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Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

Cabo San Lucas, Baja California Sur (BCS).En la costa donde la península termina y el desierto se rinde ante el mar, los vientos soplan con fuerza. Pero no son sólo ráfagas de sal y arena: son rumores de cambio, de autonomía largamente anhelada. En Cabo San Lucas, ciudad vibrante y fecunda, late la esperanza de convertirse en el sexto municipio de Baja California Sur, una causa que ha dejado de ser susurro para convertirse en voz firme y organizada.

La propuesta de municipalización, respaldada formalmente el 25 de febrero de 2025 ante el Congreso del Estado, no surgió de improviso. Se gestó en años de crecimiento acelerado, de contrastes evidentes entre el brillo turístico y las carencias cotidianas. Mientras sus playas figuran en los catálogos del mundo, muchas de sus colonias siguen luchando por servicios básicos como pavimentación, agua potable o seguridad pública.

La actual estructura municipal, con cabecera en San José del Cabo, ha mostrado limitaciones para atender de manera equitativa las necesidades de una población que, según el INEGI, ya supera los 300 mil habitantes en la zona de Cabo San Lucas. Este desequilibrio administrativo es uno de los principales motores detrás del movimiento.

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“Producimos mucho, pero recibimos poco”, ha sido un reclamo recurrente en asambleas vecinales, donde ciudadanos, empresarios y organizaciones civiles coinciden en que los recursos generados localmente no regresan en la proporción que se necesita para resolver problemas urgentes. De hecho, según estimaciones de líderes comunitarios, gran parte del presupuesto del municipio de Los Cabos se consume en gasto corriente, con poca inversión visible en infraestructura social para Cabo San Lucas.

El gobernador Víctor Castro Cosío propuso una consulta ciudadana como mecanismo para definir el rumbo de esta demanda. La iniciativa, aunque legítima y participativa, abre también un compás de espera en el que la ciudadanía continúa organizándose, informándose y exigiendo que su voz sea escuchada con claridad.

La historia de Cabo San Lucas como comunidad es también la historia de su lucha por definir su identidad. Lo que en otro tiempo fue un pequeño puerto pesquero, hoy es uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Pero el crecimiento económico no ha sido acompañado por una descentralización administrativa proporcional. La urgencia no es solo política: es social, urbana y estructural.

En cada calle sin nombre, en cada escuela saturada, en cada familia que espera servicios que nunca llegan a tiempo, se esconde una pregunta poderosa: ¿por qué no gestionar desde aquí lo que aquí se necesita? La municipalización no busca dividir, sino administrar con mayor cercanía. No pretende fragmentar, sino construir desde la base.

El debate no está exento de complejidades legales, presupuestales y logísticas. Pero el principio es claro: Cabo San Lucas tiene población, tiene economía, tiene historia, tiene identidad. Los cuatro pilares que justifican cualquier aspiración municipal en un Estado democrático.

Los vientos que soplan en Cabo San Lucas no son casuales. Son vientos de pueblo. Vientos que emergen de una conciencia colectiva, de una exigencia de justicia administrativa y de representación real. Son los vientos que anuncian la llegada de una nueva etapa, si así lo decide el pueblo, con voz y voto.

Porque en cada comunidad que se levanta para ser dueña de su destino, nace un territorio más justo, más libre y más digno. Y en ese horizonte, Cabo San Lucas no solo pide ser escuchado: exige ser reconocido.

Fuentes consultadas:

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de Población y Vivienda 2020.

• Congreso del Estado de Baja California Sur, registro de iniciativas legislativas, febrero 2025.

• Gobierno del Estado de BCS, declaración pública del gobernador Víctor Castro Cosío, junio 2025.

• Participación ciudadana y asambleas comunitarias de Cabo San Lucas, 2024–2025.

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTOS: Cortesía.

Vientos de Pueblo

José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). La península tiene poco de tierra cultivable, mucho de desierto y demasiado de promesas incumplidas. En ese espacio entre lo que se dice y lo que se vive, han ido apareciendo asentamientos irregulares, invasiones encubiertas, lotificaciones fantasmas. Son lugares donde el agua llega en pipas, la luz es improvisada y los techos son de lámina oxidada o cartón reciclado. Gentes que llegan buscando un lugar propio, aunque legalmente no sea suyo.

El fenómeno de las ocupaciones ilegales —conocidas como okupaciones — no es nuevo, pero sí ha crecido al ritmo de la desigualdad. Familias enteras, muchas veces provenientes de otros estados o de zonas rurales marginadas, ven en la toma de terrenos baldíos o abandonados una salida a la crisis habitacional. Algunas lo hacen por necesidad; otras, organizadas por líderes anónimos, lo convierten en negocio: cobran por el acceso, venden lotes que no poseen y prometen una regularización que jamás llega.

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Baja California Sur no escapa de esta realidad. Con un turismo que avanza imparable y una infraestructura urbana que no alcanza a cubrir la demanda, la presión sobre el suelo es feroz. Mientras en Los Cabos un departamento modesto puede costar más de 3 millones de pesos, en las afueras de La Paz, familias construyen sus casas sobre predios sin escriturar, sin servicios básicos, bajo el riesgo constante de un desalojo.

De acuerdo con el Artículo 395 del Código Penal Federal, tomar posesión de un inmueble ajeno sin autorización constituye el delito de despojo. Las penas van desde tres meses hasta cinco años de prisión, y pueden aumentar si hay violencia o si están involucradas más de cinco personas. Pero la ley, muchas veces, llega tarde o solo cuando el problema ya estalló.

Y es que detrás de cada lote invadido hay historias que no caben en un expediente judicial. Hay madres que buscan seguridad para sus hijos; jóvenes que no encuentran trabajo formal y menos aún un lugar donde vivir; ancianos que llevan décadas moviéndose de un lugar a otro, siempre al margen. Personas que, si tuvieran otra opción, no estarían ahí. Pero otra opción no tienen.

Este tipo de ocupaciones no surge en el vacío. Se alimenta de carencias estructurales: la falta de programas serios de vivienda, la especulación inmobiliaria, la concentración de la propiedad en manos de pocos y la ausencia de políticas públicas claras. Es fácil señalar con el dedo a quienes toman terrenos, pero más difícil es reconocer que el Estado ha fallado en garantizar uno de los derechos más básicos: tener un techo bajo el cual dormir.

En comunidades como San Bartolo, Santa Rosalía o Guerrero Negro, el fenómeno se repite con distintos matices. En algunos casos, se trata de familias que ocupan predios federales olvidados. En otros, son grupos coordinados que actúan durante la noche, colocan postes, alambres y pancartas que marcan “posesión popular”. Al día siguiente, ya están ahí. Ya duermen allá. Y ya empiezan a construir.

El gobierno responde con operativos de seguridad, con desalojos que suelen terminar en enfrentamientos o en promesas incumplidas. Pocas veces hay alternativas reales: no hay viviendas sociales disponibles, ni créditos accesibles, ni proyectos viables que ofrezcan soluciones a largo plazo. Así, el ciclo se repite. Otro predio invadido. Otra orden de desalojo. Más promesas rotas.

Según datos del INEGI, en 2023 más del 17% de las viviendas en zonas urbanas de Baja California Sur carecían de escrituras públicas o tenían posesión irregular . Ese porcentaje sube drásticamente en zonas periféricas y comunidades rurales. Y aunque no existe un censo específico sobre okupaciones ilegales, especialistas en ordenamiento territorial coinciden: el fenómeno crece al ritmo de la necesidad.

No todos los casos son iguales. No todos los okupas son criminales. Ni todos los propietarios, víctimas inocentes. Detrás de cada conflicto hay intereses económicos, redes de poder local, decisiones políticas y, muy frecuentemente, una población que sólo busca sobrevivir. Por eso, criminalizar sin entender no resuelve. Ni tampoco justificar sin exigir.

Lo cierto es que en una región donde el turismo mueve miles de millones de pesos al año, resulta inadmisible que familias enteras tengan que arriesgar su vida por un pedazo de tierra. Que niños jueguen entre cables eléctricos mal instalados. Que mujeres caminen kilómetros buscando agua potable. Que todo esto ocurra al margen de la vista oficial, como si fuera normal.

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FOTO: SEPUIMM.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con el objetivo de consolidar las estrategias de prevención, control y combate de incendios forestales en la región, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEPUIMM), llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a integrantes de la Brigada Rural de Manejo del Fuego de las comunidades de Santiago y Boca de la Sierra, municipio de Los Cabos.

El director general de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la SEPUIMM, Francisco Flores González, reiteró que esta iniciativa forma parte de las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de la preparación operativa y la coordinación en materia de manejo del fuego, bajo un enfoque de protección civil y conservación de los recursos naturales.

Comentó que los cursos impartidos por el personal de la Dirección de Fomento Forestal de la SEPUIMM, de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), corresponden a cursos básicos para combate de incendios forestales SCI-100, uso y manejo de las motobombas Mark-3 e introducción al sistema de comando de incidentes.

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado exhortó este martes al titular de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Rubén Arturo Hernández Bermúdez, para que a la brevedad firme un convenio con el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y con el Presidente Municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, para implementar un programa de apoyo para los habitantes y visitantes del municipio de Los Cabos, que amplíe el derecho a la movilidad.

La diputada Gabriela Montoya Terrazas presentó este punto de acuerdo, proponiendo exentar del pago del derecho de uso del libramiento entre las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo a aquellos conductores que circulen con vehículos con placas de circulación de Baja California Sur; esto, en horarios de alta incidencia vehicular y sólo durante las obras de construcción del paso a desnivel en la glorieta de Fonatur.

El tema que abordó la coordinadora del PT, logró el consenso de sus compañeros parlamentarios. “Es una gran necesidad que se convierte en una preocupación de movilidad, al ser nuestra gente trabajadora que día a día deben trasladarse a sus fuentes de empleo, llevar a sus hijos a escuelas, así como desarrollar otras actividades que requieran transportarse por el corredor turístico y sin contratiempos sus jornadas diarias”, dijo la diputada.

Y es que, día con día, ya sea por un accidente, por manifestaciones o por consecuencia de algún desastre natural, la vía de comunicación conocida como corredor turístico —que es un tramo federal—, no es posible utilizarlo por estar bloqueado el tránsito, lo que trae diversas consecuencias sociales, laborales y afectaciones a los turistas.

Montoya Terrazas enfatizó que la gran demanda turística, ha provocado un gran crecimiento de la población que radica en Los Cabos, que de manera exponencial deben cubrir las necesidades que demanda dicho sector. Una muestra de esto se tiene en que al día de hoy, en Los Cabos, de acuerdo al último censo del INEGI en 2020, viven más de 350 mil personas, alrededor de 60 mil personas más que en el municipio de La Paz.

FOTO: Congreso del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo presentado por el diputado Omar Torres Orozco, mediante el cual se exhortará a Bertha Montaño Cota, Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado, para que la emisión de una resolución de carácter general para que se implemente en el municipio de Los Cabo, un programa de descuentos a la dotación y/o reposición de placas de identificación del servicio de control vehicular para los automovilistas.

Del mismo modo, se exhortará a la Secretaría de Finanzas para que realice las gestiones necesarias para reubicar en en San José del Cabo, las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración que prestan sus servicios en el inmueble conocido como Edificio Pedrín, el que que se encuentra rebasado en la atención.

De acuerdo al último informe emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2023, el padrón vehicular en nuestro Estado es de 624 mil 470 vehículos; de los cuales 222 mil 571 se ubican en Los Cabos representando poco más del 30% del padrón total. Lo anterior se ve reflejado en los ingresos que percibe el Estado por concepto de control vehicular; datos que demuestran la alta demanda de atención por ofrecer para cualesquier trámite de la materia.

La diputada Gabriela Montoya Terrazas manifestó su voto aprobatorio, al señalar que dado el crecimiento poblacional, es que existe un rezago de servicios en el municipio en comento, por lo que invitó a las autoridades hacendarias a tomar en cuenta la solicitud presentada por su homólogo, y solicitó se incluya en el llamado, la realización de programas de descuento y mayor personal con excelente atención al contribuyente.

Por su parte, la diputada Karina Olivas Parra, quién también expresó su voto aprobatorio, puntualizó que la Secretaría de Hacienda a nivel federal, posicionó para 2023 en #2 lugar al municipio de Los Cabos, quedando las oficinas chicas ante las necesidades que cubre dicha instancia, por lo que, propuso  que sean incluidos en los cinco municipios un nuevo decreto de incentivos fiscales para la ciudadanía por medio de la Secretaría de Finanzas que ayuden al bolsillo de las y los contribuyentes.