad y la escalada de violencia no encuentra precedente histórico.

Evidentemente, no sabe cómo, le tiembla más que la mano, y no tiene la voluntad política ni la determinación necesarias para enfrentar con éxito la problemática, la grave problemática que hoy tiene a la sociedad sudcaliforniana padeciendo una constante inseguridad que lejos de disminuir, parece acentuarse en un cruento consecutivo, que no hay promesa de “mejor futuro” que tranquilice a los habitantes de la entidad.

A la excusa, el pretexto, la simulación y el ocultamiento, se suma el reparto de culpas. Todos somos responsables. Todos, menos el gobierno en turno.

Y en ese juego perverso de negación, se satura el suministro de notas oficiales en los medios afines al gobierno estatal, de “buenas noticias”, que hablan de bonanza económica, incremento de fuentes de empleo y otros importantes logros, reales o imaginarios, que en autoría meritoria se adjudica el gobierno del “mejor futuro”. El esfuerzo propagandístico es costoso, pues los jilguerillos encargados de difundir los “logros oficiales” cobran indefectiblemente sus aportes en la rentable labor de difundir los méritos del aparato gubernamental.

Lo único cierto es que no existe un plan concreto de acción, ni a corto ni a mediano plazo, tendiente a frenar eficazmente la inseguridad que nos agobia. No existe coordinación entre las fuerzas del orden, ni estrategia que a partir de inteligencia aplicada, nos brinde un plan adecuado y eficaz de prevención, disuasión, contención, persecución y sanción del delito.

No contamos, pese a lo grave de la situación, con un solo policía de carrera al frente de las corporaciones policiales. Se improvisa con amigos, conocidos, arrimados y endosados. En procuración de justicia se insiste en sostener en el empeño al petulante importado que ha dejado claro en el tiempo que lleva en el cargo, que lejos de contribuir a solucionar la problemática, su incompetencia lo ha vuelto parte de la misma.

Se ha recurrido a la Federación, en busca de apoyo y solución, pero el aporte recibido se traduce en un incremento significativo de fuerzas castrenses, que a un alto costo para el contribuyente, no han alcanzado las expectativas que su presencia generó entre los gobernados.

Necesitamos urgentemente un plan de acción que responda a la problemática de inseguridad que nos agobia, y la respuesta está en la inteligencia. Debe el Ejecutivo Estatal despojarse de su arrogancia y aceptar que su “medicina” resultó charlatanería, por más que “aumente la dosis”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2009-2010, sostiene que no hay fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de la violencia y el delito, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las sociedades. Entre éstos identifica la abundancia de jóvenes marginalizados y la urbanización desordenada (factores demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos); la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos); los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Entre las deficiencias institucionales, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos identifica la falta o debilidad de los organismos de conducción política de la seguridad ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y capacidades para que el gobierno ejerza la conducción y administración del sistema policial. Esto conlleva a que la población considere que el Estado no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia, y que la impunidad de los perpetradores afecta la reiteración del fenómeno.

Necesitamos encargar la solución del problema, a los verdaderos profesionales de la materia. Y si no hay en el Estado, traerlos, aunque no sean afines al grupo en el poder. Debemos romper el círculo vicioso de incompetencia, incapacidad, complacencia, corruptelas y complicidad entre los grupos criminales y las fuerzas del orden.

Poner al frente de las corporaciones a policías de carrera, expertos en la materia, y a partir de los planes y programas ya establecidos por los organismos internacionales, elaborar un diagnóstico real y objetivo, a partir del cual se emprenda un proyecto integral interinstitucional, multidisciplinario, focalizado en especialización y especificación, con metas a inmediato, mediano y largo plazo.

FOTO: El Universal.

Colaboración Especial

Por Lorella Castorena Davis 

“¿Por qué salió tan tarde, por qué andaba sola?”

“El Ministerio Público no hizo nada”

“No le gustó lo que preparó de desayunar”

“Se muere uno en vida”

“Me habló para decirme que iba a matar a Mariana”

“Quiero que caiga todo el peso de la ley”

“Lo primero que hicieron fue revictimizarnos”

“Le dije: debes sentirte contento, ya la mataste”

“Levantemos la voz y pidamos justicia para nuestras hijas”

Testimonios de madres de hijas víctimas de feminicidio,

publicado en El País. Marzo de 2017.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dedicaré esta tercera entrega a uno de los temas menos discutidos, comprendidos y difundidos en Baja California Sur, pero que forma parte sustancial de la violencia nuestra de cada día: los feminicidios entendidos como la expresión irreparable de la más terrible, profunda, denostada e ignorada violencia de género, esa que se origina en la misoginia, en la aversión y el odio a las mujeres, como primera causa del fenómeno.

Feminicidio y machismo

Cuando hablamos de feminicidio, lo primero que surge en la discusión es la incomprensión de la propia noción: ¿porqué feminicidio y no homicidio? ¿Qué de especial tienen los asesinatos de mujeres cuando se matan más hombres? La respuesta es relativamente sencilla: las circunstancias en que mujeres y hombres son asesinados son muy diferentes y, obedecen a razones también muy diferentes, aunque ocurren en el mismo contexto social y cultural. Las circunstancias primero: a ellos los matan otros hombres, generalmente con armas de fuego, en el espacio público y como resultado de una gresca provocada por una demostración de fuerza individual o colectiva para dejar bien asentado quién o qué grupo domina tal o cuál actividad. Los hombres matan a otros hombres, para demostrar su poderío.

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A ellas, también las matan los hombres para demostrar su poderío, pero sobre ellas. Las matan por lo general, en el espacio privado, sus parejas, exparejas, padres, hermanos, parientes y amigos, es decir, los hombres más cercanos a sus vidas, los que se supone las aman, cuidan y protegen. Las violan, acuchillan, apuñalan, asfixian, ahorcan, golpean, envenenan, queman, destrozan. Las matan por el sólo hecho de ser mujeres.

Y ello ocurre en un contexto social y cultural específico. Decía al principio, que feminicidio y violencia extrema contra las mujeres son de los temas menos discutidos, comprendidos y difundidos en nuestra entidad, pero que forman parte sustancial de la violencia nuestra de cada día. Entre las razones que explican esta situación, se encuentra, en primer lugar, el machismo, cuya definición resumiré así: se trata de un modelo negativo de masculinidad, una forma de relacionarse que se aprende desde la infancia y funge como modelo para todo intercambio personal, esto es, no se presenta sólo con relación a las mujeres, sino también hacia los otros hombres, los niños, las niñas y las personas subordinadas.

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Esta es la clave: se trata de una forma de relación en la que prima la desigualdad: alguien está arriba y para sostenerse en ese lugar, requiere que alguien esté abajo. Se trata de una pretensión de dominio que se ejerce especialmente sobre las mujeres, pero que también explica la rivalidad entre los hombres, la búsqueda interminable de conquistas sexuales y la necesidad de exhibir rasgos supuestamente viriles, tales como el valor, la indiferencia al dolor: los hombres son valientes, no lloran, son seductores y, sobre todo, desprecian los valores femeninos (Marina Castañeda en El machismo invisible regresa, 2007). Es precisamente en este desprecio que se originan la violencia, la discriminación y la explotación de las mujeres, todos mecanismos que terminan por desatar la violencia feminicida.

Todos los estudios sobre violencia contra las mujeres señalan que existe un continuo de violencia donde el feminicidio, la violación, el hostigamiento, la pornografía y el abuso físico a las mujeres y a las niñas, son expresiones de la violencia sexual masculina, esa que, al amparo del machismo, ejercen los hombres sobre las mujeres.

Ola de violencia en BCS. FOTOS: Luis Roldán.

Pandemia nacional

Cada 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y cada 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en los principales medios de nuestro país, se publican los datos que testimonian la tragedia que representa el feminicidio en México, donde siete mujeres son asesinadas cada día y sólo 25% de los casos son investigados como feminicidios (Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, marzo 2017). El 9 de marzo de 2017, el periódico El País, dedicó un número especial al feminicidio en México, porque ocupamos el lugar 16 en asesinatos contra mujeres en el mundo.

Desde 2013, la representación de ONU Mujeres en México calificó a la violencia feminicida como una pandemia que provoca siete feminicidios al día, de los cuales, una cuarta parte se concentran en cinco municipios del territorio nacional, comenzando por Ciudad Juárez y Chihuahua, en Chihuahua, seguidos de Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa; y Ecatepec de Morelos, Estado de México. Baja California Sur se encuentra en la zona de influencia de dos de las entidades (Baja California y Sinaloa) donde la violencia feminicida ha alcanzado dimensiones epidémicas.

Cifras escalofriantes en BCS

Según el Estudio sobre Violencia Feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-2010 (Incháustegui, 2012), los asesinatos de mujeres por razón de género tuvieron un repunte entre 2007 y 2010, período en el que se presentó un incremento de 106.2% con relación a otros periodos. El mismo estudio demostró que entre 1985 y 2010 se registró un total acumulado de 36 mil 606feminicidios en México y, que Baja California Surocupaba el lugar 16 en defunciones femeninas con presunción de asesinato (a sólo una posición por debajo del Distrito Federal que ocupaba el lugar 15), con una tasa de 2.9, esto quiere decir que, en 25 años, ocurrieron un total de 92 asesinatos de mujeres en nuestra entidad, con un promedio anual de cuatro.

Según el estudio Violencia Feminicida en el Estado de Baja California Sur. Investigación Diagnóstica, 2007-2014, (Lorella Castorena, ISMujeres, 2015), para dimensionar la evolución del fenómeno en BCS, basta con señalar que en 1985 nuestra entidad ocupaba la posición 26 —una por encima de la vecina Baja California que ocupaba el sitio 27— y que 25 años después, ascendió al lugar 16, es decir, escaló 10 puntos en el rango nacional sobre feminicidios en el período 1985-2010.

Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infromática (INEGI), en el período comprendido entre 2010-2016, en BCS ocurrieron 81 asesinatos de mujeres, con un promedio de doce mujeres asesinadas por año. La diferencia entre un período y otro es enorme: mientras en 25 años (1985-2010) se asesinaron 92 mujeres a un promedio de cuatro mujeres por año, en el período siguiente, que sólo abarca 6 años (1910-2016), fueron asesinadas 81 mujeres, a un promedio de doce por año. Esto significa que en BCS, en los 6 años más recientes, se triplicaron los asesinatos los asesinatos de mujeres.

FOTO: Actitud Fem.

Invisibilidad

A partir de entonces y más específicamente desde 2014, las cifras publicadas sobre los homicidios de mujeres fueron opacadas por la ola de violencia generalizada que desataron los denominados “homicidios alto impacto” consignados así por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). De hecho, en el informe de occisos en eventos de alto impacto que se encuentra en la página oficial de la PGJE, se recogen los asesinatos ocurridos entre el 31 de julio del 2014, al 15 de abril del 2017, con un total de 560 personas asesinadas, sin que sepamos cuántos fueron hombres y cuántas mujeres, ni tampoco nada de las circunstancias en que éstos ocurrieron. Sólo un número y nada más, esto es opacidad.

Según la información registrada por INEGI relativa a las defunciones por homicidio según sexo entre 2007 y 2016, que se muestran en la siguiente gráfica, los asesinatos de mujeres —un promedio de diez por año— y los homicidios —asesinatos de hombres, un promedio de 35 por año— tuvieron hasta 2013 un comportamiento similar. Entre 2014-2016, el promedio de homicidios se elevó a 153 por año, en tanto que el promedio de asesinatos de mujeres se elevó a doce.

Hasta donde se puede reconstruir la información estadística con base en los datos de INEGI, Baja California Sur “contribuye” a la pandemia feminicida con el asesinato de una mujer al mes desde 2010. El feminicidio, es, ante todo, un crimen de odio, que consiste en el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, que ocurre en un contexto social, cultural e institucional, en el que prima el machismo y donde la violencia de género contra las mujeres ha sido invisibilizada, transcurre normalizada y permanece impune.

No es asunto prioritario

Hasta la fecha y a pesar de un tremendo y profundamente machista “estire y afloje” entre el Congreso del Estado, el Ejecutivo Estatal y la sociedad civil observante —que sería objeto de un artículo completo—, en febrero del 2014, Baja California Sur fue la última entidad en reformar el Código Penal para incluir la figura de feminicidio, cuando se aprobó la adición del Artículo 256 Bis, que a la letra dice: “Artículo 256 Bis.- Homicidio Agravado por Feminicidio. Cuando el homicidio sea ejecutado sobre una mujer por razón de su género, se impondrá de veinticinco a cincuenta años de prisión y multa de trescientos a novecientos días de salario mínimo vigente, así como la pérdida del derecho a heredar que pudiera tener respecto a la víctima”.

“Existen razones de género de parte del sujeto activo, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
2. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;
3. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
4. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público;
5. Exista antecedente de violencia en el ámbito familiar, laboral, vecinal o escolar del sujeto activo en contra de la víctima; o
6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.”

A pesar de esta clara adición al Código Penal vigente, no existe en BCS un solo caso de los 71 homicidios de mujeres ocurridos desde entonces y hasta 2016, que hayan sido juzgados desde esta perspectiva. De hecho, priman la confusión, la resistencia y la ignorancia propias de una sociedad machista. Antes decía que la violencia contra las mujeres en general y la feminicida en particular, han sido opacadas por la violencia generalizada de los últimos años. Quienes se oponen a avanzar en este campo, han encontrado el argumento perfecto: hay otras prioridades.

Tipos de femincidio en BCS

Para terminar, incorporamos algunos resultados de nuestra investigación sobre el feminicidio en Baja California Sur, que están siendo actualizados con la finalidad de crear el Observatorio sobre Violencia Feminicida en nuestra entidad, como una iniciativa ciudadana y académica, sobre un problema urgente. Los datos corresponden a 73 feminicidios ocurridos en BCS durante el período 2007-2014. A finales de este año, tendremos procesada toda la información correspondiente a 2015-2017. Por lo pronto, lo que hemos avanzado se muestra a continuación.

En Baja California Sur predominan los feminicidios íntimos, esto es, los cometidos por hombres con quienes las víctimas tenían o habían tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, novio, exnovio o amante. En este tipo, se incluye también al hombre que asesina a una mujer —amiga o conocida— que rechazó entablar con él una relación íntima.  En BCS, 30 de los 73 casos identificados corresponden a esta categoría, 24 de los cuales fueron perpetrados por la pareja de la víctima en solitario; en un caso el feminicida se hizo acompañar por dos amigos y entre los tres, golpearon y violaron a la mujer antes de matarla. En otro caso, la pareja estaba acompañada por la amante. En cinco de los 30 casos de feminicidio íntimo, el perpetrador fue la expareja.

Dado que ocho de las 73 mujeres víctimas de feminicidio eran menores de 15 años, incluimos al feminicidio infantil y feminicidio familiar, que es el asesinato de una niña hasta los 14 años cometido por un hombre solo o en complicidad con otro u otra, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña y que se produce en el contexto de una relación de parentesco entre víctima y victimario/a. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. En el caso de BCS, se han cometido ocho feminicidios infantiles, todos ellos consumados en su entorno familiar: tres por la pareja de la madre, uno por la expareja de la madre, dos por el padre, uno por padre y madre y, uno por la pareja de la madre y la madre.

Otro tipo identificado fue el feminicidio por conexión que se comente cuando una mujer es asesinada “en la línea de fuego” de un hombre que intenta o mata a otra mujer. Puede tratarse de una amiga, una parienta de la víctima, madre, hija u otra; o una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima. En BCS esto ocurrió en un caso en que la víctima fue asesinada por la pareja de su amiga, un exmilitar que previamente había matado a su amiga.

Identificamos también un caso de feminicidio por prostitución que consiste en el asesinato de una mujer que ejerce la prostitución cometido por uno o varios hombres. Entran en esta tipología los casos en los que él o los victimarios asesinan a la mujer motivados por el odio y la misoginia que despiertan en estos la condición de prostituta de la víctima. Los casos también conllevan la carga de estigmatización social y justificación del feminicidio por prostitución en la mente de los asesinos: “se lo merecía”; “ella se lo buscó por lo que hacía”; “era una mala mujer”; “su vida no valía nada”. En el caso ocurrido en BCS se trataba de una sexoservidora y bailarina de espectáculo nocturno cuya pareja la asesinó porque ella ya no quería prostituirse.

Cuatro casos pueden identificarse como feminicidio no íntimo, uno, el que se refiere al que fue cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación, pero que previamente fue agredida sexualmente hasta morir a manos de un extraño. En este tipo se considera también el caso del vecino que mató a su vecina, sin que existiera entre ambos algunos tipos de relación o vínculo. En esta categoría entrarían cuatro de los 73 casos identificados en nuestra base de datos.

Finalmente, el colectivo Femincidio.Net propone la noción de feminicidio sexual sistémico para explicar el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los tiraderos de basura y en las vías del tren. Los asesinos por medio de estos actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y desigualdad. Al mismo tiempo, el Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, a través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas. Se divide en las subcategorías de organizado y desorganizado y toma en cuenta a los posibles y actuales victimarios.

En la categoría de feminicidio sexual sistémico desorganizado, se considera al asesinato de mujeres que está acompañado —aunque no siempre— por el secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver. Los asesinos, presumiblemente, matan por una sola vez, en un período determinado; y pueden ser hombres desconocidos, cercanos o parientes de las víctimas que las asesinan y las depositan en parajes solitarios, en hoteles, o en el interior de sus domicilios.

En tanto que el feminicidio sexual sistémico organizado, se refiere al asesinato de mujeres que está acompañado por secuestro, tortura, violación y disposición del cadáver. Los asesinos pueden actuar como una red organizada de feminicidas sexuales con un método consciente y sistemático a través de un largo e indeterminado período, dirigido a la identidad de sexo y de género de las niñas y mujeres.

Con base en todos los datos aportados por nuestras fuentes, podemos afirmar que en Baja California Sur se han cometido en siete años 73 feminicidios —poco más de diez por año—, de los cuales al menos 34, podrían considerarse feminicidio sexual sistémico desorganizado, en tanto que ocho feminicidas entrarían en la categoría de perpetradores de feminicidio sexual sistémico organizado.

FOTO: Puebla Roja.

Crece la brutalidad

Algunas hipótesis vienen a la mente cuando vinculamos el hecho de que la violencia en México se ha disparado a partir del 2006 a niveles de barbarie y brutalidad terrorífica, violencia que, sumada al machismo y misoginia característicos de la cultura mexicana, ha terminado por convertir a las mujeres en botín de guerra y por naturalizar e invisibilizar aún más —si se puede— la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

Hoy sabemos que las víctimas de la violencia de género son cada vez más jóvenes y que la saña con se cometen los feminicidios se ha incrementado: cadáveres de mujeres que han sido previamente torturadas, violadas y luego descuartizadas y desmembradas son tirados cada vez más cerca de la vista de todos, en desagües, ríos o parques públicos. Para Ana Güezmez García, representante en México de ONU Mujeres, México vive una situación similar a la de países que padecieron conflictos armados como Guatemala o Colombia, donde las mujeres quedaron a merced de los bandos en conflicto y la violencia de género se normalizó, a tal grado que todos los días desaparecen decenas, cientos de mujeres jóvenes que a menudo son víctimas de redes de explotación sexual, otro de los grandes negocios de los cárteles de la droga que además, trafican armas e inmigrantes, extorsionan y secuestran.

En México y en Baja California Sur, la violencia feminicida se ha acentuado y brutalizado desde la expansión del crimen organizado y la impunidad. Es terrible e indignante que, a pesar de las evidencias, la barbarie y la brutalidad, la violencia contra las mujeres apenas existe en la agenda del Gobierno Estatal y del Poder Legislativo, que se niegan a reconocer el problema, no terminan por ajustar la legislación y se resisten a declarar las alerta de género, escudándose en argumentos legaloides y lo que es peor, al negarse a reconocer que hemos llegado a límites impensables, no existe costo político ni condena social, ni legal para las autoridades que no actúan conforme a la ley. Si ante la violencia social y la provocada por el crimen organizado y desorganizado impera la impunidad, frente a la violencia de género y el feminicidio, se suman la negación e invisibilización de una realidad que cada día nos cercena lo que nos resta de dignidad.

Especial “La violencia nuestra de cada día…” FOTOS: Luis Roldán.

Colaboración Especial

Por Lorella Castorena Davis

“La narcocultura, es la criatura ideológica excremental de un pueblo hundido en una crisis.”     Arsinoé Orihuela, 2015

La Paz, Baja  California Sur (BCS). El título “Narco Cultura”: nace una identidad, se desmorona un país ilustra con perfección lo que nos ocurre en México y Baja California Sur: la narco-cultura se ha instalado en casi todos los resquicios que ha dejado el proceso de desmoronamiento democrático, político y social de nuestro país. En su artículo titulado La violencia en México (2015), David Huerta escribe: “en el documental Narco Cultura (2013), del cineasta y fotógrafo de guerra Shaul Schwarz, una niña mexicana del norte responde a la pregunta «¿Qué quieres ser cuando seas grande?», con estas cuatro palabras: «novia de un narco». La escritora Gabriela Damián comenta de modo sucinto: «Tantas derrotas al mismo tiempo en una frase».”

Así es: la narcocultura representa todas nuestras derrotas como sociedad, como cultura, como ciudadanía, frente al estado y, frente al narco. En el número 8.2 del año 2011, la revista electrónica e-misférica (Hemispheric Institute,) dedicó un dossier titulado #narcomáquina, en el que las editoras de la New York University, Jill Lane y Marcial Godoy-Anativia, escribieron en la nota inicial lo siguiente: “hemos aprendido, en diálogo [con] un sinnúmero de académicos, artistas y activistas colaboradoras/es, que lo <<narco>> nombra el colapso del orden social como lo conocemos: el aumento del autoritarismo, el deterioro de la sociedad civil, la erosión de los derechos humanos, la transformación de ciudades y pueblos en espacios fantasmagóricos y teatros de guerra, y el surgimiento (o regreso) de la <<violencia expresiva>>—una violencia mortífera cuyo único propósito es representar su propio poder- […] cuerpos degollados y mutilados cuelgan de los puentes, junto a las infames <<narcomantas>>, en Tamaulipas o Monterrey; se desechan multitudes de cadáveres en las carreteras de Veracruz o en Guadalajara; aparecen numerosas bolsas llenas de cabezas humanas en Acapulco o en D.F.; se hallan emigrantes centroamericanos dentro de fosas comunes (narcofosas); y día a día se leen en la prensa noticias sobre secuestros, corrupción y las fluctuantes líneas de combate entre los carteles, mientras que los propios periodistas, junto a fotógrafos y corresponsales de los medios sociales, son ejecutados arbitrariamente. Activistas de derechos humanos, incluyendo a los líderes de la lucha en contra del feminicidio en Ciudad Juárez, tampoco se escapan de la muerte.”

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Con este retrato certero y doloroso, ese dossier publicado hace seis años, sólo anticipaba lo peor. La violencia lejos de aminorar se ha acrecentado y desparramado por todo el país y, Baja California Sur no es la excepción. Al contrario, la identidad que se fundamenta en la narco-cultura se ha asentado en BCS desde hace ya varios años, antes, mucho antes, de que la violencia nuestra de cada día se dejara ver en versión mortífera. Según los datos contenidos en la página Semáforo Delictivo habría un total acumulado de homicidios entre enero de 2014 y junio de 2017, de 596 personas asesinadas en nuestra entidad. Con base en los datos del semáforo, BCS está en rojo, esto es por encima de la media histórica o tasa nacional, porque aquí ocurren el doble o más de la tasa nacional de delitos de homicidio, extorsión, robo a vehículos, robo a casa y violaciones.

En paralelo —nunca mejor dicho porque no circulan por las misma vías y nunca se tocan—, nuestras calles son patrulladas constantemente por comandos armados, tanto del ejército como de las policías federal y estatal, en un entorno que les repele y teme, mientras suenan narcorridos a todo volumen en las casas, en las palapas marisqueras se comen tostadas llamadas “sicaria”, se bebe cerveza en antros que llevan nombres narcos como el de Laurita Garza, donde la “buchonería”, la banda sinaloense y los cuerpo hiper-sexuados de las jóvenes se disponen al frenesí de la narcocultura y la necro política (política de la muerte).

Héctor Domínguez Ruvalcaba sostiene en su libro Nación Criminal (Ariel, 2015), que la relación estrecha entre el crimen organizado y el estado ha dado lugar al establecimiento de la necro-política o la soberanía sumaria que decide a su arbitrio sobre la vida y la muerte. Más que un Estado débil, lo que predomina en México es una cultura política donde la intervención de lo criminal ha sido históricamente reincidente, de allí que no pueda concebirse sin las prácticas ilícitas de las autoridades, de la clase política y, consecuentemente, de amplios sectores de la sociedad.

Cultura es la cuestión. Hace unos días atestiguamos una de las formas en que opera la identidad que deriva de la narco-cultura, esa que se ha construido sobre y entre las moronas de un país dejado a la mala. Sólo como ejemplo, refiero algunos detalles de lo que ocurrió durante el funeral de “El Ojos” el pasado 24 de julio El funeral “se realizó al estilo de las ceremonias fúnebres que se destinan a los jefes del narcotráfico en México: flores blancas, gente armada, música y vítores. Una multitud despidió al narcotraficante cargando enormes arreglos florales y lanzando vivas, sin los rostros cubiertos y sin temor a ser identificados. ´Felipe, Felipe, ¡ra-ra-rá! ´“.

Justo a esos vítores son a los que se refiere David Huerta (La violencia en México, La Huerta Grande, 2015) cuando habla de la “consagración de vulgares criminales, secuestradores, ladrones, asesinos y torturadores, vistos como héroes de un público absurda y temerosamente arrobado ante ellos —y ante sus <<hazañas>>—“. Narcorridos, telenovelas, series, películas, novelas, blogs y páginas de redes sociales donde se elogian los hechos de los asesinos y traficantes de drogas que han sido idealizados, heroizados y legitimados a través de las empresas productoras de medios y las editoriales, que han encontrado en los y las desposeídas de la era neoliberal, un enorme nicho de mercado, un gran negocio montado sobre lo que Arsinoé Orihuela llama la bancarrota cultural de México (Narcocultura, la bancarrota cultural de México, Regeneración, 23 Septiembre, 2015).

Siguiendo a Orihuela, debemos asumir que la narcocultura ha avanzado de manera irrefrenable enarbolando los elementos identitarios característicos del narco, no de forma marginal o periférica, sino de un modo profundo y al alza. En algún momento, en México naturalizamos el “narco way of life” y lo integramos en el imaginario colectivo. Cuando los niños y adolescentes cantan narcorridos, juegan a ser capos, aspiran a narcotraficantes, beben cerveza y consumen coca, y, las niñas y adolescentes con sus cuerpos hipersexualizados sueñan con ser novias de un narco, estamos frente al desmoronamiento cultural, social y político de este país. Que, por cierto, no se cae a pedazos en lo económico, precisamente porque el crimen organizado y su apología a través de las enormes industrias culturales que le soportan, agregan grandes cantidades de capital al PIB, aunque no tengamos los datos para corroborar semejante afirmación.

Vivir del crimen es un gran negocio, tanto para quienes lo practican, como para quienes lo reproducen, representan, glorifican y condenan a través de los melodramas, que Orihuela define como “maquinaria propagandística monstruosa, en tamaño y en escrúpulos, que tiene una agenda inconfesable, pero a todas luces reconocible: crear una cultura colectiva dominante alrededor del narco.”

Por eso decía antes que, el Estado y su aparato represor de la violencia y la sociedad circulan por caminos paralelos y nunca se tocan. Como sostiene Domínguez Ruvalcaba, si lo criminal es histórica y culturalmente reincidente, es porque las prácticas ilícitas están ancladas en las autoridades, la clase política y, en amplios sectores de la sociedad.

En el México de hoy, los partidos políticos, los medios y una parte de la sociedad, están ocupados en el juego perverso de las elecciones del 2018. Pululan encuestas, apuestas en las huestes partidistas sobre las terriblemente antidemocráticas figuras de “este es el bueno”, “este es mi gallo”, “ahora sí se nos hizo”, “mi gallo va a la cabeza”, “vamos con todo”, “si no estás conmigo, estás en mi contra”, “soy el futuro”. Ninguno ni ninguna de quienes aspiran a gobernar este país sumergido en la violencia más terrible y deshumanizada que hayamos vivido jamás, por naturalizada y comercializada, ha dicho una sola palabra para condolerse del dolor que nos asola. Nadie ha pedido siquiera perdón, por los ya cientos de miles de desaparecidos y desaparecidas. Por los miles de niños y niñas que todos los días se quedan a la deriva y que son raptados por el crimen organizado para engrosar sus filas.

Miles de familias mexicanas viven la tragedia de la violencia nuestra de cada día. Millones de mexicanos y mexicanas, vemos con azoro cómo se roban millones y millones y millones de pesos de las arcas públicas, como se hacen negocios multimillonarios con nuestros recursos naturales y nacionales. Quienes más nos enteramos, sabemos que los bancos han ganado fortunas con nuestras disfortunas. La narcocultura, bien acompañada del poder político, las grandes empresas del entretenimiento y la complacencia social que glorifican al consumo medran con el sufrimiento y el dolor y lo peor, normalizan, naturalizan y legitiman la violencia.

FOTOS: Luis Roldán.

Como dice Orihuela: “La hipocresía es indecorosa: los países más castigados por la narcoviolencia, y presuntamente más comprometidos con la lucha contra el narcotráfico, son sedes de las grandes producciones de narcoprogramación. Con las leyes de Seguridad Nacional, los agentes de Estado pueden entrar a un domicilio particular sin una orden de cateo, solo por la caprichosa disposición de un funcionario. ¿Por qué esas leyes, pretendidamente inflexibles, no disponen regular los contenidos de las televisoras?”

Cada vez que desde la cultura se interpreta al crimen organizado a través de figuras filántropas y heroicas, perdemos la oportunidad de construir un país democrático. Los cultos a la santa muerte o a Malverde, son apenas índices de la violencia criminal, pero que hacen la labor de mitificar la ilegalidad. Mientras en México, predomine la ilegalidad naturalizada y normalizada por esta cultura dominada por el narco, la corrupción y la impunidad sobre el estado de derecho, no podremos construir una democracia ancha y profunda más allá de los tremendos procesos electorales que se avecinan.

Para cerrar, dos reflexiones que ilustran todo lo que he dicho. La primera, es de Guillermo Ríos, guionista de la serie de televisión Capadocia: “Como escritor me nutro de la realidad y obviamente un tema fascinante es el narco. ¿Quién no quiere oír las historias de estos hombres que tienen acceso a todo lo que esta sociedad consumista nos ha enseñado que es lo que vale la pena: ¿mujeres hechas a la medida con chichis y nalgas de silicón, Ferraris, jets, mansiones, el alcohol más caro, viajes a cambio de atreverse a trasgredir el orden social, de correr el riesgo de morir jóvenes?”

La segunda, de Carlos Monsiváis, citado por David Huerta: “Una sociedad inmovilizada ante la matanza, que no reconoce como suyas a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, es también en definitiva la gran víctima propiciatoria. Concentrar la energía judicial, política, social, ética de la nación y sus instituciones en el esclarecimiento de este fenómeno es asunto de justicia y de reconstrucción social. Uno de los grandes apoyos de la violencia es la protesta ocasional, rutinaria, que no espera consecuencias. Esto, como lo demuestra Huesos en el desierto, ya no puede ni debe suceder.”

Reciente foro sobre el peligro de ejercer el periodismo en México y en el Estado, realizado en la UABCS. FOTO: Modesto Peralta Delgado.

A botepronto

Por Gladys Navarro

La Paz, Baja California Sur (BCS). “Esto se jodió”, pensé ese día en que reporteaba desde la mañana el hallazgo de un cuerpo en la colonia Agua Escondida, por la noche, una ejecución en la colonia Santa María, en La Paz, y todavía no llegaba a mi destino, pues había quedado de reunirme con unos amigos. No llegué. Porque en el camino hubo un tercer reporte: el hallazgo de tres cuerpos más, desnudos y amordazados sobre el pavimento, en el libramiento Oceguera, casi a la medianoche del 31 de octubre, con todo lo simbólico de la fecha. Mientras conducía, en la obscuridad, sola, pensaba en la treintena de personas ejecutadas desde hacía, justamente, tres meses. Y recordé entonces el primer reporte policíaco desde ese tipo, ese día, el 31 de julio de 2014. Era de noche y también conducía. Los reporteros pasamos mucho tiempo fuera, conduciendo –cuando se puede— y armando las notas en el camino, en el bloc de notas del celular, en la libreta, o de plano dictando si hay alguien en la Redacción que nos reciba. Me desvié y me dirigí a la salida a Los Planes, en la zona de Agua Escondida, donde ya estaba un retén. Confirmé con las fuentes y salió el primer reporte hacia las 10 de la noche. Ese momento se considera el inicio de una época compleja para Baja California Sur, obscura y roja. Si nos pareció fuertísimo lo que conocimos, ese enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada, lo que ocurrió tres meses después, la “noche de brujas”, subió de nivel. A la mañana siguiente lloré. Observé los rostros familiares, inocentes, con esperanza, sin entender y sin conocer, aún, y pasé del llanto a la indignación. Por lo que sucedía entonces, no sólo derivado de la guerra entre grupos, sino del silencio que esperaban de nosotros, de los comunicadores; por los bloqueos informativos, con las confirmaciones oficiales tardísimas, con la falta de datos elementales; por los “sutiles” intentos de censura, por eso y lo que vino después, la intención de las autoridades, todas, de minimizar el problema, la falta de respuesta inmediata, la simulada coordinación y los resultados entonces negativos y sostenidos. A casi tres años de esos primeros reportes, sumamos al menos 600 homicidios en circunstancias violentísimas, y hemos visto escalar los niveles. Y nos ha dolido como periodistas, como docentes, como jóvenes, como mujeres, como profesionistas que intentamos observar el fenómeno de la violencia en su complejidad, porque entendemos que la responsabilidad es compartida, pero no podemos negar ni disculpar las complacencias y las omisiones de los responsables, de los tres niveles de gobierno, que la ley obliga a garantizar nuestra seguridad, porque es nuestro derecho. Pero la situación no se descompuso de la noche a la mañana en Baja California Sur, tan solo hay que recordar las detenciones de los últimos años de presuntos líderes de cárteles de la droga, entre 2006 y 2010. Autoridades federales y estadounidenses reportaron la detención de Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”, tuvimos a Francisco Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”; Alfredo Collins Ortega, principal operador de Jorge Briceño López, alias “El Cholo” –presuntamente muerto—, lugar teniente de los Arellano Félix; Gustavo Rivera Martínez, alias “El Gus”, responsable de la logística para el trasiego de droga a Estados Unidos del cártel de Tijuana; Teodoro García Simental, “El Teo”, en La Paz. En 2012, la agencia AP reveló que la Policía Federal casi detuvo a Joaquin “El Chapo”Guzman, en una residencia en Los Cabos, pero huyó días antes del operativo. Seguramente muchos sudcalifornianos traerán a su mente otros episodios vergonzosos en la entidad pero que daban cuenta de cómo se estaba configurando, del papel que ha venido jugando, en este gran rompecabezas en donde lo único que importa es el poder y la ganancia. Y si nos faltan más elementos para reconocerlo, hay que recordar las cifras del Subsecretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad, sobre los delitos en aumento en los últimos 11 años. En el 2005, reportó casi 17 mil delitos denunciados, de los cuales 8 mil  fueron por el delito que más nos aqueja como sudcalifornianos, el robo en todas sus modalidades. Desde esta fecha, los delitos se han mantenido o aumentado; para el 2017, la cifra llegó a 19 mil 781; para 2010, hubo un ligero descenso, 15 mil 778, pero en el 2012, los delitos denunciados fueron 20 mil 889 y en 2016 esa cifra llegó a su máximo histórico, 24 mil 245, con un total de robos denunciados (hay que remarcar) de 11 mil 247. Este fenómeno delictivo tiene por lo menos una explicación: niveles mayores e inaceptables de impunidad, y se comprueba con la estadística del Índice General de Impunidad (IGI-MEX), coordinado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en donde refiere que sólo el 99% de los delitos quedan sin castigo en este país, y Baja California Sur está en el grupo de entidades con un alto índice de impunidad. Y basta comprobarlo en nuestras cotidianidades, con los testimonios propios y ajenos. Todos quienes en algún momento hemos sido víctimas de algún delito que queda sin esclarecerse y peor aún, sin la reparación. En este contexto, el fenómeno de la violencia sigue creciendo en nuestra entidad, ahora concentrada en Los Cabos, que suma 178 homicidios de alto impacto, en siete meses, según los registros de la Procuraduría estatal. La cifra es alarmante, porque el Sistema Nacional de Seguridad, en su estadística municipal, no registró en 2011 en ese destino turístico, ningún homicidio doloso. El panorama luce obscuro y nada alentador, si a ello le agregamos solo unos datos más, los altos niveles de marginación que tenemos, porque en BCS también hay pobreza, aunque se pretenda minimizar. Cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) indicaron en 2010 que el 40 por ciento de la población (86 mil 909 personas) tenían al menos alguna carencia social; casi 50 mil o sea, el 23 por ciento, considerados con pobreza moderada, y 12 mil vivían en extrema pobreza. Si bien, no podemos asumir que la pobreza es la causa de todos nuestros males, por supuesto que debemos entender que una persona vulnerable, en un contexto adverso, se vuelve más proclive a decidir satisfacer sus necesidades de la forma que sea, así sea cometiendo un ilícito. Si a eso añadimos que el crecimiento poblacional en BCS, y particularmente en Los Cabos, en los 90’s alcanzó una tasa del 10 por ciento y se mantuvo en ese rango hasta 2010, y consideramos solo el dato de que tenemos una Policía Estatal integrada por 200 elementos que se concentra solo en el sur del estado, y los policías municipales poco capacitados y con deficiente infraestructura, entonces quizá podríamos advertir que los tomadores de decisiones fallaron desde hace mucho tiempo. Es este el contexto que enfrentamos, no sólo el de las 600 muertes de alto impacto, sino el de las carencias, el de la violencia hacia la mujer que va en aumento, el de las colonias abandonadas por sus policías infiltradas, la mayor parte; el de los jóvenes que están siendo cooptados por los grupos “mejor organizados”, con las peores intenciones, jóvenes solitarios, con necesidades de todo tipo, muchas de ellas afectivas, porque sus padres deben trabajar jornadas extenuantes para poder medio sobrevivir. Y aún y cuando han existido tantas omisiones y decisiones tardías del Estado (basta recordar que el refuerzo federal a BCS llegó después de dos años de violencia en La Paz, justo cuando se trasladó a Los Cabos -que recibe 1.5 millones de turistas al año- a raíz de la presión de un sector empresarial poderoso y temeroso de un siguiente nivel en la alerta preventiva que mantiene ya el Gobierno estadounidense) las autoridades regresan el problema a las familias, señalándolas como lo hizo el gobernador, Carlos Mendoza Davis, acusando que el problema estaba en los hogares, por “la falta de valores”, por la falta de educación, por las adicciones; regresando, como hace poco compartía la investigadora, Lorella Castorena, el problema a las familias agobiadas, perdidas, con quienes las autoridades han sido indiferentes durante muchos años, a las que han dejado solas. Y en medio de toda la descomposición, ahí estamos los periodistas, intentando desarrollar –muchos— con verdadera convicción, un trabajo necesario, cuestionando, señalando, advirtiendo, alzando la voz, abriendo los micrófonos o narrando las historias, contabilizando los muertos, haciendo visible un problema complejo y grave, y sorprendiéndonos aún. Y de vez en vez, cuando se puede, seguimos compartiendo un café, en esas pausas necesarias para poner en común nuestra indignación y nuestra tristeza, y olvidando un rato nuestras soledades, recordando otra fecha y cómo la cubrimos, y pensando otra vez, en que esto se volvió a joder: a Max lo mataron el 14 de abril. No nos dejemos solos. Nos necesitamos.

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Un hombre llora ante el cadáver de uno de los centenares de ejecutados en La Paz. Foto: Max Rodríguez.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde un triple homicidio ocurrido en Los Planes (municipio de La Paz) el 31 de julio de 2014 hasta este 6 de diciembre de 2016, el Grupo de Reporteros Policíacos registra aproximadamente 362 ejecutados como probables víctimas de una histórica lucha por el poder entre grupos del crimen organizado en BCS; Max Rodríguez, uno de los pocos reporteros de la nota roja en la Paz —miembro de dicho grupo—, concedió una entrevista exclusiva para CULCO BCS donde aporta estos datos y platicó sobre los avatares de su trabajo.

Prácticamente no hay cifras oficiales de las muertes por la guerra entre narcotraficantes en Baja California Sur. Además, luego de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en la entidad, fuentes como la Procuraduría General de Justicia del Estado emite información mínima sobre estos hechos —por ejemplo, casi siempre omite nombres, edades y ciudades de origen de los fallecidos. Sin embargo, el Grupo de Reporteros Policíacos en BCS ha llevado un puntual registro “con muy poco margen de error”, según Max Rodríguez.

En sus cuentas,  de 2014 a la fecha se estiman 362 muertos con huellas del crimen organizado en todo el estado. La entrevista se realizó el 2 de diciembre, ese viernes el conteo de ejecutados iba en 356, sin embargo, en sólo los primeros 4 días de este diciembre hubo 6 muertes más. Además, contabilizan entre 42 y 47 lesionados en balaceras, y según el periodista, se calculan entre 10 y 12 muertos inocentes —incluyendo niños— que al parecer no tenían nada que ver con bandas criminales. En septiembre de 2015 que Carlos Mendoza Davis asume la gubernatura del estado, se registraron 10 homicidios de este tipo, y las cifras parecían bajar, siendo de 1 a 3 entre octubre de 2015 y marzo de 2016; sin embargo, repuntó drásticamente en los últimos meses de este año, llegando a ser prácticamente uno diario en agosto, septiembre y noviembre pasados.

Modesto Peralta Delgado entrevista a Max Rodríguez. Fotos: Luis Roldán.

Así se hace la nota roja

El Grupo de Reporteros Policíacos de BCS lo conforman Luis Roldán (NBCS Noticias), Ignacio Estrada (Zona Roja), Erick León (Noticias La Paz), Gilberto Santiesteban (El Independiente), Alejandro Patrón (“El reportero urbano”) y el propio Max Rodríguez, quien publica la nota roja para Colectivo Pericú desde 2014. Él cuenta que hacía comentarios en Facebook y estaba alejado de la “vida reporteril”, hasta que una balacera cerca del parque de la colonia Infonavit, la noche del 20 de noviembre de ese año, lo hizo saltar de la cama, vestirse, ponerse cámara al hombro e informar detalles del evento violento —entonces, aún eran considerados hechos inusuales— a su amigo Cuauhtémoc Morgan. El director de Colectivo Pericú le preguntó después, cuando había pasado el susto “‘Max ¿qué pasó, dónde estás?, ¿tiene las nota?’ ‘Sí, te la hago ahorita’, y así fue como me incorporé a la policíaca”.

Desde el 20 de noviembre de 2014, y hasta la fecha, Max Rodríguez cubre la policíaca en Colectivo Pericú. ¿Cuál es la mecánica para publicar una nota roja?, le pregunté. “Para comenzar, cuando un suceso de este tipo —de los llamados de alto impacto—, tenemos fuentes que nos comunican sobre dónde es. De inmediato nos ponemos en contacto un grupo de compañeros para confirmar lo que fue, dónde fue, cómo fue, si es necesario, nos trasladamos todos los que formamos parte del grupo al lugar de los hechos (…) Nos llegan datos vía telefónica, que te voy a decir, no sé cómo consiguen nuestro teléfono y también por inbox —vía Facebook— (…) Lo primero que hacemos es checar con las personas alrededores, ya que por el NSJP se tienen más limitantes, se tiene que hacer por nuestra cuenta (…) Primero recibimos la información, checamos, confirmamos dos veces y entonces ya nos trasladamos”.

“Un aspecto muy importante —recalcó—: nunca vamos solos, siempre vamos un mínimo de tres compañeros, o dos si es muy difícil, menos de noche, para poder estar uno con otro y podernos cuidar de la situación”. Por último, envía las fotos por WatsApp a la redacción en Cabo San Lucas y se publica. Podrán verse notas policíacas en diferentes medios, pero en realidad, se cuentan con los dedos de la mano —como en este caso— los reporteros que realmente cubren este tipo de información. A la fecha, ignora cuántas notas y fotos ha publicado sobre la guerra del crimen organizado en BCS, y es que no correspondería con el número de ejecuciones, pues es común que se envíe la nota de “Última Hora”, otra con información detallada y en otras ocasiones dar seguimiento o “lo que pueda salir”.

Al preguntarle el porqué de esta nunca antes vista escalada de violencia, señala que “es una lucha por el poder, por la fuerza de la droga aquí en el estado, acuérdate que estamos en una zona muy importante, tenemos dos mares, en una zona prácticamente difícil de vigilancia por los litorales que tenemos, el paso de la droga, y la que distribuye en todo el estado. Es la lucha por el poder del narcotráfico”. ¿Y qué opinas de la actuación de los gobiernos al respecto? “¿Qué podemos decir? Nosotros no podemos opinar en esto más que la propia sociedad, se lo dejamos a la sociedad que lo diga. Se ha llegado a lo máximo, hoy aparecieron dos mantas muy importantes en donde se llegó a la amenaza no solamente a la sociedad sino al gobierno, al ejército y a la armada” —la entrevista se realizó el día que aparecieron las narcomantas aludidas en el puente de El Triunfo, en La Paz, y en Ciudad Constitución.  ¿Algún patrón en común entre los asesinados? “La gran mayoría de los ejecutados tienen horas o unos cuantos días de haber salido del Cereso”, dijo.

Muere un reportero en sus brazos

Al preguntarle sobre el caso más fuerte que le ha tocado cubrir, Max Rodríguez no duda en hablar sobre la muerte del camarógrafo Adolfo Lucero, quien murió de un infarto —prácticamente en sus brazos— al momento de cubrir una balacera en Pino Payas y Francisco J. Mújica, en esta capital. “Fue el 28 de mayo del año pasado, cuando prácticamente murió en mis brazos un compañero de trabajo: Adolfo Lucero. Llegamos a cubrir un evento en Pino Payas y J. Mújica, llegamos casi juntos él y yo, por la J Mújica, dejamos los vehículos uno tras otro y nos dividimos en una barda, porque nos pusimos de acuerdo, ‘yo voy para allá, tú ve para allá’, como trabajamos, vamos a hacer las mejores tomas, él tomaba video y yo fotografía. Y cuando nos quedamos de ver en un lugar específico, él estaba haciendo tomas de video y voltea y me dice ‘Ayúdame Max, ayúdame’. Yo le vi los ojos en ese momento, y te digo que fue algo que sentí de inmediato el impacto por la forma en que lo vi”.

Última foto de Adolfo Lucero en una balacera en La Paz, donde minutos después perdió la vida. “Se la tomé por accidente”, dijo Max Rodríguez.

“Cuando él me alcanza a dar la cámara —sigue—, yo la pongo en el piso para detenerlo, en ese momento llegaron Alejandro Patrón y Eliseo Zuloaga, los tres estuvimos ahí; nos vio un elemento de la policía de los carabineros que estuvieron aquí un tiempo, nos hizo a un lado para darle RCP, en ese momento yo gritaba por teléfono ‘Cayó un compañero, cayó un compañero’, porque sentí que le habían dado… Oímos balazos a lo lejos todavía. Yo pensé ‘sí le dieron’. No fueron las balas asesinas (la causa de su muerte) pero fueron a causa de esas balas que murió mi amigo (…) Te juro que aún siento la mirada de Adolfo en que me decía ‘Ayúdame’ y ya no podía hacer ya nada, cuando lo tenía en mis brazos. Te juro que te digo esto y aún lo siento así. Ese día sí lloré, lloré mucho a mi amigo”.

El impacto emocional

En La Paz no hace falta ser un reportero de la nota roja para encontrarse con balaceras, muertos y heridos, le comenté a Max; y los estados de ánimo y las reacciones varían, desde el pánico hasta la adrenalina. Sin embargo, él opina que tienen que dejar las emociones a un lado: “no podemos manejar una emoción porque no podríamos hacer nuestro trabajo, hay que usar la cabeza fría y poder pensar lo que vamos a hacer (…) Sí nos da, hay veces que se siente muy mal cuando vemos estas cosas, pero tenemos que hacerlas a un lado, no podemos trabajar si tenemos esos sentimientos así, ya me pasó una vez así. No podía hacer las cosas, inclusive, no me da vergüenza decir cuando lloré enfrente de un compañero, y te repito, las emociones las dejamos a un lado, pero a veces nos gana”.

¿Has sufrido amenazas? “Amenazas las ha tenido todos los que andamos en esto, pero acuérdate que éstos no amenazan: actúan, aunque estas mantas son otra cosa. Sí me hablaron por teléfono que ‘ya le pare, que no lo haga, que va a cargar…’ cosas así. Me habló uno que ya me hizo reír cuando dijo ‘Habla el abogado de mi cliente’ —rió—, y cuando le dije que sí le hacía caso pero que mandara su cédula y título hasta ahí paró la amenaza”. ¿Miedo? “Dicen que el miedo no existe, ‘No me da miedo’, pero eso es una mentira, el miedo existe, el miedo se da, que no lo expresemos es otra cosa, pero ahí está”.

Al finalizar la entrevista, pregunté si habría algo importante por añadir, y Max Rodríguez habló de un “reconocimiento muy fuerte a las esposas de quienes trabajamos en la sección policíaca, porque cuando ellas se quedan, no sabes lo que ellas se quedan al pendiente. Se queda con ‘el Jesús en la boca’. Sí quisiera hacer un reconocimiento a nuestras esposas, a los hijos, a los nietos, eso es muy importante”, concluyó.

Entrevista con Max Rodríguez, del Grupo de Reporteros Policíacos. Foto: Luis Roldán.