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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde hace tres décadas ha habido intentos por establecer una megamina a tajo abierto para la extracción de oro, en el área de la Sierra de la Laguna, en la parte sur de la Entidad. Sin embargo, fue durante el sexenio de Felipe Calderón cuando el riesgo de aprobar la megaminaría tóxica generó un gran conflicto social; en ese tiempo la compañía minera canadiense Vista Gold presentó diversas propuestas de proyectos bajo los nombres de Paredones Amarillos y Mina Concordia, esas peticiones derivaron en una fuerte movilización social. La lucha de la población sudcaliforniana en defensa del agua y la tierra se ha mantenido durante años. La primera parte de este ensayo puede consultarse AQUÍ.

Marrullerías políticas

A finales de julio de 2015 la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología (DGDUE), a cargo de Socorro Isela Fiol Manríquez, otorgó un dictamen técnico de viabilidad y factibilidad a la solicitud de cambio de uso de suelo para los 18 predios que requería Desarrollo Zapal para erigir la megamina (Oficio D.G.D.U.yE./1101/331/2015). Con lo que el proceso de autorización estaba corriendo, ahora faltaba la autorización del Cabildo en pleno. La ciudadanía protestó y encaró con reclamos a Fiol Manríquez, quien se declaró víctima de las presiones de Marco Antonio Núñez Rosas, secretario general del Ayuntamiento de La Paz, quien según ella la obligó a firmar el dictamen. Envuelta en llanto Fiol Manríquez prometió que revocaría su firma.

En septiembre de 2015, a una semana de la renovación del Cabildo y después de dos sesiones supuestamente realizadas los días 9 y 21 de ese mes, el grupo saliente, de mayoría priísta, autorizó el cambio de uso de suelo solicitado por Desarrollo Zapal, y lo hizo en una sesión ilegal pues esta se celebró en el salón de un hotel de la ciudad de La Paz; cabe señalar que se realizó con la ausencia del Presidente Municipal y de dos de los Regidores, éstos últimos quienes señalaron que la documentación signada en dicha sesión era apócrifa. La Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología señaló que no había emitido un nuevo dictamen sobre la viabilidad y factibilidad del cambio de uso del suelo, además del que Fiol Manríquez declaró haber firmado bajo presiones de Núñez Rosas, por lo que la aprobación de algunos integrantes del Cabildo incurría en más de una violación al protocolo y a la legalidad.

Desde que se corrieron los rumores de la aprobación a la minera, la ciudadanía realizó diversas acciones de protesta civil que se iniciaron con la toma de la carretera transpeninsular en Todos Santos el día 23; para el 24 y 25 de septiembre estaban bloqueadas varias carreteras y autopistas de la Entidad, así como los accesos a los aeropuertos de La Paz y de San José del Cabo. Y fue hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general del Gobierno Estatal, se presentó en los bloqueos y firmó un documento en el que se comprometió a dar salida al conflicto, que las vías de comunicación fueron liberadas. Así mismo, del 23 al 27 de ese mes, integrantes del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav)resguardaron el Archivo Municipal para evitar el ingreso del documento apócrifo resultado de la sesión clandestina del Cabildo, y aunque Marco Antonio Núñez se presentó al recinto e intentó regularizar las ilegalidades cometidas, el documento no le fue aceptado.

El 9 de marzo de 2016, Saúl Colín Ortiz, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) no acudió a la audiencia solicitada por la comisión legal del Freciudav; los representantes de la organización ciudadana pedían respuesta a una denuncia, presentada anteriormente, contra la empresa Desarrollo Zapal por haber realizado desmonte en algunas zonas de la Sierra de la Laguna. Las autoridades nuevamente ignoraban el reclamo social. Entre mayo y junio de 2018, durante las campañas electorales para elegir al nuevo Presidente Municipal de La Paz, el Freciudav convocó a todos los candidatos a firmar un documento para que se comprometieran a negar el cambio de uso de suelo para el establecimiento de cualquier empresa minera en la Sierra de la Laguna, excepto los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN), los demás signaron dicho documento.

Tensa calma y reactivación del conflicto

Durante la mayor parte de los años 2016 y 2017 la batalla entre promoventes y ciudadanos se dio mayormente en los medios de comunicación y en las redes sociales; con acusaciones y noticias falsas por parte de los pro-mineros y mediante comunicados y ruedas de prensa informativas por parte de los opositores. Éstos últimos llevaron a cabo eventos informativos en diversas plazas públicas, así como colectas de firmas dirigidas para mandatar a diversas autoridades, legislativas y ejecutivas, a negar la entrada del proyecto Los Cardones y la megaminería en general. La protesta social pacífica se reactivó en las plazas públicas y en las calles el 29 de agosto de 2018 con intensas y nutridas manifestaciones debido a que Desarrollo Zapal, intentó ese mes, de nuevo conseguir el cambio de uso de suelo mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Y aunque ese mismo día por la mañana el presidente municipal de La Paz, de extracción panista, Armando Martínez Vega, ratificó que el cambio de uso de suelo había sido rechazado, también dijo que la empresa podía intentar tramitar los permisos de nuevo. Lo que no aminoró la molestia de los ciudadanos.

Promovente minero flanqueado por guardias de seguridad privada, Cabildo La Paz 2015.

En La Paz, ante la convocatoria del Freciudav, se congregaron alrededor de 1 mil personas afuera del Palacio de Gobierno Estatal para exigirle al gobernador, Carlos Mendoza Davis, realizar un acto contundente contra la minería. Ante la ausencia del mandatario incrementaron el tono de la protesta hasta que Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de Gobierno salió y, micrófono en mano, dijo que “el Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto…”, haciendo referencia a Los Cardones. Sin embargo, ante la insistencia de los manifestantes de dialogar formalmente, de la Peña Angulo aceptó el ingreso de una comitiva de representantes de las diversas organizaciones ciudadanas al recinto.

En la mesa y ante las demandas de integrantes del Freciudav y de otras organizaciones procedentes de Los Cabos y Todos Santos, así como de ciudadanos independientes, de la Peña Angulo, acompañado por Axxel Sotelo, delegado de la Semarnat, se comprometió a elaborar un documento oficial en el que se especificaría la emisión de una iniciativa de ley contra la minería y para la protección ambiental de la Sierra de la Laguna; este documento daría continuidad a lo ya desarrollado por el Freciudav y que sería integrado de común acuerdo por ambas partes y con la participación de las diversas áreas del Gobierno estatal y municipal competentes en la materia, incluyendo al Cabildo saliente y al entrante, así como a las instituciones encargadas del medio ambiente. Ese mismo día se integró y firmó el documento, que menciona: “… el Gobierno del Estado no ha estado, no está y no estará a favor de obras y/o actividades industriales (minería), comerciales o de servicios que atenten contra los derechos humanos y la ecología.

En el caso concreto del pretendido proyecto minero conocido como “Los Cardones”, el Gobierno del Estado de Baja California Sur continúa con la postura de “No viable ambientalmente” como lo hizo del conocimiento de la Semarnat mediante la opinión técnica correspondiente en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 30 de agosto fueron a la explanada del palacio estatal alrededor de 200 personas, muchas de las cuales confesaron a varios medios de comunicación que habían recibido entre 150 y 200 pesos por presentarse al lugar y declararon no saber que hacían ahí. Así, la respuesta de los promoventes mineros ante la protesta social pacífica contra el megaproyecto quedó muy disminuida.

El día 13 de septiembre, el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido al Delegado de la Semarnat, al Consejo Estatal Forestal y a los Regidores y al Presidente Municipal de La Paz; en el primer punto de acuerdo dicho documento señala que: “EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR CONDUCTO DE LA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR EN LA ENTIDAD DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE EN ESTRICTA OBSERVANCIA Y RESPETO DEL MARCO NORMATIVO APLICABLE, PROCEDA A DICTAMINAR EN SENTIDO NEGATIVO LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES A USO INDUSTRIAL, PRESENTADA POR LA EMPRESA DESARROLLOS ZAPAL S.A. DE C.V. PARA DESARROLLAR EL PROYECTO MINERO METALÚRGICO DENOMINADO ¨LOS CARDONES¨ UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE LA PAZ, DENTRO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE LA BIÓSFERA SIERRA LA LAGUNA, EN ATENCIÓN A LOS ARGUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. “

La ciudadanía, después de una larga lucha, consiguió entre agosto y septiembre de 2018 el apoyo de las autoridades municipales y estatales y no sólo alcanzó eso, pues el día jueves 8 de noviembre, con la participación del Freciudav, fue aprobado de manera unánime en el Congreso del Estado un dictamen con proyecto de decreto para reformar la Constitución del Estado y la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente con el propósito de que: “El Gobernador del Estado decrete por causas de utilidad pública, protección al ambiente y garantía de los derechos humanos: “Zonas de Salvaguarda Territoriales para la Prevención de la Contaminación”. La ciudadanía sigue a la espera de la aprobación y publicación oficial de tales reformas.

El “no a la mina” del presidente

El lunes 17 de septiembre de 2018 el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dirigió un mitin en el malecón de La Paz, en donde alrededor de tres mil personas le exigieron un pronunciamiento determinante contra la minería tóxica, que incluye Los Cardones, la minería submarina en el Golfo de Ulloa, y otras de menores efectos mediáticos. Ni el discurso de agradecimiento de AMLO, ni su plan de trabajo y proyectos para la Entidad, ni siquiera el “no les voy a fallar” desviaron el grito de “no a la mina” que invadió la asamblea popular. La gente quería escuchar un contundente no a la minería, una promesa de blindar al Estado contra una de las industrias más letales. Obrador no complació a la masa y dijo: “[…] lo de la mina lo va a decidir el pueblo…”. Planteó una consulta ciudadana para legitimar la lucha anti-minera, no obstante, el pueblo ya había decidido, eso estaba claro desde varios años atrás, ahora sólo tendría que mostrar el músculo otra vez, así como lo hizo en la firma del Pacto de Todos Santos, cuando tomó las calles de Cabo San Lucas y bloqueó carreteras, o cuando protestó frente a Tv Azteca. La consulta podía ser un arma poderosa, pero de dos filos, que dependería del tamaño de la participación ciudadana. La propuesta de Obrador fragmentó a los asistentes y durante algunas semanas dividió a la sociedad sudcaliforniana, unos se manifestaron a favor y otros en contra, el asunto se alargó en las redes sociales.

La cercanía de AMLO con Ricardo Salinas Pliego, quien es parte de un consejo asesor del presidente, generó mucha suspicacia entre la sociedad sudcaliforniana. Desde el encontronazo entre el pueblo y el presidente electo los rumores y las suposiciones sobre que Obrador había negociado con Salinas Pliego una consulta popular amañada estuvieron presentes en los medios de comunicación, en las redes y en las conversaciones. El 3 de marzo, cuando Obrador regresó a Baja California Sur, los activistas anti-mineros ya tenían preparadas varias acciones, querían demostrarle al ya Presidente en funciones su completa animadversión a la minería, esperaban el anuncio de la consulta ciudadana, la que se había pospuesto desde diciembre pasado, pues habrá que recordar que el 17 de septiembre AMLO dijo que la consulta se realizaría en diciembre de 2018. En la asamblea popular AMLO los sorprendió con el “no a la mina” presidencial y transformó la protesta ciudadana en algarabía.

Protestas afuera de TV Azteca BCS 2015.

Un logro ciudadano

Impedir la entrada de la megaminería a tajo abierto en una Reserva de la Biósfera, en un país que adolece de corrupción, no es un logro menor y este es sin duda de la sociedad civil organizada de sudcalifornia, pero debe ser considerado también un triunfo nacional; y, por supuesto, un ejemplo de que la sociedad puede determinar su devenir en las políticas públicas si se lo propone y ejerce la debida presión sobre las autoridades, que se han caracterizado por ser complacientes con las autorizaciones de proyectos de diversas actividades industriales y comerciales, aunque los empresarios no cumplan con las reglamentaciones nacionales e internacionales correspondientes, y a pesar de que atenten contra el medio ambiente y la vida.

Ese “no a la mina” es el resultado de años de lucha de sudcalifornianos comprometidos con la defensa de su territorio y del derecho a la vida, pues lo que estaba en juego en esta parte del Estado era la contaminación, con desechos tóxicos, del sistema de recarga hídrica que abastece a gran parte del sur de la Península. La lucha de los ciudadanos parece haber ganado la liberación de la Sierra de la Laguna de la amenaza de la megaminería a tajo abierto para la extracción de oro, pero aun falta que lo dicho por Obrador se haga oficial mediante documentos, leyes o decretos, que enfaticen la ilegalidad del establecimiento de minería en la Sierra de la Laguna y en general en la Reserva de la Biósfera de que ésta es parte.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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La Última Trinchera

Por Roberto E. Galindo Domínguez

La Paz, Baja California Sur (BCS). La media península continuamente se ha visto amenazada ante la tentativa de despojo de ciertos territorios, esto por parte de grandes empresas mineras y grupos inmobiliarios; respecto al tema de la megaminería, los dos casos más notorios —debido a la magnitud de los proyectos, las compañías y a los personajes involucrados— son Los Cardones y el proyecto minero submarino para extraer fosforita en el Golfo de Ulloa. Te presentamos la segunda y última parte de este ensayo. Para leer la primera parte dar CLIC AQUÍ  .

En lo referente a los desarrollos inmobiliarios se tiene el despojo de varios territorios adyacentes a la línea de costa, principalmente, privatización que se ha ido expandiendo y concretando en diversas zonas costeras del Estado con el establecimiento de grandes desarrollos turísticos y con la venta de terrenos a particulares, primordialmente a extranjeros; con el consecuente cierre de accesos públicos a una gran cantidad de playas. Esto ha limitado el libre tránsito del ciudadano, privilegiando esos espacios para pocos individuos, particularmente a turistas extranjeros, pero también a nacionales. Expoliación que se está haciendo una constante en grandes extensiones de playas al sur del Estado, generando gran inconformidad social.

Aunque los casos son muchos, son dos los asuntos que llaman la atención por la enérgica protesta de la ciudadanía que han generado; por un lado, la privatización de un tramo carretero entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, como parte del proyecto Zona Dorada, con la consecuente privatización de las playas inmediatas. Y, por el otro, el despojo de la playa de Punta Lobos a los pescadores de Todos Santos por parte del desarrollo turístico denominado Tres Santos. Asunto que ha convocado a cientos de inconformes en diversas manifestaciones pacíficas, y no solamente de la comunidad de Todos Santos, sino de otros lugares de Estado, así como a residentes extranjeros; pues en este caso el segmento de la sociedad afectada de manera directa es un buen ejemplo del crisol que es la población sudcaliforniana, ya que en el pueblo mágico cohabitan nativos, mexicanos originarios de otros Estados, así como una gran cantidad de gente procedente de otros países.

La cimentación del complejo Tres Santos invade la playa, Punta Lobos (2015).

Mi insistencia en manejar el diverso origen de los integrantes de la sociedad sudcaliforniana, principalmente en lo que a los conflictos sociales mencionados se refiere, obedece a que esa diversidad de origen y de pensamiento inherente de las personas ha permitido al segmento social que se opone a la minería tóxica y a algunos mega-desarrollos inmobiliarios, resignificar una lucha que se ha librado desde hace años contra entes empresariales dispuestos a despojar a los sudcalifornianos de lo que les corresponde por derecho propio, su tierra y su mar.

Y aunque esa batalla se ha librado desde tiempo atrás, ahora busca distintos causes y ha encontrado en los cruces culturales de los sudcalifornianos nuevas estrategias de lucha; que se han manifestado principalmente en el uso de marcos legales nacionales e internacionales y en los simples, pero a veces desconocidos, derecho y obligación de la ciudadanía de vigilar y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes en cualquier asunto de interés público, como evidentemente lo son los temas de la minería y los desarrollos inmobiliarios.

Esos conflictos sociales, el minero y el privatizador —despojador— de territorios costeros, se han ido unificando y deviniendo en una lucha opositora de ciudadanos que enarbolan la defensa de su territorio; lucha que ha cohesionado a más y diversos sectores de la sociedad: instituciones académicas, colegios de abogados, ingenieros, médicos y de otras especialidades, autoridades ejidales e incluso algunos delegados, regidores y presidentes municipales que abiertamente han mostrado su rechazo al despojo en ambas vertientes —aunque su postura pública no siempre es coherente con sus actos de gobierno.

Ciudadanos manifestándose contra el despojo (2015).

Esa lucha opositora es ya una resistencia ciudadana permanente ante los embates de los grandes capitales nacionales e internacionales, avalados por el Gobierno Federal en el caso minero y, por otros órdenes de gobierno en algunos asuntos de megadesarrollos turísticos y venta de predios. Multitudinarias manifestaciones se dieron el 6 de agosto de 2015 en La Paz y el 8 del mismo mes en Cabo San Lucas, en las cuales la lucha unificada de ambos movimientos fue notoria, aunque estas no han sido las únicas protestas ni manifestaciones ciudadanas en este sentido.

Afortunadamente la consigna de luchar contra la minería tóxica y el despojo territorial es una latente en los sudcalifornianos y va más allá de las facciones o partidos gobernantes en todos los niveles. Así quedó claro con las protestas ciudadanas que se dieron en la explanada del palacio de gobierno estatal el 29 de agosto de 2018 ante un nuevo intento de conceder un cambio de uso de suelo para el establecimiento de Los Cardones. Protestas que se hicieron extensivas a Andrés Manuel López Obrador en su primer visita a Baja California Sur como presidente de la República en septiembre del mismo año. En ambas gestas resurgió combativo ese crisol humano del que hablamos; fueron tantos como diversos los individuos en protesta ciudadana, de diferentes filiaciones políticas y religiosas, así como de diversos orígenes, pero todos unidos por un fin común: la preservación de su territorio y sus derechos humanos fundamentales.

Manifestación contra la minería en el palacio de Gobierno estatal, La Paz (2018).

Este movimiento participativo social es coordinado desde diversos lugares de la Entidad por varias organizaciones no gubernamentales, y a su vez dirigido hacia los distintos frentes de lucha mencionados; pero también se ha caracterizado por la espontaneidad de sus manifestaciones, ya que además de organizaciones de activistas congrega a gran cantidad de ciudadanos sin filiación alguna. Además, el movimiento social antidespojo que se desarrolla en Baja California Sur, incluye también a grupos empresariales importantes, sobre todo a algunos relacionados al ramo turístico e inmobiliario, lo que podría parecer incongruente con lo que señalo.

Sin embargo, a estos sectores es a los que más pueden dañar económicamente las empresas mineras debido a sus consecuencias contaminantes y, por supuesto, también les afecta la privatización de las áreas inmediatas a las playas, pues éstas son por mucho uno de los principales atractivos para el turismo de todas las capacidades económicas que visita el Estado. En su mayoría estos empresarios son de Baja California Sur, ya sea de origen o por elección, y sus negocios difícilmente podrían competir con los grandes desarrolladores inmobiliarios nacionales y transnacionales que se apropian de vastas extensiones de terrenos costeros y mantienen cautivos a turistas de gran capacidad económica en sus instalaciones.

El asunto privatizador y de despojo territorial está bien definido, y parece cerrar ya un área geográfica con el atraco de Punta Lobos, si se piensa en lo que ha sucedido desde La Paz hasta Los Cabos bordeando la costa del Golfo de California y, de Cabo San Lucas hasta Punta Lobos siguiendo las playas del Océano Pacífico. Línea de costa en la que abundan desarrollos de este tipo. Área en la que un caso merece mención particular y es el de Cabo Pulmo, asunto en el que gracias a la protesta social y a la presión internacional se logró detener el enorme desarrollo turístico que varias veces se ha pretendido emplazar en el Parque por diversas autoridades.

Y digo que el área está bien definida, pues es la parte sur del Estado, cuyos límites al norte son Todos Santos en la vertiente del Pacífico y La Paz en la del Golfo de California; y en su centro, para intentar coronar el despojo del territorio a los sudcalifornianos, cada tanto y desde hace años se impulsa el establecimiento de la megamina a tajo abierto, ahora denominada Los Cardones.

Aunque el panorama parece desolador, la inconformidad ciudadana ante el despojo cada vez se fortalece más y logra más adeptos en un escenario donde la sociedad está cada vez más informada y politizada gracias al desprendimiento de los medios de comunicación oficialistas y, en gran medida, debido al acercamiento a la internet. Indudablemente a lo anterior ha coadyuvado la integración a la sociedad sudcaliforniana de cientos de miles de inmigrantes interestatales y de algunas decenas de miles de extranjeros.

El despojo a los pescadores expuesto y discutido en el Congreso Ciudadano de Todos Santos (2016).

En los conflictos sociales generados por el sector minero y una parte de los proyectos de desarrollo inmobiliario,ya están involucrados y alertas decenas de miles de ciudadanos sudcalifornianos. Y ante los “oídos sordos” de las autoridades varios de estos conflictos escalarán de intensidad, pues un gran sector de la ciudadanía ha demostrado que no se va a quedar “cruzados de brazos” ante el despojo en sus múltiples formas. Las manifestaciones en contra de las empresas mineras y los despojos de territorios costeros se han ido multiplicando, sobre todo en la capital del Estado, en San José del Cabo, Cabo San Lucas y en Todos Santos. Lo que ha llevado a los manifestantes de diversas luchas sociales a tender lazos entre movimientos, a unirse en frentes de lucha, y así canalizar y dar salida a las inconformidades comunes mediante el ejercicio de la más elemental democracia; que implica la participación de la sociedad en la toma de las decisiones del gobierno.

Hasta ahora los grupos inconformes han manifestado su repudio a la instalación minera, a los cierres carreteros y a la privatización de playas mediante la protesta pacífica en las calles y plazas, principalmente; pero han dado un enorme paso al defenderse y confrontar legalmente a diversas corporaciones y autoridades mediante encuestas ciudadanas, mandatos civiles y más argumentos de orden legal. En cuanto al asunto del despojo inmobiliario en Punta Lobos, Todos Santos, por parte de la compañía de capital transnacional Mira Companies, —y en los otros despojos que prevalecen en el Estado— habrá que esperar para ver que rumbo legal siguen las protestas ciudadanas y que papel juegan en la defensa de los inconformes los otros frentes de lucha ya plenamente organizados, en el caso de la minería y de la privatización de otros lugares costeros.

Todo parece indicar que la ciudadanía sudcaliforniana está madurando políticamente y ya vislumbra que sólo con la colaboración entre los distintos grupos y organizaciones que defienden el territorio, es que se logrará revertir o al menos aminorar los efectos nocivos del despojo que en muchos casos implica el establecimiento de las empresas mencionadas. El más claro ejemplo de esto es la organización del “1er Congreso Ciudadano sobre Megaminería, Megadesarrollos y Derechos Humanos“, mismo que se llevó a cabo en Todos Santos en el año de 2016 con la participación de sudcalifornianos e invitados nacionales, entre ellos el padre Alejandro Solalinde y Jesús Robles Maloof. Aquí cabe señalar que en ese tiempo, y para una de las mesas de trabajo de ese congreso, inició la reflexión que nutre este texto.

El padre Alejandro Solalinde en el Congreso Ciudadano de Todos Santos (2016).

Lo expuesto demuestra que el proceder de los inconformes rebasa con creces el activismo recalcitrante y que es producto de la preparación y de una cada vez más organizada y politizada sociedad multicultural, que ya está entendiendo que es en última instancia la poseedora de su devenir social y ambiental; lo que ha llevado a que en Baja California Sur se intensifique la protesta ciudadana contra el despojo. Es la sociedad civil la que está siendo el fiel de la balanza en los diferentes procesos de autorización —amañados o no— de proyectos mineros y de desarrollos inmobiliarios entre las autoridades y los empresarios. Incluso logrando detener diversos intentos de atracos sociales y medioambientales como en los casos de Balandra, Cabo Pulmo y en La Sierra de la Laguna, ante los intentos de establecer la mega mina a tajo abierto Los Cardones y, en varias ocasiones no sólo sin la ayuda de las autoridades sino a pesar de estas.

Robles Maloof en el Congreso ciudadano de Todos Santos (2016).

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FOTOS: Roberto E. Galindo Domínguez.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS).  Termina el 2018, y en términos generales, debemos estar satisfechos con los logros alcanzados en nuestra lucha contra la entrada en operación de la megaminería tóxica en BCS.

Culminó el largo proceso judicial iniciado por la empresa minera, a partir de un documento apócrifo que intentaron hacer valer como autorización municipal de uso de suelo; al final del proceso, la justicia federal sólo les reconoció el derecho a ser oídos (garantía de audiencia) por la autoridad municipal, que en cumplimiento a la sentencia de amparo les informó que no existe constancia alguna de la expedición de permiso a su favor, lo que se traduce en que la minera, de insistir en su pretensión, deberá iniciar desde cero, el trámite de solicitud de autorización.

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Este año también festejamos que la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Estado, negó a la minera la autorización de cambio de uso de suelo forestal. Y la cereza del pastel, fue la suspensión definitiva otorgada por un juez federal, a la autorización de la Semarnat en materia de impacto ambiental, lo que prohíbe expresamente cualquier tipo de actividad relacionada con la minería, hasta en tanto y cuanto no concluya el juicio de amparo en el que se generó la suspensión otorgada.

Iniciaremos en enero con la presentación de diversas demandas de amparo, tendientes a obtener la cancelación definitiva de la concesión otorgada a la minera. Para tener un panorama objetivo del lugar en que nos encontramos en este momento, revisemos el listado de permisos y autorizaciones que se requieren  para poder realizar obras y actividades de explotación minera en la Reserva de la Biósfera Sierra de la Laguna:

1.- Concesión para la explotación de los recursos minerales (Ley Minera).

2.- Autorización de la Semarnat en materia de Impacto Ambiental por el cambio de uso de suelo y por el tipo de obra (Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente).

3.- Autorización de la Semarnat en materia de cambio de uso de suelo de forestal a industrial (Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable).

4.- Autorización de la Semarnat para el manejo de especies de la flora y fauna silvestre (Ley General de Vida Silvestre).

5.- Autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consistentes en el permiso para la realización de obras de infraestructura hidráulica, la concesión para la ocupación de terrenos federales y la concesión de aprovechamiento de aguas superficiales (Ley de Aguas Nacionales).

6.- Autorización de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) tratándose de obras y trabajos de exploración y explotación de recursos mineros en áreas naturales protegidas (Ley Minera y reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas).

7.- Permisos y licencias municipales de construcción y de uso de suelo (Ley Orgánica Municipal y reglamentos municipales).

Analizando el listado, encontramos que a la fecha, la minera sólo cuenta con el título de concesión minera. Todos los demás requisitos, han sido suspendidos, negados, o están pendientes de tramitación y en cada caso, desde la sociedad civil estamos organizados para plantear una oposición técnica, jurídica y de ser necesario, recurrir a la movilización social.

2019: No bajar la guardia

Debemos estar satisfechos con los logros obtenidos este año, pero no debemos bajar la guardia; si queremos seguir siendo la entidad que ha frenado la minería antes de su entrada en operación, debemos seguir trabajando incansablemente en los tres frentes que han sido el pilar de nuestro éxito:

1- Difusión, información, capacitación y participación ciudadana en las redes sociales.

2- El mandato ciudadano específico, pugnando por el blindaje legal de la entidad, y la lucha en los tribunales judiciales y/o administrativos.

3- La movilización social, cuando ello sea necesario.

Si bien hemos ido cosechando victorias en forma permanente, lo cierto es que debemos estar muy atentos. El 2018 también significó un cambio en toda la estructura gubernamental, y la nueva administración federal da visos peligrosos en materia ambiental; hemos sido testigos de cómo se ha ordenado el inicio de las obras del llamado Tren Maya, sin haberse realizado previamente los estudios de gabinete, sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), sin consensuar con las etnias originarias de la zona.

Ese alarmante precedente, y el hecho de que el dueño de la empresa minera que amenaza nuestra entidad es un personaje cercano al titular del Ejecutivo, nos hace considerar imperativo mantenernos muy atentos al devenir de la tramitología y estrategias a desplegar por la minera.

Debemos poner a trabajar a nuestros diputados y senadores federales, para alcanzar el blindaje efectivo de la entidad; a la fecha, sólo hemos visto intentos aislados e ineficientes, de legisladores empeñados en llevarse el mérito del blindaje. Parecen parvularios en competencia de preescolar.

En el listado de requisitos que publicamos, está la normatividad federal que debe modificarse, a través de una reforma legal integral, armónica, del marco regulatorio, para garantizar el blindaje. Se necesita que nuestros legisladores federales cierren filas, y lleven a cabo una labor conjunta de adecuación legislativa. Desde la sociedad civil, las distintas organizaciones que integran el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, se reportan listas para participar decididamente en el proceso.

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Protesta contra la minera en visita de AMLO a La Paz. FOTO: Gladys Navarro.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). La tarde de este miércoles, de la oficina del Jurídico de la Delegación de Semarnat en Baja California Sur salió una información que establecía que el proyecto de aprobación de cambio de uso de suelo forestal a favor de Los Cardones —que se encontraba en borrador desde hace dos meses—, finalmente había quedado concluido y era favorable a la minera. Estaba listo para que únicamente lo firmará el Delegado y se le diera trámite al mismo.

Tras filtrarse la información, de inmediato, las organizaciones de la sociedad civil encabezadas por el Frente en Defensa del Agua y la Vida, se presentaron ante las oficinas del Delegado para cuestionarlo al respecto y reprocharle la ilegalidad en su caso de la firma de ese documento.

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El Delegado negó la existencia del documento y la firma del mismo, pero está muy presente en nuestra memoria el hecho de que también, en la administración municipal de la señora Ponce Beltrán negaban sistemáticamente que se otorgaría la autorización municipal de cambio de uso de suelo a la minera Los Cardones, y en los últimos días de su ejercicio público, intentaron otorgarla; de no haber sido por la movilización ciudadana hubiesen alcanzado su nefasto propósito.

En ambos casos, es decir, en la supuesta autorización que hubiera podido otorgar la administración poncista, y el cambio de uso forestal que pudiera otorgar el Delegado de Semarnat de BCS, se está en presencia de permisos emitidos dentro del marco de la ilegalidad, lo que significa que cuando hay corrupción y componendas en lo oscurito, cabe la posibilidad de que funcionarios deshonestos emiten permisos ilegales.

Es por eso que aunque el Delegado de Semarnat niegue insistentemente que no va a firmar esa autorización y que el documento de marras no existe no podemos creerle, y debemos buscar la certeza del hecho, para tranquilidad de todos los residentes de la entidad.

Despejando dudas

¿El uso de suelo lo da el Ayuntamiento de La Paz o Semarnat? Se trata de dos permisos distintos. El Ayuntamiento debe otorgar una licencia de uso de suelo para que la minera opere en el municipio, y además de ello, por afectarse una zona de la Reserva de la Biósfera de la Sierra de La Laguna. Pero se requiere además, un cambio de uso de suelo forestal, el cual está a cargo de la depedencia federal, Semarnat. Se necesitan ambos usos de suelo, para que pueda operar la minera.

¿Porque sería ilegal el permiso de uso de suelo forestal que supuestamente otorgaría Semarnat a Los Cardones? En principio, podemos afirmar con pleno conocimiento de causa que ese supuesto permiso sería totalmente ilegal, toda vez que no reúne los requisitos legales para ello, resaltando el hecho de que no existe un estudio técnico ni opinión favorable por parte del Consejo Estatal Forestal que —incluso— ni siquiera ha sido convocado.

Aunado a todo lo anterior, y por encima de ello, es importantísimo destacar que en la especie existe una suspensión definitiva otorgada por un juez federal que prohíbe expresamente la realización de cualquier obra y actividades relativas al proyecto Los Cardones en la Reserva de la Biósfera de la Sierra de la Laguna, lo que significa que si la expedición de ese supuesto permiso se constituyera en una violación a la suspensión definitiva otorgada por el juez, en automático se constituiría un delito de carácter Federal cuya comisión impone pena privativa de libertad e inhabilitación para el funcionario que la realice. Y en este caso, sería el todavía Delegado de Semarnat en Baja California Sur.

¿Qué debemos hacer para el caso de que, efectivamente, se expida la autorización de cambio de uso de suelo forestal a Los Cardones? El primer paso sería denunciar penalmente ante el juez de distrito y ante la PGR al Delegado, e impugnar dicha autorización en la vía administrativa mediante el recurso de revisión y el procedimiento de nulidad; en la vía judicial a través de un juicio de garantías. Tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, el primer efecto sería que se suspendiese cualquier actividad que pudiera intentar la minera.

Conclusión

No creo que se atreva el Delegado de Semarnat de BCS a firmar ese documento con el que se le otorgaría a la minera el cambio de uso de suelo forestal, para que Los Cardones pudiera realizar actividad minera en La Sierra de la Laguna. Pero como ya estamos curados de espanto, desde la sociedad civil organizada se ha convocado a una movilización para frenar cualquier intento de emitir tal permiso. No pasarán.

Si se otorga el multicitado permiso, combatiremos su ejercicio en la vía penal, administrativa y judicial, con los recursos y procedimientos ya citados.

La minera Los Cardones, no va a operar en la Sierra de la Laguna. No lo permitiremos.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, esto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Internet / Interior: Roberto Galindo.

Salud Para Todos

Por Josué Estrada Flores

La Paz, Baja California Sur (BCS). La minería a cielo abierto, como se pretende llevar a cabo en Baja California Sur —de forma concreta en la Sierra de la Laguna—, en busca del metal precioso con el propósito de la detonación económica de quienes desean invertir sus recursos, es causa de controversia; este artículo se centra en cuanto a los altos riesgos para la salud humana, en caso de que la empresa logre establecerse.

La oposición la han conformado una gran cantidad de ciudadanos y grupos organizados de la sociedad civil, con activistas de toda índole: intelectuales, profesionistas, empresarios, ambientalistas, amas de casa, estudiantes y un largo etcétera, quienes consideran que dicha actividad empresarial en caso de efectuarse, ocasionaría una catástrofe ambiental pudiendo detonar en un daño ecológico sin precedentes. Los argumentos a favor y en contra seguirán dándose con las batallas jurídicas y sociales, desde luego, amparadas en la legalidad y el estado de derecho, para lograr la fase final de obtener el cambio del uso de suelo. Por una parte, la empresa minera, y por el otro, los grupos ciudadanos en contra de dicho otorgamiento.

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Me complace compartir con ustedes, amigos lectores, algunos de los efectos que la actividad minera provoca en la salud de las personas. Como médico, tengo la obligación moral y profesional, de dar a conocer a la ciudadanía sobre los daños que ocasiona la minería a cielo abierto en la salud humana.

De inicio, debemos saber que a lo largo de la actividad minera, se genera el desprendimiento de sustancias tóxicas, algunas de ellas asociadas a la roca, otras asociadas a las sustancias que se utilizan para la separación de los minerales que se desean obtener; estas sustancias son difundidas al medio circulante ocasionando en diversos grados, el envenenamiento o la intoxicación de las personas.

Para empezar con la exploración del mineral, se requieren miles de toneladas de dinamita, con el propósito de romper la roca para enviarse al lugar de trituración. El explosivo libera grandes concentraciones de nitratos y monóxido de carbono que provoca en la salud personas un alto impacto como vómito, asfixia, decaimiento, irritación del tejido pulmonar, pérdida de la conciencia, y en ocasiones, la muerte. Durante este proceso de detonación, junto con la perforación, excavación, carga, transporte, trituración, almacenamiento, etcétera, se genera polvo por el desprendimiento de partículas sólidas que quedan suspendidas en el aire; estas partículas contienen diversos minerales tóxico-radioactivos y suelen ser arrastradas por el viento a cientos de kilómetros de distancia.

El sílice es uno de los elementos más abundantes de la corteza terrestre y está presente en los yacimientos mineros. La presencia de polvo de sílice en el aire, al ser respirado por las personas, provoca en los pulmones la pérdida de elasticidad y de la permeabilidad de las paredes alveolares, y obstruye el intercambio natural del oxígeno con el bióxido de carbono, mismo que debiera ser expulsado.

Al depositarse en las vías respiratorias, el sílice provoca destrucción celular con daño irreversible ocasionando la enfermedad llamada silicosis, misma que es progresiva y degenerativa. Esta enfermedad no tiene tratamiento específico, y quien la contrae no tiene posibilidad se sanar, sólo se puede detener su avance al suprimir la exposición al polvo con sílice y con apoyo médico.

Contaminación del agua

Con respecto a la contaminación del agua por arsénico, existe abundante literatura médica que lo cataloga como cancerígeno, así como factor para provocar daño metabólico, hepático, neurológico, dermatológico, etcétera.

A nivel local existen trabajos de investigación, como la tesis que llevara a cabo el doctor Carlos Colín Torres —médico internista—, quien refiere la presencia de arsénico en agua del pozo de la cuenca hidrográfica de San Juan de Los Planes; se asocia tanto a la presencia de arsenopirita en rocas, como de arsenolita en desechos mineros (subproducto de la minería del siglo pasado), los cuales fueron enriquecidos de este mineral durante el proceso de obtención de oro, estos minerales al contacto con el agua liberan el arsénico de la roca contaminando el agua.

Este estudio muestra las concentraciones urinarias de arsénico en pobladores expuestos y no expuestos al agua de pozos con arsénico, en concentraciones  mayores a la NOM127-SSA. Se encontraron niveles de arsénico arriba del índice biológico de exposición en personas estudiadas  en las comunidades de San Antonio, San Juan de los Planes, Juan Domínguez Cota y El Sargento.

Aclaramos, desde luego, que la NOM127-SSA establece el valor de los niveles de arsénico de 25 mcg/l,  y la OMS (Organización Mundial de la Salud ) de 10 microgramos por litro; los resultados que obtuvo el doctor Colín Torres fue de 338.71 y 301.52 mcg/l., cantidad que sobrepasó en gran manera los niveles establecidos. Cabe hacer notar que estudios científicos han demostrado, que consumir agua con concentraciones mayores a 2.5 microgramos /l (1.6L/día) pueden tener efectos en la salud (Smith et al., 1992).

Con anterioridad, el grupo Niparajá,  AC (2005) estudió 500 pozos en el Estado en los cuales se detectaron altos niveles de arsénico en el agua. El 16% de los pozos analizados rebasan la NOM127 de 25 microgramos  por litro y 24% rebasan la norma de la OMS de 10 microgramos por litro, por lo cual fue obligatorio el clausurarlos debido a la contaminación que presentaron.

En el año 2005,  el entonces director del Centro Estatal de Oncología en BCS, observó y declaró que de cada diez pacientes detectados con cáncer, al menos cinco de ellos eran  personas que  tuvieron contacto en algún momento con la actividad minera, en la región estudiada por el doctor Colín Torres.

La zona, otra condicionante

Finalmente, amigos lectores, los invito a una reflexión. Según la OMS , declara:  “Calidad de vida, es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de cultura y sistema de valores en el que vive y en relación con sus expectativas, sus normas y sus inquietudes”. Se trata de un concepto amplio que está influido de algún modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno.

Tenemos un entorno contaminado por arsénico y posiblemente por otros metales o sustancias tóxicas. El enfoque debe ser a prevenir y educar; además, hacer equipo para enfrentar y resolver nuestra realidad. Podemos tomar en cuenta también que, geológicamente, nos ubicamos en una zona volcánica y la visita anual de huracanes: el riesgo de complicaciones es alto y se pueden provocar accidentes como lo sucedido en el Estado de Oaxaca, en donde una mina canadiense contaminó el medio ambiente.

Por otro lado, cabe preguntarse, si no hemos podido resolver un problema que ya tenemos, por los residuos de la minería hace más de cien años, ¿cómo podemos considerar abrir un proyecto nuevo minero por el engañoso afán de mejorar la economía?

¡Salud para todos!

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