FOTOS: Gladys Navarro y Roberto Galindo / PORTADA: Gladys Navarro.

La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La lucha sudcaliforniana contra la minería tóxica –¿cuál no lo es?–, lleva de manera organizada más de una década y ahora está bien representada por diversas organizaciones civiles: agrupaciones nutridas de ciudadanos, colectivos que gozan del respeto de la sociedad, mismos que con el paso del tiempo han logrado decenas de miles de miembros y simpatizantes. En 2014 con la firma del Pacto de Todos Santos en una multitudinaria asamblea ciudadana –que no pudo ser boicoteada por los acarreados pro-mineros, ni por el silencio o tergiversación de algunos medios de comunicación–, se demostró que en Baja California Sur se quiere vivir libre de minería.

La popularidad anti-minera que ha rebasado por mucho a los pocos pro-mineros, es el resultado del trabajo en varios frentes contra diversos proyectos, cuyas vertientes de acción van desde informar a pie sobre los devastadores efectos de la minería, con el uso de redes sociales, en eventos culturales y, por supuesto, en las protestas que se han realizado. Por otro lado, los grupos más organizados han investigado sobre las legislaciones relativas al establecimiento o restricción para emplazamientos mineros, sobre todo en Áreas Naturales Protegidas o Reservas de la Biósfera, y han informado a la sociedad acerca de las leyes que protegen su hábitat y aquellas que lo afectan, lo que ha derivado en una participación civil más activa en el conflicto minero.

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A pesar de ello los pequeños grupos pro-mineros, manejados por grandes corporaciones, no han cejado en impulsar la mega minería tóxica, al igual que las otras pequeñas minerías, bajo falsas banderas como: “minería sustentable” o “minería responsable”… Podrían llamarla minería humanamente caritativa, eso no va a cambiar la animadversión de los sudcalifornianos. Cuando los “pro-mineros” se han manifestado se han evidenciado el acarreo y las dádivas otorgadas a los “manifestantes”, la mayoría gente de zonas humildes, susceptible de ser “convencida” de arengar sin saber el porqué, claro, motivada por ofertas de miles de empleos bien pagados; la eterna promesa del “progreso y el desarrollo”, que al final los empresarios mineros siempre rompen. Sudcalifornia no necesita esa ilusión, su vocación es el turismo, sustentado gracias a su naturaleza, a su Estado casi virgen, a su belleza del paisaje. Al menos, en el Sur del Estado muchos de los atractivos turísticos y la sustentabilidad económica dependen de la más importante reserva y fuente de agua dulce: la Sierra de la Laguna, la que pondría en riesgo el proyecto de mega minería tóxica Los Cardones.

La lucha social y legal se ha dado durante años. El movimiento anti-minero ha engrosado sus filas, así lo han demostrado las manifestaciones del pasado lustro, incluida la masiva reunión con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el lunes 17 de septiembre en La Paz, en la que más de 3 mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones; la minería submarina que quiere ser operada en el Golfo de Ulloa; y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular.

Manifestación en visita de AMLO a La Paz, septiembre de 2018. FOTOS: Gladys Navarro.

La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales… López Obrador no complació a la masa, pero hizo mucho más que otros ante los reclamos, dijo: “…lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera. Y sí, es cierto, el pueblo ya decidió, eso ha quedado claro desde hace años, sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, cuando protestó frente a TV Azteca. La consulta puede ser un arma poderosa para no sólo detener el proyecto Los Cardones, sino para adelantar el blindaje de Sudcalifornia contra la minería, pero eso dependerá del tamaño de la participación ciudadana.

Manifestantes apoyando el Pacto de Todos Santos. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta afuera de TV Azteca en La Paz, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta ciudadana en Cabo San Lucas, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta durante foro de presentación de la minería submarina en Ciudad Constitución, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

En asuntos tan delicados la política no puede ser ejercida del grito a la promesa y de esta a la ley para la complacencia del manifestante, como esperaban muchos, los que hoy inundan las redes con su decepción de quien aún no es Presidente en funciones. Además de que en el tema minero la decisión no sólo es del titular del ejecutivo, intervienen los poderes federales, sí, pero a través de diversas instancias, como la Semarnat, entre otras que al amparo de leyes a modo o manipulación de éstas han concedido permisos parciales a Los Cardones, como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA); o como el Cabildo Municipal de La Paz —el priísta, el de la legislatura pasada—, que violentando los procedimientos otorgó un cambio de uso de suelo a la empresa Desarrollo Zapal, mismo que fue negado en diferendo legal por el Cabildo panista actual. La ley no es tan digerible en beneficio social, es trocable, manipulable y en algunos casos benéfica para determinados aspectos de proyectos tan perniciosos como el que nos ocupa. Por lo anterior, la consulta ciudadana podría evolucionar una lucha de años, esa que se ha topado una y otra vez con autoridades y gobernantes que han favorecido a intereses ajenos a la entidad.

AMLO dijo: Y de una vez, para no andar con rodeos, lo de la mina lo va a decidir el pueblo de Baja California Sur… …vamos a ser respetuosos, de verdad, del estado de derecho, pero siguiendo todo el procedimiento, vamos a consultar a los ciudadanos, va a ser muy sencillo, voy a mandar a hacer una encuesta a Baja California (Sur) y el pueblo va a decidir sobre este asunto… Y ante el insistente grito de “ya lo decidimos” reviró: “Sí, pero no aquí, lo vamos a definir con una consulta para darle toda la legitimidad…”. Ahí está el anhelado “no a la mina”, pero menos romántico y subversivo de lo que esperaban muchos. De obtener una victoria abrumadora en la consulta se podría obligar a los diferentes niveles de gobierno a aprobar la iniciativa de ley ciudadana anti-minera que apenas hace unas semanas se discutía con el Secretario de Gobierno Estatal. Claro que la consulta no implica dejar de avanzar por el lado legal, ambas luchas pueden conciliarse, por ejemplo el 20 de septiembre pasado Lucía Trasviña, legisladora de Morena, presentó una propuesta de iniciativa de ley al respecto en el Senado de la República.

La respuesta de AMLO no fue obligada por los reclamos, ya se sabía que los manifestantes corearían el “no a la mina”. Era evidente que la asamblea se volvería el principal escaparate de la protesta anti-minera. Y aunque a muchos les pese, un Presidente elegido democráticamente, no puede y no debe mostrarse autoritario en sus decisiones, por más que se defiendan los Derechos Humanos más básicos. Que las leyes y la política se impulsen desde la plaza pública es maravilloso, pero la transformación de ideales y luchas en hechos se deben hacer en democracia y legalmente, eso implica la consulta ciudadana y el proceso legal que ya se está dando. Esas transformaciones no se deben hacer al grito de guerra, pues empezaríamos a deslegitimizar al que tal vez sea el Presidente más legítimo en décadas. Y si como algunos dicen, la consulta ciudadana sólo es valorativa y no efectiva, si todo depende de las leyes y de los legisladores, entonces ¿por qué exigir al presidente electo una solución si las leyes ya nos protegen? Sólo recuerden que antes ningún otro político del tamaño de AMLO nos tomó en cuenta para decidir un futuro sin minería.

Las consultas ciudadanas son para privilegiar la decisión de la gente, incluso por encima de los llamados intereses de la nación, que muchas veces son simulados; el asunto, es que los candados que han sufrido consultas pasadas —como la que se llevó a cabo en referencia a las reformas energéticas—, deberán ser removidos en los congresos, en los que ahora Morena tiene mayoría; de acuerdo a AMLO eso se hará a petición expresa de él una vez que tome posesión y mande la iniciativa correspondiente. No es momento de rechazar diferentes caminos de lucha, ni de dividir objetivos comunes en lo que se avizora como una democracia participativa. En este sentido será fundamental que las agrupaciones anti-mineras se involucren en la consulta ciudadana, en su organización, sobre todo en el tipo de cuestionamientos a ponderar. No es momento de dividir, sino de sumar y de redoblar esfuerzos. O qué, ¿creyeron que AMLO les iba a decir a todo que sí o no, dependiendo su postura?

Caravana de protesta en La Paz, 2015. FOTO: Roberto Galindo.

Protesta afuera del Palacio de Gobierno del Estado en La Paz, 2018. FOTO: Roberto Galindo.

FOTO: Roberto E. Galindo Domínguez.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). No se deje engañar: la Justicia Federal no reconoce ni avala ninguna autorización de uso de suelo a la minera. El amparo otorgado a la minera, es única y exclusivamente para el efecto de que se respete su garantía de audiencia y seguridad jurídica.

El amparo se otorgó para ese efecto, porque el  acuerdo 2 del punto Tercero de la Primera Sesión Pública Extraordinaria del actual Cabildo, se desconoció la Sesión del Cabildo anterior en la que supuestamente se otorgó el supuesto permiso de uso de suelo a la minera, pero ese desconocimiento, no se fundó ni se motivó.

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¿Qué significa?

Que en caso de que la minera pretenda hacer valer su autorización apócrifa, el Ayuntamiento de La Paz, para sostener su negativa de reconocimiento, deberá fundar y motivar su resolución, dando a la empresa —previamente— la garantía de audiencia, esto es: escuchando los argumentos que invoque.

Estamos entonces en espera de que el Ayuntamiento —tanto el saliente como el entrante—, honren su palabra, y consecuentemente nieguen el uso de suelo a la minera, y para ello sobran elementos que funden y motiven la negativa.

¿Qué debemos hacer nosotros, desde la sociedad civil?

1.- Ignorar la mentirosa campaña mediática emprendida por la minera, con el apoyo de los medios de comunicación que se han prestado a ello. Esto de que “ganaron el amparo”, como pueden constatar, es sólo una verdad a medias, pues en esa resolución que les otorga el amparo para efectos, sólo se reconoció el derecho que tienen a ser oídos por la autoridad y que la autoridad deberá fundar y motivar su negativa. Es decir, la autoridad —como toda autoridad—, está obligada a respetar la garantía de audiencia y seguridad jurídica.

2.- Asistir a las convocatorias que se generan desde la sociedad civil, para exigir a nuestras autoridades municipales que NO reconozcan el apócrifo permiso de uso de suelo que la minera pretende utilizar.

3.- Manifestarnos de manera pública y masiva, dejando en claro nuestro total rechazo a la posibilidad de que en suelo sudcaliforniano opere la mega mimería de extracción de metales preciosos a cielo abierto, por ser tóxica, lesiva y depredadora.

FOTO: Ayuntamiento de La Paz.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Este lunes, Santiago Leal Amador, director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de La Paz, declaró a través de un comunicado de prensa oficial que “se logró que este Ayuntamiento revirtiera la sentencia de amparo en contra de la empresa desarrolladora Zapal, quien pretende operar y establecer la minera en Los Cardones”.

Ésto luego de responder a los señalamientos de dicha empresa, donde manifiestan que son ellos los que ganaron el amparo que habían interpuesto en contra del gobierno que encabeza el alcalde Armando Martínez Vega.

Leal Amador repuso que desde el inicio de la administración se ha desconocido el cambio de uso de suelo que el Cabildo del XIV Ayuntamiento, en sesión privada, había otorgado a favor de la minera, ya que dicha sesión carece de legalidad al no cumplir los procedimientos establecidos para llevarla a cabo; por lo tanto el supuesto cambio de uso de suelo es también ilegal. Por ello, recalca que después de una lucha de tres años, se logró esta resolución irreversible a favor del XV Ayuntamiento de La Paz.

Recordó que en la pasada sesión de Cabildo, el aún Alcalde dio a conocer que se ganó la batalla jurídica en contra de Desarrollos Zapal. “El Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa, ordenó que las cosas quedarán hasta la Sesión de Cabildo del XV Ayuntamiento en la que se determinó la inexistencia de la Sesión Secreta del XIV Ayuntamiento”, dijo.

El Director de Asuntos Jurídicos subraya que esta administración nunca ha ocultado el proceso de esta demanda, ni han sido partícipes de proyectos que afecten los intereses de los ciudadanos en los temas del medio ambiente.

FOTOS: Ayuntamiento de La Paz.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, llevó a cabo su Tercer Informe de Labores al frente del Ayuntamiento de La Paz; a continuación se transcribe íntegra y literalmente el comunicado enviado por su oficina de Comunicación Social.

“Con decisiones responsables respondimos a las necesidades más apremiantes, trabajamos día a día para hacer realidad un municipio más fuerte, más ordenado, más justo y con mayores oportunidades para todos, buscando dignificar el servicio público, honrando la palabra desde el inicio de la administración hasta hoy, entregaremos un mejor Ayuntamiento al que recibimos”, enfatizó el Alcalde, Armando Martínez Vega, durante la Sesión Solemne donde rindió su Tercer Informe.

Ante la presencia del Secretario del Trabajo y Desarrollo Social, Gustavo Hernández Vela Kakogui en representación el Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de sectores sociales y medios de comunicación, Martínez Vega recordó, la difícil situación financiera en que se encontró la administración, pero no fue impedimento para lograr un ordenamiento administrativo y financiero, saldar deudas históricas con la Comisión Federal de Electricidad, FONACOT y recuperar algunos programas vetados, cumplir con el pago puntual de los trabajadores, dar respuesta a los temas del mejoramiento en los servicios públicos, espacios públicos y programas sociales. Además de no fallarle a las paceñas y paceños en la lucha de la minería tóxica, “quiero expresar mi beneplácito porque la lucha contra la minería ha dado resultados, debemos sentirnos orgullosos de esta lucha de casi tres años” ¡el agua vale más que el oro!

Al dirigir su mensaje a los ciudadanos destacó, que sin la participación ciudadana el ordenamiento del XV Ayuntamiento no hubiera sido posible, agradeció la confianza que le brindaron de llevar las riendas durante tres años, en la tarea de construir un municipio fortalecido e incluyente. “Dejamos un Ayuntamiento con más instalaciones públicas, más parque vehicular para mejora de servicios, unas finanzas sanas con ordenamiento administrativo y financiero, en los tres años de mi Gobierno nunca dejamos de gestionar mayores acciones”, refirió.

Aseguró, que una de las prioridades dentro de su administración fue la reactivación y creación de espacios públicos, donde a través de la Dirección de Obras Públicas y Asentamientos Humanos se construyeron 14 nuevas techumbres en canchas de usos múltiples tanto en la ciudad como en la zona rural.

Detalló, que en tres años se pudo ejecutar 127 obras con una inversión de 200 millones de pesos en los cuales se destaca el programa de mejoramiento, ampliación de vivienda y la rehabilitación de parques, igualmente fue posible la creación de un nuevo panteón, divididos en tres etapas. “Impulsamos mayor bienestar social con rescate de espacios públicos brindando mayor infraestructura y equipo de esparcimiento, registrando un avance social sin precedente”, dijo.

En la política de desarrollo social, se estableció como prioridad buscar el abatimiento de la pobreza a través de acciones dirigidas a la población más vulnerable.  Se construyeron 147 unidades de vivienda básica, 210 ampliaciones de vivienda en la zona urbana. Se entregaron 390 paquetes de materiales. En atención de las diferentes rancherías, fueron  suministrados 238 equipos fotovoltaicos nuevos y se rehabilitaron 690, beneficiando a 925 familias.

Priorizando un desarrollo social e incluyente, también se brindó diversos apoyos a las actividades del comercio, otorgando por primera vez 30 apoyos de motocarros a familias comerciantes y 22 casetas para boleros, dignificando el trabajo de sus actividades. “La Paz, único municipio del estado en entregar este tipo de apoyos, fue un recurso extraordinario conseguido por el XV Ayuntamiento”.

Martínez Vega destacó, uno de los rubros más importantes en la educación, entregando 2 mil 600 becas FORTAMUN, en apoyo a la continuidad de los estudios de niños, jóvenes y personas con discapacidad, lo que representó una inversión de 14 millones de pesos.

Uno de los temas más sensibles y que más demanda la ciudadanía es el  abastecimiento de agua potable, por ello especificó, que se logró habilitar 14 pozos nuevos, se brindó manteamiento y rehabilitación de equipos a 42 pozos, cinco cárcamos y 11 equipos de bombeo, la rehabilitación del tanque de El Centenario, se implementó el programa agua 365 días en ocho comunidades rurales. Se invirtieron más de 24 millones de pesos en obra pública para la red de agua potable. “Luego de tres años de trabajo, entregaremos la administración con un suministro de 1,118 litros por segundo en la red de agua potable, el doble del que existía. Di mi palabra a los paceños de brindarles un mejor servicio, logramos un mayor abasto, mejor calidad de agua potable y alcantarillado”, dijo.

Por otra parte, dijo que en el tema de Servicios Públicos fue donde más avances se concretaron, cabe destacar que se recibió un parque vehicular de nueve camiones recolectores para brindar un servicio a 75 mil 238 viviendas, pero gracias al ordenamiento lograremos concluir con un total de 45 unidades para brindar un mejor servicio. Aunado a lo anterior, se recibió una ciudad en penumbra. Realizamos mantenimiento preventivo y correctivo en la red de alumbrado, se pudo cubrir de manera satisfactoria la demanda de la ciudadanía al atender 15 mil 161 reportes.  Así mismo, en conjunto con la Agencia Alemana de Cooperación GIZ, se realizó un estudio con el propósito de integrar el Plan Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos. “Para el XV Ayuntamiento la reactivación de los servicios públicos fue nuestra prioridad, asumimos esa responsabilidad, acorde a las necesidades de nuestro municipio”, dijo.

El trabajo de asistencia social y atención a grupos vulnerables se fortaleció en estos tres años, donde a través de DIF Municipal, representando por Alma Rosa Gerardo, se logró rehabilitar y equipar 20 Centros de Desarrollo Comunitarios. Agregó, que una de las áreas más sensibles es la atención a niños, jóvenes y personas de la tercera edad que más lo necesitan, entregando 152 mil desayunos fríos y 130 mil desayunos calientes, así como 89 mil pensiones alimenticias a personas de carencias alimentarias. Se entregaron 300 sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y auditivos, así como más de 500 paquetes de pañales para adultos mayores.  “Le dimos un sentido prioritario a la atención de los sectores vulnerables de nuestro municipio”.

Enfatizó, que a través de la Dirección de Desarrollo Económico se reactivaron los mercados  municipales, se creó el agromercado virtual y la plataforma web del empleo. Con una inversión de 3 millones de pesos, se mejoró el proceso productivo del rastro municipal, adquiriendo un camión frigorífico y diversos equipamientos. En promoción turística de nuestro municipio, se realizaron los tianguis artesanales y actividades de promoción de productos locales así como festivales artísticos.

La administración municipal ha buscado acciones que den impulso al desarrollo de la zona rural, reiteró que aún son muchas las necesidades de las comunidades rurales, pero por más lejos que se encuentren no se ha dejado de apoyar con acciones a los tres sectores productivos más importantes: pesquero, agrícola y ganadero, con una inversión de 10 millones de pesos.

Por otra parte, en los temas de seguridad manifestó, que con recursos en el orden de los 3.4 millones de pesos  provenientes del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social, se rehabilitaron comandancias tanto en zona urbana como rural, además de la construcción de nuevas comandancias en la Col. Márquez de León, Esterito y Navarro Rubio. Priorizando a su vez el equipamiento de nuestra policía, habiendo invertido en lo que va de la administración más de 16 millones de pesos en la adquisición de radios portátiles, chalecos antibalas, lámparas tácticas, cascos balísticos y cartuchos. Se implementó el programa vecino vigilante a efecto de mantener contacto con la población.

En materia de movilidad, se realizó un total de 259 reparaciones a la red de semáforos de la ciudad. Gestionando recursos para la adquisición e instalación de semáforos con tecnología de sincronización a través de sensores inteligentes. Para la primera etapa de este proyecto invertimos 6 millones de pesos. Así mismo, este último año se destinó 10 millones  de pesos para la segunda etapa de este vital proyecto, actualmente se encuentran en proceso de instalación siete semáforos inteligentes más. Implementamos de manera permanente un operativo de deschatarrización en la ciudad de La Paz, retirando 2 mil 696 vehículos en zonas prohibidas y abandonados en la vía pública.

En una de las actividades que permanecían en el olvido, fue el apoyo a Bomberos, por eso, enfatizó, que la administración se dio a la tarea de reestablecer la capacidad operativa de esta noble Institución. Reinstalando el Patronato de Bomberos de La Paz. Se adquirieron a través de recursos de FORTAMUN, un equipo hidráulico nuevo, 10 equipos de respiración automática, 20 rollos de mangueras nuevas así como un vehículo extintor automático. En el mismo sentido, agradeció el apoyo al Aeropuerto Internacional  de La Paz por la donación de dos camiones cisterna, así como al Club Rotario por la donación de 21 equipos de respiración y 21 tanques de reposición. “Ahora los Bomberos de La Paz, están más equipados y capacitados para cumplir su importante labor. Nuestro estado de fuerza consta de cuatro unidades extintoras, dos vehículos de rescate, dos camiones cisterna, una ambulancia y un camión escalera.  Mi reconocimiento a los 28 elementos activos y voluntarios por su entrega y dedicación”.

Antes de concluir su Tercer Informe, el Alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega hizo un reconocimiento a todos los trabajadores que conformaron el XV Ayuntamiento “Cumplí con el pago puntal de sus quincenas, fuimos una administración que marcó la pauta, cubrimos rezagos atrasados, liquidamos deudas históricas, aún falta mucho por hacer, pero seguro estoy que dejamos un Ayuntamiento mejor al que recibimos”.

A nombre del Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, el Secretario del Trabajo y Desarrollo Social, Gustavo Hernández Vela Kakogui,  felicitó a la  administración encabezada por Armando Martínez Vega porque reforzaron todos los servicios que demanda la ciudadanía. “Reconozco el resultado que se generaron en estos tres años, no es fácil levantar una administración en crisis”, finalizó.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El agua es la esencia de la vida. El agua potable es indispensable para la vida y la salud, y primordial para la dignidad de toda persona. El acceso garantizado al agua potable, es un derecho humano fundamental, dado que el agua es un elemento esencial de sobrevivencia para el organismo humano. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no basta que el suministro de agua se mida en su cauda, es indispensable además que la calidad de la misma garantice una saludable expectativa para el consumo humano, y debe privilegiarse las fuentes naturales, sobre las fuentes mejoradas por tratamiento, como son las plantas desalinizadoras o las plantas regeneradoras por filtración o cloración simple.

De acuerdo con el reporte publicado en 2006 por la ONU denominado Human Development Beyond Scarcity–Power, Poverty and the Global Water Crisis, en el mundo hay dos mil quinientos millones de personas que no disponen de servicios de agua potable, sin contabilizar a las naciones en guerra.  El reporte atribuye como las causas básicas de la actual crisis del agua a la pobreza, las desigualdades y la disparidad en las relaciones de poder, agravadas por los retos sociales y ambientales, como la urbanización cada vez más rápida, el cambio climático, y la creciente contaminación y merma de los recursos hídricos.

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Para afrontar la crisis, la comunidad internacional ha tenido que cobrar conciencia de que el acceso al agua potable debe encuadrarse en el marco de los Derechos Humanos, y así se establece directa o indirectamente en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas define el derecho al agua como el derecho de todos a “disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

Nuestra Constitución reconoce, en su Artículo Cuarto, este derecho fundamental, al establecer que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, y en el mismo numeral se establece que el derecho al agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a una vivienda y una alimentación adecuadas.

Es pues, obligación del Estado Mexicano garantizar a los habitantes de nuestra nación, el acceso al agua potable y así se ha establecido en los principales tratados de derechos humanos suscritos por nuestra nación, fundamentalmente como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y del derecho a la salud.

Vale más que el oro

Partiendo de la premisa básica que el agua es un derecho fundamental avalado por los tratados internacionales y reconocido por nuestra Carta Magna, desde la reforma del 08 de febrero de 2011, ya no es necesario invocar  la frase “el agua vale más que el oro” para dirimir la controversia entre preservar el agua o renunciar a ella en aras de un “desarrollo sustentable”, pues es inadmisible, a la luz de la legislación enunciada, que ningún interés comercial, particular o público, puede privilegiarse al derecho fundamental, y por ende, toda autorización, concesión o permiso de explotación comercial que haya sido otorgada por el gobierno mexicano, que ponga en peligro la fuente natural de suministro de agua a una comunidad, debe ser cancelada, por contravenir el derecho fundamental de quienes integran esa comunidad.

La lucha en defensa del agua, gestada en diferentes flancos por la sociedad civil  organizada, ante la amenaza de la minería tóxica,  llevó a la autoridad estatal sudcaliforniana a reconocer la inadmisibilidad de una autorización local de uso de suelo que permitiera poner en riesgo nuestra principal fuente de agua, y generó el compromiso de la nueva administración municipal, de no autorizar el de uso de suelo que permita la operación de la minería tóxica en nuestro municipio, pero tal declaratoria no es suficiente para garantizar la preservación de nuestra fuente de agua. Sabemos que nuestros empleados públicos son corruptibles, y no podemos exponernos a una nueva traición que ponga en riesgo nuestro derecho fundamental al agua. Necesitamos trabajar ahora en la reforma y adecuación de nuestra legislación local, para adecuarlas y armonizarlas al nuevo marco constitucional federal y a los tratados internacionales sobre la materia, hasta conseguir que todas nuestras leyes locales prohíban expresamente la operación en Baja California Sur, de la minería de extracción de metales preciosos a tajo abierto.

¿Cómo apoyar?

Solo necesitamos tu firma en el mandato ciudadano al efecto emitido a nuestros diputados. Al mismo tiempo, y con el mismo fundamento, habremos de buscar y obtener de las autoridades judiciales federales, la cancelación de todas y cada una de las concesiones de explotación minera otorgadas por Semarnat, que pongan en peligro nuestra agua y nuestro entorno saludable.