“Las plataformas digitales son un paso hacia la modernidad” diputado Humberto Arce

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El pasado martes 29 de octubre, entre manifestaciones de distintos gremios a favor y en contra, se votó la Ley de Movilidad enviada por el Gobernador Carlos Mendoza Davis, en el Congreso del Estado de Baja California Sur. Trascendió en la sociedad sudcaliforniana, que después de una cerrada votación la Ley fue rechazada, por el voto en contra de los diputados de la fracción de Morena.

Al respecto, el diputado Humberto Arce Cordero, en entrevista para Culco BCS nos compartió que se ha generado una confusión en la opinión pública, ya que los diputados de Morena no están en contra de la movilidad ni de las plataformas digitales para transporte “nosotros no estamos de acuerdo en el dictamen en sí, pero no es que estemos en contra de la movilidad o mucho menos que estemos en contra de las plataformas digitales, por el contrario, las plataformas digitales son un paso hacia la modernidad, una forma distinta de movilidad que nos está exigiendo la población, sobre todo la población más joven que hace uso de la tecnología para poder desplazarse y está bien”.

“Se votó en contra – continúa –  porque no es una Ley de Movilidad integral, no contempla muchas cuestiones en materia de infraestructura, ni de inclusión de personas con discapacidad, ni se subió de la manera correcta: le faltaba la firma de la Comisión de Infraestructura, que es una de las comisiones dictaminadoras”

“Pero el punto más sobresaliente por el que se rechazó la Ley de Movilidad enviada por el Gobernador, es que intentaba liberar el transporte, es decir, pretendía crear un Instituto de Movilidad que iba a concentrar todas las facultades en materia de transporte para otorgar concesiones y permisos a quienes tuvieran el capital para incursionar en este tema de transporte, es decir, que con una sola concesión tu podías tener un taxi o cien taxis, cuando actualmente una concesión es igual a un taxi nada más; asimismo, esta pretendida Ley de Movilidad le quitaba facultades a los municipios, violando el Artículo 115 Constitucional”, explica

“Los Consejos Municipales de Transporte no iban a ser vinculantes, nada más iban a ser consultivos, es decir, el Estado a través de este Instituto de Movilidad, iba a poder decidir en los municipios qué sentido iban a tener las calles, cómo iba a ser la movilidad dentro de las ciudades y municipios, iba a cobrar las infracciones y las establecer las tarifas de transporte en los municipios, cuando actualmente esas son facultades de los propios Municipios, que iban a ser arrebatadas a través de esta Ley de Movilidad

“Consideramos que esta ley iba encaminada a favorecer a grupos empresariales que quieren echar mano del transporte, y en contra parte afectaba a todo el transporte del Estado, transporte de carga, de personal, taxis, urbanos, todo afectaba; nosotros la consideramos lesiva, que favorecía solamente al sector empresarial y desplazaba a las familias que han vivido del transporte durante 20, 30, 40 años o más, te pongo un ejemplo: actualmente, si una empresa quiere hacer una carretera y gana la licitación, por ley tiene que contratar a los compañeros transportistas locales acarreadores de materiales, de grava, arena, piedra, pipas, todo, quienes ponen sus precios y establecen cuánto cobran por acarreo por metro cúbico y kilómetro recorrido, pero esta Ley de Movilidad que se rechazó iba a permitir que las empresas pudieran tener sus propios camiones, o bien contratar a los compañeros pero ellos poner las tarifas y decirles cuanto les iban a pagar, afectando a todo el transporte de carga”, puntualizó Arce Cordero.

“Se espera que en este periodo de sesiones se presente un nuevo dictamen, que incluya el desarrollo urbano, en el que este contemplada la movilidad y el desarrollo o el asentamiento territorial. Este dictamen trata de incluir la mayor parte de las propuestas de la ciudadanía, de los sectores involucrados y no liberar el transporte así tan abiertamente, tan burdamente, sino respetando a los concesionarios y respetando el ordenamiento de que una concesión corresponde a un vehículo, no que alguien con una sola concesión va a tener un número ilimitado de unidades, esas son prácticas monopólicas. Movilidad no es nada más transporte, es muchas cosas. No pueden ser plataformas digitales y modernidad a cualquier costo, desplazando a las familias que tienen años viviendo de eso, entonces hay que revisar bien como se puede integrar las plataformas digitales a una modalidad de transporte aquí en el estado” nos compartió el diputado morenista.

Pero no todo era malo, “la ley que se rechazó también tenía cuestiones importantes, buenas, no todo era malo, eran unos puntos cardinales neurálgicos que eran con los que no estábamos de acuerdo, pero hay otras cosas muy buenas que si se incluyeron, aun así hubo reclamo de organizaciones como Bcsicletos y organizaciones civiles y sectores del transporte, que acusaban que sus propuestas no fueron incluidas en el dictamen, pero no todo era malo, también incluía cosas muy buenas, relevantes, progresistas y se tiene que rescatar lo que se tenga que rescatar, pero esos puntos, la concentración del transporte en un Instituto de Movilidad, la violación Artículo 115 Constitucional, la liberación del transporte, los otorgamientos de permiso para el transporte de carga, en esos puntos no estamos de acuerdo” finalizó Humberto.




Propondrán modificaciones a la Ley del ISSSTE para beneficiar a pensionados

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó este martes 29 de octubre proponer al Congreso de la Unión, diversas adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de pensiones, informó el Congreso de Baja California Sur.

El punto de acuerdo fue propuesto por el diputado Esteban Ojeda Ramírez, y signado por los diputados del grupo parlamentario de Morena, Milena Quiroga Romero, Humberto Arce Cordero, Petra Juárez Maceda, Rosalba Rodríguez López y Marcelo Armenta así como los diputados independientes Soledad Saldaña Bañales y Homero González Medrano y Mercedes Maciel del PT.

La propuesta propone adicionar un  artículo 44 bis que señala que los trabajadores tienen derecho a optar por cualquiera de los regímenes de pensión, es decir, por el décimo transitorio o por los bonos de pensión de ISSSTE  y que la opción adoptada por el trabajador deberá comunicarla por escrito al Instituto a través de las dependencias y entidades, mediante formato que se apruebe para ejercer este derecho.

Además, la propuesta propone agregar un capítulo 1V bis que contiene los artículos 54 bis al 54, que en términos generales habla de las diferentes modalidades que se aplicarán al sistema solidario de reparto que van desde el porcentaje a la pensión por jubilación, de retiro por edad, pensión por cesantía en edad avanzada, el cómputo de los años de servicio, monto de las cantidades que corresponden por pensión, seguro por riesgo de trabajo o seguro de sobrevivencia para familiares y la cuantía en el aumento de las pensiones.




Desechada la nueva Ley de Movilidad para BCS

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Por mayoría de 11 votos sobre 10, se dio por desechado el dictamen de la Nueva Ley de Movilidad para el Estado de Baja California Sur, tras 3 horas y media de la primera lectura y dispensa de la segunda durante la sesión de este martes 29 de octubre en la que hubo presencia de transportistas, ciudadanos y representantes de partidos políticos, informó el Congreso del Estado.

El dictamen que inicialmente fue integrado por las tres comisiones dictaminadoras, ayer fue presentada por solo dos de ellas, la de Puntos Constitucionales y de Justicia y la de Comunicaciones y Transportes, no así de la de Infraestructura, la diputada Milena Quiroga solicitó que se bajara del orden del día, sin embargo no fue así. Una vez terminada la lectura de las 86 cuartillas del dictamen, nuevamente la legisladora, y a petición el diputado Humberto Arce, se sometió a votación la omisión de la segunda lectura y discusión, aprobándose por mayoría el siguiente paso parlamentario de discusión en lo general y en lo particular.

En la lista de oradores se registraron a favor los diputados Ramiro Ruiz Flores de la fracción Juntos Haremos Historia, el diputado José Luis Pérpuli Drew y la diputada Elizabeth Rocha Torres de la fracción del Partido Acción Nacional.

Al someterse a la votación en lo general el resultado arrojado fue de diez votos a favor y once en contra, por lo que la presidenta de la mesa directiva del periodo ordinario de sesiones, Daniela Rubio Avilés decretó por desechado el dictamen de la iniciativa del Gobernador del Estado.

El sentido de la votación fue el siguiente, a favor: Lorenia Montaño Ruíz (PES), Anita Beltrán(PRI), Mercedes Maciel(PT), Rigoberto Murillo Aguilar(PES), Perla Flores Leyva (PES), Maricela Pineda García(PRD), Elizabeth Rocha Torres(PAN), Ramiro Ruiz Flores (JHH), José Luis Pérpuli Drew (PAN) y Daniela Rubio Avilés (PH).

En contra: Homero González Medrano (sin partido), Humberto Arce Cordero (MORENA), Petra Juárez Maceda (MORENA), Sandra Moreno Vázquez (JHH), Esteban Ojeda Ramírez  (MORENA),  Héctor Ortega Pillado (JHH), Milena Quiroga Romero (MORENA), Rosalba Rodríguez López (MORENA), Soledad Saldaña Bañalez (sin partido), Carlos Van Wormer Ruiz (JHH), Marcelo Armenta (MORENA).

Al desecharse el dictamen de la referida ley, el transporte continúa regulado por la Ley Estatal de Transporte vigente en tanto que las plataformas digitales como Uber y Didi, operando como hasta el momento.




Proponen crear “Unidad de Atención Ciudadana, Gestoría e Información»

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Con la intención de promover una política de atención acorde con los requerimientos de la sociedad, los diputados integrantes de la fracción de Morena, proponen la creación de una Unidad de Atención Ciudadana, Gestoría e Información del Poder Legislativo, que atienda a ciudadanos que necesiten alguna gestión o apoyo de sus representantes, informó el Congreso del Estado.

Su propuesta implica reformar la fracción XXIII y adiciona la fracción XXIV del Artículo 51 y adiciona los Artículos 84 Ter y 84 Quater, de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de Baja California Sur.

A través de una iniciativa con proyecto de decreto, donde se establece que esta unidad asumirá responsabilidades de representación, de atención con la ciudadanía sudcaliforniana que día a día requiere de la atención, información y seguimiento a sus asuntos que las autoridades administrativas de la entidad no resuelven.

En ese contexto, se orientará a los ciudadanos que así lo soliciten, brindando apoyo, canalizando correctamente la gestión pública ante las dependencias de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como de los órganos autónomos procurando generar resultados.

A nombre de sus homólogos, la diputada Petra Muñoz tomó la tribuna para presentar la iniciativa en comento, destacando que se garantizaría el cumplimiento del derecho de petición que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur le confiere a las y los ciudadanos.

 




Rechazan diputados eliminar las sesiones privadas del Congreso

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los integrantes de la Fracción del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los diputados sin partido y la diputada representante del PT del Congreso de Baja California Sur, reprobaron el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción, que determinó improcedente su iniciativa de reformas a la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo para eliminar las sesiones privadas.

En rueda de prensa ofrecida previo a la sesión ordinaria en la que se presentó el dictamen, los legisladores encabezados por el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Esteban Ojeda Ramírez, afirmó que en el trabajo de comisiones para el análisis de la iniciativa, debió haberse socializado con el resto de los integrantes de la legislatura y que se coarta el derecho de la sociedad al no abrir públicamente todas las sesiones, dejando de lado la posibilidad de enterarse a través de los medios de comunicación de temas como los recursos públicos, percepciones, gasto corriente, entre otros.

Presentaron la inconformidad ante los medios los diputados Humberto Arce Cordero, las diputadas Milena Quiroga, Petra Juárez, los diputados sin partido Soledad Saldaña y Homero González y la diputada por el PT, Mercedes Maciel.

Esta última, comentó para CULCO que “creo que son formatos (las reuniones secretas) de siglos pasados, hoy la sociedad necesita estar enterada, no debemos de tener asuntos secretos los diputados, que me expliquen ¿cuál asunto puede ser secreto que no tenga incumbencia la sociedad?, en ese sentido yo estoy a favor de que esta iniciativa pase a formar parte ya de la cuestión legislativa, y que ya no tengamos que usar ese formato, vuelvo a repetir, de las sociedades antepasadas”

Al respecto de no haberse respetado el debido proceso y no haber siquiera convocado a quienes suscribieron la iniciativa para su discusión, la diputada nos muestra una comunicación vía whatsapp fechada con el día de hoy a las 9.25 de la mañana y al respecto nos aclara “Mira, aquí te voy a enseñar a qué hora fuimos convocados, por Perla Flores, hoy, a las 9.25 de la mañana, cuando ya estaba subido el tema. Entonces yo creo que no es serio, ellos hablaban de que esta nueva mayoría iba a venir a traer trascendencia, agilidad, a los trabajos legislativos, pero entiendo que a varios compañeros que son parte de las comisiones dictaminadoras, no los convocaron.”

Tras el registro de siete participaciones de los legisladores iniciadores en tribuna en contra del dictamen no procedente, este fue aprobado por mayoría.

El grupo parlamentario denunció también la intención de desaparecer el Consejo Indigenista como parte del veto parcial del Gobernador del Estado a la Ley de Comunidades y Pueblos Indígenas, y también señalaron desacuerdos a algunas dictaminaciones de cuentas públicas cuando hay procedimiento violatorios que representan daño al erario público.