La Sierra de la Laguna frente a la voracidad inmobiliaria
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Ius et ratio
Arturo Rubio Ruiz
La Paz, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, el conflicto ya no es técnico ni administrativo: es político, ambiental y de supervivencia. La Sierra de la Laguna —la principal fábrica de agua del Sur del Estado— se ha convertido en el epicentro de una disputa entre el interés público y la presión de proyectos privados que, bajo discursos maquillados de desarrollo, amenazan el equilibrio ecológico de la región.
Frente a ello, el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, colectivo que agrupa a 34 organizaciones civiles, ha decidido subir el tono: prepara la presentación de un mandato ciudadano para obligar al gobierno estatal a utilizar una herramienta que el poder público ha evitado: la expropiación. No es una ocurrencia. Es una señal de que la ciudadanía está llegando al límite.
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El fondo del problema: agua contra negocio
La Sierra de la Laguna no es intercambiable ni sustituible. Es un ecosistema de más de 112 mil hectáreas que garantiza el abastecimiento de agua para cerca del 90% de la población de La Paz y Los Cabos. En un Estado marcado por el estrés hídrico, eso no es un dato ambiental: es un dato de seguridad pública. Y, sin embargo, sobre ese territorio avanzan proyectos inmobiliarios, turísticos y potenciales actividades extractivas que implican deforestación, presión sobre acuíferos, alteración del suelo y riesgo de contaminación.
El patrón es conocido: desarrollos disfrazados de “sustentables” que, en la práctica, privatizan el territorio y socializan el daño. La acusación: no sólo amenaza privada, también omisión pública
El planteamiento del Frente es frontal: no sólo hay presión privada, también hay tolerancia, complacencia y/o complicidad— de autoridades de los tres niveles de gobierno. La omisión ya no puede esconderse detrás de discursos burocráticos.
En derecho público, cuando una autoridad sabe que existe un riesgo y no actúa, deja de ser neutral: se convierte en parte del problema. En materia ambiental, eso tiene consecuencias graves: el daño no espera trámites, no respeta tiempos políticos, y muchas veces es irreversible.
Expropiar para proteger
Ante ese escenario, el mandato ciudadano rompe la inercia: propone la implementación de un programa integral de expropiación, adquisición o limitación de dominio de los predios privados ubicados dentro de la reserva. Que el Estado intervenga directamente en la propiedad privada cuando ésta pone en riesgo un bien colectivo esencial: el agua.
No se trata de arbitrariedad. La propia Constitución lo permite: la propiedad puede ser expropiada por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Y si algo encaja en ese concepto, es precisamente esto: proteger la principal fuente de agua de toda una región.
Derechos humanos, no caprichos
El planteamiento no se sostiene en consignas, sino en un entramado jurídico sólido. El derecho humano al agua y al medio ambiente sano no es retórico, es exigible.
La Ley General de Equilibrio Ecológico reconoce la preservación del ambiente como materia de orden público. La legislación estatal permite expropiar bienes cuando el interés social está en juego. La Suprema Corte ha validado el principio precautorio, que obliga a actuar incluso ante riesgos no totalmente comprobados.
Y la Corte Interamericana ha sido clara: los Estados deben prevenir daños ambientales significativos. Aquí no hay margen de duda: la autoridad tiene la obligación de actuar.
Tres verdades incómodas
Detrás del mandato ciudadano hay tres afirmaciones que incomodan al poder:
- La Sierra de la Laguna sí es causa de utilidad pública. No por ideología, sino porque sin ella no hay agua.
- La inacción es una forma de violación a derechos humanos. Autorizar —o permitir— proyectos que afecten el ecosistema es comprometer el acceso al agua de miles de personas.
- La expropiación no es radical: es legal y necesaria. Siempre que haya debido proceso e indemnización, es una herramienta legítima del Estado para proteger el interés general.
El fondo del conflicto es más sencillo de lo que parece: ¿Debe prevalecer el interés privado de desarrollo inmobiliario o el interés colectivo de conservar el agua y el equilibrio ecológico? La respuesta jurídica ya existe. La pregunta es si existe voluntad política para aplicarla.
Un punto de quiebre
El mandato ciudadano que está por presentarse no sólo busca activar un procedimiento administrativo. Busca algo más profundo: romper la lógica de permisividad que ha permitido que intereses privados se inserten en zonas ambientalmente estratégicas.
En un estado donde el agua es escasa, la pasividad no es una opción. Porque en Baja California Sur, la disyuntiva ya no es desarrollo contra conservación. Es mucho más directa: o se protege la Sierra de la Laguna, o se pone en riesgo el futuro hídrico de toda la región.
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