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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, en su carácter de presidente, junto con las demás integrantes de la Comisión Permanente de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la XV Legislatura del Congreso de Estado, dio lectura ante la Asamblea el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma la fracción I del Artículo 13, el párrafo primero del Artículo 14 y el título del capítulo segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California Sur, en materia “del derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo”, informó el Congreso sudcaliforniano.

La paz es también un derecho humano que tienen todas las niñas, niños y adolescentes: tienen derecho a vivir en paz. La paz no es sólo ausencia de conflictos armados, internos o internacionales. La paz es un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y para la paz, dijo la legisladora en la última sesión ordinaria del primer periodo del tercer año de ejercicio.

La reforma consiste en una armonización con la Ley Nacional, en ese contexto Maciel Ortiz dijo estamos convencidos que la niñez en el Estado desea que se asegure su porvenir, y de que la paz, la libertad y la justicia figuren entre sus principales derechos para lograr sus aspiraciones, dado que estamos conscientes del importante papel que las niñas, niños y adolescentes desempeñan en todas las esferas de la actividad de la sociedad, y del hecho de que está llamada a dirigir los destinos de la humanidad y de la niñez de hoy en día.

Consideramos positivo el hecho de contemplar en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Baja California Sur, tan importante precepto, ya que es indispensable que este derecho no se maneje de manera implícita, si no que exista una reglamentación que tenga certeza jurídica ante la Ley.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso de Baja California Sur exhortó a los cinco Organismos Operadores Municipales del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a que suministre agua potable de forma continua a la población, garantizando el derecho que les otorga la Constitución del Estado, informó el Congreso sudcaliforniano.

Así mismo, exhortó a CONAGUA para que en coordinación con cada instancia municipal, vigilen los costos y venta de agua por pipas, ya que no está regulado y las denuncias por abuso son frecuentes, por parte de la ciudadanía en los cinco municipios.

La iniciadora del exhorto, fue la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, afirmando que con base en diversas quejas de ciudadanos (en principio habitantes de esta ciudad capital), que desde hace varios meses se les ha reducido el suministro del vital líquido.

Al subir a tribuna, la luchadora social adujo que el suministro del vital líquido tarda hasta quince días, sobre todo en las colonias antiguas del centro de esta capital, en tanto que las pipas (que tienen capacidad e diez mil metros cúbicos) de agua la venden como si surtieran completo y casi ninguna casa tiene un contenedor de esa capacidad,

“Esto no tiene que ver con cuestiones de índole política, hoy en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el agua es un derecho”.

La proposición con punto de acuerdo presentada por Maciel Ortiz, logró el consenso de sus homólogos, quienes coincidieron que en estos más momentos de pandemia, cuando la gente debe contar con el vital líquido para lavarse constantemente las manos.

Los parlamentarios solicitaron que el exhorto se extendiera a los cinco municipios, ya que cada uno en su distrito, ha recibido denuncias y quejas similares, por lo que esperan respuesta y solución por parte de las autoridades implicadas.

Maricela Pineda García; Lorenia Montaño Ruiz, Milena Quiroga Romero, Soledad Saldaña Bañalez y Carlos Van Wormer, intervinieron a favor del documento presentado por Maciel Ortiz, agregando que no hay concesiones para la venta de agua, por lo que pidieron la intervención inmediata de Comisión Estatal de Agua y organismos operadores.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Los diputados Esteban Ojeda Ramírez, María Mercedes Maciel Ortiz, y María Petra Juárez Maceda, integrantes de la Comisión de Educación, presentaron una iniciativa que expide nueva Ley de Educación para Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

Dicha iniciativa destaca la inclusión de la educación inicial como parte fundamental de los derechos de niñas y niños, así como la obligación del Estado Mexicano de impartirla y garantizarla; el establecimiento de la obligatoriedad de la Educación Superior; la sustitución del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, por el Sistema Nacional de la Mejora Continua de la Educación; la institucionalización del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas que radiquen en la entidad.

Su propósito es regular la educación impartida por autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados, los municipios y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Esteban Ojeda Ramírez, adujo en tribuna que la nueva reforma es una profunda transformación en el Sistema Educativo Nacional, entre las que se destaca crear protocolos para atender y prevenir el abuso sexual Infantil y contar con distintos instrumentos locales que establecen la obligación fundamental de la comunidad educativa de salvaguardar la integridad física, psicológica y social del alumnado dentro de los planteles y garantizar un entorno libre de violencia que les permita gozar plenamente del derecho a la educación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada María Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo, presentó ante el Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa para reformar el Código Penal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Orgánica de la Administración Pública, todos del Estado de Baja California Sur para la creación y administración del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, informó el Congreso sudcaliforniano.

Durante la sesión del 24 de noviembre y en el marco del Día de la No Violencia contra las Mujeres, la diputada Maciel expuso en tribuna que lamentablemente Baja California Sur es uno de los estados en donde más violencia sexual sufren las mujeres, por ello la propuesta para la creación de dicho registro, como una herramienta útil y de protección de la sociedad hacia las mujeres y niñez, en el sentido de saber que quienes rodean, no son agresores sexuales.

Expuso que dicho registro estará dentro del Título Séptimo, Capítulo Único bajo la denominación “Registro Público De Agresores Sexuales” integrado por los nuevos Artículos 52, 53, 54, 55 y 56; en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California Sur, este registro quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Abundó en que esta medida únicamente pretende ser un eslabón más que contribuya a una lucha para proteger a las mujeres y a la niñez sudcaliforniana principalmente de delitos sexuales que sin duda las dañan de manera grave.

Este registro, el cual existe en algunos estados de la república y países, permitirá a las autoridades conocer su ubicación y en caso de ser necesario para la seguridad ciudadana, alertar a las personas para prevenir actos que puedan dañarlos.

Fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas para su análisis y dictaminación.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada por el PT en el Congreso del Estado de Baja California Sur, María Mercedes Maciel Ortiz propuso reformar los Códigos Penal, Civil y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para legislar la prohibición del maltrato, violencia, castigo excesivo y humillación de niñas, niños y adolescentes en Baja California Sur, informó el Congreso de Baja California Sur.

Durante la sesión ordinaria del 10 de noviembre, la legisladora explicó que esta propuesta legislativa tiene como objeto principal prohibir y erradicar la violencia, maltrato, humillación y castigo excesivo contra la niñez del Estado de Baja California Sur, es decir, revisar qué tipo de castigos se les aplican a los menores, pues consideró que tipificar los delitos es necesario para evitar que a la postre generen adultos violentos.

La propuesta reforma los Artículos 7, 37, 39, 40 y 85 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar en la fracción V el concepto de “castigo corporal o físico” denominado como: “todo castigo en el que se utilice la fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve”.

Así como el concepto de “crianza positiva”, en la fracción VIII denominada como: “la enseñanza de niñas, niños y adolescentes, la cual se basa en fijar las metas para aprender, darles información, apoyarles en su crecimiento y ayudarles a tener éxito, misma que se realiza de forma respetuosa, no violenta y de acuerdo con los principios del desarrollo infantil”.

En tanto en el Código Penal contempla la reforma del Artículo 200 referente a la tipificación de la violencia familiar, agrega a quien castigue corporalmente a una persona menor de edad; en tanto que en los Artículos 484 y 485 del Código Civil referente a patria potestad, homologa la legislación agregando el concepto de la “crianza positiva” en los términos de la normatividad vigente, “de ninguna manera podrá ser a través de cualquier forma de maltrato o violencia física o psicológica que atente contra la dignidad humana, quedando prohibido el castigo corporal”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas y de las Niñas, Niños y Adolescentes para su proceso de dictaminación.