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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó por unanimidad exhortar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para que niegue el otorgamiento de las autorizaciones de impacto ambiental a los proyectos “Terminal GNL de Sonora/ Saguaro Energía” (Saguaro), ubicado en Puerto Libertad, Sonora; “American Mexican Integrated Gas Operations” (AMIGO), ubicado en Guaymas, Sonora; y “Vista Pacífico LNG” (VPLNG), ubicado en Topolobampo, Sinaloa. Así como a que revise y, en su caso, deje sin efectos las autorizaciones previamente otorgadas.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los incisos a) y b) de la fracción III del artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que establece que se deberá negar la autorización solicitada cuando se contravenga lo establecido en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables o cuando la obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies.

Del mismo modo se exhortó a la SEMARNAT para que en coordinación con los gobiernos de los Estados de Baja California Sur, Baja California, Nayarit, Sinaloa y Sonora, inicie el proceso de revisión, modificación y actualización del POEMGC, a efecto de que incluya de manera explícita que la instalación de infraestructura industrial asociada a la exportación de combustibles fósiles, y la navegación de buques que los transporten, pueden ser incompatibles con la vocación natural del área que abarca y, con ello, promover la congruencia de las políticas de desarrollo en la región.

En tribuna, la promovente, diputada Lupita Saldaña Cisneros, indicó que, si bien las plantas de licuefacción no se ubican en Baja California Sur, los impactos potenciales de estos proyectos no se limitan a los sitios terrestres donde se pretende su instalación, sino que se extienden al área marina por el tránsito recurrente de buques cisterna por medio del Golfo de California.

“Si bien es cierto que estos proyectos podrían contribuir con el crecimiento económico, tanto a nivel regional como nacional, hay voces de habitantes de la región, de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales, que consideran que no deben ser autorizados y, por ende, llevarse a cabo en estos lugares”, manifestó, en tribuna.

En su intervención, la diputada Karina Olivas Parra, quien se mostró a favor del exhorto, recordó que previamente presentó un punto de acuerdo (abril de 2025) para oponerse a proyectos energéticos que amenazan los litorales y la vida marina del Golfo de California. Advirtió que los proyectos Saguaro, AMIGO y VPLNG podrían dañar la fauna marina y el equilibrio ecológico. Reafirmó su compromiso de defender el medio ambiente, el mar, el agua y la tierra, y aseguró que su voto será siempre a favor de las causas que defiendan el medio ambiente.

Por su parte, el diputado Sergio Huerta Leggs señaló que, aunque ya se había aprobado un punto de acuerdo sobre este problema ambiental, no se han visto resultados y ahora existen más proyectos que aumentan la preocupación por el cuidado y preservación del Golfo de California, al ser una región compartida por varios estados y fundamental por su biodiversidad y actividades económicas como la pesca y el turismo. Razón por la cual respaldó la postura de la promovente, de proteger el medio ambiente. Añadió que se incluya en el exhorto, solicitarles a los gobernadores de los estados involucrados, a revisar a fondo la viabilidad de los proyectos energéticos, debido al riesgo que representan para los recursos naturales y las futuras generaciones.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En la primera sesión del periodo ordinario del Congreso de BCS, la diputada Lupita Saldaña Cisneros (PAN) propuso reformas a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) para establecer medidas integrales a las autoridades para las investigaciones y tipificar el delito de cohabitación forzada de menores de edad en el Código Penal para Baja California Sur; la finalidad es equiparar la pena de prisión con la legislación federal a quien impulse el matrimonio infantil en la entidad.

Y es que, a pesar de que el matrimonio infantil está prohibido por ley en todo México, las uniones informales continúan acostumbrándose en regiones del país, sobre todo en poblaciones rurales e indígenas, afectando y violentando los derechos de menores de estos sectores. En la entidad se han detectado en el municipio de Mulegé.

La legisladora puntualizó que las instituciones deben contar con herramientas para que se sancione severamente a quien promueva este tipo de ilícitos y erradicarlos, por ello, la propuesta legislativa adiciona el artículo 38 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para determinar que el Estado y los municipios deberán adoptar medidas integrales para la protección de NNA contra las prácticas nocivas consuetudinarias.

Medidas que deberán establecer acciones afirmativas respecto a NNA que formen parte de comunidades indígenas, afromexicanas, con discapacidad o en situación de migración o desplazamiento o en exclusión social.

En el Código Penal se aumenta la pena hasta en una mitad, equiparándola con la pena federal (8 a 15 años de prisión), si la víctima es de origen indígena o afromexicana, con discapacidad; cuando se cometa mediante violencia física, psicológica, moral o económica o que el autor tenga parentesco, tutela, guarda o custodia del menor.

El espíritu de la iniciativa privilegia el interés superior de la niñez sobre cualquier consideración cultural; establece que ni el consentimiento del o la menor de edad, ni los usos y costumbres podrán alegarse como justificación para eximir de la responsabilidad penal.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó hoy la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en Baja California Sur, con 18 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, propuesta por la diputada Lupita Saldaña Cisneros, del Partido Acción Nacional.

Su propósito es acercar el conocimiento a la gente, para que no sea sólo asunto de investigadores o universidades, sino que sirva para resolver los problemas de todos los días, como el acceso al agua, la salud, el empleo o el cuidado del medio ambiente.

Se trata de una ley que establece, desarrolla y específica el derecho humano a la ciencia, reconocido por la Ley General y por la Relatoría Especial de la ONU.

La creación de esta ley coloca a Baja California Sur, como una de las primeras entidades federativas que cuenta con una ley moderna, útil y alineada a la visión nacional e internacional que impulsa la ciencia con sentido humano y de beneficio colectivo.

Durante su intervención en tribuna, la diputada Lupita Saldaña Cisneros destacó que su propuesta incorpora las humanidades, ciencia tecnologías e innovación, acorde a la ley general, establece figuras novedosas alrededor del derecho humano   la ciencia, entre otras: principios rectores de la formación, investigación, divulgación y el desarrollo de proyectos  en la materia, las bases para la formulación e implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas del estado en la materia.

Implica el fomento, promoción, instrumentos y acciones para detonar las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, como elementos fundamentales del desarrollo integral y sustentable de la entidad y establece bases de las políticas públicas para la protección del medio ambiente y el acceso al agua potable en el Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Integrantes de la Comisión de Permanente de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado presentaron un punto de acuerdo, para llevar a cabo la entrega del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2025 el próximo 9 de diciembre en la sala “José María Morelos y Pavón” del Poder Legislativo, como parte del impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación en Baja California Sur.

Este reconocimiento, establecido en el Artículo 49 de la Ley Estatal de Ciencia y Tecnología, tiene como objetivo distinguir a investigadoras, investigadores y tecnólogos cuya labor contribuya significativamente al desarrollo social, económico y ambiental del Estado. La convocatoria está dirigida a instituciones de educación superior, centros de investigación y organizaciones civiles, quienes podrán registrar candidaturas del 20 de octubre al 14 de noviembre.

La diputada Lupita Saldaña Cisneros, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología destacó que Baja California Sur es una de las entidades con mayor número de investigadores per cápita en México, y cuenta con instituciones científicas de alto nivel como el CIBNOR, CICIMAR, UABCS y el Instituto Tecnológico de La Paz. Subrayó también que este premio no solo es un estímulo económico y simbólico, sino un acto institucional que refleja la voluntad del Congreso del Estado por impulsar el conocimiento como motor de transformación.

El Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología (COSCYT) será el encargado de coordinar el proceso de evaluación y entrega, con el acompañamiento de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Los resultados serán publicados el 2 de diciembre en la página oficial del COSCYT.

La Comisión está integrada además por los diputados secretarios Fabrizio del Castillo Miranda y Erick Iván Agundez Cervantes, quienes reiteran el compromiso de la Comisión de Ciencia y Tecnología de seguir promoviendo iniciativas, reformas y acciones que fortalezcan el ecosistema científico del Estado.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada del Partido Acción Nacional, Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho humano a la protección civil. La propuesta surge como respuesta a las graves experiencias vividas por la entidad ante desastres naturales, especialmente, el huracán Liza en 1976, que dejó severas consecuencias humanas y materiales en La Paz.

Este acontecimiento marcó un antes y un después en la gestión de riesgos en el Estado, evidenciando la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y de atención a la población ante fenómenos naturales. Aunque se ha avanzado en la legislación local, aún persisten retos, particularmente tras la desaparición del FONDEN en 2020, lo cual ha limitado la capacidad de respuesta del Estado.

La iniciativa plantea reconocer la protección civil como un derecho humano integral, vinculado a la seguridad, la vida y el patrimonio de las personas. Propone que el Estado y los municipios asuman como obligación garantizar este derecho, y se contempla la creación de un Fondo Estatal de Protección Civil con recursos estatales, municipales, federales (cuando sea posible) y de los sectores privado y social.

Asimismo, se busca asegurar la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la prevención, atención y recuperación ante desastres, con énfasis en la atención a los grupos más vulnerables, en concordancia con los principios de derechos humanos y el principio pro persona.

También se establece la necesidad de armonizar la legislación estatal con instrumentos internacionales como el Marco de Sendai, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, que promueven la gestión integral de riesgos como pilar del desarrollo sostenible.