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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para erradicar la normalización de la violencia, especialmente aquella que afecta a mujeres, niñas y adolescentes, y sancionar a servidores públicos que difundan información sensible relacionada con feminicidios y homicidios, la diputada Karina Olivas Parra presentó una iniciativa de adición al Artículo 217 BIS del Código Penal de Baja California Sur.

La propuesta establece que cualquier servidor público de los sectores Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Procuración o Administración de Justicia —o cualquier área vinculada a la cadena de justicia— que, derivado de su cargo, tenga acceso a información, objetos, indicios, evidencias o documentos relacionados con una investigación penal, y difunda, entregue, publique, transmita, distribuya, reproduzca, filme, fotografíe u oferte imágenes de cadáveres o material sensible que vulnere la dignidad, intimidad y honor de las víctimas o la paz y privacidad de sus familiares, será sancionado con 3 a 7 años de prisión y una multa de 300 a 800 UMA.

La iniciativa también considera un incremento de hasta una tercera parte de la pena cuando las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.

Olivas Parra subrayó que esta reforma representa un homenaje a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020, y a todas aquellas personas cuya dignidad fue vulnerada mediante la difusión indebida de imágenes tras su muerte.

La propuesta legislativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación, forma parte de la llamada “Ley Ingrid”, que busca sancionar tanto a servidores públicos como a ciudadanos que compartan imágenes, audios, videos o documentos de víctimas de violencia, especialmente, mujeres.

El objetivo central es garantizar la seguridad, intimidad, dignidad, protección y bienestar físico y emocional de las víctimas y sus familias, evitando la revictimización, discriminación y estigmatización derivadas de la exposición pública de este tipo de material.

A la fecha, la “Ley Ingrid” ha sido aprobada en Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Estado de México, Chiapas y Nayarit, mientras que entidades como Puebla, Jalisco, Quintana Roo y Querétaro ya han presentado la iniciativa.

La legisladora destacó que esta Legislatura ha avanzado de manera importante en la modernización de la legislación penal en favor de los derechos de las mujeres, con reformas e iniciativas como la Ley Paola Buenrostro, la Ley Melanie, Ley Monzón, Ley Monse, Ley Alina y Ley Olimpia, entre otras.

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Hilo de media

Por Elisa Morales Viscaya

La Paz, Baja California Sur (BCS).  El pasado martes 23 de febrero, trascendió en medios que el Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen que se conoce como “Ley Ingrid”, la cual no es una ley como tal, sino un conjunto de reformas legislativas que sancionan a los servidores públicos y policías que difundan imágenes o videos de investigaciones vinculadas con hechos delictivos. Esta reforma se hace necesaria en atención al respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida y como parte del combate a la violencia de género en los medios de comunicación.

Se conoce como “Ley Ingrid” ya que esta reforma se propuso a raíz del indignante manejo que se dio en la prensa del brutal feminicidio de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años que murió a manos de su pareja, Francisco Robledo, el 9 de febrero del 2020. El propio feminicida confesó, posterior a su crimen, que durante una discusión él la golpeó y ella trató de defenderse con un cuchillo, sin embargo, él se lo quitó y la mató con él, alegando que estaba bajo influjo de drogas; luego trató de ocultar su crimen cortando el cuerpo de Ingrid.

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Este crimen trascendió no sólo por la barbarie con el que fue perpetrado, sino por la exhibición del cuerpo de Ingrid en las portadas de los diarios de nota roja La Prensa y Pásala —que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales—, donde mostraron su fotografía sin pudor alguno, mostrando el cuerpo de Ingrid desnudo y mancillado de forma morbosa con el titular de “DESCARNADA”. Esta falta de respeto a la memoria de la joven y el tratamiento crudo, sensacionalista y amarillista del caso, provocó una ola de indignación en todo el país, y diversos colectivos feministas levantaron la voz, manifestándose en las calles y ante las instalaciones de estos medios de comunicación.

Así, nació la propuesta de la creación de la Ley Ingrid, la cual fue presentada por la Fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y cuyo objetivo es castigar la filtración de expedientes de la Fiscalía, en especial cuando la información que se difunde menoscaba la dignidad de las víctimas o de sus familiares; ya sea tratándose de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, las circunstancias de su muerte, las lesiones o el estado de salud de la víctima, según cita el propio dictamen.

De acuerdo a éste “se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de 500 mil Unidades de Medida y actualización a la persona servidora pública que, de forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la Ley como delitos”.

Sin embargo, a pesar de que se ha aprobado este dictamen con el nombre de Ingrid, y que la Fiscalía General de Justicia CDMX anunció en su momento que al menos seis personas —entre policías y fiscales— estaban siendo investigadas por la filtración de las imágenes, a más de un año, sigue sin resolución alguna. La Fiscalía aún no ha dado alguna información que indique que existe siquiera algún avance en este proceso, por lo que no hay claridad sobre lo sucedido con los agentes investigados, si han recibido alguna sanción penal o administrativa, o por el contrario, si continúan en funciones, o siguen a cargo de casos de este tipo, de naturaleza delicada.

Así, aunque ahora existe en la Ciudad de México y en Oaxaca –y en BCS, ¿para cuándo?– una legislación que pretende evitar que estos hechos se repitan, lo cierto es que la revictimización de Ingrid al filtrar las terribles fotografías de su cuerpo violentado, en favor del amarillismo y el morbo, haciendo apología a la violencia y poniendo en riesgo el debido proceso, teniendo detrás una evidente corrupción por parte de aquellos que tenían a su cargo hacer justicia y resguardar la integridad del caso, ha quedado impune. Una vergüenza.

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