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La Paz, Baja California Sur (BCS). Este jueves 10 de abril, la diputada Lupita Saldaña Cisneros presentó al Congreso del Estado una iniciativa que busca que, de manera coordinada, la Secretaría de Salud del Estado y los cinco Ayuntamientos realicen campañas que acerquen a las y los sudcalifornianos vacunas y esterilización de animales domésticos y abandonados, conforme a lo dispuesto en la ley y la Ley Estatal de Salud.

En la exposición de motivos, Saldaña Cisneros refirió que en la entidad persisten dos situaciones contrarias al bienestar animal: la falta de vacunación de muchos animales domésticos para evitar que enfermen e incluso contagien a seres humanos, así como la necesidad de realizar campañas de esterilización para evitar la sobrepoblación, principalmente, de perros. Esta es una situación más riesgosa cuando, en ambos casos, se trata de animales sin dueño.

La legisladora puntualizó que, para evitar una situación sanitaria indeseable, es importante establecer a nivel de ley, las condiciones jurídicas mínimas de la vacunación de mascotas para su posterior desarrollo en programas estatales y municipales de vacunación animal.

Por lo anterior, solicitó la adición legislativa de una definición de vacunación, se faculte a Salud BCS para llevar a cabo campañas de vacunación y esterilización de animales domésticos y abandonados, conforme a lo dispuesto en la Ley Estatal de Salud; adicionar la competencia de los ayuntamientos para vacunar y esterilizar animales domésticos y abandonados, y en coordinación con Salud BCS, establecer que dichas campañas de vacunación y esterilización sean gratuitas y que deban llevarse a cabo por lo menos tres veces al año, para lo cual, en la propuesta de artículo transitorio segundo, se establece que el Congreso de BCS deberá asignar los recursos necesarios para llevar a cabo las acciones en cuestión.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Lupita Saldaña Cisneros (PAN) urgió al Gobierno Federal a que resuelva la crisis laboral de la Exportadora de Sal (ESSA) de Guerrero Negro, así como que designe como Director General “a una persona con la sensibilidad y el perfil adecuado que permita recuperar la estabilidad laboral de la empresa”.

En sesión del Congreso del Estado, Saldaña Cisneros habló de ese conflicto laboral, advirtiendo que en breve podría estallar la huelga. “En los 70 años de existencia de la empresa, nunca había alcanzado tales niveles una confrontación”, dijo.

Saldaña Cisneros llamó a las y los legisladores federales sudcalifornianos a que promuevan la integración de una comisión de investigación de la empresa de participación estatal mayoritaria.

Al Gobernador de BCS pidió que se solidarice con los trabajadores de la Exportadora de Sal y que como integrante del Consejo de Administración, exija que se respete el contrato colectivo de trabajo. En tanto, al Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, le exigió la destitución del director de ESSA, Moisés Poblanno Silva, así como que se reúna con la representación de los trabajadores salineros, para que los escuche.

La legisladora de oposición, refirió que la falta de comercialización de la producción salinera que advirtió en tribuna en septiembre del año pasado, lejos de resolverse se ha agudizado,  lo que afecta no sólo a sus más de mil trabajadores y a los cinco ejidos que le rentan más de 40 mil hectáreas, sino que también afecta a la economía de toda la zona norte del Estado.

FOTO: Diario El Independiente.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a dejar sin efectos jurídicos la autorización de impacto ambiental del proyecto “Baja Bay Club”, otorgado al Fideicomiso Cabo Dorado; a evaluar adecuadamente el estudio técnico justificativo y negar al Fideicomiso Cabo Dorado la autorización de cambio de uso del suelo de terrenos forestales para la realización dicho proyecto; a negar al Fideicomiso Cabo Dorado las concesiones de uso y aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas o superficiales y los permisos de descarga de aguas residuales, por transgredir el decreto de creación y el programa de manejo del Parque Nacional Cabo Pulmo.

En el comunicado de prensa del Congreso del Estado, se lee que la diputada Lupita Saldaña Cisneros promovente del Punto de Acuerdo, añadió que no conforme a lo anterior, viola también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus reglamentos en las Materias de Evaluación del Impacto Ambiental y de Áreas Naturales Protegidas, siendo así preocupante y urgente dejar sin efecto el proyecto.

Finalmente sentenció que, la persona encargada de SEMARNAT en el Estado no corrigió la falta de información actualizada que indicó la CONABIO, lo cual incide en una evaluación incompleta por parte de la autoridad, y no se tomó en cuenta la opinión de la CONANP sobre la no compatibilidad de “Baja Bay Club” con el decreto de creación, y el Programa de manejo del ANP Cabo Pulmo, pudiéndose afectar los componentes bióticos y abióticos y los ecosistemas de dicha ANP, siendo estos aspectos suficientes para negar la autorización, con base en el artículo 35, fracción III, inciso a), de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

En la discusión del tema la diputada Karina Olivas, manifestó estar en contra de todo lo que atente contra las Áreas Naturales Protegidas de BCS, al tiempo que expresó estar en favor de la promovente, “creo firmemente en el desarrollo, pero no en el que ponga en riesgo a los acuíferos, pozos de agua, flora y fauna de BCS”, afirmó, y añadió que se integre un cuarto punto para que se haga una revisión exhaustiva de todas las autorizaciones condicionadas que haya emitido la representación de BCS, en lo que va del presente ejercicio fiscal 2024 y en su caso cancelar y dejar sin efectos a todas aquellas que puedan impactar de forma negativa en áreas naturales protegidas.

Por su parte, el diputado Omar Torres Orozco insistió que las playas deben ser para todas y todos, por lo que solicitó se incluya un quinto punto mediante el cual  se exhorte a la SEMARNAT, PROFEPA y Ayuntamiento de Los Cabos para que realicen las acciones urgentes que garanticen el libre el acceso a las zonas de playa en Cabo Pulmo, una vez sea esclarecido el tema de impacto ambiental.

Finalmente el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, sentenció partir desde la premisa de la conservación del medio ambiente, mostrándose en contra de cualquier proyecto que pueda dañar los ecosistemas de BCS, por lo que, desde el Congreso del Estado, por medio de la comisión especial asignada trabajaran en defender las playas y en general todo aquel ecosistema de BCS.

FOTO: Archivo.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo presentado por la diputada Lupita Saldaña Cisneros (PAN), mediante el cual se le solicitará a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), le sea negada la autorización de Impacto Ambiental al proyecto “La Abundancia” de la empresa “GRE El Rincón”, al exponer que el proyecto en mención viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, la LGEEPA, sus reglamentos en las materias de Evaluación de Impacto Ambiental y de Áreas Naturales Protegidas, y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, afectando el sitio Ramsar y patrimonio de la humanidad “Parque Nacional Cabo Pulmo”.

En tribuna, la representante popular argumentó que el desarrollo inmobiliario en discusión afecta y compromete gravemente los ecosistemas, las bellezas naturales y el patrimonio natural de las y los sudcalifornianos, al contemplar un complejo turístico y residencial con hotel, viviendas, club de playa, áreas de servicios, área comercial, áreas verdes, viabilidades y predios de donación con una superficie de 686 mil 113 metros cuadrados, equivalentes a 68.6 hectáreas.

“No se trata de poner trabas y barreras a los proyectos en el Estado, pero todo proyecto inmobiliario tiene la obligación de respetar el medio ambiente y las normas que lo protegen, para evitar la destrucción de nuestro entorno. Si no tomamos las decisiones correctas, el costo será muy alto y cuando queramos hacer algo será demasiado tarde”, aseveró la diputada a través del comunicado de prensa del Congreso del Estado.

La legisladora puntualizó que, aún y cuando la SEMARNAT señala que se encuentran en proceso de revisión, ésta debió hacerse dentro del procedimiento de impacto ambiental en la oficina de representación y no después de que el pasado 12 de septiembre de 2024 la dependencia le emitiera el resolutivo favorable para la empresa, notificándole el pasado 3 de octubre la autorización en materia de impacto ambiental.

En la discusión del tema, la diputada Karina Olivas Parra, como integrante de la Comisión Permanente de Ecología y Medio Ambiente se mostró a favor al expresar que el proyecto inmobiliario compromete el área natural protegida poniendo en riesgo latente a la flora y fauna de Cabo Pulmo, solicitando que las autoridades en materia ambiental sean transparentes en todos los procesos, abriendo foros a especialistas ambientales y a la sociedad civil, a fin de que se garantice una exhaustiva revisión y cumplimiento de las normas oficiales y las leyes de la materia.

Por su parte, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, quien también mostró su voto aprobatorio, precisó que dicho proyecto fue aceptado antes de que el actual Gobierno Federal asumiera el cargo, del mismo modo, solicitó que además de revertir el permiso otorgado y la realización de una exhaustiva investigación al proyecto, sean sancionados quienes incurrieron en las diversas irregularidades a la protección de los recursos naturales.