FOTO: Archivo | Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de que la impartición de justicia en materia civil y familiar en BCS se ejerza con perspectiva de género, el diputado Sergio Guluarte Ceseña (Morena) propuso establecerlo como una obligación para los entes impartidores de justicia, mediante una propuesta de reforma y adiciones al Código Civil estatal, informa el Congreso del Estado.

Juzgar con perspectiva de género pretende detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por cualquier condición e impiden la igualdad, como sucede con los grupos vulnerables, como grupos y niñez indígena, por ejemplo, explicó el iniciador.

“El juzgador debe considerar las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando existan factores que potencialicen su discriminación, como lo pueden ser las condiciones de pobreza, barreras culturales y lingüísticas”, añadió.

Afirmó que en el caso particular de la materia civil y familiar, ya no será solo una cuestión enunciativa la aplicación del protocolo correspondiente, ya que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la autoridad jurisdiccional deberá actuar y resolver con perspectiva de género de conformidad con los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

La propuesta del legislador complementa las reformas propuestas por la presidente de México, Claudia Sheinbaum, en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial por razones de género, hoy vigentes en el país.

La iniciativa adiciona un párrafo al Artículo 19 de Código Civil estatal que establece que “en toda controversia judicial, donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se deberá tomar en cuenta por el Juzgador o la Juzgadora a fin de garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria, resolviendo en estos casos, con perspectiva de género”.

La iniciativa fue turnada la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, concluye el comunicado de prensa del Congreso del Estado.

FOTOS: Archivo | Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Gobierno del Estado es respetuoso de la protesta social y garantiza el derecho a la libre manifestación, es por ello que descarta la necesidad de llevar a cabo operativo de seguridad con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, aseguró el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, a través de un comunicado oficial.

Recalcó que, durante la conmemoración, el próximo sábado 8 de marzo, no habrá ninguna medida especial en el tema de la seguridad, ya que refirió que se ha respetado totalmente a quienes deciden manifestarse en esta fecha.

Incluso, agregó, que el Gobierno del Estado ha brindado muestras de ser partidario de la lucha de la mujer en el respecto de sus derechos, para que en Baja California Sur sea erradicada cualquier forma de violencia contra ellas.

Ante esto, Castro Cosío recordó que se han impulsado diversas estrategias como “Párale a la Violencia”, en la que participan no solo las dependencias estatales, sino también los poderes legislativo y judicial, así como los ayuntamientos, promoviendo la cultura de la prevención y la denuncia. En este sentido, confió en que las manifestaciones o protestas se lleven a cabo con toda normalidad, sin ningún contratiempo.

Finalmente, el Gobernador de BCS reiteró su coincidencia con la intención de trabajar en sus demandas, por lo que adelantó que durante este mes llevarán a cabo diferentes actividades, como el Encuentro Nacional por las Mujeres, que se llevó a cabo recientemente en Los Cabos.

FOTO: UABCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) dio inicio a su agenda de actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer bajo el título Conmemorar es seguir luchando, edición 2025, con un ciclo de pláticas y actividades donde se presentó el mecanismo de recepción y atención de quejas.

Mediante este ciclo de actividades, la institución busca conmemorar esta histórica fecha y, al mismo tiempo, seguir generando conciencia para que el entorno universitario sea un espacio libre de cualquier forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres.

El evento fue inaugurado por autoridades universitarias y contó con la participación de la comunidad estudiantil, académica y administrativa, en un espacio de diálogo enfocado en la reflexión sobre los derechos de las mujeres, la lucha por la igualdad y la importancia de erradicar la violencia de género en todos los ámbitos.

En su intervención, el Dr. Dante Salgado González, rector de la UABCS, manifestó que, gracias al esfuerzo constante de las distintas áreas de la universidad, se ha avanzado en la construcción de espacios más equitativos.

Dijo que la creciente visibilización de diferentes problemáticas relacionadas con la igualdad de género, la inclusión y, sobre todo, el respeto mutuo, obliga a la UABCS como institución de educación superior a acelerar procesos y contribuir de manera más activa.

Al dirigirse particularmente al estudiantado presente, señaló que muy pronto estarán al frente de diferentes espacios profesionales, donde no sólo deberán aplicar conocimientos técnicos, sino también poner en práctica aspectos éticos y morales.

Por ello, consideró crucial reflexionar sobre los diferentes retos que existen actualmente en materia de violencia y, particularmente, contra las mujeres. “En la universidad tenemos la responsabilidad de analizar esta realidad y asumir nuestro papel en la construcción de una sociedad más justa, protegiendo y apoyando a quienes nos rodean”, subrayó.

Por otra parte, el Rector detalló que en la UABCS se ha venido registrando un cambio significativo en la integración de la comunidad estudiantil, con una proporción de 53% mujeres y 47% de varones, lo cual consideró como un avance importante y logro de las propias mujeres.

No obstante, indicó que aún queda mucho por hacer para materializar esta equidad en todos los ámbitos de la sociedad, por ello hizo el llamado a asumir la responsabilidad de construir un entorno basado en la igualdad, el respeto mutuo, la tolerancia, la solidaridad y la fraternidad.

Durante la sesión, estuvieron participando la Dra. Arely Martínez Valencia, como coordinadora para la Igualdad de Género; la Mtra. Carmen Arroyo Rodríguez, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios; Dra. Ariadna Ávila, coordinadora de Responsabilidad Social Universitaria; Mtra. Amanda Urbán Domínguez, responsable del Programa Institucional de Inclusión; el Psic. Emmanuel Hernández Villegas, del Programa de Atención Psicoeducativa, y la Dra. Elizabeth Rossell, como coordinadora del Sistema Institucional de Tutorías.

Destaca que, a lo largo de la semana, la UABCS continuará con una serie de actividades que incluyen ferias informativas, charlas y análisis cinematográficos, con el propósito de fortalecer la conciencia social y fomentar la construcción de espacios seguros e igualitarios dentro y fuera de la universidad.

FOTOS: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las diputadas integrantes del III Parlamento de Mujeres de Baja California Sur 2024 convocaron a las autoridades, familiares y sociedad sudcaliforniana en general, a realizar un trabajo en conjunto para la prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres, se informa a través de un comunicado de prensa del Congreso del Estado.

Teniendo como marco la sala de sesiones José María Morelos y Pavón, se desarrolló la sesión solemne, presidiendo en representación del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, la Secretaria de Educación, Alicia Meza Osuna, la Magistrada Yesica Patricia Sepúlveda en representación del Tribunal Superior de Justicia, y las diputadas integrantes de la Mesa directiva: Violeta Gleaves López, presidenta; vicepresidenta, Jade Joseline Hueso Palomares y secretaria Ramona Lizeth Amador Ojeda.

Al tomar la tribuna, las diputadas Mariana Orozco Meza; Bélgica Plasencia y Elisa Morales Viscaya, en representación de las integrantes del Parlamento de Mujeres de BCS 2024, presentaron el resultado de las mesas de trabajo destacando la creación de un “Fondo Estatal para el Urbanismo Inclusivo”, proveniente del sector inmobiliario: un modelo urbano con perspectiva de género y adoptar políticas públicas que prioricen el bienestar de las mujeres, garantizando entornos urbanos más seguros y resilientes, propiciando la libertad de movilidad para el desarrollo personal, laboral, educativo y recreativo.

También se pronunciaron por la creación e implementación de protocolos para la prevención de violencias de género en el transporte urbano, que incluya estrategias de capacitación de operadores; la integración de una mesa intercomisiones de urbanismo inclusivo, conformada por las comisiones legislativas de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Obra Pública, de Ecología y Medio Ambiente, de Comunicaciones y Transportes, liderada por la Comisión de Igualdad de Género para colocar las necesidades de las mujeres en el centro del diseño de las políticas y proyectos relacionados con el desarrollo de las ciudades; armonizar y actualizar el marco jurídico con respecto al derecho a la ciudad, la Ley de Desarrollo Urbano y los reglamentos de construcción; un transporte violeta únicamente para mujeres, esto previo estudio específico de horarios y zonas con mayores riesgos y vulnerabilidad, para asignar rutas seguras.

En el tema de “Autocuidado y Prevención de la Violencia”, destacaron programas y campañas dirigidas a la sensibilización y capacitación en materia de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres; fomentar la cultura de denuncias y analizar las facultades y atribuciones del Centro de Justicia de Mujeres en el Estado, para buscar que se implemente una oficina receptora para denuncias; implementar redes de apoyo en la sociedad con la finalidad de erradicar la violencia desde casa; identificar las zonas con mayores índices de violencia por cada municipio, de manera que se puedan implementar botones de pánico con enlace directo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal; implementar la señal de auxilio en todo el Estado, para ello, el Poder Ejecutivo en coordinación con los ayuntamientos, deberán realizar una campaña de difusión masiva que permita llegar la señal a lo largo de todo el territorio estatal.

Otra propuesta fue atender el ciberacoso y la violencia digital, desde un entorno educativo creando un plan de estudio tanto a nivel secundaria y medio superior enseñando de esta manera a niños y adolescentes sobre el uso, goce y el ejercicio de nuestros derechos digitales dentro de las redes sociales; la creación de un registro estatal de agresores digitales, que tendría como objetivo identificar a quienes reincidan en conductas de violencia digital, facilitando así su monitoreo; armonizar las reformas conocidas como “Ley Olimpia”, y así incluir este nuevo software “inteligencia artificial”, que se utiliza para editar y alterar imágenes o videos; mandatar la operatividad de la implementación y la difusión de la ley y atender el ciberacoso y la violencia digital enfocado en el envío de fotos y/o videos de contenido íntimo sin consentimiento previo.

FOTOS: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La legislación penal vigente en Baja California Sur, define el aborto como: la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Puede producirse intencional o accidentalmente; puede realizarse con o sin el consentimiento de quien procrea, o de sus representantes legales, si la gestante es menor de edad.

El aborto accidental, ésto es, cuando se genera a partir de una imprudencia, en ningún caso es perseguido ni sancionado. El aborto intencional es legal, y no implica sanción alguna para la mujer embarazada, en cuatro casos específicos, cuando:

1.- El embarazo sea resultado de una violación.

2.- El embarazo es resultado de una inseminación artificial no consentida.

3.- La mujer embarazada corra peligro de muerte o de afectación grave a su salud.

4.- El producto presenta graves alteraciones genéticas o congénitas

A los cinco supuestos referidos —el aborto accidental y los cuatro casos enlistados como excluyentes de responsabilidad—, se les conoce bajo el genérico de ABORTO CON CAUSA, y como ha quedado precisado, no se penalizan en BCS.

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De hecho, el único caso en que se impone una pena a los partícipes es en el caso del aborto sin causa legítima, o ABORTO INCAUSADO, es decir, cuando se priva de la vida al producto de la concepción, como método de control natal.

El aborto incausado se divide en CONSENTIDO, cuando la gestante está de acuerdo en que se realice y SIN CONSENTIMIENTO, cuando se realiza sin tomar en cuenta la voluntad de la mujer embarazada.

Se tiene la idea errónea de que la tipificación del delito de aborto criminaliza y encarcela a la mujer, lo que es incorrecto, pues en el caso del aborto consentido, la pena es alternativa, es decir, no implica necesariamente encarcelamiento, puede sustituirse por una multa o servicios comunitarios. De hecho, las estadísticas judiciales del Estado indican que nunca en la historia de BCS, se ha encarcelado a una mujer por el delito de aborto.

En el caso del aborto sin consentimiento, la mujer embarazada tiene derecho a todos los beneficios que para el caso previene la Ley General de Víctimas, y la sanción para quien cause el aborto puede alcanzar los nueve años de prisión, y además, hasta 18 años de suspensión profesional, si se tratara de un profesional de la medicina.

En los casos en que el embarazo sea producto de una violación, armonizando la legislación penal sudcaliforniana con la norma sanitaria NOM-046–SSA2-2005, que define en su apartado 4.1. el aborto médico, como: la terminación del embarazo realizada por personal médico, en los términos y plazos permitidos de acuerdo con la legislación local aplicable y previo cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en ésta. Todas las víctimas de violación podrán accesar a los servicios de salud pública para que le proporcionen la anticoncepción de emergencia, o —de ser el caso—, le sea practicado un aborto médico, para lo cual, los servicios de salud pública en el Estado, deben contar con personal capacitado no objetor de conciencia, y unidades de salud con la infraestructura adecuada. Falta ahora ampliar este beneficio sanitario a las mujeres que sean víctimas de embarazo producido por inseminación artificial no consentida.

Consideramos que el esfuerzo conjunto de autoridades y ciudadanos, debe centrarse en la educación sexual, con énfasis en la prevención de embarazos no deseados. No podemos legalizar el aborto incausado, porque es un método de control natal criminal y genocida.

También debemos tomar en cuenta que NO EXISTE el ABORTO SEGURO. Toda intervención que requiera cirugía hospitalaria implica riesgos para la paciente. Tampoco existe el ABORTO GRATUITO. Todo procedimiento clínico implica un costo —social y económico—, que repercute en quien paga impuestos. No es justo que los causantes cubramos el costo de una operación que bien puede evitarse, si se centra el esfuerzo primario conjunto, en generar la educación necesaria para que quien desee ejercer su sexualidad sin enfrentar las consecuencias de la procreación, se aplique a la utilización de los métodos anticonceptivos, haciendo hincapié en que sí existe al menos un método anticonceptivo 100% seguro: la abstinencia. Si el embarazo es no deseado, debemos evitarlo, no “solucionarlo” asesinando al inocente que no pidió ser concebido.