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La Paz, Baja California Sur (BCS). En el periodo que concluyó, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica Municipal del Baja California Sur y a la Ley de Participación Ciudadana para la Creación del Presupuesto Participativo como instrumento de participación ciudadana en la toma de decisiones de obras públicas que les beneficien, informó el Congreso sudcaliforniano.

La Comisión de Desarrollo Social que preside el diputado Homero González Medrano presentó el dictamen a la iniciativa presentada por la diputada Milena Quiroga Romero, la cual tiene como objetivo que la sociedad sea incluida en la toma de decisiones y destinar un porcentaje del presupuesto del estado a obras propuestas por los ciudadanos.

Con etas reformas se amplía el catálogo de herramientas utilizables por la ciudadanía, la cual a través del ¨presupuesto participativo¨ podrán impulsar proyectos de obras, y las colonias tendrán mayores beneficios.

Los recursos que se ejercerán a través del presupuesto participativo serán equivalentes al 15 por ciento del total de recursos asignados al rubro de inversión pública, los cuales serán aplicados en los proyectos que resulten ganadores en las consultas públicas que para tal efecto se emitan.

Esta disposición quedo determinado en la  creación de un capitulo nuevo en la Ley de Participación Ciudadana relativo a la regulación del presupuesto participativo.

En el Artículo quinto se establece lo relativo a las asambleas ciudadanas que se efectuarán en cada colonia el último domingo del mes de enero de cada año, las cuales serán públicas y abiertas y serán organizadas por los comités ciudadanos que al efecto se constituyan para analizar, discutir y determinar los proyectos que serán sometidos a la consideración del Comité de Evaluación de Propuestas.

El Comité estará encargado de revisar la viabilidad técnica, legal y financiera de dichos proyectos, y en su sexto artículo menciona quienes conformarán el Comité de Evaluación de Propuestas en cada Ayuntamiento.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de que la ciudadanía tenga conocimiento del patrimonio público, el Congreso del Estado de Baja California Sur reformó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, en materia de protección de los bienes de dominio público, con esta se crea el “Padrón de la Propiedad Inmobiliaria Municipal”, informó el Congreso sudcaliforniano.

La Comisión de Desarrollo Social que preside el diputado Homero González Medrano, presentó el dictamen a una iniciativa presentada por la diputada Milena Quiroga Romero, con la que se reforma el Artículo 160 y se adicionan un capítulo tercero bis denominado: “Del Padrón de la Propiedad Inmobiliaria Municipal”.

De acuerdo al nuevo capítulo, los Ayuntamientos deberán contar con un Padrón de la Propiedad Inmobiliaria Municipal con la finalidad de tener un control de la propiedad inmobiliaria municipal, cuya integración y conformación será responsabilidad de la Sindicatura Municipal con el auxilio de la Oficialía Mayor, Dirección de Catastro y demás dependencias municipales.

El padrón tendrá como propósito que las ciudadanas y ciudadanos del Municipio conozcan que bienes inmuebles conforman la propiedad inmobiliaria municipal, por cual será público, deberá publicarse en la página de internet del Municipio y actualizarse antes del día 30 de enero de cada año.

Se inscribirán en el Padrón Inmobiliario Municipal las donaciones correspondiente al 10% del área lotificable vendible, destinada a equipamiento urbano que hagan los desarrolladores , los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio, la posesión y los demás derechos reales pertenecientes al Municipio, y a las entidades de la administración pública paramunicipal, así como los actos por los que se autoricen dichas operaciones; los acuerdos del Ayuntamiento por los que se determine que un inmueble forma parte del patrimonio del Municipio; los acuerdos del Ayuntamiento por los que se determine que un bien está sujeto al régimen de dominio público municipal; las concesiones sobre inmuebles municipales; las resoluciones judiciales o administrativas relativas a inmuebles municipales y las concesiones, permisos o autorizaciones que establezcan que los bienes afectos a las mismas, ingresarán al patrimonio del Municipio.

Sera responsabilidad del Síndico Municipal su publicación y actualización en la página de internet, y la omisión de la publicación o la actualización del padrón, constituirá falta administrativa en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Diputadas y diputados de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur, llamaron nuevamente al Titular del Poder Ejecutivo a publicar los decretos pendientes de publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado (BOGE), los cuales fueron expedidos por el Poder Legislativo del 16 de mayo al 11 de diciembre del año 2019, y los cuales no están en controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó el Congreso de Sudcalifornia.

Por mayoría de los integrantes del Congreso, fue aprobada la proposición con punto de acuerdo que fue presentado por la diputada Milena Quiroga Romero, quien enlistó dichos decretos, algunos de ellos que datan de 18 meses sin ser publicados, por lo que, afirmó, “no existe ninguna razón jurídica que le impida proceder a la promulgación y publicación de los referidos decretos, ya que por una parte el derecho de veto que la Constitución le concede no fue ejercido en tiempo y forma, y por la otra, ninguno de los referidos decretos es materia de alguna controversia jurídica que se encuentre pendiente de resolver”.

Los decretos que el Congreso del Estado llama nuevamente al titular del Gobierno del Estado a publicar son:

Decreto 2605 (16-Mayo-2019) Modificaciones a diversos Artículos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de BCS.

Decreto 2618 (25-Junio- 2019) Modificaciones a diversos artículos del Código de Procedimiento Civiles para el Estado de BCS.

Decreto 2639 (26-Sept-2019) Nueva Ley de Comunicación Social.

Decreto 2645 (03-Oct-2019) Reformas a la ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y municipios de BCS.

Decreto 661 (26-Nov-2019) Adiciones a diversos artículos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de BCS.

Decreto 2669 05-Dic-2019 Reformas a la Ley de Aguas y creación de la nueva Ley de Fomento del Cuidado del Agua.

Decreto 2676 05-Dicc-2019 Nueva Ley de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Decreto 2689 10-Dic-2019 Reformas a la Constitución y a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Decreto 2690 10-Dic-2019 Reformas al Código Civil de BCS.

Decreto 2693 10-Dic-2019 Reformas a la Ley de Salud y creación de la nueva Ley de Atención Prehospitalaria de BCS.

Decreto 2696 11-Dic-2019 Modificaciones a la Ley de Pesca y Acuacultura del Estado de BCS.

En la discusión del tema, la diputada Daniela Rubio manifestó el sentido de su votación en contra, argumentando la suspensión otorgada al Gobernador del Estado.

En el debate, la diputada Quiroga recordó que se trata de decretos que están fuera de controversia y suspensión de la SCJN y acreditó que, aún en medio de la controversia constitucional, el titular del Ejecutivo estatal ha publicado decretos como el 2731 (30-Sep-2020) de la Autorización al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua  Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, para el proyecto para la construcción de una planta desaladora de agua de mar, el 2732 (30-Sep-2020) de la Autorización al OOMSAPAS de Los Cabos, para que lleven a cabo el proyecto de acciones de mejora integral de gestión y el 2735 (17-Nov-2020) que aprueba la Reelección del Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Paúl Razo Brooks.

“Estamos en presencia de lo que jocosamente se conoce como ¨veto de bolsillo¨, es decir, no se promulga y no se publica un decreto o una ley  simplemente por que no se quiere, no importando que con ello se repudien las obligaciones constitucionales que la norma le impone al gobernante dentro del proceso legislativo”, afirmó la iniciadora.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de que los fideicomisos sean sujetos de fiscalización, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena así como el diputado sin partido Homero González, propusieron reformar el Artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

El Grupo iniciador en voz de la diputada Milena Quiroga Romero, expusieron que lamentablemente los fideicomisos públicos han sido utilizados para cometer malos manejos de los presupuestos públicos, dado que los fondos ahí concentrados son considerados fuera de regulación y fiscalización, generando así, un daño a las arcas públicas.

Sustentan la iniciativa en la legislación de transparencia y acceso a la información pública la cual considera a los fideicomisos, integrados total o parcialmente por recursos públicos, como un sujeto obligado.

Argumentan que hay una contradicción entre la Constitución General y la Ley de Deuda Pública estatal, ya que la Constitución faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos transferidos a fideicomisos, así como que el Artículo 110, que considera a los fideicomisos integrados con recursos públicos como sujetos a las leyes que regulan la administración pública y, por tanto, como sujetos a juicio político, en tanto la Ley de Deuda Pública para el estado exige como requisito para integrar los fideicomisos, la aprobación del Congreso del Estado para sustraerlos de la esfera pública y, por lo tanto, de las leyes en materia de acceso a la información, control de gasto público, fiscalización y demás normatividad que rige el ejercicio de los recursos públicos.

En Baja California Sur existen 12 fideicomisos constituidos total o parcialmente por recursos públicos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Milena Quiroga Romero, presidenta de la Comisión Permanente del Agua en el Congreso del Estado de Baja California Sur, llevó a cabo una mesa de análisis de dos iniciativas ciudadanas que buscan reformar la Ley del Aguas estatal, a fin de beneficiar a los usuarios y al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de La Paz, informó el Congreso sudcaliforniano.

En reunión celebrada en la Sala de Comisiones con los iniciadores, Yasshir García Pantoja y Javier Rodríguez, la legisladora escuchó sus planteamientos acerca de la propuesta; expusieron que ambas iniciativas ayudan a los usuarios, tanto como al ordenamiento administrativo y financiero del organismo operador.

Comentaron que el organismo requiere de cambios que den mayor eficiencia en el manejo de los recursos financieros, por lo que sus propuestas abracan desde la administración, recursos humanos, obras de infraestructura, entre otros.

En el encuentro, la legisladora explicó el procedimiento y formato de las iniciativas ciudadanas así como las propuestas.

“Es una reforma importante que trata de beneficiar a todas las partes, sobre todo a los usuarios, estuvimos platicando del contenido, y me parece una iniciativa muy buena, muy interesante”, expuso.

Entre los acuerdos resolvieron realizar una segunda mesa de trabajo para avanzar en el proceso legislativo de las iniciativas que en las siguientes sesiones se pudieran estar presentando en el Pleno.