FOTOS: Roberto E. Galindo Domínguez.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Termina el 2018, y en términos generales, debemos estar satisfechos con los logros alcanzados en nuestra lucha contra la entrada en operación de la megaminería tóxica en BCS.

Culminó el largo proceso judicial iniciado por la empresa minera, a partir de un documento apócrifo que intentaron hacer valer como autorización municipal de uso de suelo; al final del proceso, la justicia federal sólo les reconoció el derecho a ser oídos (garantía de audiencia) por la autoridad municipal, que en cumplimiento a la sentencia de amparo les informó que no existe constancia alguna de la expedición de permiso a su favor, lo que se traduce en que la minera, de insistir en su pretensión, deberá iniciar desde cero, el trámite de solicitud de autorización.

También te podría interesar: El control de la convencionalidad. ¿Por qué no se aplica en BCS?

Este año también festejamos que la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Estado, negó a la minera la autorización de cambio de uso de suelo forestal. Y la cereza del pastel, fue la suspensión definitiva otorgada por un juez federal, a la autorización de la Semarnat en materia de impacto ambiental, lo que prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad relacionada con la minería, hasta en tanto y cuanto no concluya el juicio de amparo en el que se generó la suspensión otorgada.

Iniciaremos en enero con la presentación de diversas demandas de amparo, tendientes a obtener la cancelación definitiva de la concesión otorgada a la minera. Para tener un panorama objetivo del lugar en que nos encontramos en este momento, revisemos el listado de permisos y autorizaciones que se requieren  para poder realizar obras y actividades de explotación minera en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna:

1.- Concesión para la explotación de los recursos minerales (Ley Minera).

2.- Autorización de la Semarnat en materia de Impacto Ambiental por el cambio de uso de suelo y por el tipo de obra (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).

3.- Autorización de la Semarnat en materia de cambio de uso de suelo de forestal a industrial (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable).

4.- Autorización de la Semarnat para el manejo de especies de la flora y fauna silvestre (Ley General de Vida Silvestre).

5.- Autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consistentes en el permiso para la realización de obras de infraestructura hidráulica, la concesión para la ocupación de terrenos federales y la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales (Ley de Aguas Nacionales).

6.- Autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tratándose de obras y trabajos de exploración y explotación de recursos mineros en áreas naturales protegidas (Ley Minera y reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas).

7.- Permisos y licencias municipales de construcción y de uso de suelo (Ley Orgánica Municipal y reglamentos municipales).

Analizando el listado, encontramos que a la fecha, la minera sólo cuenta con el título de concesión minera. Todos los demás requisitos, han sido suspendidos, negados, o están pendientes de tramitación y en cada caso, desde la sociedad civil estamos organizados para plantear una oposición técnica, jurídica y de ser necesario, recurrir a la movilización social.

2019: No bajar la guardia

Debemos estar satisfechos con los logros obtenidos este año, pero no debemos bajar la guardia; si queremos seguir siendo la entidad que ha frenado la minería antes de su entrada en operación, debemos seguir trabajando incansablemente en los tres frentes que han sido el pilar de nuestro éxito:

1- Difusión, información, capacitación y participación ciudadana en las redes sociales.

2- El mandato ciudadano específico, pugnando por el blindaje legal de la entidad, y la lucha en los tribunales judiciales y/o administrativos.

3- La movilización social, cuando ello sea necesario.

Si bien hemos ido cosechando victorias en forma permanente, lo cierto es que debemos estar muy atentos. El 2018 también significó un cambio en toda la estructura gubernamental, y la nueva administración federal da visos peligrosos en materia ambiental; hemos sido testigos de cómo se ha ordenado el inicio de las obras del llamado Tren Maya, sin haberse realizado previamente los estudios de gabinete, sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sin consensuar con las etnias originarias de la zona.

Ese alarmante precedente, y el hecho de que el dueño de la empresa minera que amenaza nuestra entidad es un personaje cercano al titular del Ejecutivo, nos hace considerar imperativo mantenernos muy atentos al devenir de la tramitología y estrategias a desplegar por la minera.

Debemos poner a trabajar a nuestros diputados y senadores federales, para alcanzar el blindaje efectivo de la entidad; a la fecha, sólo hemos visto intentos aislados e ineficientes, de legisladores empeñados en llevarse el mérito del blindaje. Parecen parvularios en competencia de preescolar.

En el listado de requisitos que publicamos, está la normatividad federal que debe modificarse, a través de una reforma legal integral, armónica, del marco regulatorio, para garantizar el blindaje. Se necesita que nuestros legisladores federales cierren filas, y lleven a cabo una labor conjunta de adecuación legislativa. Desde la sociedad civil, las distintas organizaciones que integran el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, se reportan listas para participar decididamente en el proceso.

—

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Roberto E. Galindo Domínguez.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). No se deje engañar: la Justicia Federal no reconoce ni avala ninguna autorización de uso de suelo a la minera. El amparo otorgado a la minera, es única y exclusivamente para el efecto de que se respete su garantía de audiencia y seguridad jurídica.

El amparo se otorgó para ese efecto, porque el  acuerdo 2 del punto Tercero de la Primera Sesión Pública Extraordinaria del actual Cabildo, se desconoció la Sesión del Cabildo anterior en la que supuestamente se otorgó el supuesto permiso de uso de suelo a la minera, pero ese desconocimiento, no se fundó ni se motivó.

También te podría interesar: El ECOPLÁN

¿Qué significa?

Que en caso de que la minera pretenda hacer valer su autorización apócrifa, el Ayuntamiento de La Paz, para sostener su negativa de reconocimiento, deberá fundar y motivar su resolución, dando a la empresa —previamente— la garantía de audiencia, esto es: escuchando los argumentos que invoque.

Estamos entonces en espera de que el Ayuntamiento —tanto el saliente como el entrante—, honren su palabra, y consecuentemente nieguen el uso de suelo a la minera, y para ello sobran elementos que funden y motiven la negativa.

¿Qué debemos hacer nosotros, desde la sociedad civil?

1.- Ignorar la mentirosa campaña mediática emprendida por la minera, con el apoyo de los medios de comunicación que se han prestado a ello. Esto de que “ganaron el amparo”, como pueden constatar, es sólo una verdad a medias, pues en esa resolución que les otorga el amparo para efectos, sólo se reconoció el derecho que tienen a ser oídos por la autoridad y que la autoridad deberá fundar y motivar su negativa. Es decir, la autoridad —como toda autoridad—, está obligada a respetar la garantía de audiencia y seguridad jurídica.

2.- Asistir a las convocatorias que se generan desde la sociedad civil, para exigir a nuestras autoridades municipales que NO reconozcan el apócrifo permiso de uso de suelo que la minera pretende utilizar.

3.- Manifestarnos de manera pública y masiva, dejando en claro nuestro total rechazo a la posibilidad de que en suelo sudcaliforniano opere la mega mimería de extracción de metales preciosos a cielo abierto, por ser tóxica, lesiva y depredadora.

FOTOS: Roberto E. Galindo Domínguez.

Colaboración Especial

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las protestas masivas en La Paz y Los Cabos contra la implementación de la minería a tajo abierto en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, que se dieron el pasado 29 de agosto, fueron motivadas tras el último intento de Desarrollo Zapal S.A. de C.V. de obtener el cambio de uso de suelo de una gran área en la Reserva mencionada, con el fin de poder deforestar y comenzar la extracción de oro.

La solicitud del cambio de uso de suelo es uno de los muchos trámites que los empresarios interesados en el oro deben realizar ante autoridades municipales y otras instituciones a nivel estatal y federal. Y aunque esa misma mañana el presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, aseveró que a nivel legal se les había negado el cambio de uso de suelo a Desarrollo Zapal, lo que consideró como un logro de su saliente administración y de la sociedad opositora a la minería, eso no fue suficiente para los manifestantes, quienes al no poder dialogar con el gobernador Carlos Mendoza Davis, lo hicieron con el secretario general de gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.

También te podría interesar: El Apocalipsis Pejezombie.

La comitiva que se sentó en la mesa de diálogo con De La Peña Angulo, logró que este se comprometiera a redactar un documento oficial que fijara la postura del Gobierno del Estado; por su parte, el Secretario se comprometió a especificar que se emitiría una iniciativa de Ley contra la minería en la Sierra de la Laguna, de común acuerdo con la ciudadanía opositora y de la mano de las autoridades municipales y de las instancias estatales pertinentes al caso.

Antes de la reunión, el Secretario General del gobierno estatal fue aún más enfático al declarar a la muchedumbre que “el Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…” refiriéndose al proyecto minero a tajo abierto Los Cardones. Pero aún con lo obtenido durante la protesta y en la mesa de diálogo con el Secretario, los manifestantes no están conformes y seguirán luchando por una ley que blinde al estado de BCS contra la minería tóxica, principalmente con la que se realiza a tajo abierto, y con cualquiera que pretenda implementarse en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna o cualquier otra área natural protegida, incluyendo la que también se ha querido establecer en el Golfo de Ulloa, la denominada minería submarina.

Estás protestas antimineras se dan en el marco de una reciente andanada de calumnias en las redes sociales, principalmente Facebook, y en algunos medios de comunicación contra Juan Ángel Trasviña, uno de los líderes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), quien se ha caracterizado desde hace años por luchar desde la trinchera social contra el establecimiento de proyectos mineros en el estado, principalmente con los que se han intentado establecer en dicha Reserva.

Ataques que se hacen extensivos a los demás integrantes del Freciudav y la ciudadanía que los apoya, mismos que se vieron coronados el jueves 30 de agosto con una “minimanifestación” –alrededor de 200 personas, en comparación con las más de mil que el día anterior se congregaron para protestar contra la minería–; la mayoría de esos “manifestantes” recibieron dinero para ser acarreados y “ejercer su derecho a la protesta” a favor del establecimiento de Los Cardones.

Aunque el Ayuntamiento saliente, así como el Delegado de la Semarnat en BCS han aclarado que la empresa minera puede iniciar los trámites desde cero, de acuerdo a lo que marca la ley para el establecimiento de su proyecto, otra cosa también quedó explicita el miércoles antiminero, y es que los sudcalifornianos ­–los nativos y los procedentes de otras regiones del país–, gente de muy diversas profesiones y religiones, filiaciones políticas y edades, están unidos en torno a la defensa de la Sierra de la Laguna, pulmón de oxígeno y manantial de agua. Fue un gusto ver a muchos jóvenes incorporados a la lucha social, pues más allá de la alegría de ver caras conocidas durante diversas luchas desde hace años, fue pura vitamina para el alma ver a un amplio sector de la juventud con una conciencia plena de su responsabilidad social para defender sus derechos, aún esos que la ley todavía no protege a cabalidad.

FOTO: Internet.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Haciendo una revisión exhaustiva del marco legal que rige el quehacer oficial en el Municipio de La Paz, nos encontramos con un decreto vigente que impide específicamente la actividad minera como la que pretende llevar a cabo la minera “Los cardones” en la Sierra de la Laguna, pues dicha zona del municipio se encuentra reservada a la preservación de la vida silvestre. Les haremos llegar a nuestros regidores municipales —salientes y entrantes­—, una copia de este decreto, para que conozcan su contenido y se abstengan de emitir cualquier acto tendiente a otorgar la aprobación de uso de suelo que permita la actividad minera de extracción de metales a tajo abierto, actividad que por definición, es tóxico-lesiva.

También te podría interesar: El aborto en Baja California Sur.

El Plan de Ecología Urbana ECOPLÁN para el municipio de La Paz fue creado mediante decreto aprobatorio que fue firmado por el entonces titular del ejecutivo del Estado, el 4 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 20 de marzo de 1980. Este decreto hace que los objetivos, políticas y acciones que se contemplan en el ECOPLÁN, sean obligatorios para el Sector Público y privado de la entidad.

El Plan de Ecología Urbana ECOPLÁN, tiene como objetivo principal, aportar los fundamentos técnicos y específicos que sirvan de marco de referencia a las políticas ecológicas que para el desarrollo de los asentamientos humanos, considerado de manera prioritaria la degradación que vienen sufriendo los sistemas naturales, así como la contaminación ambiental, provocada por la deforestación y la alteración del medio acuático, así como por los desechos urbanos.

¿Cómo nace?

En su exposición de motivos, establece que se emite el ECOPLÁN, atendiendo a la responsabilidad gubernamental de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública mediante la regulación del aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales susceptibles de apropiación, las reservas, destino y uso de tierra, aguas y bosques para planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

El objetivo central es mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana mediante la conservación del equilibrio ecológico, estableciendo zonas de vedas, parques naturales y jardines, tomando las medidas necesarias para evitar y controlar la erosión y la contaminación a efecto de conservar las condiciones ambientales apropiadas para su desarrollo.

Por lo anterior, nace el ECOPLÁN, como un instrumento que propicie, apoye y regule el desarrollo equilibrado del municipio de La Paz con relación a las riquezas naturales que en éste existen. Entre sus objetivos, destaca el procurar que en la zona boscosa localizada en la Sierra de La Laguna se modere la tala desmedida de que es objeto, ya que de seguir así provocará el desequilibrio del ecosistema, así como se vería afectada también la fauna y provocaría que los animales se vean entonces obligados a refugiarse en los lugares más inaccesibles para el hombre.

Resulta imperativo preservar el abastecimiento de agua potable debido a la carencia de las suficientes fuentes de abastecimiento, ya que por el crecimiento demográfico, el municipio en un futuro a mediano plazo tendrá problemas para ofrecer la suficiente dotación a sus habitantes en la mayoría de sus poblaciones.

Sus objetivos

*Proteger y conservar los recursos naturales disponibles en el municipio susceptibles de degradación por actividades humanas.

*Mantener como refugió de la vida silvestre el Parque Natural de la Sierra de la Victoria y la Laguna.

*Regenerar el medio contaminado o degradado y minimizar los efectos nocivos que provoque en la población.

*Establecer los lineamientos necesarios para la protección, conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos turísticos, culturales y naturales.

El Artículo QUINTO del decreto establece que las disposiciones del ECOPLÁN serán obligatorias para las entidades del sector público, así como las personas físicas o morales cuya actividad afecte en alguna forma el desarrollo urbano del municipio, y el artículo SEXTO estipula que Las acciones e inversiones públicas que se ejecuten en el municipio, deberán sujetarse a los objetivos metas, políticas, programas y demás disposiciones previstas o derivadas del ECOPLÁN.

Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, donde se intentó poner la minera “los Cardones”. Foto: Got Baja.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La sociedad civil organizada en BCS está de plácemes, y debe celebrar en grande, tras haber completado el exitoso triplete sobre la poderosa empresa minera que estuvo muy cerca de alcanzar su nefasto objetivo: extraer oro de la reserva de la biósfera Sierra de la Laguna, y con ello, devastar la zona y contaminar nuestra única fuente de abasto de agua no procesada.

La batalla se libró en tres frentes, y en los tres obtuvimos la victoria. Los apabullamos en las redes sociales, los frenamos con la resistencia civil, y finalmente los vencimos en la contienda judicial ante los tribunales.

Detuvimos la actividad minera en la entidad, ANTES de que se iniciara, y eso es un logro sin precedentes en América Latina.

Nuestros hermanos al sur de la frontera comparten nuestro entusiasmo y toman nota de nuestra experiencia, para replicar el éxito, y exigir a la Corte Interamericana que considere en sus parámetros los puntos torales de la resolución judicial federal que hoy festinamos.

También te podría interesar El empleado infiel

Es tiempo de festejar y congratularnos porque el esfuerzo de todos los que directa o indirectamente participamos en la contienda, nos permite hoy mirar de frente a nuestros hijos, a nuestros nietos, y decirles que esta tierra bendita que a ellos pertenece, nos fue encomendada para preservarla, y pese a todo, logramos vencer la amenaza de envenenamiento y destrucción. Decirles con orgullo que cumplimos el cometido. Que no bajaremos la guardia y seguiremos en la brega, pero por lo pronto, esta batalla ha concluido y la victoria ha sido nuestra. Misión cumplida.

Existen otras amenazas, pero el sabor de la victoria hoy acompaña la mesa de planeación y estrategia de defensa. Si antes estábamos dispuestos a la lucha, hoy estamos aún más fortalecidos.

La versión corta del triunfo ante los Tribunales Federales establece que a la minera le anularon la autorización en materia de impacto ambiental que la SEMARNAT otorgó a Desarrollos Zapal, S.A., para la realización de actividades de explotación minera en el Área Natural Protegida Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna (Proyecto Minero Los Cardones).

Meses atrás, hubo en Internet y redes sociales hubo evidencia que Desarrollos Zapal seguía intentando establecer el proyecto minero.

Y lo más importante, es que atendiendo al precedente que establece la sentencia, prácticamente ya no existe posibilidades de que se les otorgue nuevamente, pues la condicionante legal establecida en la sentencia judicial que hoy festinamos, resulta de imposible consecución para la minera transnacional.

Y no sólo protege a nuestra área, también lo hace a todas las áreas protegidas del país, pues el criterio se aplica en toda la República, ya que se estableció jurisdiccionalmente que EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO DE LAS RESERVAS DE LA BIÓSFERA, NO PUEDEN REALIZARSE APROVECHAMIENTOS MINEROS, a menos de que sean emprendidos por las comunidades que ahí habitaban al momento de la declaratoria correspondiente o con su participación.

Estaremos atentos, porque sabemos que violentar la ley no escapa a los procedimientos de la empresa transnacional que pretenda llevarse el oro y dejarnos el veneno.

Las autoridades federales, estatales y municipales que deben conocer de permisos y autorizaciones —por los antecedentes lo sabemos—, son altamente corruptibles, así que no bajaremos la guardia, pero por lo pronto, hoy festejamos al tiempo que planteamos la estrategia, pues estamos conscientes de que la guerra no ha concluido.