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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La sociedad sudcaliforniana se ha vuelto un crisol de personas, de las cuales muchas han venido de otros Estados de la República y de otros países. De acuerdo al censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, la Entidad contaba con 637,026 habitantes, de los cuales cuatro de cada diez nacieron en otros Estados del país. Además, debe considerarse a los extranjeros que llegaron para radicar en la entidad. El arribo y el establecimiento de personas de otros lugares tiene consecuencias de diversa índole, que pueden ser consideradas positivas o negativas, de entre éstas me ocuparé del enriquecimiento cultural que puede derivar en una mayor participación ciudadana en la vida política.

En lo referente a extranjeros, actualmente el Instituto Nacional de Migración (INM) calcula que en la entidad hay más de 60 mil, de los cuales alrededor del 40% tienen residencia permanente —principalmente procedentes de Estados Unidos. Si se considera que en el año 2 mil el número de extranjeros residentes en el Estado se estimaba en poco más de 3 mil, el incremento de ellos ha sido considerable en los últimos 18 años. Algunos han llegado para establecerse y otros lo hacen por temporadas; pero en los dos casos, dichas personas se integran a la sociedad sudcaliforniana, lo que, como en todo proceso de aculturación, genera contacto entre los pensamientos de los que conviven.

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Debido a lo anterior es que inmigrantes interestatales, internacionales y nativos cohabitan dentro de una sociedad sudcaliforniana que se renueva constantemente, lo que permite el enriquecimiento cultural de los individuos, pues entre estos se comparten experiencias de vida; lo que puede incluir preparación académica, prácticas de protesta ciudadana, así como diversos tipos de politización, desde las más simples representaciones ideológicas hasta los más complejos pensamientos filosóficos. Y es que el pensamiento es ágil y no conoce fronteras, sólo necesita receptores para amplificarse, dispersarse, reproducirse y repetir su ciclo de incubación y crecimiento.

Puede pensarse que la media península, por su situación geográfica, se encuentra alejada y solitaria, casi rodeada por mar y separada por cientos de kilómetros de tierra del resto de México. Y es así, pero sólo en lo geográfico, pues actualmente con las tecnologías de la comunicación, Sudcalifornia está más conectada al resto del país y al extranjero que en cualquier otro período de la historia, y en este sentido la comunicación se ampliará y se mejorará cada vez más. Esa combinación entre una sociedad multicultural con el advenimiento de las tecnologías de la comunicación, principalmente el de la Internet, ha convertido a un sector de la población en un activo contribuyente a la vida política en el nivel de participación ciudadana para la observación del ejercicio público de nuestros gobernantes.

Desde hace poco más de diez años, la sociedad sudcaliforniana ha participado activamente en la toma de decisiones respecto a su entorno social y medioambiental; para Sandino Gámez, el caso de la defensa de la playa de Balandra, que tuvo su máximo apogeo entre 2004 y 2008, representa una coyuntura en la relación Gobierno – Sociedad. A partir de este caso, la comunidad ha participado más dinámicamente en la defensa de su territorio, en el ejercicio de sus derechos, y en la observación del trabajo de las autoridades. Y, a este respecto, aunque los temas son muchos sólo enfocaré mi reflexión a dos asuntos, que por desgracia se han convertido en conflictos sociales; por un lado, el establecimiento de empresas mineras y, por el otro, el de los grandes desarrollos inmobiliarios, principalmente los relacionados al sector turístico.

Ciudadanos protestando contra el despojo.

En dichos conflictos, la participación de la ciudadanía ha sido fundamental en la observación del ejercicio de nuestras autoridades en todos los niveles del gobierno, sobre todo en la exigencia de transparencia en los procesos de autorización para el establecimiento de las empresas mineras y los desarrollos inmobiliarios. Procesos en los que intervienen diversos grupos empresariales —muchos de los cuales están integrados por partes nacionales y extranjeras—, así como autoridades municipales y estatales, e incluso federales obligadas a participar, aunque no competentes en todos los casos y, por supuesto, la sociedad sudcaliforniana que en su mayoría está en contra de los desarrollos en ambos ramos.

En los asuntos concernientes a la minería y los desarrollos inmobiliarios, la mayoría de los involucrados, directa o indirectamente, son sudcalifornianos, ya sea de origen o por elección, incluidas las personas opositoras, las autoridades del Estado y los empresarios. De este conjunto, las autoridades tienen la obligación de obrar en el resguardo y beneficio del desarrollo social de sus gobernados, incluidos los extranjeros; pues ellos deben atenerse a la mayoría de las leyes que rigen a toda la población —además de otras leyes particulares a su situación de inmigrantes—, y esto es así por el simple hecho de que una vez que llegan al territorio estatal son responsabilidad de las autoridades correspondientes.

En la interacción de los tres grupos mencionados —sociedad en general, empresarios y autoridades— se debería percibir al de la autoridad como el fiel de la balanza en los procesos de autorización a los proyectos de las empresas aludidas, siempre observando y haciendo valer la ley en beneficio de las otras dos partes involucradas, pero anteponiendo el interés público y el bienestar social sobre los intereses empresariales, aunque la realidad es otra. La tendencia de las autoridades de favorecer a los grandes empresarios ha llevado a gran parte de la ciudadanía a realizar enérgicas protestas, y en algunos casos a la exigencia de juicios políticos contra los que consideran traidores a la sociedad por su “inexplicable” inclinación a beneficiar diversos proyectos mineros y desarrollos inmobiliarios.

Mantas sobre pedido y acarreados a manifestación en Cabildo, La Paz (2015).

Por el lado minero se tienen las tentativas de despojo de ciertos territorios, en los que diversas corporaciones intentan establecerse, principalmente al sur de la península, de cuyos casos sobresale el de instalar la megamina a tajo abierto Los Cardones en la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, “tinaco natural” de muchas poblaciones, entre ellas La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo y Todos Santos; además de decenas de poblaciones más de menores dimensiones, que dependen del abastecimiento de agua del sistema de recarga natural de la sierra. En el mismo rubro, pero al Noroeste de la media península tenemos el despojo que se ha intentando llevar a cabo en el Pacífico, referente a la instalación de un proyecto minero submarino para extraer fosforita en el Golfo de Ulloa; asunto que ha sido motivo de una larga confrontación entre la ciudadanía y la prensa local con las empresas mineras y las autoridades.

Los dos casos mineros mencionados son los más notorios debido a la magnitud de los proyectos, las compañías y a los personajes involucrados por el lado de los grupos empresariales; así como por el gran disgusto que han generado entre la sociedad y que ha sido manifestado de manera abierta, incluso con la toma de carreteras.

Manifestación contra la megaminería y el despojo carretero y de playas, Cabo San Lucas (2015).

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Roberto E. Galindo Domínguez.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Termina el 2018, y en términos generales, debemos estar satisfechos con los logros alcanzados en nuestra lucha contra la entrada en operación de la megaminería tóxica en BCS.

Culminó el largo proceso judicial iniciado por la empresa minera, a partir de un documento apócrifo que intentaron hacer valer como autorización municipal de uso de suelo; al final del proceso, la justicia federal sólo les reconoció el derecho a ser oídos (garantía de audiencia) por la autoridad municipal, que en cumplimiento a la sentencia de amparo les informó que no existe constancia alguna de la expedición de permiso a su favor, lo que se traduce en que la minera, de insistir en su pretensión, deberá iniciar desde cero, el trámite de solicitud de autorización.

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Este año también festejamos que la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Estado, negó a la minera la autorización de cambio de uso de suelo forestal. Y la cereza del pastel, fue la suspensión definitiva otorgada por un juez federal, a la autorización de la Semarnat en materia de impacto ambiental, lo que prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad relacionada con la minería, hasta en tanto y cuanto no concluya el juicio de amparo en el que se generó la suspensión otorgada.

Iniciaremos en enero con la presentación de diversas demandas de amparo, tendientes a obtener la cancelación definitiva de la concesión otorgada a la minera. Para tener un panorama objetivo del lugar en que nos encontramos en este momento, revisemos el listado de permisos y autorizaciones que se requieren  para poder realizar obras y actividades de explotación minera en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna:

1.- Concesión para la explotación de los recursos minerales (Ley Minera).

2.- Autorización de la Semarnat en materia de Impacto Ambiental por el cambio de uso de suelo y por el tipo de obra (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).

3.- Autorización de la Semarnat en materia de cambio de uso de suelo de forestal a industrial (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable).

4.- Autorización de la Semarnat para el manejo de especies de la flora y fauna silvestre (Ley General de Vida Silvestre).

5.- Autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consistentes en el permiso para la realización de obras de infraestructura hidráulica, la concesión para la ocupación de terrenos federales y la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales (Ley de Aguas Nacionales).

6.- Autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tratándose de obras y trabajos de exploración y explotación de recursos mineros en áreas naturales protegidas (Ley Minera y reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas).

7.- Permisos y licencias municipales de construcción y de uso de suelo (Ley Orgánica Municipal y reglamentos municipales).

Analizando el listado, encontramos que a la fecha, la minera sólo cuenta con el título de concesión minera. Todos los demás requisitos, han sido suspendidos, negados, o están pendientes de tramitación y en cada caso, desde la sociedad civil estamos organizados para plantear una oposición técnica, jurídica y de ser necesario, recurrir a la movilización social.

2019: No bajar la guardia

Debemos estar satisfechos con los logros obtenidos este año, pero no debemos bajar la guardia; si queremos seguir siendo la entidad que ha frenado la minería antes de su entrada en operación, debemos seguir trabajando incansablemente en los tres frentes que han sido el pilar de nuestro éxito:

1- Difusión, información, capacitación y participación ciudadana en las redes sociales.

2- El mandato ciudadano específico, pugnando por el blindaje legal de la entidad, y la lucha en los tribunales judiciales y/o administrativos.

3- La movilización social, cuando ello sea necesario.

Si bien hemos ido cosechando victorias en forma permanente, lo cierto es que debemos estar muy atentos. El 2018 también significó un cambio en toda la estructura gubernamental, y la nueva administración federal da visos peligrosos en materia ambiental; hemos sido testigos de cómo se ha ordenado el inicio de las obras del llamado Tren Maya, sin haberse realizado previamente los estudios de gabinete, sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sin consensuar con las etnias originarias de la zona.

Ese alarmante precedente, y el hecho de que el dueño de la empresa minera que amenaza nuestra entidad es un personaje cercano al titular del Ejecutivo, nos hace considerar imperativo mantenernos muy atentos al devenir de la tramitología y estrategias a desplegar por la minera.

Debemos poner a trabajar a nuestros diputados y senadores federales, para alcanzar el blindaje efectivo de la entidad; a la fecha, sólo hemos visto intentos aislados e ineficientes, de legisladores empeñados en llevarse el mérito del blindaje. Parecen parvularios en competencia de preescolar.

En el listado de requisitos que publicamos, está la normatividad federal que debe modificarse, a través de una reforma legal integral, armónica, del marco regulatorio, para garantizar el blindaje. Se necesita que nuestros legisladores federales cierren filas, y lleven a cabo una labor conjunta de adecuación legislativa. Desde la sociedad civil, las distintas organizaciones que integran el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, se reportan listas para participar decididamente en el proceso.

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