FOTO: Archivo

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante inconformidades de habitantes del municipio de Mulegé, particularmente del poblado de La Bocana, sobre un supuesto cobro por la recolección de basura y la falta de alumbrado público, la diputada Maricela Pineda García, presentó un punto de acuerdo para que el Congreso de Baja California Sur exhorte al Ayuntamiento de Mulegé y a su presidente, para que den cumplimiento a sus funciones constitucionales y solucionar la problemática de recolección de basura y alumbrado público que se vive en las comunidades: Isla Natividad, Punta Eugenia, Bahía Tortugas, Bahía Asunción, San Hipólito, Punta Prieta, La Bocana y Punta Abreojos, pertenecientes al municipio mulegino, informó el Congreso del Estado.

El secretario de la diputación permanente, diputado Rigoberto Murillo Aguilar se sumó a la iniciativa de la legisladora y dio lectura a la propuesta que exhibe que los pobladores le expusieron que el subdelegado de la comunidad tomó la decisión de establecer una cuota a los pobladores para la recolección de basura, argumentando que dicha captación de fondos es para hacer frente a las necesidades de las unidades que se encuentran en pésimas condiciones

La legisladora narró que existe una evidente la molestia de los habitantes de dicha comunidad, en donde habitan personas de escasos recursos que no pueden cubrir la cuota establecida, quedándose sin el servicio de recolección por falta de pago.

Por comentario de los pobladores, compartió que los recolectores tienen la instrucción de no recoger la basura si la persona no ha realizado el pago correspondiente, causando molestia entre los habitantes y generando acumulación de basura y demás residuos que por la temporada invernal que trae consigo fuertes vientos, son arrastrados hacia el estero.

FOTO: Internet.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante la sentida demanda de habitantes usuarios de telefonía e internet en los poblados de Bahía Tortugas, Bahía Asunción, Punta Prieta, San Hipólito, San Ignacio, La Bocana y Punta Abreojos, en el municipio de Mulegé, el Congreso de Baja California Sur acordó exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para que revisen que las empresas concesionarias Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.(TELMEX) y Radiomovil DIPSA S.A de C.V. (TELCEL), estén dando cumplimiento del servicio en la zona, así como que se gestionen más líneas telefónicas, informó el Congreso del Estado.

La situación derivó de una proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Maricela Pineda García, quien denunció en tribuna la constante molestia de los usuarios de esos poblados de la zona Pacífico Norte, quienes afirman que de manera puntal pagan el recibo telefónico por un servicio que prácticamente no tienen. “No es posible que usuarios cumplan de manera puntual con el pago  correspondiente del servicio de telefonía fija y no reciban el servicio justo, tal y como lo ofrece en su publicidad la compañía telefónica”, sentenció la legisladora.

En ese tenor el punto de acuerdo aprobado exhorta al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú y  al comisionado presidente del IFT, Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar, para  que instruyan al director del Centro de Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California Sur, Julio Cesar Medellín Yee, para que en el ámbito de sus atribuciones gestione la ampliación de nuevas líneas telefónicas residenciales, así como impulse el mejoramiento en el servicio de internet por parte de TELMEX; empresa que cuenta con la concesión y presta su servicio en las comunidades de la zona, de igual forma que verifique que esté dando cumplimiento tanto a las reglas de operación como a las leyes en la materia, y, en caso  de encontrar alguna irregularidad, se tomen las medidas necesarias para que sean solucionadas.

Que verifique que la empresa TELCEL, que cuenta con la concesión y presta el servicio en las comunidades de Bahía Tortugas, Bahía Asunción, Punta Prieta, San Hipólito,  San Ignacio, La  Bocana y Punta Abreojos, esté dando cumplimiento tanto a las reglas de operación como a las leyes en la materia, y, en caso de encontrar alguna irregularidad, se tomen las medidas necesarias para  que sean solucionadas.

También pide la intervención del Gobernador del Estado para que realice las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes a fin de dar cumplimiento a la demanda de los usuarios de esas comunidades.