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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputa Karina Olivas Parra presentó un punto de acuerdo mediante el cual exhorta a Profepa en BCS, Semarnat y Ayuntamiento de La Paz, a que atienda las denuncias presentadas por ciudadanos en relación a las dunas de “San Sebastián” del municipio de La Paz, por posibles daños ambientales debido a la construcción de un desarrollo inmobiliario.

Argumentó que las dunas son la primera defensa con que cuenta el municipio de La Paz contra los temporales, ya que conforman una barrera natural que protege todo lo que hay detrás de ellas, como poblaciones, campos de cultivo y humedales; por lo que, su importancia ambiental se centra en su función como un reservorio de arena permitiendo que las playas se regeneren de forma natural, además de albergar una gran biodiversidad con especies específicas que son únicas de estos ecosistemas.

Por lo que a fin de proteger una zona sumamente valiosa para la comunidad todosanteña, así como para evitar lo sucedido en las zonas de los Cerritos y El Pescadero donde las dunas fueron derribadas para la construcción de ambiciosos proyectos inmobiliarios de manera irregular, “como representante popular y defensora de las causas ambientales, traigo a esta honorable asamblea la denuncia popular y preocupación ciudadana con el objeto de exhortar a Profepa y Semarnat que son estas entidades las encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y proteger el medio ambiente”, afirmó en tribuna.

Olivas Parra precisó que, si bien las dunas están protegidas por el sub Programa de Desarrollo Urbano, de acuerdo con los vecinos de la zona, la inmobiliaria a través de estrategias legales ha buscado evitar el requisito de la manifestación de impacto ambiental, simulando que el proyecto es una vivienda unifamiliar, cuando se ha fraccionado el proyecto para hacerlo especulativo.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra (PT) propuso tipificar el delito de turismo sexual en la legislación estatal, mediante una iniciativa de reforma al Código Penal estatal, que adiciona el Artículo 169 Bis, enmarcado en el delito de “Corrupción de menores con fines de turismo sexual”.

Actualmente, el Código Penal sudcaliforniano sólo contempla el delito de corrupción de menores, en tanto que el turismo sexual infantil se encuentra tipificado en el Código Penal federal y varios Estados de la república han legislado al respecto.

“Es el momento en que el Estado de Baja California Sur actualice su legislación Penal en esta materia”, afirmó la legisladora al presentar la iniciativa. Y es que explicó que el tipo penal vigente representa un modo abierto en el cual, podría o no, encuadrarse la figura del “turismo sexual”, y dado que la conducta resulta muy lesiva para la sociedad, se debe especializar en un tipo penal agravado, en el cual se castigue a quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del Estado para practicar turismo sexual (Artículo 169 Bis).

La propuesta establece pena de prisión de 8 a 16 años y multa de 500 a mil quinientas días, “a quienes ingresen al territorio del Estado con la finalidad de realizar actos de exhibicionismo corporales o sexuales, actos de desnudo corporal con fines lascivos, prácticas sexuales reales o simuladas con las personas a que hace alusión el párrafo que antecede con una sanción corporal y pecuniaria debe ser mayor que la del tipo penal básico de corrupción de menores”.

Olivas Parra afirmó en tribuna que su iniciativa no sólo busca proteger a niñas, niños y adolescentes, sino también, busca mejorar la imagen del sector turístico, fomentando un turismo responsable y ético que fortalezca la confianza de los visitantes.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). Para fortalecer las funciones y atribuciones y reforzar su capacidad para diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar programas, políticas públicas, relativas a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la diputada Karina Olivas Parra propuso hoy, elevar a Secretaría de las Mujeres al actual Estatal al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMUJERES).

Con una iniciativa con proyecto de decreto, presentada este jueves, la legisladora de la bancada del PT afirmó que pretende asegurar que estas políticas reciban el apoyo y la atención necesarios para hacer una diferencia significativa en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas, mejorando así, la prestación de servicios públicos y la implementación de políticas públicas o acciones afirmativas.

En su disertación detalló que, al transformarse en la Secretaría de las Mujeres se formalizaría el cambio de naturaleza jurídica del organismo descentralizado integrándolo como una nueva dependencia dentro del Poder Ejecutivo del Estado.

Esta transición implica una reestructuración, potencialización y redefinición de sus funciones, importancia, responsabilidades y recursos presupuestales.

“Buscamos brindar las herramientas adecuadas para alcanzar los objetivos en la lucha por abatir las violencias, eliminar las desigualdades históricas y estructurales que enfrentan las mujeres en Baja California Sur”, dijo Olivas Parra.

Y es que, desde su óptica, se logrará una mayor coordinación interinstitucional en la toma de decisiones gubernamentales y la ejecución de acciones; mejor coordinación entre las distintas dependencias, optimizando recursos y esfuerzos para lograr un impacto en el diseño y aplicación de sus políticas públicas; y mayor capacidad de operar programas asistenciales, brindando apoyo directo a las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada Karina Olivas Parra, de la Fracción Parlamentaria del PT, propuso la “Ley Melanie” en el Congreso del Estado, la cual tiene por objeto incluir la violencia en el noviazgo —incluyendo a ex cónyuges, ex concubinos y ex concubinas—, como una equiparación al delito de violencia familiar en el Código Penal estatal.

«El fenómeno de la violencia de género en contra de la mujer durante el noviazgo es una realidad que no podemos dejar pasar, por ello, es obligación de todas y todos prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla, implementando todas las medidas y acciones que están a nuestro alcance», dijo la legisladora.

Al abordar el tema en tribuna, Olivas Parra externó que los efectos de la violencia en el noviazgo pueden ser devastadores, tanto en el ámbito emocional como en el físico y abarca distintas formas de abuso, como el físico, emocional, psicológico, sexual y económico, teniendo señales de alerta como el control excesivo, celos desmedidos, insultos y humillaciones, aislamiento, amenazas y agresiones físicas.

La propuesta de Olivas Parra reforma el Artículo 202 del Código Penal estatal, del delito de violencia familiar equiparada, en el que se adiciona la violencia de quien la realice “en contra de la persona con quien tenga una relación de noviazgo, incluyendo al ex cónyuge, ex concubinario, ex concubina, así como quienes estén sujeta a su custodia, protección o cuidado, o tenga el cargo de tutor o curador sobre la persona. Este delito se perseguirá por querella”.

La “Ley Melanie” tiene su origen en el caso de Melanie N, una joven que fue agredida el pasado 31 de octubre, en medio de una fiesta de Halloween, por un joven de nombre Christian, quien la golpeó a provocándole graves fracturas en el rostro, a causa de la gravedad de las lesiones estuvo a punto de perder un ojo.

En noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó la reforma que adicionó el Artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para considerar como violencia en el ámbito familiar la que se genere durante el noviazgo.

En Baja California Sur esta disposición ya está armonizada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo quinto, donde se reconoce como un tipo de violencia familiar. Su penalización contempla de 3 años 6 meses a 7 años 6 meses de prisión y multa de 100 a 400 días, y pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima.

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La Paz, Baja California Sur (BCS). El pleno del Congreso del Estado aprobó hoy la iniciativa de la diputada Karina Olivas Parra para retirar automáticamente la patria potestad, tutela, guardia y custodia a aquellos padres que estén sentenciados o vinculados en proceso por feminicidio perpetrado contra la madre de los menores.

Con votos 18 a favor, cero en contra y cero abstenciones, fue aprobada esta importante iniciativa, basada en la iniciativa Ley Monzón.

Así, el Congreso del Estado se convierte a nivel nacional en el decimosegundo que aprueba esta iniciativa, basada en la Ley Monzón, la cual nació en Puebla por la abogada y activista Cecilia Monzón quien fue asesinada el 21 de mayo de 2022, cuyo autor intelectual fue su ex pareja y político, mismo que en prisión intentó quedarse con la patria potestad del hijo de la víctima.

Olivas Parra expresó que esta iniciativa es un parteaguas en la historia de Baja California Sur porque hay una pregunta en la cabeza de todas las que son madres: «si no estoy yo, ¿qué pasaría con mis hijos?». Llamando a sus homólogas y homólogos a votar a favor de su iniciativa.