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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Milena Quiroga Romero, propuso ante el pleno, una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur, con el fin de que la terna de aspirantes al cargo de comisionado del Instituto de Transparencia, emane al cien por ciento de las propuestas que realice la sociedad civil, de conformidad con la convocatoria que se expida, informa el Congreso del Estado.

Milena Quiroga explicó que, en el año 2016, hubo una reforma a la Constitución Política de Baja California Sur, para armonizarla con los nuevos lineamientos en materia de transparencia federales; dicha reforma establecía que, para la elección de los comisionados del Instituto de Transparencia, se debería integrar una terna, compuesta por dos propuestas de la sociedad civil y otra emanada de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado; y de igual forma se estableció la atribución, a cargo del Gobernador del Estado, de hacer valer su derecho de veto, para objetar el nombramiento de algún comisionado.

“Desde mi perspectiva, ambas condiciones deben eliminarse del texto constitucional y, por lo tanto, del procedimiento previsto en la Ley de Transparencia, para hacer aún más ciudadano el proceso de elección de los referidos comisionados”, indicó Milena Quiroga.

La legisladora del partido Morena, planteó que, la persona que resulte electa para comisionada o comisionado en el procedimiento implementado por el congreso, y regulado por la ley de transparencia, no pueda ser objetada por el titular del Poder Ejecutivo, siendo así que, propone reformar el artículo 13 de la Constitución Política local y el artículo 45 de la Ley de Transparencia respectivamente. La iniciativa también plantea que se modifique, en la ley, la alusión que se hace a la comisión de transparencia, para quedar como “transparencia y anticorrupción”.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Milena Quiroga Romero y el presidente de la mesa directiva , diputado Homero González informaron que el día de ayer 4 de junio, el Juez Primero de Distrito en el Estado, emitió un acuerdo en el que requiere al Subsecretario de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador de Baja California Sur, para que dentro de tres días dé cumplimiento a las consideraciones, lineamientos y efectos de la sentencia de amparo, y le remita las constancias relativas a dicho cumplimiento.

Quiroga Romero dijo, a través de un comunicado de prensa del Congreso local, que lo que el Juez resolvió significa que mientras el Tribunal Colegiado resuelve si el Congreso forma parte de esta demanda, el Gobierno del Estado deberá resolver y atender  la demanda del ciudadano que hizo en primera instancia hacia el Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de La Paz.

“Mientras esta instancia superior revisa, el Juez dictó acuerdo obligado al Gobernador del Estado a cumplir con la sentencia, haciendo o generando acciones tales como establecer políticas públicas y acciones para que se hagan las adecuaciones al transporte público colectivo en Baja California Sur, ya que desde enero del 2014 cuenta con la legislación en la materia de personas con discapacidad en la entidad y le da facultades al Gobierno del Estado y los cinco Ayuntamientos, así como las obligaciones para que garanticen este derecho.

El resolutivo del Juez sucede después de que el Poder Legislativo presentara un informe al Juzgador, manifestando que no era necesario vincular al Congreso a dictaminar la iniciativa de Ley de Movilidad enviada por el Ejecutivo del Estado, pues la entidad cuenta actualmente, desde el 27 de enero del año 2014, con la legislación suficiente para salvaguardar los derechos humanos de las personas con discapacidad.

La misma legislación vigente establece con toda claridad la obligación de las autoridades para llevar a cabo políticas públicas y acciones concretas para su inclusión y no discriminación, en materia de transporte, comunicaciones y vialidades, además de que, conforme a la normatividad vigente en Baja California Sur, incluso existe la posibilidad legal de que las autoridades otorguen subsidios y estímulos fiscales para empresas de las diversas modalidades de transporte público.