Ius et ratio

Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). En el ámbito del derecho penal moderno, la reparación del daño ha evolucionado desde un enfoque meramente patrimonial hacia una concepción integral que busca restituir, en la medida de lo posible, la dignidad y el desarrollo de la víctima.

Dentro de esta evolución surge una figura de particular relevancia: el daño al proyecto de vida, entendido como la afectación a las expectativas razonables de realización personal, profesional y social de una persona. El concepto tiene su origen en el desarrollo en el ámbito internacional de los derechos humanos, particularmente en América Latina. Doctrinariamente, se vincula con la idea de que la persona no solo tiene bienes patrimoniales, sino también una trayectoria vital susceptible de protección jurídica.

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El concepto, en la doctrina dominante, se clasifica actualmente como una categoría autónoma de daño inmaterial. Surge como una ampliación del daño moral, al reconocer que ciertas violaciones no solo generan sufrimiento emocional, sino que truncan el desarrollo de vida de la persona.

Normativamente se finca en el principio pro persona, dentro del marco de los derechos humanos, y se rige bajo el presupuesto de reparación integral del daño, que contempla daños materiales e inmateriales, conforme a lo previsto en la Ley General de Victimas y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

La SCJN ha reconocido la necesidad de una reparación integral, que no se limite a daños económicos, sino que contemple afectaciones profundas a la persona, bajo la premisa de que la reparación debe ser proporcional, integral y diferenciada, atendiendo a la naturaleza del daño.

Nuestro Máximo Tribunal federal reconoce la influencia de estándares internacionales en materia de derechos humanos, atendiendo siempre al principio de progresividad, y si bien no siempre utiliza expresamente el término “proyecto de vida”, sí ha aceptado la indemnización por daños inmateriales complejos, lo que permite su incorporación.

En el ámbito convencional la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha desarrollado con mayor claridad esta figura, como podemos constatarlo en los casos emblemáticos:

“Loayza Tamayo vs. Perú” (1998): Define el daño al proyecto de vida como la afectación a la realización personal derivada de violaciones graves.

“Cantoral Benavides vs. Perú” (2000): Se reconoce expresamente que la detención arbitraria alteró el curso de vida del afectado.

“González y otras (‘Campo Algodonero’) vs. México” (2009): Se vincula el daño al proyecto de vida con la imposibilidad de desarrollo pleno de las víctimas.

La Corte IDH establece que este daño es autónomo, independiente del daño moral y del lucro cesante.

Derecho comparado

Perú: Reconocido ampliamente en jurisprudencia constitucional y civil.

Argentina: Se ha incorporado en decisiones sobre responsabilidad civil, especialmente en casos de lesiones graves.

Colombia: La Corte Constitucional lo vincula con el concepto de vida digna.

Chile: Se reconoce de forma incipiente dentro de daños extrapatrimoniales.

En general, los países latinoamericanos han integrado este concepto bajo la influencia del sistema interamericano.

Acreditación e indemnización del daño al proyecto de vida

Para probar este tipo de daño, se deben considerar:

1. Condiciones personales de la víctima: Edad, nivel educativo, actividad profesional.
2. Proyecto de vida previo: Planes académicos, trayectoria laboral, expectativas razonables.
3. Impacto del delito: Limitación permanente o temporal, cambio radical de vida, imposibilidad de alcanzar metas.
4. Medios probatorios: Peritajes psicológicos y sociales, testimonios, documentación académica o laboral

Cuantificación

No existe una fórmula matemática rígida. Los jueces suelen aplicar criterios como: equidad, proporcionalidad, gravedad de la afectación, duración del perjuicio (temporal o permanente)

En el ámbito internacional, la Corte IDH fija montos considerando: circunstancias del caso, impacto integral en la víctima y estándares de reparación integral

Corolario

El daño al proyecto de vida representa uno de los avances más significativos en materia de justicia penal y derechos humanos. Su reconocimiento implica aceptar que las violaciones no solo generan pérdidas económicas, sino que pueden destruir trayectorias de vida completas.

En México, su desarrollo aún es progresivo, pero la influencia del derecho internacional permite consolidar una visión más humana de la reparación del daño, donde el objetivo no es solo indemnizar, sino restituir la dignidad y las oportunidades de la víctima.

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AVISO: CULCO BCS no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, ésto es responsabilidad de cada autor; confiamos en sus argumentos y el tratamiento de la información, sin embargo, no necesariamente coinciden con los puntos de vista de esta revista digital.

Ius et ratio

Por Arturo Rubio Ruiz

 

La Paz, Baja California Sur (BCS). La víctima es en el proceso penal mexicano, el personaje en torno al cual gira todo el acontecer procesal; la protagonista afectada por el hecho generador de la causa. Sin víctima no hay delito, sin delito no hay proceso, y uno de los fines que dan significado al proceso es que el daño causado a la víctima sea reparado.

La reforma constitucional de 2008, la Ley General de Víctimas, 2013 y el Código Nacional de Procedimientos Penales constituyen el marco legal que establece al respecto que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

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El marco legal apuntado tiene como objetivo brindarle visibilidad, dignificación y reconocimiento de derechos a las víctimas del delito, y establece la obligación a cargo del Estado de brindar atención integral, inmediata, continua y eficaz para tramitar y obtener la reparación integral del daño, y para que se garantice su no revictimización.

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas debe ser implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Durante el proceso penal la víctima tiene derecho, en todo momento a:

• Ser informada de los derechos en su favor.
• Contar con un asesor jurídico gratuito y recibir asistencia médica psicológica y de acompañamiento.
• Ser informada del desarrollo del procedimiento penal e intervenir por sí o a través de la asesoría jurídica, incluso solicitar actos de investigación y tener acceso a los registros.
• Ser restituida en sus derechos y que se repare el daño.
• Que el Ministerio Público garantice su protección.
• Impugnar ante autoridad judicial omisiones o negligencias del Ministerio Público, así como las resoluciones (reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento).

Conforme a la normatividad en cita, la víctima cuenta con asesoría y representación suficientes para garantizar su protección, la reparación del daño y la no repetición del acto victimizante, pero en la práctica, la realidad es otra.

De acuerdo con los datos que arrojan los Estudios Derechos de los usuarios (2018) y Observatorios de Audiencias y Sentencias (2020) se desprende que:

• La víctima no siempre está de acuerdo con la tipificación del delito realizada por el Ministerio Público.
• No se registra información adecuada para las víctimas, muchas veces tiene que litigar su propio reconocimiento.
• Es una práctica que las víctimas desconozcan sobre su derecho a contar con un asesor victimal y las autoridades que reciben su denuncia y las atienden, no les informan de este derecho.
• No se garantizan la atención médica y psicológica necesarias, ni las medidas de protección en caso de sentirse en riesgo o amenazadas.
• La participación del asesor jurídico se observa más alineada a la del Ministerio Público, que de manera independiente, tanto para subsanar deficiencias del MP, como para proponer un monto de reparación.
• En múltiples ocasiones, la ausencia del asesor victimal es suplida por el Ministerio Público.

CONCLUSIÓN: Pese a que el marco legal ubica a la víctima como parte procesal con igualdad de derechos, en la práctica se gesta un grave desequilibrio en detrimento de los derechos de la víctima.

Es imperativo que el Sistema de Justicia Penal lleve a cabo un ajuste integral que subsane todas las deficiencias apuntadas, redefiniendo la política criminológica del Estado, generando estrategias que hagan efectiva la justicia restaurativa, que hagan más efectiva la prevención, contención, persecución y sanción del delito, y respetando el rol procesal de la víctima en el encausamiento penal, evitando en todo momento su revictimización.

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