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José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En mayo de 2025, personal del Ayuntamiento de La Paz llegó a tres caminos que conducían al Pacífico. En El Pescadero, dos accesos habían sido cerrados con piedras y otros objetos. En Cerritos, una caseta sin licencia pretendía cobrar por el paso. La intervención municipal retiró los obstáculos después de denuncias ciudadanas. No hubo una batalla espectacular: sólo maquinaria, funcionarios y la evidencia material de una pregunta que recorre la península como una grieta: si la playa es pública, ¿quién garantiza el camino hasta ella?

La ley parece tajante. Las playas y la franja federal contigua son bienes de uso común; su acceso no puede ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado. Cuando no existe una vía pública, la legislación prevé que la autoridad ambiental acuerde accesos con propietarios colindantes, mediante compensación y servidumbres. También contempla multas de tres mil a doce mil unidades de medida y actualización, e incluso la revocación de concesiones en casos reincidentes.

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Pero entre la letra y la arena se abre un territorio de competencias fragmentadas. La Federación administra la zona marítima; el municipio controla usos de suelo, licencias, catastro y vialidades; los estados regulan el desarrollo urbano; los particulares defienden sus predios. La playa puede ser pública y el terreno anterior, privado. En ese intersticio prosperan los caminos borrados, las rutas desviadas y la incertidumbre que suele favorecer a quien posee abogados, planos y tiempo.

En 2024, una investigación periodística local documentó conflictos en Pichilingue y El Caimancito. En Pichilingue, cercos y mobiliario de un club de playa obstaculizaban el tránsito; autoridades municipales y federales clausuraron el establecimiento. En El Caimancito, otro negocio retiró sombras y camastros tras ser notificado por ocupación irregular. Los episodios mostraron que la privatización de hecho no siempre requiere cerrar por completo: también puede consistir en ocupar tanto espacio público que el visitante común se sienta intruso.

La presión crece al ritmo del valor de la costa. Los Cabos registraba en la información estratégica estatal de 2025 un total de 185 hoteles y 21,744 habitaciones: tres de cada cuatro cuartos disponibles en Baja California Sur. En 2024, la ocupación hotelera municipal fue de 70 por ciento; el destino contaba además con 18 campos de golf. El censo de 2020 ya situaba a Los Cabos como el municipio más poblado del Estado, con 351,111 habitantes.

En una península árida, el crecimiento no ocupa solamente suelo: exige agua, vialidades, energía, saneamiento y vivienda. En julio de 2026, el organismo operador de Los Cabos mantenía calendarios de tandeo para numerosas colonias de San José del Cabo. Estos datos no prueban que un hotel cierre una playa ni que un campo de golf cause por sí solo la escasez doméstica. Sí revelan la escala de las demandas que compiten en el mismo territorio y la desigual capacidad de sus usuarios para asegurar suministro, acceso y paisaje.

Tampoco toda limitación es privatización. Balandra mantiene cupos y horarios por tratarse de un área natural protegida; en 2025 el aforo oficial era de 450 personas por turno. Proteger dunas, manglares y zonas de anidación puede exigir restricciones legítimas. La diferencia moral y jurídica está en quién decide, con qué evidencia y para beneficio de quién: conservar un ecosistema no equivale a reservarlo para clientes.

En junio de 2026, La Paz aprobó un reglamento municipal que ordena crear un inventario público y georreferenciado de playas y accesos, actualizarlo al menos una vez al año, señalizar rutas, impedir cobros y obstáculos, inspeccionar caminos y exigir que nuevos desarrollos costeros prevean accesos públicos. La norma reconoce, en su propia exposición, que el desarrollo inmobiliario ha generado controversias sobre el ingreso a bienes nacionales. Sin embargo, en los portales oficiales revisados para esta crónica no fue posible confirmar que el inventario ya se encuentre publicado.

Ahí comienza la prueba verdadera. Un reglamento sin mapa, presupuesto, inspecciones y sanciones puede convertirse en otra puerta dibujada sobre un muro. La salida exige catastros abiertos, servidumbres registradas, accesibilidad para personas con discapacidad, coordinación efectiva con Semarnat y Profepa y una obligación simple: que cada autorización costera demuestre, antes de construirse, por dónde seguirá entrando la comunidad.

Quienes pagan el cierre son las familias que cargan hieleras por brechas más largas, los pescadores que pierden rutas tradicionales, los trabajadores turísticos que sirven frente al mar pero no siempre pueden disfrutarlo, y una ciudad que aprende a confundir desarrollo con exclusividad. La costa no se privatiza únicamente cuando alguien compra la vista. Se privatiza cuando el horizonte continúa siendo público, pero llegar hasta él deja de serlo. El mar pertenece a todos sólo mientras exista un camino que no obligue a pedir permiso.

Referencias

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ley General de Bienes Nacionales, texto vigente con última reforma publicada el 14 de noviembre de 2025.

1. XVIII Ayuntamiento de La Paz. Gaceta Electrónica número 17, 4 de junio de 2026: Reglamento de Acceso a Playas y Zona Federal Marítimo Terrestre.
2. Ayuntamiento de La Paz. Primer Informe de Actividades 2025, acciones de recuperación de accesos en Cerritos y El Pescadero.

BCS Noticias. Liberan tres accesos bloqueados a playas en El Pescadero y Cerritos, 26 de mayo de 2025.

Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur. Información Estratégica 2025: Los Cabos.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 para Baja California Sur.

OOMSAPAS Los Cabos. Calendario de tandeo para San José del Cabo, julio de 2026.

Daniela Reyes, Playas libres: desocupan las playas de El Caimancito y Pichilingue, Diario Humano, 17 de septiembre de 2024.

2025. Ayuntamiento de La Paz. Continúa el acceso controlado a Playa Balandra durante temporada vacacional, 3 de agosto de 2025.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

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José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur la luz cae con precisión implacable. Blanquea La Paz, endurece Santa Rosalía, vuelve metálico el aire de Loreto y deja en Los Cabos una postal perfecta: mar, hoteles, campos verdes, anuncios de lujo. Pero hay otra geografía. Está detrás de las puertas de los museos, en objetos que no compiten bien contra el algoritmo ni contra el itinerario de playa: una punta Clovis, una roca con pintura rupestre, un esqueleto de cetáceo, una máquina de escribir minera. Son fragmentos de un estado que no empezó con la hotelería, ni termina en la temporada alta.

La primera cifra parece generosa: el Sistema de Información Cultural registra 16 museos en Baja California Sur. La segunda abre la grieta: en la Estadística de Museos 2025 del INEGI, sólo siete recintos sudcalifornianos reportaron información, con 51,420 visitantes en todo el año. No son 51,420 visitantes para una exposición, sino para el conjunto estatal que sí aparece en el registro estadístico. En términos nacionales, Baja California Sur aportó apenas 0.10% de la afluencia museística del país. Mientras Los Cabos presume una derrama turística de 133.3 mil millones de pesos en 2025 y más de una tercera parte de su empleo asociado al turismo, la memoria organizada del Estado cabe en una cifra menor que la asistencia anual de algunos recintos medianos.

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Lo que se conserva no es menor. El Museo Regional de Antropología e Historia, en La Paz, resguarda geología, fósiles, arqueología, pinturas rupestres, misiones, etnografía y siglo XX. El Museo de Arte de Baja California Sur nació como el primer espacio estatal dedicado y equipado para arte moderno y contemporáneo. El Museo de la Ballena y Ciencias del Mar conecta ciencia y asombro mediante esqueletos de mamíferos marinos. El Museo de las Misiones, en Loreto, explica las 18 misiones jesuitas. En Santa Rosalía, El Boleo conserva herramientas, maquinaria, documentos, planos y rastros de la compañía francesa que convirtió el cobre en ciudad. El problema no es la falta de historia. Es la falta de puente.

Los datos nacionales del INEGI ayudan a entender la fractura: en 2025, 80.6% de las personas entrevistadas visitaba el museo por primera vez; 56.8% permanecía menos de una hora; 61.9% tenía escolaridad superior. Entre los motivos para no asistir, los visitantes señalaron sobre todo falta de difusión o desconocimiento del acervo, y después falta de cultura o educación. Dicho con menos burocracia: muchos no van porque no saben qué hay.

En Baja California Sur esa distancia pesa más por el territorio. No es lo mismo programar una visita escolar en una ciudad compacta que cruzar una península dispersa, calurosa, cara y desigual. El joven de una colonia periférica de Los Cabos puede vivir más cerca de un hotel que de una política cultural. Puede pasar todos los días junto a la maquinaria del turismo y no entrar nunca a la sala donde se cuenta la historia natural de su municipio. No puedo confirmar, con los documentos públicos revisados, cuántos adolescentes entraron a cada museo sudcaliforniano durante 2025. Esa ausencia de desglose dice algo: si no se mide a quién se está perdiendo, difícilmente se sabrá cómo recuperarlo.

La contradicción es territorial y moral. El desarrollo turístico ha aprendido a narrarse: vende naturaleza, bienestar, lujo, gastronomía, conectividad, experiencia. Incluso incorpora el lenguaje de la sostenibilidad: protección hídrica, residuos, conservación del litoral, planeación urbana. Pero fuera del folleto, la península carga déficits de agua subterránea en acuíferos como Cabo San Lucas, La Paz y Los Planes. En la misma postal donde el césped promete abundancia, muchas colonias administran la escasez con pipas. Allí los museos parecen un asunto menor, hasta que se entiende que también son infraestructura de supervivencia: enseñan de dónde viene el territorio y qué costos se esconden detrás de cada auge.

Acercar los museos a los jóvenes no se resolverá con una campaña bonita ni con publicar horarios en redes. Hace falta presupuesto estable, medición por edad y municipio, transporte escolar, mediadores culturales, alianzas reales con escuelas, recorridos que hablen de agua, minería, turismo, pueblos originarios, biodiversidad y ciudad; hace falta que la cultura sea tratada como derecho y no como adorno del destino. También hace falta que los beneficiarios del relato turístico participen en sostener el relato histórico: hoteles, desarrolladores, fideicomisos, municipios y gobierno estatal no pueden vender territorio sin financiar memoria.

Los museos de Baja California Sur no son mausoleos: son estaciones de alarma. En sus salas se entiende que toda prosperidad que olvida su origen termina administrando ruinas. La pregunta no es si los jóvenes quieren ir a los museos; la pregunta es si el estado está dispuesto a llevarles la historia del suelo que pisan. Porque un territorio que enseña a sus hijos a servir al visitante, pero no a leer su memoria, no está formando futuro: está alquilando el alma.

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José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En el extremo donde el desierto baja hasta tocar el Golfo de California, Cabo Pulmo no parece una frontera de guerra. Parece apenas una franja de sol, polvo y mar transparente. Pero allí, a un kilómetro y medio del Parque Nacional, una autorización ambiental anulada en marzo de 2026 dejó al descubierto algo más profundo que el destino de un proyecto turístico: la forma en que Baja California Sur decide qué vidas merecen agua, qué paisajes pueden venderse y qué futuro se acepta sacrificar bajo el nombre limpio del desarrollo.

El proyecto se llamaba Baja Bay Club y, de acuerdo con documentos revisados por organizaciones, pretendía ocupar unas 600 hectáreas dentro del área de influencia de Cabo Pulmo. No era una palapa ni un pequeño hotel frente al mar: contemplaba 422 villas residenciales, 275 habitaciones de hotel, club de playa, infraestructura para embarcaciones y un campo de golf sobre dunas. En una región árida, donde el agua no sobra, la imagen resulta brutal: pasto verde trazado sobre la sed.

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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales había permitido el avance del proyecto en 2024 desde su representación estatal. Después vinieron recursos de revisión promovidos por organizaciones. La resolución posterior anuló aquella autorización y ordenó emitir una negativa formal. La autoridad identificó omisiones técnicas graves: el promovente habría negado cuerpos de agua en el predio pese a la existencia de al menos tres arroyos temporales que desembocan en el mar; también se acreditó la fragmentación de una obra mayor en piezas separadas, Baja Bay Club y Hotel Bahía el Rincón, con el efecto de evitar una evaluación regional de impactos acumulativos. El expediente describe una vieja técnica del poder inmobiliario: partir el elefante para que parezca hormiga.

Cabo Pulmo no es una postal más del catálogo turístico mexicano. Fue decretado área natural protegida el 6 de junio de 1995 y protege más de 7,100 hectáreas, casi todas marinas. Allí se conserva el arrecife coralino más importante del Golfo de California y uno de los ejemplos más citados de recuperación por la prohibición de extracción. Estudios científicos han documentado que la biomasa de peces se multiplicó después de la protección. Lo que para el mercado puede ser un frente de playa, para la ciencia y para la comunidad ha sido una prueba rara: cuando se deja respirar al mar, el mar regresa.

No se trata solo de un permiso cancelado. Se trata de una pregunta moral: cuánto vale un arrecife vivo frente a un proyecto inmobiliario. En el papel, la respuesta parece sencilla. En el territorio, donde cada hectárea tiene dueño posible y cada promesa de empleo puede funcionar como chantaje, la respuesta se vuelve incómoda.

El conflicto se manifiesta en la playa, pero empieza tierra adentro, en las tuberías, los caminos, las colonias que crecen más rápido que los servicios y los acuíferos que no leen folletos de inversión. En Los Cabos, el boom turístico convive con una crisis hídrica persistente. Información pública del organismo operador de agua ha señalado que Cabo San Lucas requería al menos 1,000 litros por segundo para regularizar el abasto y producía alrededor de 480. El mismo organismo ha anunciado tinacos, pipas y ampliaciones de desalación para colonias con suministro limitado. La desigualdad, en BCS, a veces se mide en litros: unos llenan albercas; otros esperan el tandeo.

Ese es el paisaje moral que rodea Cabo Pulmo. No basta decir conservación contra progreso. La comunidad no vive de contemplar el mar como si fuera un museo. El turismo de bajo impacto, el buceo, la investigación y la economía local son parte de una salida posible. Lo que está en disputa es otra cosa: el modelo de enclave, el desarrollo que promete prosperidad mientras privatiza el horizonte, exige agua pública y traslada costos ambientales a quienes no aparecen en las maquetas.

La anulación del permiso de Baja Bay Club es un freno, no una absolución. El promovente todavía puede buscar medios de defensa y la historia de Cabo Pulmo enseña que los megaproyectos rara vez mueren del todo: cambian de nombre, de escala, de abogado o de ventanilla. Si una autoridad aprobó en 2024 lo que después otra revisión consideró inviable, la pregunta no puede quedarse en el expediente. ¿Quién revisó? ¿Quién omitió? ¿Quién decidió qué arroyos, dunas, tortugas y corredores biológicos podían tratarse como notas al pie?

Las salidas existen, pero exigen voluntad: evaluación regional obligatoria para proyectos conectados, ordenamiento territorial real en Cabo del Este, consulta pública temprana y no decorativa, límites hídricos antes que permisos de lujo, vigilancia ambiental con dientes y una política turística que mida éxito no solo por habitaciones, sino por agua disponible, vivienda digna y ecosistemas en pie.

Cabo Pulmo no pide ser intocable. Pide algo más radical en un país acostumbrado a vender la costa por partes: que el desarrollo demuestre primero que no destruye aquello que dice venir a admirar. En ese arrecife hay una lección sencilla y severa. Lo vivo no siempre gana en los escritorios, pero cuando se pierde, no hay fideicomiso capaz de comprarlo de regreso.

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José Luis Cortés M.

San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). El Spring Break no entra a Baja California Sur en silencio. Entra por el aeropuerto de San José del Cabo, por los camiones turísticos, por las pulseras de hotel todo incluido, por los bares encendidos antes de que caiga la tarde y por esa postal que el mundo compra sin mirar el reverso: sol limpio, mar azul, arena caliente, servicio impecable. Del 1 de marzo al 3 de abril de 2026, Los Cabos esperaba recibir entre 45 mil y 50 mil jóvenes, principalmente de Estados Unidos, con una derrama estimada superior a 50 millones de dólares. Doce hoteles participaron directamente en esta temporada organizada, coordinada entre autoridades, hoteleros y operadores turísticos. La ocupación prevista rondaba el 80%. En la superficie, todo parecía una buena noticia. Y lo es, al menos para una parte del Estado.

Ganan los hoteles, los restaurantes, los bares, los transportistas, las agencias, los organizadores de eventos, los comercios de la zona turística y una cadena amplia de trabajadores que vive de la temporada alta. Gana también el gobierno, que puede presentar cifras de dinamismo, conectividad y confianza internacional. En un Estado donde el turismo no es solo actividad económica sino columna vertebral del discurso público, el Spring Break funciona como vitrina: muestra a Los Cabos como destino seguro, deseable, rentable. Cada llegada confirma una marca; cada habitación ocupada sostiene una narrativa de éxito. Pero Baja California Sur no es solo la postal. Es también el territorio que sostiene esa postal. Y ahí empieza la grieta.

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El mayor impacto se concentra en Los Cabos, no en todo el Estado por igual. La Paz, Loreto, Comondú y Mulegé reciben efectos indirectos: movilidad, proveeduría, expectativas de inversión, presión sobre servicios, comparación permanente con el sur próspero. Pero el peso principal cae sobre el corredor San José del Cabo-Cabo San Lucas, donde el turismo de alto consumo convive con colonias que han crecido más rápido que la infraestructura pública. Según datos censales, Los Cabos pasó de 238,487 habitantes en 2010 a 351,111 en 2020; en ese último año concentraba alrededor del 44% de la población estatal. Ese crecimiento no llegó acompañado, en la misma proporción, de agua, vivienda digna, transporte suficiente ni planeación urbana capaz de ordenar la expansión.

La contradicción es brutal porque se mira sin necesidad de explicarla demasiado: campos de golf verdes en medio del desierto, albercas relucientes frente al mar, hoteles de lujo ofreciendo abundancia hídrica como parte de la experiencia, mientras en zonas populares el agua puede convertirse en espera, tandeo, tinaco, pipa, gasto extra y resignación. De acuerdo con registros oficiales de disponibilidad de agua subterránea, el acuífero de Cabo San Lucas presenta una disponibilidad media anual negativa de más de 24 hectómetros cúbicos; el de San José del Cabo también aparece con déficit, al igual que el de La Paz. No es una metáfora: el subsuelo está diciendo, con números secos, que la fiesta ocurre sobre una cuenta sobregirada.

La pregunta no es si el turismo debe existir. Sería absurdo plantearlo así en un Estado cuya economía depende de esa maquinaria. La pregunta es quién decide sus límites, quién paga sus costos y quién se queda con sus beneficios más altos. Porque el Spring Break deja dinero, sí, pero también deja presión: más consumo de agua, más residuos, más tránsito, más demanda de seguridad, más ruido, más tensión sobre playas y espacios públicos, más empleo temporal y, muchas veces, más desigualdad normalizada bajo el lenguaje amable del desarrollo.

El crecimiento hotelero e inmobiliario ha reordenado las prioridades. En Los Cabos, el suelo vale por su capacidad de mirar al mar, no necesariamente por su capacidad de alojar con justicia a quienes hacen funcionar el destino. La vivienda para trabajadores se empuja lejos de la franja turística; los traslados se alargan; la ciudad se estira hacia donde puede, no siempre hacia donde debe. El lujo concentra inversión, pero también concentra vulnerabilidad: un destino que depende de vender abundancia en un territorio de escasez está obligado a revisar su modelo antes de que la contradicción se vuelva fractura.

Hay salidas, pero no caben en el optimismo publicitario. Requieren transparencia en concesiones y usos de agua, planeación urbana vinculante, medición pública del consumo turístico, inversión real en infraestructura hidráulica, tratamiento y reúso, límites ambientales verificables, vivienda accesible para trabajadores y acceso público efectivo a playas. Requieren que el éxito no se mida solo por ocupación hotelera y derrama, sino por la capacidad de que el destino no expulse, no seque y no oculte a quienes lo sostienen.

Spring Break 2026 muestra, con una claridad casi cruel, las dos caras de Baja California Sur: la del paraíso que se vende al mundo y la del territorio que absorbe la factura. Los jóvenes se irán con fotos, pulseras cortadas y memoria de fiesta. Los hoteles cerrarán cuentas. Las autoridades hablarán de saldo positivo. Pero cuando baje la música, quedará lo esencial: un Estado que debe decidir si quiere seguir celebrando el desarrollo como espectáculo o empezar a defenderlo como derecho compartido. Porque en el desierto, la prosperidad que no alcanza para todos termina pareciéndose demasiado a la sed.

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San José del Cabo, Baja California Sur (BCS). En Baja California Sur, la prosperidad turística tiene brisa marina, pero la vida cotidiana suele tener polvo, recibos vencidos y trayectos largos. En Los Cabos, La Paz y otras zonas de crecimiento acelerado, el desarrollo se mira en hoteles ocupados, restaurantes llenos, construcciones nuevas, aeropuertos activos y fraccionamientos que avanzan sobre el territorio. La postal funciona. La economía turística también. Pero cuando esa abundancia cruza la puerta de una casa trabajadora, cambia de nombre: renta, gasolina, mandado, agua, transporte, luz.

El Estado vive una paradoja difícil de mirar de frente. De acuerdo con datos públicos, Baja California Sur mantiene una economía asociada al turismo, la construcción, los servicios y el comercio, con una población ocupada de alrededor de 450 mil personas en el primer trimestre de 2025. El salario promedio mensual reportado para la entidad fue de 12.3 mil pesos; entre trabajadores formales, 14 mil pesos, y entre informales, 9.42 mil. La cifra parece alta frente a otros territorios, pero en una península turística el ingreso se mide contra precios que no caminan: corren.

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El salario mínimo general en México subió en 2026 a 315.04 pesos diarios. Es un avance real. Pero en Baja California Sur la pregunta no termina en cuánto gana una persona, sino cuánto le cuesta permanecer donde trabaja. Porque el paraíso no solo cobra a quien llega de vacaciones; también cobra a quien lo limpia, lo construye, lo cocina, lo transporta y lo mantiene abierto.

La vivienda es el primer golpe. En marzo de 2026, un reporte local ubicó a Los Cabos entre las zonas más caras para rentar en México, impulsada por un mercado inmobiliario orientado al turismo de lujo y a la presencia extranjera. La explicación económica es conocida: donde el suelo se vuelve mercancía turística, vivir cerca del empleo se convierte en privilegio. La consecuencia humana es más dura: trabajadores que sirven al destino, pero no pueden habitarlo.

Así se ensancha la ciudad invisible. La que no aparece en los folletos. La de quienes salen antes del amanecer desde colonias periféricas, hacen cuentas para cargar gasolina, esperan transporte, comparten vivienda o destinan medio ingreso a un cuarto. Según reportes locales sobre costo de vida en La Paz, un adulto necesitaría alrededor de 19,600 pesos mensuales para vivir con estabilidad en Baja California Sur, cifra superior al salario promedio mensual estatal reportado por Data México. Ese cruce de datos no prueba por sí solo todas las historias familiares, pero sí muestra una tensión central: el ingreso promedio no siempre alcanza para una vida completa.

El supermercado confirma lo que las estadísticas apenas alcanzan a sugerir. En una península larga, dependiente de mercancías que llegan por carretera, barco o avión, los básicos cargan distancia. El huevo, la leche, la carne, el arroz, el tomate, el agua embotellada, los productos de limpieza y los útiles escolares no solo tienen precio: tienen ruta. Cada kilómetro se suma a la cuenta final. Para una familia trabajadora, el mandado no es una compra; es una negociación semanal con la renuncia.

Los datos laborales, vistos sin contexto, pueden engañar. Baja California Sur suele aparecer con buenos ingresos comparativos y baja desocupación. Pero el problema no es únicamente tener empleo. Es que el empleo alcance. Es que el sueldo permita rentar sin hacinamiento, trasladarse sin perder horas de vida, comer sin deuda, pagar servicios sin escoger cuál recibo dejar para después. Medios locales han recogido esa percepción ciudadana: en Los Cabos se gana más que en otros lugares, pero también se gasta más. La frase, repetida en distintas formas, resume una economía donde el salario sube la escalera y el costo de vida toma el elevador.

El agua vuelve más áspera la contradicción. En Cabo San Lucas, autoridades y actores locales han reconocido un déficit grave: la delegación recibía alrededor de 480 litros por segundo, pero requería cerca de mil para garantizar el abasto. También se señaló que la infraestructura beneficia más a unas colonias que a otras. En 2026, OOMSAPAS Los Cabos informó proyectos hídricos por 260.3 millones de pesos y el reequipamiento de la desaladora número 1 para elevar su capacidad. La inversión es necesaria, pero también revela lo que el crecimiento dejó pendiente: primero llegó la expansión, después la urgencia por sostenerla.

Baja California Sur no está pagando el precio de ser bello; está pagando el precio de haber permitido que la belleza se administrara como negocio antes que como territorio habitable. El turismo no es el enemigo. Da empleo, mueve comercio, atrae inversión. El problema aparece cuando el desarrollo se mide por ocupación hotelera y no por tiempo de traslado; por derrama económica y no por renta familiar; por metros construidos y no por litros de agua disponibles; por visitantes recibidos y no por trabajadores expulsados a la periferia.

Las salidas no son misteriosas: vivienda asequible cerca de los centros laborales, transporte público digno, regulación seria de rentas temporales, planeación urbana con agua garantizada, salarios regionales vinculados al costo real de vida, transparencia en permisos inmobiliarios y una política turística que asuma su deuda social. Lo difícil no es saber qué hacer; lo difícil es tocar intereses que han aprendido a llamar progreso a cualquier construcción frente al mar.

En Baja California Sur, el paisaje sigue siendo deslumbrante. El mar conserva esa claridad que parece prometer una vida más simple. El desierto continúa ardiendo con una belleza seca, antigua, indiferente. Pero ninguna postal puede ocultar indefinidamente a quienes sostienen el destino desde el cansancio. Porque el verdadero costo de vivir en un paraíso turístico no aparece en la cuenta del hotel ni en el folleto de inversión: lo pagan, todos los días, quienes hacen posible que el paraíso abra sus puertas.

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