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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para implementar mejoras en derechos mínimos de los trabajadores que brindan seguridad a los sudcalifornianos garantizándoles herramientas y medios para cumplir con sus funciones, comisiones, la diputada Milena Quiroga presentó ante el pleno iniciativa con proyecto de decreto que crea la “Ley de prestaciones de seguridad social de las instituciones de seguridad pública, policiales y de procuración de justicia del estado de Baja California Sur”, informó el Congreso sudcaliforniano.

En su exposición de motivos, la legisladora enfatizó que entre las Instituciones de Seguridad Publica, Policiales y de Procuración de Justicia, son los más, las mujeres y hombres que actúan con apego al Estado de Derecho y que luchan día a día para su conservación y respeto, sin embargo, el trato que generalmente se les da, no corresponde al sacrificio y lealtad para nuestro que Estado y País demuestran ellos.

Cabe recordar que recientemente, representantes de corporaciones de seguridad pública entregaron a la legisladora la iniciativa ciudadana que busca mejorar los derechos de los trabajadores, así como sus condiciones salariales, solicitando que se adaptara al marco jurídico estatal.

“Desde que recibí el planteamiento de esta nueva ley, la acogí convencida que los miembros de las Instituciones de Seguridad Publica, Policiales y de Procuración de Justicia, son mujeres y hombres de gran valía, que merecen un trato digno y el pleno respeto de sus derechos humanos como cualquier otra persona, tal y como lo estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expresó en tribuna la representante popular.

Así mismo, reconoció que no se puede hablar y exigir seguridad ciudadana, si no se empieza por crear condiciones que favorezcan aquellos que son precisamente los directamente encargados de su preservación.

Dicha iniciativa, fue turnada a las Comisiones de Asuntos laborales Salud de la familia y Asistencia Pública, para su estudio y análisis.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó y resolvió en forma definitiva que son constitucionalmente validos los Artículos tanto de la Constitución local como de la Ley de Equilibrio Ecológico estatal, que establecen la obligación al Gobernador del Estado, de decretar zonas de salvaguarda, la diputada Milena Quiroga Romero propuso un punto de acuerdo para llamar al Ejecutivo estatal a publicar el decreto 2576 relativo a zonas de salvaguarda, en razón de ya no hay ningún impedimento jurídico, informó el Congreso de Baja California Sur.

Desde la tribuna, Quiroga Romero solicitó al Ejecutivo Estatal que cumpla con la obligación que el decreto 2576 establece a su cargo y proceda a la expedición del decreto o decretos relativos a las Zonas de Salvaguarda Territoriales para Prevención de la Contaminación previstas tanto en la Constitución Política como en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental de Baja California Sur.

Recordó que la reforma aprobada por unanimidad de la XV Legislatura y ratificada por la SCJN, tiene la finalidad de poder evitar la práctica de cualquier tipo de actividad o actividades que causen o puedan causar contaminación, desequilibrio ecológico o afectación al equilibrio de los ecosistemas.

Por ello, las modificaciones fueron para otorgar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal la facultad de decretar por causas de utilidad pública Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación.

Quiroga Romero explicó que después de desahogados los tramites de ley el 11 de enero de 2021, la Suprema Corte de Justicia confirmó lo legislado por el Congreso respecto de las zonas de salvaguarda, no dándole la razón a quienes la interpusieron.

Destacó que, por otro lado, la comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión exhortó a todos los congresos locales del país a armonizar y fortalecer su legislación local en materia de justicia ambiental.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). En sesión extraordinaria, la noche del 02 de febrero, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó la solicitud de licencia de la diputada Milena Paola Quiroga Romero, representante del Cuarto Distrito electoral e integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, informó el Congreso de Baja California Sur.

Teniendo como único punto del orden del día, se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente después de las 21:00 horas.

Con base en el Artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la solicitud de licencia fue presentada por la diputada ante la Mesa Directiva presidida por el diputado Homero González Medrano.

De acuerdo al oficio enviado por la legisladora, la solicitud de licencia temporal correrá a partir del día 02 de febrero al lunes 08 de febrero de 2021.

La Mesa Directiva de la Diputación Permanente aprobó por unanimidad la referida solicitud.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). A fin de establecer una legislación que permita regular las obras de pavimentación que se realizan en Baja California Sur tanto por el Gobierno estatal como municipales, y garantizar a la ciudadanía que se realicen obras de calidad, la diputada Milena Paola Quiroga Romero propuso la creación de la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

Los sudcalifornianos podríamos tener la certeza que las obras futuras de pavimentación que se realicen por  parte del Gobierno del Estado o de los Ayuntamientos, estarían sujetas a estrictos controles de calidad, lo que aumentaría considerablemente su periodo de vida útil en buenas condiciones, expuso la iniciadora durante la Diputación Permanente de este 26 de enero.

La representante del Grupo Parlamentario de MORENA, recalcó que el objetivo es garantizar que cada obra de pavimentación o de rehabilitación cumplan con las características adecuadas en materia de calidad y rodamiento seguro, así como que se trata de eliminar cualquier posibilidad de construir obras de pavimentación de baja calidad, que en muchos de los casos resulten costosas pero que sus componentes sean de ínfima categoría.

El proyecto de ley está integrado por 118 Artículos organizados en seis capítulos. El primer capítulo establece las disposiciones generales, el objeto de la ley, creación de un consejo técnico y su marco de atribuciones, laboratorios acreditados, perfil de los profesionales responsables, así como lo correspondiente al procedimiento para la elaboración y modificación de las normas técnicas estatales que habrán de ser de cumplimiento obligatorio.

El capítulo segundo se refiere a la estructuración que deberán tener los pavimentos considerando diversos aspectos como el nivel de tráfico y el aforo de vehículos en sus distintos niveles.

El capítulo tercero se refiere a la textura y acabados de los pavimentos; el capítulo cuarto regula la calidad de los materiales y el control de calidad de las capas de pavimentos nuevos en áreas rurales y urbanas. En el capítulo quinto se establecen las disposiciones normativas relacionadas con la rehabilitación de pavimentos y en el capítulo sexto contempla infracciones y sanciones.

En los Artículos transitorios señala que en caso de aprobarse la propuesta de ley, entraría en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con la intención de conceder un espacio de tiempo para llevar a cabo las acciones necesarias que permitan una correcta implementación de la ley desde el primer día que inicie su vigencia. Por otra parte, se establece que las obras de pavimentación que a la fecha de entrada en vigor de la Ley se encuentren aprobadas o en ejecución, se concluirán en los términos que se hubieren autorizado.

La Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur contará con un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, para emitir las normas técnicas, en tanto que los Ayuntamientos ajustarán su reglamentación en la materia, en un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la Ley.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Previo a la sesión de este martes 19, la Mesa Directiva de la Diputación Permanente recibió a una comisión de las secciones municipales y Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único de Burócratas al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, quienes pidieron la intervención del Congreso del Estado, para que se regularice el retraso del pago de nómina a los trabajadores de los Ayuntamientos de Mulegé y Comondú, que representan un monto aproximado de 30millones de pesos, de una quincena y bono en el caso de Mulegé y de las ultimas 2 quincenas de 2020, bono y complemento de aguinaldo en el caso de Comondú, informó el Congreso sudcaliforniano.

La comisión encabezada por Guillermo Hernández Floresta, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal, Mauricio Higuera Cota, Secretario General del Comité Ejecutivo Sección La Paz, Cecitly Navarro Martínez, Secretaria General de Comité Ejecutivo Sección de Comondú, Tirso Baltazar Geraldo, Secretario General del Comité Ejecutivo Sección Mulegé, Francisco Duarte, Secretario General del Comité Ejecutivo Sección Loreto y José Ángel Ruiz, Secretario General del Comité Ejecutivo Sección Los Cabos, informaron los acuerdos de su reciente asamblea en la que contemplan realizar un paro de labores e interponer una demanda laboral o amparo para salvaguardar sus derechos laborales.

La Secretaria de la Mesa Directiva, diputada Milena Quiroga Romero les explicó que el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Fiscal del Estado para el ejercicio 2021, en el que se aprobó aumentar de 24 a 26% las participaciones federales a los municipios, lo cual beneficiaría los ingresos municipales, pero que lamentablemente fue vetada por el Gobernador del Ejecutivo.

Por su parte el Presidente de la Mesa Directiva, diputado Homero González Medrano, les dijo que impulsarán su gestión, esperando que en breve sean regularizadas sus percepciones.