La corrupción que carcome a la salinera de Guerrero Negro
FOTOS: ESSA
Explicaciones Constructivas
Por Noé Peralta Delgado
La Paz, Baja California Sur (BCS). Aún hoy, cuando se pregunta en donde está la salinera más grande del mundo, los sudcalifornianos orgullosos sin pensarlo mucho decimos: la salina de Guerrero Negro, en la frontera al norte de Baja California Sur.
Pero la historia de la salina más grande del mundo, va muy de la mano con la empresa Exportadora de Sal, S. A. o mejor conocida con el acrónimo de ESSA, sobre la cual, en noticias recientes, medios locales y algunos nacionales han publicado escándalos financieros, derivados de las malas administraciones del consejo directivo que se encarga de sacar adelante las finanzas de esta empresa paraestatal y sobre todo de presentar buenos números a la economía mexicana.
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La noticia que reveló la gravedad del asunto en la administración de las finanzas, se dio a conocer el día 09 de enero del presente año, donde se evidenció que de forma por demás incompresible se dejó de pagar a trabajadores sindicalizados, por primera vez en los más de 60 años de la existencia de la empresa; aunque unos días después se corrigió el error, según lo aclararon a los medios.
Lo contrario a privatizar es nacionalizar; en épocas recientes y de acuerdo a los discursos de los líderes populistas, la privatización es el peor cáncer para la economía de una país, pero con el ejemplo de las salina de Guerrero Negro, nos damos cuenta que tampoco las nacionalizaciones o dejar al Estado las administraciones de los medios de producción es sinónimo de desarrollo económico.
Para entender un poco la situación que se vive en la administración de la salina más grande del mundo, vamos a hacer un poco de historia.
En el año de 1954, el visionario y magnate de bajo perfil norteamericano, Daniel Keith Ludwig, observó que en las proximidades de la Laguna Ojo de Liebre se podían hacer grandes reservorios de agua salada y que, con la poca precipitación e intensidad de los rayos solares, se podían obtener grandes cantidades de sal evaporada. La llegada de Daniel K. Ludwig se debió a que tenía una gran flota de veleros y barcos de vapor, y realizaba recorridos por la costa oeste de la península de Baja California (la empresa se constituyó formalmente el día 7 de abril de 1954). En una zona completamente virgen de población y servicios, logró conseguir los permisos para la construcción de las primeras lagunas de evaporación de la sal y al mismo tiempo creó un poblado donde los trabajadores pudieran vivir de manera más o menos decorosa, al que llamaron Guerrero Negro.
Así iniciaba la pujante salina de agua marina sus operaciones, donde fue tal el éxito, que en los años sesentas se fue convirtiendo poco a poco en la salina con más producción de sal en el mundo, y la bautizó con el nombre de ¨Exportadora de Sal, S. A.¨, cuyo nombre aún persiste. Y así fue como se llegó al año de 1973, donde eran muy fuertes los rumores de la nacionalización por parte del gobierno centralista de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), lo que propició que el propietario decidiera vender todas las acciones a otra empresa y retirarse del negocio, y la empresa japonesa Mitsubichi (país al cual se vendía la mayoría de la sal extraída) decidió invertir en ella, pero la leyes mexicanas no les facultaban asumir el control total de la exitosa empresa y únicamente les permitieron quedarse con el 49% de la acciones; el restante 51% se lo quedó la dependencia gubernamental Comisión de Fomento Minero.
Con el proyecto ya bien definido y sobre todo, ya con una producción muy alta e ingresos económicos muy generosos, se inició la operación por parte del gobierno mexicano, en lo que puede decir que fue una nacionalización pacífica de la mayoría de las acciones de la empresa exitosa. Pero fue el inicio de una serie de irregularidades, corruptelas, compadrazgos en licitaciones y negociaciones en lo ¨oscurito¨ con las delegaciones sindicales; que con el tiempo y hasta la actualidad se han ido agravando.
La superficie de trabajo de la empresa es de 33mil hectáreas donde se produce una gran cantidad de sal, que se destina en su totalidad a la exportación principalmente a Japón y Taiwán, esto debido a que es la empresa Mitsubishi, socio de ESSA, maneja a su antojo las ventas, ya que en el acuerdo el gobierno de México produce sal y la vende a Mitsubishi, y esta empresa es quien finalmente decide el destino y, sobre todo, el precio final del producto.
Con los acuerdos anteriores, no tardaron los directivos de la empresa ¨paraestatal¨, en caer en el ¨canto de las sirenas¨ de la corrupción; por mucho tiempo la empresa Mitsubishi se encargaba en su totalidad de la compra, distribución y comercialización de la sal extraída, dejando en condiciones muy desfavorables al estado mexicano, ya que el gobierno no podía intervenir en la búsqueda de mercados y mucho menos en la negociación del precio final.
En una nota del periódico La Jornada del día 31 de diciembre del 2014, se dio a conocer que el gobierno mexicano a través de sus directivos (con un 51% de las acciones), vendían a 10.19 dólares la tonelada métrica a su socio extranjero Mitsubishi (con un 49% de las acciones), y a su vez la empresa vendía el producto final a 70.00 dólares la tonelada métrica. En una forma por demás ¨vendepatrias¨, los directivos en complicidad con el gobierno realizaban tratos muy desventajosos donde se descubrió que el costo de producción era de 15.25 dólares, o sea que como ¨buenos empresarios¨ los funcionarios federales vendían la sal a menor costo que su extracción, ocasionando con esto pérdidas millonarias al erario público.
Para poder limpiar la mala imagen que se tenía en esos años de los directivos, el gobierno cambió en su totalidad el consejo administrativo, quedando como director de la empresa Jorge Humberto López Portillo Basave, el cual fue destituido y encarcelado 2 años después por malos manejos, aclarando que estuvo únicamente 2 días en prisión porque extrañamente un juez ordenó su pronta liberación.
Ya en el gran cambio prometido en las elecciones del 2018, y con el triunfo del candidato Andrés Manuel López Obrador, se pensaría que por fin se iban a terminar los periodos de corrupción interna en la salinera, donde fue nombrado Nonato Antonio Avilés Rocha, personaje muy cercano al superdelegado de BCS y obviamente al presidente nacional. Después de casi dos años al frente, el pasado día 22 de enero tuvo que presentar su renuncia forzada debido a que realizó contratos muy lucrativos a empresas propiedad de su familia, las cuales según iban a comercializar el producto, a pesar de no tener la más mínima experiencia en el manejo de la sal.
La empresa ¨fachada¨ Agroarvi S.A. de C.V. (propiedad de sus primos hermanos) obtuvo contratos millonarios sin licitación y sin, como ya se dijo, experiencia alguna. Hasta la fecha, el consejo administrativo de Exportadora de Sal sigue sin presidente y los problemas económicos siguen creciendo, aunado a que se continúan las prácticas corruptas con el ¨socio¨ japonés en deterioro del erario mexicano. 
Al parecer, cuando la salina iba a demostrar a México y al mundo su capacidad como una ¨supersalina¨ con la ampliación hacia la Laguna de San Ignacio a finales del siglo pasado, objetivo al que la empresa Mitsubishi le apostó mucho tiempo y esfuerzo hasta que el día 2 de marzo del año 2000 se le dio un rotundo no a sus pretensiones, quedó sellada y para mal la suerte de la empresa: el socio comercial dueño del 49% se desmoralizó y creo que optó por llegarle al precio a los ya ¨hambreados¨ directivos mexicanos, que se hicieron de un dinero propiedad de todos los mexicanos.
Como resumen final, cabe la pregunta: ¿es importante que el Estado asuma la administración de un medio de producción? O ¿debe de mal-privatizarlos a algún empresario mexicano, como se hizo con teléfonos de México (que aunque duela reconocer, es una empresa exitosa)?. Definitivamente la cuestión es muy sencilla, como si fuéramos empresarios que nos costó construir una empresa propia, hay que hacer bien las cosas y castigar con dureza los actos de corrupción, sean de quien sean.
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