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Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). En los últimos años del siglo XVII, la región de California, con su vasto y desolado paisaje, se convirtió en el escenario de una de las empresas más ambiciosas de la Corona Española: la fundación de misiones. Estos proyectos no sólo pretendían evangelizar a los pueblos indígenas, sino también establecer una presencia permanente en una zona poco explorada y de difícil acceso. La historia de las misiones en Baja California es un testimonio de la perseverancia, la fe y los desafíos enfrentados por un grupo de hombres que, liderados por el padre Juan María de Salvatierra, se embarcaron en una travesía espiritual y territorial.

Entre los años 1683 y 1685, el padre Eusebio Francisco Kino, reconocido por su labor evangelizadora en las regiones de Sonora y Sinaloa, acompañó al almirante Isidro Atondo y Antillón en una expedición a la California. El objetivo era claro: fundar misiones permanentes que sirvieran como bases para la evangelización de los pueblos indígenas y la consolidación de la presencia española en la región. Sin embargo, la empresa se encontró con dificultades insalvables. La escasez de recursos, el terreno inhóspito y la resistencia local llevaron al abandono del proyecto. Las misiones soñadas en la California se desvanecieron, al menos temporalmente.

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A pesar de los fracasos iniciales, la llama de la evangelización no se apagó. En 1686, el padre Juan María de Salvatierra, un ferviente jesuita que había sido designado visitador de las misiones de Sinaloa y Sonora, se encontró con Kino. Fue en ese encuentro donde Salvatierra se vio profundamente inspirado por la labor que Kino había comenzado y, convencido de la importancia de continuar la obra en la California, decidió embarcarse en esta misión. Salvatierra no estaba solo en su convicción. El legado espiritual del padre Juan Bautista Zappa, fallecido en 1694, también influyó en la decisión de Salvatierra. Zappa, antes de morir, había alentado a Salvatierra a continuar con la misión y a enfrentar los desafíos con la esperanza de la recompensa celestial.

Para emprender una empresa de tal magnitud, era necesario contar con el respaldo tanto de la Iglesia como de la Corona. El padre Salvatierra, consciente de ello, buscó la autorización del general de los jesuitas, el padre Tirso González de Santa-Ella. Aunque la licencia no fue inmediata, finalmente, el 5 de febrero de 1697, el excelentísimo señor don Joseph de Sarmiento y Valladares, Conde de Moctezuma, concedió el permiso oficial para fundar la misión en California. Este apoyo no sólo validaba la labor espiritual de los jesuitas, sino que también garantizaba cierto respaldo material y logístico por parte del virreinato de la Nueva España.

Viaje hacia lo desconocido

Con la licencia en mano, Salvatierra partió desde el puerto del Yaqui el 10 de octubre de 1697. Lo acompañaba una tripulación compuesta por hombres de diversas partes del mundo, cada uno con su propia historia y motivaciones, pero todos unidos por un mismo objetivo. Entre ellos se encontraban don Esteban Rodríguez Lorenzo, un portugués que posteriormente serviría como capitán durante muchos años, Bartolomé de Robles Figueroa, un criollo originario de la provincia de Guadalajara, y Juan Carabaña, un marinero maltés. También formaban parte de la expedición Nicolás Márquez, un marinero siciliano, y Juan Mulato, un hombre del Perú. A este grupo se unieron tres indígenas: Francisco de Tepahui, Alonso de Guayavas y Sebastián de Guadalajara, quienes servirían como guías y colaboradores en la misión.

El viaje no estuvo exento de desafíos. El trayecto marítimo desde el Yaqui hasta las costas de la Baja California fue largo y peligroso. Finalmente, el 13 de octubre de 1697, la expedición llegó a la Bahía de la Concepción, donde desembarcaron para iniciar su travesía hacia el Norte. Sin embargo, la calidad del agua en esa región resultó ser deficiente, lo que obligó a la tripulación a buscar un lugar más adecuado para establecerse.

La expedición continuó su búsqueda, liderada por el capitán Juan Antonio Romero de la Sierpe, quien recordaba un sitio más prometedor al que había llegado durante una expedición anterior con el almirante Atondo. Fue así como la expedición se dirigió hacia la Ensenada de San Dionisio, conocida como Conchó por los indígenas cochimíes. Este lugar, ubicado en una zona estratégica y con acceso a mejores recursos, parecía el sitio ideal para fundar la primera misión jesuita en Baja California.

Encuentro con los indígenas

El 19 de octubre de 1697, la expedición llegó a Conchó, donde fueron recibidos por más de cincuenta indígenas de la vecina ranchería, así como por otros provenientes de San Bruno. Los indígenas, curiosos y respetuosos, se acercaron a la tripulación, muchos de ellos hincándose de rodillas y besando las imágenes del crucifijo y de la Virgen María. Este encuentro pacífico marcó el inicio de una relación que, aunque no exenta de dificultades, permitió a los jesuitas comenzar su labor evangelizadora en la región.

El acto más simbólico de la jornada fue la procesión en la que se trajo desde la embarcación la imagen de Nuestra Señora de Loreto, patrona de la conquista. Con solemnidad y devoción, los misioneros colocaron la imagen en el centro de lo que sería la primera misión en California. El 25 de octubre de 1697, se tomó posesión oficial de la tierra en nombre del rey de España, marcando el inicio formal de la Misión de Nuestra Señora de Loreto, el primer bastión jesuita en la península.

Un legado que perdura

La fundación de la Misión de Loreto no sólo fue el inicio de la evangelización de Baja California, sino también el comienzo de un proceso de transformación cultural y social que moldearía el futuro de la región. A pesar de los desafíos geográficos, la escasez de recursos y la resistencia ocasional de los pueblos indígenas, los jesuitas, liderados por hombres como Salvatierra, lograron establecer una red de misiones que perduraría durante décadas.

Hoy, la Misión de Loreto es un testimonio vivo de la perseverancia de aquellos hombres que, impulsados por su fe y dedicación, se embarcaron en una de las empresas más audaces de su tiempo. La historia de la misión no solo es parte del patrimonio cultural de Baja California, sino también un recordatorio de los sacrificios y logros de quienes, con esperanza y devoción, buscaron expandir las fronteras de su mundo.

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FOTO: SNE BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Como parte de la gira de trabajo que realiza la Secretaría del Trabajo, Bienestar y Desarrollo Social y el Servicio Nacional de Empleo de Baja California Sur (SNE-BCS), se dio a conocer en los municipios de Loreto y Comondú el “Canal del Empleo”, una alternativa de difusión de información a través de WhatsApp, dirigida a personas buscadoras de trabajo, anunció el titular del SNE-BCS, Vladimir Torres Navarro.

Con el “Canal del Empleo”, las y los suscriptores podrán conocer de ofertas de trabajo, eventos, convocatorias, ubicaciones de módulos itinerantes y noticias relevantes.

Este nuevo medio de comunicación, señaló Torres Navarro, obedece a la tendencia de buscar empleo desde donde estés, alternativa que se puso en marcha con el “ChambaChat” (612 21-4-94-59) y que busca aumentar el alcance de la información de esta dependencia para que llegue a quien más la necesita.

Puntualizó que, para poder acceder a este canal, los usuarios podrán vincularse a través de “ChambaChat”, o bien, dirigirse al siguiente enlace: https://bit.ly/47ebCXB. Añadió, que el lanzamiento tuvo lugar en las instalaciones de la UABCS en Loreto, así como en el Instituto Tecnológico de Ciudad Constitución.

FOTOS: Archivos.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Resulta sospechosa la prisa del X Ayuntamiento de Loreto por aprobar el Programa Subregional de Desarrollo Urbano (PSDU) Región Loreto-Nopolo-Notri-Puerto Escondido-Ligüí-Ensenada Blanca en Baja California Sur.

En un procedimiento irregular, el 19 de agosto de 2024, se celebró la primera consulta pública donde se presentó el Programa de Desarrollo Subregional de Desarrollo Urbano de Loreto.

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Desde una perspectiva de interés ciudadano, a todos los loretanos en particular, y a los habitantes de Baja California Sur en general, hacemos las siguientes observaciones:

La presentación fue muy pobre, sin soporte técnico adecuado. No explica los fundamentos para las propuestas de los cambios que desean realizar y aprobar.

Los encargados de presentar este documento que regirá el crecimiento y desarrollo urbano de Loreto no tienen conocimiento detallado de lo que plantean.

No pudieron responder nuestras preguntas sobre particulares específicos. Por ejemplo, en un tema que a todos los sudcalifornianos preocupa, preguntamos ¿En qué región específica de Loreto es que permitirían el 01% de minería a que se hace alusión en su programa?

Sólo obtuvimos por respuesta vaguedades balbuceantes.

No pudieron explicar, ni motivar, ni fundamentar legalmente, el hecho de que decidieron «reducir» el plazo para que la comunidad de Loreto extienda sus observaciones a su nuevo programa subregional, pues en una franca violación a la norma reguladora, redujeron el tiempo que otorga la Ley, de 120 días naturales a 45 días naturales. Lo único que nos queda claro es que quieren dejarlo aprobado antes de que concluya la administración de Paola Cota.

Es inevitable preguntar: ¿Por qué la prisa? ¿Cuál es el interés de la administración saliente de acelerar los trámites? Se trata de un proceso que por su importancia y trascendencia debe llevarse a cabo de manera transparente, y donde al pueblo loretano se le deben socializar estos temas, ya que implican un impacto definitivo a la población como hoy la conocemos.

Mencionan en su documento las «Lagunas de Oxidación», mismas que se encuentran ubicadas en su proyecto dentro de un predio de propiedad privada, y que la existencia de esas lagunas ha estado sujeta a querellas legales en las que ya un Juez resolvió a favor de la propietaria de dicho inmueble.

¿Cómo es posible que aparezcan estas lagunas de oxidación en este documento?

Resulta increíble que quienes presentaron esta consulta, no supieran que esa información es incorrecta y no procedente para el nuevo PSDU.

Incluso, este documento da cuenta de que las aguas negras, continúan de manera ilegal llegando a este predio particular, y que no sólo llegan las aguas negras de Loreto Pueblo, sino que también se trasladan las aguas negras desde Puerto Escondido.

En vez de promover que Puerto Escondido tenga su propia planta de tratamiento, pretenden continuar enviando estos desechos tóxicos hasta Loreto Pueblo, en tierras que no le pertenecen al Ayuntamiento de Loreto.

Hoy por hoy, la población sufre alarmante escasez de agua en este municipio. No cuenta con un sistema de agua potable y alcantarillado suficiente, adecuado y eficiente para quienes ya habitan en la ciudad de Loreto, y, sin embargo, proyectan para 2043 un crecimiento acelerado para zona urbana pero no indican cómo resolverán el abasto adecuado de agua para quienes ya viven en Loreto.

A pesar de nuestras preguntas sin respuesta y las diversas solicitudes de información detallada, técnicamente soportada, las consultas van a continuar, y todo indica que se cubrirá con apariencias este requisito, pues sin importar las deficiencias apuntadas desde la observancia ciudadana, parece ser nulo el interés por realmente atenderlas.

Todo lo acotado nos hace suponer que, en los tres niveles de gobierno, no ven este ejercicio de consulta la comunidad como un derecho que tenemos los ciudadanos, sino más bien como un simple requisito de machote para poder cumplir con los pasos y conseguir al vapor una aprobación de los cambios en usos de suelo que promueven.

Estamos trabajando en un posicionamiento público con nuestras observaciones, para que usted como ciudadano esté enterado y pueda emitir una opinión acerca de las preocupaciones que estamos seguros son las mismas de todos: Abastecimiento de agua, drenaje y alcantarillado, salud, protección efectiva del medio ambiente, y muchas más que resulten procedentes y adecuadas, una vez atendiendo debidamente el sentir y parecer de todos los residentes de Loreto.

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FOTO: Salud BCS.

La Paz, Baja California Sur (BCS). A través de su programa de vectores, la Secretaría de Salud de Baja California Sur realiza del 21 al 24 de agosto un operativo para fortalecer la prevención del dengue mediante la visita domiciliaria de brigadas de control larvario y acciones de fumigación en las zonas habitacionales de Loreto, donde se tiene identificados casos probables y confirmados por este padecimiento que es transmitido por la picadura del mosco Aedes aegypti.

Es una actividad emprendida por el Gobierno del Estado para reducir riesgos por esta enfermedad viral que puede desarrollar formas graves, informó la directora de Servicios de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro, al recordar la importancia de que la gente con sintomatología asociada (fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, dolor de ojos y abdominal, erupciones en la piel, entre otros) acuda a consultar en la institución de su derechohabiencia.

Como parte de este operativo, las y los brigadistas aplican larvicida en los depósitos utilizados en los domicilios para almacenar agua de uso diario, pero además sensibilizan a las y los vecinos para que contribuyan con el saneamiento básico de patios y viviendas, ya que con esto se evita que los cacharros sirvan de criaderos artificiales para los zancudos.

En este acercamiento con la población se enfatiza la importancia de lavar y tapar los tinacos, tambos, aljibes y todos aquellos objetos donde se almacena el agua de uso diario para evitar que el mosco deposite huevecillos en su interior, así como de voltear o tirar aquellos artículos que están en desuso (como corcholatas, latas, botes, botellas, llantas, entre otros) que al contener líquidos pueden favorecer la reproducción de este insecto, abundó.

El planteamiento a la población en general es sumarse a estas tareas que son la base de la prevención contra esta patología, al recordar que las fumigaciones actúan directamente contra el zancudo adulto, pero no contra las larvas, de ahí la relevancia en que los diversos sectores de la sociedad colaboren con la eliminación de criaderos artificiales, concluyó Guluarte Castro.

FOTOS: Modesto Peralta Delgado.

Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

La Paz, Baja California Sur (BCS). Desde la aparición de plataformas que ofrecen una alternativa al hospedaje hotelero tradicional, al servir de enlace entre particulares que ofertan servicios de alojamiento y quienes los contratan, han surgido señalamientos de competencia desleal, pues se afirma que ofrecen un servicio inferior al que brindan los hoteles, que no cuentan con los estándares de supervisión y generan una elevada evasión fiscal, pues no existen mecanismos efectivos de control de ingresos —sobre todo— cuando los inmuebles rentables se encuentran en un país y los pagos se realizan en otro.

Los empresarios hoteleros locales se quejan de la falta de una legislación adecuada que regule eficientemente los servicios que brindan estas plataformas, y lo cierto es que la carencia de un marco regulatorio eficaz propicia esquemas de ilegalidad y prácticas de evasión fiscal.

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La llamada hotelería pirata, es un ejercicio de competencia desleal, proscrito en México por los Artículos 5 y 28 constitucionales que exigen la licitud en toda actividad comercial y proscriben la ventaja indebida, respectivamente. Los tratados internacionales suscritos por México, también la prohíben, en particular el llamado Convenio de París. En el marco administrativo regulatorio, también es sancionado este ejercicio por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Pese a estar legalmente prohibida, esta práctica encuentra acomodo en los vacíos, resquicios y elasticidades que presentan las normas secundarias, usualmente sujetas a la potestad discrecional de funcionarios municipales que no siempre interpretan con precisión el espíritu de la ley,quienes suelen brindar ventajas indebidas a quienes saben ganarse su disposición para ello. Es en estos espacios de contubernio en los que encuentran acomodo los empresarios deshonestos.

Algunos legisladores consideran exageradas las quejas del sector hotelero, pues no ven ningún problema en que una viuda alquile una habitación de cuando en cuando, a través de esas plataformas, para obtener un recurso extra y mejorar sus exiguos ingresos.

Lo cierto es que se ha diversificado la expectativa, y aprovechando las lagunas legales y la flexibilidad normativa municipal, sujeta en muchos casos al criterio del funcionario en turno, ha surgido una industria marginal que constituye una auténtica hotelería pirata.

El caso más representativo es el que ocurre en Loreto, donde un avispado empresario extranjero, que no duda en publicitarse a sí mismo como una persona que ha hecho su fortuna al margen de la legalidad, ha encontrado una mina de oro, en contubernio con empleados municipales de Loreto.

El extranjero en cita, a través de una empresa domiciliada en el Estado norte, construye en Loreto casas unifamiliares de 14 o más habitaciones, con licencia de casa habitación, para explotarlas comercialmente como hotel, a través de la famosa plataforma Airbnb.

En el caso concreto, en el fraccionamiento Cimarrones de Loreto, que consta de 35 lotes habitacionales, este empresario de la hotelería pirata, a través de su empresa, adquirió seis lotes y en dos de ellos construye 26 cuartos de hotel. De continuar su proyecto, en breve contará con un servicio de 60 habitaciones, pagando únicamente predial y servicios municipales del tipo unifamiliar.

Y si tomamos en cuenta que se oferta como turismo “religioso” (para no pagar impuestos tampoco en USA) y los servicios se contratan en la Unión Americana, pues no habrá ni pago de impuestos en México, ni derrama económica. En redes sociales anuncia que arranca actividades en septiembre.

Esta hotelería pirata no sólo atenta contra el fisco y la industria hotelera legalmente instalada. Es una amenaza para el entorno donde construye sus mini hoteles disfrazados de casas unifamiliares. En zonas específicas de Loreto, donde la densidad habitacional es de 2.2 habitantes por inmueble, al ocuparse sus mini hoteles, la densidad se dispara considerablemente, con los consecuentes problemas relacionados con el suministro de los servicios públicos municipales, en particular, la disponibilidad de agua, drenaje, recolección de basura, espacios de estacionamiento, contaminación ambiental, visual y auditiva, etcétera.

Al operar como hotelería pirata, este tipo de establecimiento escapa de los controles y la supervisión oficial relativa a los aspectos sanitarios y operativos a que regularmente son sometidas las instalaciones en que opera la industria hotelera legalmente establecida, en detrimento del servicio público, y poniendo en riesgo a huéspedes y vecinos de la zona.

Atenta, además, contra la seguridad laboral de las personas prestadoras de servicios que contrata para sus hoteles piratas, pues no existe certeza jurídica contractual, ni el apoyo y representación sindical a que en su caso tienen derecho.

Existe una enorme inconformidad de los vecinos, pues estos hoteles piratas rompen la armonía y tranquilidad de la zona donde se están construyendo, y quienes se atreven a protestar, son acosados e intimidados mediante denuncias y cargos falsos inventados por los abogados de este empresario extranjero, que se jacta de tener en la bolsa, a las autoridades municipales loretanas.

Es urgente que tanto las autoridades federales como estatales, tomen cartas en el asunto.

PIRATE HOTELS. THE CASE OF LORETO

Since the appearance of platforms that offer an alternative to traditional hotel accommodation, by serving as a link between individuals who offer accommodation services and those who hire them, accusations of unfair competition have arisen, since it is stated that they offer an inferior service to that provided by hotels. , which do not have supervision standards, and generate high tax evasion, since there are no effective income control mechanisms —especially— when the profitable properties are located in one country and the payments are made in another.

Local hotel entrepreneurs complain about the lack of adequate legislation that efficiently regulates the services provided by these platforms, and the truth is that the lack of an effective regulatory framework encourages illegal schemes and tax evasion practices.

The so-called pirate hotel business is an exercise in unfair competition, prohibited in Mexico by Articles 5 and 28 of the Constitution, which require legality in all commercial activities and outlaw undue advantage, respectively. The international treaties signed by Mexico also prohibit it, in particular the so-called Paris Convention. In the regulatory administrative framework, this exercise is also sanctioned by the Federal Consumer Protection Law.

Despite being legally prohibited, this practice finds accommodation in the gaps, loopholes and elasticities presented by secondary regulations, usually subject to the discretionary power of municipal officials who do not always accurately interpret the spirit of the law, and usually provide undue advantages to who know how to gain their willingness to do so. It is in these spaces of collusion that dishonest businessmen find accommodation.

Some legislators consider the hotel sector’s complaints exaggerated, as they see no problem in a widow renting a room from time to time, through these platforms, to obtain an extra resource and improve her meager income.

The truth is that expectations have diversified, and taking advantage of legal loopholes and municipal regulatory flexibility, subject in many cases to the criteria of the official in office, a marginal industry has emerged that constitutes a true pirate hotel business.

The most representative case is the one that occurs in Loreto, where a clever foreign businessman, who does not hesitate to advertise himself as a person who has made his fortune outside the law, has found a gold mine, in collusion with employees. municipalities of Loreto.

The foreigner in question, through a company domiciled in the northern state, builds single-family houses with 14 or more rooms in Loreto, with a home residence license, to exploit them commercially as a hotel, through the famous Airbnb platform.

In the specific case, in the Cimarrones de Loreto subdivision, which consists of 35 housing lots, this pirate hotel businessman, through his company, acquired six lots and in two of them he built 26 hotel rooms. If its project continues, it will soon have a service of 60 rooms, paying only property and municipal services of the single-family type.

And if we take into account that it is offered as “religious” tourism (so as not to pay taxes in the USA either) and the services are contracted in the American Union, there will be no payment of taxes in Mexico, nor economic benefit. On social networks it announces that it will start activities in September.

This pirate hotel not only attacks the treasury and the legally established hotel industry. It is a threat to the environment where it builds its mini hotels disguised as single-family homes. In specific areas of Loreto, where the housing density is 2.2 inhabitants per property, when their mini hotels are occupied, the density increases considerably, with the consequent problems related to the supply of municipal public services, in particular, the availability of water, drainage, garbage collection, parking spaces, environmental, visual, auditory pollution, etc.

By operating as a pirate hotel, this type of establishment escapes the controls and official supervision related to the health and operational aspects to which the facilities in which the legally established hotel industry operates are regularly subjected, to the detriment of public service, and putting in risk to guests and neighbors in the area.

It also threatens the job security of the service providers it hires for its pirate hotels, since there is no contractual legal certainty, nor the support and union representation to which they are entitled.

There is enormous discontent among the neighbors, since these pirate hotels break the harmony and tranquility of the area where they are being built, and those who dare to protest are harassed and intimidated through false complaints and charges invented by the lawyers of this foreign businessman, which he boasts of having in the bag, the municipal authorities of Loreto.

It is urgent that both federal and state authorities take action on the matter.

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