FOTOS: Mega Noticias | OEM.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). El viento de abril todavía no había cambiado cuando la noticia comenzó a correr por las calles tranquilas de Loreto. No fue un rumor ni una filtración: estaba impresa, publicada, oficial. El 10 de abril de 2026, el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer un decreto que, en apariencia, parecía técnico, casi burocrático. Pero en realidad, marcaba un giro profundo en el destino de este pueblo costero. Loreto dejaba de ser solo un puerto de cabotaje —limitado al tránsito nacional— para convertirse en puerto de altura y cabotaje, lo que significaba, en términos claros, abrir sus aguas a embarcaciones internacionales: cruceros, yates, buques de carga. La tinta aún no se secaba en el documento oficial cuando la inquietud comenzó a tomar forma en la comunidad.

En los días posteriores al 10 de abril, funcionarios portuarios y autoridades comenzaron a explicar el alcance del decreto. Para la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur (API BCS), el cambio representaba un paso estratégico. Loreto, decían, estaba listo. El crecimiento del tráfico marítimo en la región, su ubicación en rutas del Pacífico y su potencial turístico justificaban la decisión. Convertirlo en puerto de altura permitiría atraer inversión, fortalecer la conectividad y posicionarlo como un nodo internacional.  En palabras oficiales, el decreto respondía a una visión de desarrollo: integrar a Loreto en los circuitos globales del comercio y el turismo marítimo. Pero en el malecón, donde las pangas regresan al atardecer y los pescadores limpian sus redes, la noticia no se recibió con entusiasmo.

También te podría interesar: Exportadora de Sal de Guerrero Negro: auge, crisis y un futuro incierto en la mayor salinera del mundo

Al principio, fueron preguntas. ¿Qué significa recibir cruceros? ¿Habrá más turismo o menos? ¿Quién gana con esto? Prestadores de servicios turísticos comenzaron a comentar entre ellos. Guías de buceo, capitanes de embarcaciones, hoteleros pequeños. Loreto, durante décadas, había construido una identidad distinta: turismo de bajo impacto, contacto con la naturaleza, respeto por el entorno. El decreto parecía romper ese equilibrio.

Algunos recordaban que gran parte de la derrama económica de los cruceros no se queda en los destinos: los pasajeros llegan, consumen poco y se van. Otros pensaban en algo más profundo: el riesgo de perder lo que hacía único a Loreto.

El 22 de abril, apenas doce días después de la publicación en el DOF, el murmullo se convirtió en voz colectiva. Desde temprano, las calles del centro se llenaron de pancartas. “Loreto no se vende”, “No a los cruceros”, “Sí a las ballenas”. La marcha avanzó pacífica, pero firme, con una consigna clara: rechazo al decreto. No eran solo ambientalistas. Había comerciantes, familias, trabajadores del turismo, residentes extranjeros, jóvenes y adultos mayores. Una comunidad diversa unida por una preocupación común.

El punto de encuentro no era casual: Loreto está dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto, un área natural protegida de alto valor ecológico, hábitat de especies como la ballena azul y múltiples especies endémicas. La protesta no era contra el desarrollo en sí, decían algunos. Era contra la forma en que se estaba planteando.

Con el paso de los días, las razones de la inconformidad comenzaron a articularse con mayor claridad. El principal temor: el impacto ambiental. El aumento del tráfico marítimo implicaría más emisiones, ruido submarino, riesgo de derrames y presión sobre los ecosistemas marinos.  Para una región cuya riqueza depende del equilibrio natural, el riesgo no era menor. Las ballenas, los arrecifes, la biodiversidad que sostiene el turismo local podían verse afectados.

Además, la infraestructura actual del puerto no está diseñada para recibir embarcaciones de gran escala, lo que podría derivar en futuras obras con impactos adicionales. En cada argumento, la misma idea: el decreto no es solo administrativo, es una transformación profunda del territorio.

Mientras tanto, desde el ámbito oficial, el discurso era distinto. El decreto, insistían, traería beneficios económicos: mayor competitividad, nuevas inversiones, diversificación del turismo y conexión con rutas internacionales. Para las autoridades portuarias, Loreto podría convertirse en un punto estratégico del Pacífico, capaz de atraer cruceros y consolidar su economía. Pero en la comunidad, esas promesas se recibían con cautela. Algunos prestadores de servicios advertían que el turismo masivo podría desplazar a los negocios locales, cambiando la estructura económica del municipio. El temor no era solo perder ingresos, sino perder el control sobre el modelo de desarrollo.

Conforme avanzaban las protestas, las demandas se hicieron más específicas. Los manifestantes exigieron la revisión y posible cancelación del decreto, así como la realización de consultas públicas transparentes. No se trataba únicamente de oponerse, sino de participar. “Cualquier proyecto que impacte nuestro territorio debe ser consultado”, señalaron en cartas abiertas dirigidas a autoridades federales y estatales. El reclamo apuntaba a un punto clave: la falta de diálogo previo.

Ante la creciente presión social, las autoridades comenzaron a responder. El gobernador de Baja California Sur declaró que el decreto sería revisado y aseguró que no se perjudicaría a la población de Loreto. El Congreso local también intervino, enviando exhortos para analizar el impacto de la medida. Mientras tanto, la Alcaldesa de Loreto subrayó que cualquier implementación debería respetar los lineamientos del Consejo Asesor del Parque Nacional y garantizar la protección ambiental. El mensaje era claro: el decreto existe, pero su aplicación no está definida.

En Loreto, el debate no es solo técnico. Es, en esencia, una confrontación de visiones. Por un lado, está la idea de crecimiento: más inversión, más turismo, mayor integración global. Por otro, la defensa de un modelo distinto: sustentabilidad, conservación, identidad local. El decreto del 10 de abril se convirtió en el punto donde ambas visiones chocan. Para algunos, representa una oportunidad histórica. Para otros, un riesgo irreversible.

Las protestas no se detuvieron tras la primera marcha. Se recolectaron firmas, se organizaron reuniones comunitarias, se difundieron posicionamientos en redes sociales. En una sola jornada, se reunieron cientos de apoyos ciudadanos. El movimiento comenzó a tomar forma como una defensa organizada del territorio. Mientras tanto, el puerto seguía operando con normalidad, como si nada hubiera cambiado aún. Pero en el ambiente, algo ya era distinto.

Hoy, semanas después del decreto, Loreto vive en una especie de pausa tensa. El decreto está vigente, pero su implementación enfrenta resistencia social y revisión política. Las autoridades hablan de regulación, de estudios, de gradualidad. La comunidad habla de defensa, de consulta, de límites. El desenlace aún no está escrito.

Si el decreto se concreta plenamente, Loreto podría experimentar una transformación profunda. Podría integrarse a rutas internacionales, recibir cruceros, atraer inversiones y modificar su estructura económica. Pero también podría enfrentar presiones ambientales, cambios en su tejido social y una redefinición de su identidad turística. Si, en cambio, la presión social logra modificar o detener el decreto, Loreto reafirmaría su modelo actual, basado en la conservación y el turismo sustentable. Entre ambos escenarios, hay múltiples matices: regulación estricta, implementación parcial, acuerdos entre comunidad y gobierno.

Al caer la tarde, el mar de Loreto sigue siendo el mismo. Las aguas tranquilas reflejan el cielo, las pangas regresan lentamente, y en la distancia, si hay suerte, puede verse el soplo de una ballena. Pero en tierra firme, el ambiente ha cambiado. El decreto del 10 de abril no solo modificó una categoría portuaria. Abrió una discusión sobre el futuro, sobre el desarrollo y sobre el derecho de una comunidad a decidir su destino. Loreto, ese pueblo que durante siglos ha vivido entre el desierto y el mar, ahora enfrenta una nueva marea. No es de agua. Es de decisiones.

Referencias:

https://tribunademexico.com/protestan-loreto-decreto-puerto-altura/ «Protestan en Loreto contra decreto que lo convierte en puerto de altura …»

https://analisisbcs.com.mx/2026/04/13/consolida-api-bcs-a-loreto-como-puerto-de-altura-y-cabotaje-mediante-decreto-federal/ «Consolida API-BCS a Loreto como puerto de altura y cabotaje mediante …»

https://www.radioformula.com.mx/lapaz/pueblo-magico-de-loreto-no-se-vende-crece-defensa-ante-decreto-para-abrir-trafico-maritimo-internacional-20260422-0062.html «Pueblo Mágico de Loreto no se vende: crece defensa ante decreto para …»

https://www.eluniversal.com.mx/estados/habitantes-de-loreto-protestan-contra-decreto-portuario-en-bcs-alertan-por-impactos-ambientales-y-economicos/ «Habitantes de Loreto protestan contra decreto portuario en BCS»

https://www.meganoticias.mx/la-paz/noticia/protestan-en-loreto-por-cambio-a-puerto-de-altura/728759 «Protestan en Loreto por cambio a puerto de altura»

https://www.posta.com.mx/bcs/protestas-en-loreto-por-decreto-que-convierte-su-puerto-en-internacional-esto-significa-el-cambio/vl2194261 «Protestas en Loreto por decreto que convierte su puerto en …»

https://peninsulardigital.com/2026/04/21/protestan-por-la-decision-presidencial-de-convertir-a-loreto-en-puerto-de-altura-y-cabotaje/ «Protestan por la decisión presidencial de convertir a Loreto en “Puerto …»

https://oem.com.mx/elsudcaliforniano/local/se-revisara-el-decreto-que-cambia-estatus-portuario-de-loreto-no-perjudicaremos-a-la-gente-gobernador-29731802 «Se revisará el decreto que cambia estatus portuario de Loreto; no perjudicaremos a la gente: Gobernador»

https://diariohumano.com.mx/2026/04/23/loreto-exige-frenar-decreto-de-puerto-de-altura/ «Loreto exige frenar decreto de Puerto de Altura | Diario Humano»

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

IMÁGENES: IA.

Tierra Incógnita

Sealtiel Enciso Pérez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Loreto, 1768. El campanario de la Misión de Nuestra Señora de Loreto —cabeza del sistema misional jesuita en la península— marcaba el ritmo de una comunidad golpeada por la incertidumbre. Un año antes, por orden de Carlos III, la Compañía de Jesús había sido expulsada de todos los dominios españoles. En su lugar, un grupo de frailes franciscanos, encabezados por fray Junípero Serra, desembarcó para hacerse cargo de un entramado de misiones que durante siete décadas había articulado la vida religiosa, económica y política de la Baja California. La escena fue el punto de partida de una reconfiguración profunda del norte novohispano: un cambio de órdenes religiosas que respondió a las reformas borbónicas, abrió la puerta a la expansión hacia la Alta California y dejó huellas duraderas en las poblaciones indígenas de la península.

La expulsión de los jesuitas en 1767 no fue un hecho aislado. Formó parte de una política más amplia de centralización y control impulsada por la monarquía borbónica. La Real Pragmática Sanción ordenó la salida inmediata de la Compañía de Jesús de los territorios españoles y la incautación de sus bienes. La Biblioteca Nacional de España conserva documentación oficial sobre las instrucciones giradas para ejecutar la medida y ocupar las “temporalidades” jesuitas. En Nueva España, la orden se ejecutó con rapidez. Las misiones de la península de California —fundadas desde 1697— quedaron súbitamente sin sus administradores. El vacío preocupaba a la Corona por razones estratégicas: la península era un enclave clave frente a las ambiciones rusas e inglesas en el Pacífico norte.

También te podría interesar: CCXCVI Aniversario luctuoso del jesuita Francisco María Píccolo. Pasos en el polvo de California

Investigaciones del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM subrayan que el arribo de los franciscanos en 1768 debe entenderse dentro del proyecto reformista y militarizador encabezado por el visitador José de Gálvez, enviado por La Corona para reorganizar la región y preparar la expansión hacia el norte. No se trataba sólo de evangelizar, sino de consolidar la soberanía española. Fray Junípero Serra y un contingente de franciscanos del Colegio de San Fernando de México llegaron a Loreto en abril de 1768. Recibieron un sistema compuesto por quince misiones dispersas en un territorio árido, con poblaciones indígenas diezmadas por epidemias y una economía frágil basada en la agricultura de subsistencia y el ganado.

Un estudio publicado en Historia Mexicana, de El Colegio de México, analiza los informes que los propios franciscanos elaboraron tras asumir el control. En ellos describen las condiciones materiales de las misiones, la disminución demográfica y las tensiones heredadas. Estos documentos, más allá de su tono administrativo, revelan la magnitud del reto: sostener comunidades aisladas en un entorno hostil, con recursos limitados y bajo la supervisión directa del visitador Gálvez. Los franciscanos emprendieron una revisión de inventarios, reorganizaron la producción agrícola y reforzaron la disciplina religiosa. La prioridad era garantizar la continuidad del culto y evitar el colapso de los asentamientos indígenas congregados en torno a las misiones.

Sin embargo, el contexto había cambiado. A diferencia del periodo jesuita, los franciscanos operaron bajo una vigilancia más estrecha del poder civil. Gálvez impulsó reformas económicas y administrativas que limitaron la autonomía misional. La tensión entre la autoridad eclesiástica y la civil fue una constante en estos años. Mientras se consolidaba el relevo en la península, la mirada de La Corona se dirigía hacia la Alta California. El temor a la presencia rusa en el Pacífico Norte aceleró los planes de ocupación. Desde Loreto se organizaron las expediciones terrestres y marítimas que, en 1769, fundarían las primeras misiones y presidios en el actual Estado de California, Estados Unidos.

El National Park Service de Estados Unidos documenta que la Misión de San Diego de Alcalá fue establecida en 1769 por fray Junípero Serra y el gobernador Gaspar de Portolá. Este hecho marcó el inicio del sistema misional en la Alta California, que en las décadas siguientes se expandiría hacia el Norte. La empresa no habría sido posible sin la experiencia acumulada en Baja California. Desde la península se reclutaron indígenas neófitos, se trasladaron semillas, ganado y herramientas, y se diseñó la logística de las expediciones. La misión de San Fernando Velicatá, fundada en 1769 en el norte de la península, funcionó como punto de enlace entre ambas Californias. Así, la presencia franciscana en Baja fue breve pero decisiva: sirvió de puente entre el legado jesuita y la expansión hacia territorios que hoy forman parte de Estados Unidos.

Cualquier balance del periodo debe considerar el impacto en los pueblos originarios: cochimíes, guaycuras y pericúes, entre otros. Desde el siglo XVII, las misiones habían transformado sus formas de vida, concentrándolos en asentamientos permanentes y sometiéndolos a un régimen de trabajo agrícola y catequesis. Los informes franciscanos citados por El Colegio de México registran una población en descenso y múltiples dificultades para sostener las comunidades. Las epidemias, la movilidad forzada y los cambios en la dieta contribuyeron a la crisis demográfica.

Si bien los franciscanos mantuvieron el modelo misional heredado, el contexto de mayor control civil alteró el equilibrio previo. Las reformas borbónicas buscaban hacer más productivas las misiones y reducir su dependencia de subsidios. Esto incrementó la presión sobre los recursos locales y, en algunos casos, sobre la mano de obra indígena. La historiografía contemporánea coincide en que el sistema misional fue un instrumento de colonización que implicó tanto procesos de evangelización como de subordinación cultural. La etapa franciscana en Baja California, aunque corta, formó parte de esa dinámica estructural.

La permanencia franciscana en la península fue transitoria. En 1772-1773, la Orden de Predicadores (dominicos) asumió el control de las misiones bajacalifornianas, mientras los franciscanos concentraban sus esfuerzos en la Alta California. Estudios académicos, como los disponibles en repositorios universitarios de Baja California Sur, documentan este proceso de transferencia y la posterior delimitación de zonas de acción entre ambas órdenes. La línea divisoria se estableció en el Norte de la península, consolidando a San Fernando Velicatá como frontera simbólica entre las jurisdicciones. Este reordenamiento respondió tanto a disputas internas entre órdenes como a la estrategia de expansión hacia el Norte. Con el relevo, los franciscanos cerraron un capítulo de apenas cinco años en Baja California. Sin embargo, su paso dejó transformaciones: fortalecieron la infraestructura misional, articularon la logística de las expediciones y redefinieron la relación entre Iglesia y Estado en la región.

Hoy, las antiguas misiones de Baja California son patrimonio histórico y objeto de investigación académica. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) resguarda y difunde la memoria de estos espacios, como el Museo de las Misiones Jesuíticas en Loreto. Su conservación recuerda que la historia de la península no puede entenderse sin el ciclo jesuita, el interludio franciscano y la posterior etapa dominica. La figura de Junípero Serra, canonizado en 2015, continúa generando debate. Para algunos sectores, simboliza la expansión del cristianismo y la fundación de ciudades; para otros, representa un sistema que contribuyó a la desestructuración de pueblos indígenas. El análisis histórico exige situar su actuación —y la de los franciscanos en Baja California— en el marco de las políticas imperiales del siglo XVIII.

La llegada de los franciscanos a Baja California fue consecuencia directa de una decisión política tomada en Madrid. La expulsión de los jesuitas respondió al deseo de La Corona de afirmar su autoridad y limitar el poder de una orden percibida como demasiado autónoma. En la península, esa decisión se tradujo en una transición acelerada que puso a prueba la capacidad de adaptación de los nuevos misioneros. Las consecuencias fueron múltiples. En el corto plazo, se evitó el abandono de las misiones y se garantizó la continuidad institucional. En el mediano plazo, la reorganización permitió lanzar la colonización de la Alta California, extendiendo la presencia española hasta San Francisco. En el largo plazo, el sistema misional configuró patrones de poblamiento, rutas comerciales y estructuras sociales que influyeron en la formación de identidades regionales tanto en México como en Estados Unidos.

Más que un episodio aislado, el arribo franciscano a Baja California fue un eslabón en la cadena de transformaciones que marcaron el siglo XVIII novohispano. Fue resultado de las reformas borbónicas, motor de la expansión septentrional y parte de un proceso de colonización que redefinió territorios y culturas. En las paredes de adobe de Loreto, en las ruinas de San Fernando Velicatá y en las misiones que hoy se alzan en California, persiste la huella de aquellos frailes que heredaron una empresa en crisis y la convirtieron en plataforma de expansión.

Comprender su presencia en Baja California implica mirar más allá del relevo religioso: exige analizar las tensiones entre Iglesia y Estado, la estrategia geopolítica de la monarquía y el profundo impacto sobre las comunidades indígenas. Sólo así es posible dimensionar el significado histórico de aquellos años en que los franciscanos, llegados tras la expulsión jesuita, reescribieron el destino de las Californias.

Referencias:

• Engelhardt, Z. (1908–1915). The missions and missionaries of California (Vol. 1: Lower California). James H. Barry Co.
• Burckhalter, D., Sedgwick, M., & Fontana, B. L. (2013). Baja California Missions: In the Footsteps of the Padres. University of Arizona Press.
• Mathes, W. M. (1977). Las misiones de Baja California, 1683–1849. Aristos.
• Aschmann, H. (1959). The Central Desert of Baja California: Demography and Ecology. University of California Press.

—–

AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

FOTO: Gobierno del Estado.

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el marco de su gira de trabajo por el norte del Estado, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, acompañado de la presidenta municipal de Loreto, Paz del Alma Ochoa Amador, y del director general del Instituto de Vivienda de Baja California Sur (INVI), Benjamín García Meza, entregó ocho acciones de vivienda a familias de Loreto.

Las obras entregadas consistieron en cuatro cuartos dormitorio con baño y cuatro viviendas progresivas, con una inversión superior a 3.5 millones de pesos, recursos destinados a mejorar la calidad de vida y brindar mayor seguridad y bienestar a los beneficiarios.

El Gobernador de BCS destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración de garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente para quienes más lo necesitan, promoviendo el desarrollo social y contribuyendo a reducir las desigualdades en las comunidades del norte de la entidad.

Asimismo, Castro Cosío resaltó la coordinación con el Ayuntamiento de Loreto, subrayando que la suma de esfuerzos entre distintos órdenes de gobierno permite que los apoyos lleguen de manera directa y efectiva a la población.

Por su parte, Benjamín García informó que para este 2025 se proyecta una inversión superior a 14 millones de pesos en el municipio de Loreto, destinados a la realización de 74 acciones de vivienda, reafirmando con ello el compromiso de fortalecer el bienestar de las familias loretanas.

FOTO: Insude.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Las delegaciones de Loreto y Mulegé se coronaron campeones del Estatal de Béisbol, en las categorías Júnior y Pre-Júnior, dentro del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude) informó que la competencia reunió a los cinco municipios del Estado del 27 al 30 de noviembre, teniendo como sede el Centro Deportivo Municipal “El Piojillo”.

En la categoría Pre-Júnior, Mulegé logró la medalla de oro, enviando al segundo lugar a La Paz, campeón del estatal 2025. Comondú obtuvo el bronce.

En la categoría Júnior, Loreto conquistó el título con paso invicto, relegando a La Paz al subcampeonato. En un encuentro definido en extra innings, Mulegé superó a Los Cabos para quedarse con el tercer sitio.

Finalmente, el Insude dio a conocer que, al concluir la etapa estatal, la comisión seleccionadora evaluará a las y los jugadores con mejor desempeño para conformar un selectivo por categoría, que iniciará preparación rumbo al regional 2026.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) realizó por primera vez en Baja California Sur el clasificatorio estatal de natación rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, en coordinación con los clubes de natación de la entidad.

En el Centro Deportivo Municipal (CEDEM) Guillermo “Memo” Ayón, de La Paz, el INSUDE reunió a 44 atletas de La Paz, Los Cabos, Loreto y Comondú, quienes buscaron mejorar sus marcas para avanzar a la fase regional y, posteriormente, a la etapa nacional.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los criterios oficiales de evaluación, un juez certificado acudió a la capital del estado para verificar el desarrollo técnico de cada prueba y la correcta aplicación de los protocolos correspondientes.

Durante la competencia se realizaron pruebas como 100 metros combinado individual, 50 metros mariposa, 200 metros pecho y 1,500 metros estilo libre, entre otras, en las que las y los nadadores demostraron su preparación, disciplina y nivel competitivo.

El INSUDE destacó que este tipo de eventos fortalecen el proceso rumbo a la justa nacional, permiten medir el desempeño de las y los deportistas sudcalifornianos y consolidan el crecimiento de la disciplina de la natación en el estado.